Con la adhesión al Convenio Upov 91 en mayo pasado, Chile está dando el primer pie para masificar los cultivos transgénicos y de paso, ofrecer “en bandeja” a las transnacionales derechos intelectuales de todas nuestras especies nativas. Los conflictos de interéss están a la orden del día, siendo la vocera del Gobierno, Ena Von Baer, la principal involucrada por ser propietaria del 15% de una empresa familiar que lucrará directamente con las semillas.
Entrevista con Lucía Sepúlveda, periodista y activista, autora del libro “Chile: la semilla campesina en peligro”, revela detalles y aterriza la discusión frente al actual escenario de la transgenia en Chile.
“Nuestras semillas, que son patrimonio colectivo de las comunidades, se convertirán en propiedad privada de estas empresas y se despojará a los campesinos de sus derechos de seleccionar, mejorar y guardar semillas”
“La visita que Barack Obama hizo en marzo pasado, tuvo como uno de sus objetivos presionar a Chile para legislar sobre los derechos de propiedad intelectual”
Además:
Las mil y un razones de los estudiantes para protestar
Al cierre de esta edición eran cerca de 130 los colegios tomados por sus alumnos, mientras que las universidades tradicionales continuaban en tomas o paros. En el campo de batalla educativa dos visiones muy contrapuestas se enfrentan: Un ministro dueño de una universidad privada con aspiraciones presidenciales y una nueva generación de estudiantes que aboga por una educación pública de calidad. ¿Cuáles son sus demandas?
Experiencias agro ecológicas urbanas. Anclados en el mundo estudiantil, en asociaciones gremiales o en iniciativas sociales urbanas, existen en nuestro país varias organizaciones que buscan impulsar el desarrollo de prácticas agrícolas responsables con el medio ambiente y la sociedad, en oposición a la forma industrial dominante de explotar la tierra y el ecosistema.
La Revolución Egipcia ya no ocupa las primeras planas. La campaña militar Libia y las crisis en Yemen y Siria han ido desplazando a Egipto de los programas estelares. Sin embargo, ese país es una sociedad aún en movimiento, donde la caída de Mubarak no representó sino sólo el primer paso de un proceso de cambios que promueven los movimientos populares, los cuales son resistidos por quienes tienen algo que ganar con el mantenimiento del statu quo.
Para entender cómo se desarrolla ese proceso hoy, es preciso comprender los antecedentes que llevaron a la caída de la dictadura y las fuerzas sociales que se vienen confrontando desde entonces.
Ley antiterrorista acecha a menores de edad mapuche
Modificada en un primer trámite en 2010, la Ley Antiterrorista en su aplicación a menores de edad fue nuevamente reformada el 7 de junio. Hasta la fecha, fueron cinco los casos de jóvenes procesados por tal legislación, todos mapuche. Un sexto caso se añade al listado: Desde abril, un adolescente temuquense está encausado por esta norma que atenta contra el debido proceso.
Justicia en fuga: Calle Serrano a cuatro años de la explosión
El pasado 25 de mayo, las empresas Chilquinta y GasValpo se pusieron en el lugar del cliente. Sentadas en la silla de los que han solicitado una disminución de su deuda, recibieron aquella respuesta que ellos acostumbran sólo a dar. Con un rotundo “No”, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó la petición de ambas empresas de que les fuera rebajada la multa de 700 millones de pesos que en 2008 les exigió la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por su responsabilidad en la explosión de calle Serrano, de Valparaíso, ocurrida un año antes.
Muchas miradas se han fijado en las plazas de España, donde se han generado acampadas y vientos de primavera acompañan a una ciudadanía exigiendo democracia real. Paco Gómez Nadal, desde el centro de los acontecimientos hace una descripción analítica del proceso que ha surgido, tomando distancia de la política y del político tradicional.
Equipo El Ciudadano
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Ministra vocera es dueña de 15% de empresa agrícola familiar
La polémica de las semillas salpica a Ena von Baer
The Clinic Online 08 Junio, 2011
Tags: ena von baer, Monsanto, Semillas
La senadora DC Ximena Rincón ingresó una solicitud a Contraloría para investigar el posible conflicto de interés de la ministra Secretaria General de Gobierno después de la aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV 91), que sembró en Chile el fantasma de la privatización de las semillas y que beneficia directamente a la empresa de la familia von Baer. Como si fuera poco, la principal escuela agrónoma de Chile firmó un convenio con la transnacional Monsanto y existe una larga lista de redes que ligan a personeros del gobierno con las empresas que desarrollan transgénicos.
Foto: Segegob
“Nos parece inaceptable que un gobierno apoye una ley que beneficia directamente el bolsillo de su vocera”. Con esas palabras la senadora Ximena Rincón (DC) solicitó ayer a la Contraloría que investigue un posible conflicto de interés de la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, con la recién aprobada actualización del Convenio Internacional para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV 91).
El tratado, vigente en más de 60 países, tiene como objetivo velar por que los estados miembros reconozcan y protejan las nuevas variedades de semillas creadas por obtentores vegetales. Bajo este panorama, las grandes empresas de este mercado -dominado en el mundo por la multinacional Monsanto- podrán empezar a cobrar por sus variedades registradas, donde destaca Semillas Baer, la empresa de Erik von Baer, papá de la vocera de gobierno. Según la declaración de patrimonio de la ministra, disponible en el sitio web de la Segegob, es dueña de un 15% de la firma, viéndose beneficiada directamente por este hecho.
– ¿El motivo? Con el UPOV 91 reconocido y la aprobación de la ley de obtentores vegetales -que fue presentada de forma paralela por el Gobierno y que se encuentra en plena discusión en el Congreso-, todo agricultor deberá pedir permiso o pagar al “dueño” para sembrar su variedad, no podrán usar las semillas que obtengan del primer cultivo para una segunda producción y para inscribir una nueva variedad debe haber un perfeccionamiento de ella, algo a lo que los agricultores más pequeños no tienen acceso pero que el jerarca de los Von Baer, controlador de aproximadamente el 50% del mercado de semillas en Chile, es un experto.
De esta forma, Rincón presentó la moción con apoyo de los también senadores Jaime Quintana (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Jorge Pizarro (DC) y Alejandro Navarro (MAS). A juicio de la parlamentaria, esto es una evidente irregularidad pues “esta empresa es una de las que se ve beneficiada con la firma del convenio y a nosotros nos parece que es poco transparente que se legisle de esta manera y además cuando se hace en beneficio de los intereses de un ministro”.
De hecho, el representante de Chile sin Transgénicos, Cristián Sauvageot, dice que la semilla de la quinua ahora es propiedad de Semillas Baer, junto con otra veintena de variedades ya registradas hasta el año 2016, incluidos algunos tipos de avena, cebada y trigo. Por otra parte, este martes el Tribunal Constitucional acogió a tramitación el requerimiento presentado hace dos semanas por 17 senadores de oposición para revisar la legalidad del convenio. Consultada por la prensa hace poco menos de un mes -cuando fue aprobada la actualización del UPOV 91-, la vocera de gobierno dijo que “entrar en temas tan pequeños no vale la pena“ y se remitió a decir que “el tema relevante es este tratado que se está llevando y el detalle lo está llevando el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Los vínculos de la UC con Monsanto
Los estudiantes de Agronomía de la UC están preocupados. Hace un año, exactamente el 11 de mayo de 2010, la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, principal desarrolladora de nuevas variedades vegetales en Chile junto al Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) -dependiente del Ministerio de Agricultura- firmó un convenio de colaboración académica con Monsanto, la empresa desarrolladora de transgénicos más grande del mundo.
El acuerdo, suscrito por el programa de postgrado en Ciencias de la Agricultura de Agronomía UC con la filial chilena de la multinacional líder en transgenia y herbicidas, se promovió como un enlace para “desarrollar conjuntamente investigación, capacitar capital humano e intercambiar información científica y técnica en el área de la biología vegetal, recursos naturales y agricultura”.
Pero la firma traía letra chica. Alertados por la mala fama de la empresa, responsable del llamado “agente naranja” -químico usado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam para despejar los campos y hacer frente a los vietnamitas que derribaban aviones norteamericanos-, el Consejo Ecológico de la UC, un grupo que congrega a distintas iniciativas medioambientales de ese plantel, se enteró tres semanas después que tanto la Universidad como la empresa podían impedir que se hiciera pública cualquier investigación si no estaba visada por ellos.
“Es una estrategia general de Monsanto unirse a instituciones de nivel y mucho prestigio -universidades sobre todo- para mostrar una contribución ‘positiva’. Si bien esto no es condenable, es una práctica que se ha hecho en varias ocasiones que podría tener buenos resultados, aunque sabemos que Monsanto históricamente no ha hecho cosas muy buenas desde el ‘agente naranja’ hasta este tiempo”, dice Camilo Huneeus, integrante del CEUC y alumno de 4º año de agronomía.
La reacción del grupo tiene que ver con que, además de que todas las investigaciones y desarrollos nuevos de variedades tienen prohibición de ser exhibidos públicamente, estos sólo pueden ser entregados de manera confidencial a Monsanto. “Sabemos que el día que alguien quiera hacer una investigación sobre impacto en suelo o algo parecido, ni siquiera alcanzaremos a tener aprobado el proyecto de investigación”, explica un alumno de Agronomía.
La firma del convenio lo valida. “Expresamente se acuerda por las Partes que la negativa de una de ellas para hacer público los resultados parciales o definitivos, ya indicados, no genera ninguna obligación de resarcimiento respecto de aquella parte que se ha negado a publicar tales resultados”, señala el documento, que tiene vigencia hasta el año 2013.
Los enredos del ex director del INIA
Pero la inquietud de los futuros agrónomos de la Católica va más allá del convenio con Monsanto y el impacto del UPOV 91. La Universidad Católica, el gran competidor del INIA en el desarrollo de variedades vegetales chilenas a juicio de varios expertos, se inclina hacia el área de mejoramiento genético, y por ende, pro transgenia. “Igual tenemos por un lado iniciativas, unos talleres para el desarrollo de cultivos orgánicos, pero la clara preferencia es hacia el avance de la génetica. La mayoría de las cosas que hacemos y los cursos van en esa línea”, dice otro alumno, casi egresado como ingeniero agrónomo.
Y las coincidencias no son menores. En la malla se encuentra como profesor titular el ex director del INIA, Guillermo Donoso Harris, quien debió renunciar a su cargo hace poco más de un mes después de presentarse una querella por fraude al Fisco en su contra por causar perjuicio a esa institución público-privada.
De hecho, dos semanas después de renunciar -el 3 de mayo pasado-, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados emitió un informe unánime por este mismo caso donde lo acusa directamente de “daño patrimonial irreparable en materia de recursos humanos” y “entrega de información confidencial y privilegiada a una empresa de la competencia”, a través de un informe comercial sobre producción y comercialización de las semillas. (Ver PDF al final de esta nota)
Este último punto, un detalle no menor considerando que la empresa a la que fue entregado el catálogo, Anasac S.A., ya era propiedad de la filial chilena de Monsanto después que la multinacional comprara su planta ubicada en Paine por 19 millones de dólares.
Así, Semillas Anasac hoy actúa como distribuidor de semillas de maíz y soya de Monsanto, quien de pasada aumentó en 25% su producción en Chile, dejando a nuestro país dentro de los primeros siete países que más producen para la firma, presente en nuestros campos hace más de 17 años.
Los otros vínculos con el gobierno
Pero Donoso no es el único académico ligado al actual gobierno. También están Eduardo Katz, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas de la Conaf; Gustavo Rojas, director de a Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, entidad dependiente del Presidente a través del Ministerio de Agricultura; y Francisca Silva, asesora de políticas agrícolas del Ministerio de Agricultura. A ellos se suma la profesora auxiliar de genética Doris Prehn, quien es socia de ChileBio, organización gremial que agrupa a las empresas desarrolladoras de alimentos mejorados genéticamente como Monsanto, Bayer, Syngenta, Crop Life International, Pioneer y Dow AgroSciences.
Nota de la Redacción: La profesora Doris Prehn aclaró a The Clinic Online que no es socia de ChileBio como lo indicaba la nota. Esta es su aclaración: “Quiero aclararle que mi relación con ambas entidades es estrictamente profesional. Es más, la referida noticia puede perjudicarme profesionalmente ya que efectúo evaluaciones de impacto ambiental de Organismos Vegetales Genéticamente modificados por lo que DEBO mantener una postura neutra, sin sesgos que puedan afectar dichas evaluaciones.”Finalmente, las ex alumnas de Agronomía UC e hijas del patriarca de von Baer, también están insertas en el negocio. Karina, gerente general de Saprosem, hermana de la ministra Vocera de Gobierno y actual directora nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien además se ha declarado públicamente a favor de los transgénicos, llegando a decir incluso que “es fundamental para darle competitividad al sector”, mercado ampliamente dominado por su padre.
Ver también : Senador García Ruminot dice que presentación contra Von Baer es una completa injusticia
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Denuncia Indígena ante las mentiras de un dirigente de MUCECH en el Senado de Chile –
Por Lucía Sepúlveda
Las mentiras de MUCECH ante el Senado de Chile
POR LUCÍA SEPÚLVEDA
http://www.periodismosanador.blogspot.com/
-organizaciones indígenas pasan la cuenta a su dirigente Orlando Contreras
La Red legislativa Indígena y de Políticas Públicas (RILPP) denunció que "el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECh), le mintió al Senado acerca de su representatividad, y esa mentira sirvió de fundamento a los senadores Tuma y García para sus votos favorables al Convenio Upov- 91 sobre el registro de semillas por parte de empresas de fitomejoramiento". A esta acusación se suman las declaraciones de Manuel Llao Calcumil, primer vicepresidente de MUCECH y presidente de Leftraru, en el plenario de la entidad realizado en Santiago el pasado 2 de julio en su sede ubicada en Portugal 623. Llao reiteró el rechazo de Leftraru, la Asociación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígena, integrante de MUCECH que agrupa el mayor número de afiliados, y aclaró que la directiva no consultó a las bases respecto de sus presentaciones en el Senado y el Tribunal Constitucional.
La red indígena que denunció la maniobra de MUCECH para inflar su representatividad en el Senado, está integrada por Ariel León Bacián presidente de la corporacion aymara jach-a marka aru, junto a Francisco Vera Millaquén werken de la comunidad huilliche pepiukelen y por Rafael Tuki Tepano, consejero indígena por el pueblo Rapa Nui ante Conadi.
Cifras nacionales y no de la organización
Orlando Contreras, vicepresidente de MUCECH señaló el 4 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Senado que según el VII Censo Nacional Silvoagropecuario la agrupación que encabeza reúne a 268.000 familias, que comprende un millón doscientos mil personas y generan 900.000 empleos aproximadamente. Agregó que representan un 89% de las unidades productivas del país, que equivale a un 25% de la tierra agrícola y, en algunos rubros, llegan a un 25% del PIB agrícola. Agregó que son fuertes en la producción de hortalizas y que el 28% del trigo nacional es producido por los pequeños agricultores. Además, comentó que del total de explotaciones agrícolas MUCECH aglutina a 268.449, con una superficie de 2.293.975 hectáreas". La intervención de Contreras puede leerse en el acta del informe de la Comisión de Agricultura sobre el Convenio UPOV 91.
Las organizaciones indígenas denuncian que la representatividad que se atribuye MUCECH es falsa ya que "estos datos corresponden a las cifras de toda la agricultura familiar chilena según el Censo Nacional Silvoagropecuario, no las personas, ni la superficie de tierra, ni los rubros que reúne Mucech.” Esos datos figuran en un estudio elaborado para NDAP sobre la agricultura familiar campesina en Chile por el agrónomo José Manuel Valenzuela Valenzuela, y pueden
consultarse en http://www.idiaf.org.do/conferencias/idiaf_indapchile.pdf .
En el plenario las organizaciones integrantes de MUCECH escucharon al ministro de Agricutura José Galilea sobre las bondades de UPOV 91, pero el presidente de MUCECH, Rigoberto Turra impidió que las organizaciones pudieran conocer la otra cara de la medalla, negándose a que una representante de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile –invitada por una comunera de Leftraru, la werken Iris Manusalva – pudiera exponer sobre el convenio. Asimismo Turra no permitió el acceso al plenario para grabar las intervenciones en que sería encarado por sus bases.
Los votos de Tuma y García
Los senadores Tuma, PPD, y José García RN, (ambos de la Región de la Araucanía) invocaron entre otros argumentos, la alta representación de MUCECH al fundamentar sus votos en favor del UPOV -91. Luego de denunciar estos hechos, la RILLT se pregunta si los senadores García y Tuma mantendrían sus votos después de destaparse este engaño.
Para la organización indígena "la Mucech debe ser sancionada por esto. Por lo menos su vicepresidente Orlando Contreras, debe renunciar, o dar explicaciones, si es que puede explicar lo inexplicable. El Congreso Nacional no puede quedarse sin hacer nada ante esta usurpación de representación indígena y campesina"
La Red señaló que "Luis Mayol, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en una entrevista en CNN Chile realizada por la periodista Mirna Schindler, señaló que Mucech es ‘la organización más representativa por lejos’, lo que revela que esta mentira ha sido creída por mucha gente y que los mentirosos la han usado para hacer a todos que todo el agro chileno familiar y campesino, incluso el indígena, apoyan el tratado de apropiación de semillas".
Mucech está integrado por 12 organizaciones campesinas, pero entre estas la que agrupa un número más significativo de familias es la organización mapuche Leftraru (Lautaro), que agrupa a comunidades indígenas con un total de más de 3000 familias, la mayoría de las regiones de la Araucanía y Los Lagos. En el plenario que MUCECH realizó el pasado 2 de julio, el presidente de Leftraru, Manuel Llao denunció que ellos no fueron consultados respecto del apoyo al UPOV 91 entregado por la directiva ante el Congreso y el Tribunal Constitucional, y sostuvo que ese apoyo no representa el sentir de las bases indígenas. Llao firmó una declaración rechazando UPOV 91 junto a una decena de organizaciones indígenas que hicieron llegar su pronunciamiento oportunamente al Tribunal Constitucional. Señaló Llao que para la discusión ad portas de la Ley de Obtentores Vegetales, su organización se mantendrá nucleada junto a las organizaciones mapuche de la Región de la Araucanía para defender la semilla campesina e indígena y rechazar la introducción de los transgénicos.
Ante el Tribunal Constitucional, las organizaciones indígenas sostuvieron: “Declaramos que las semillas son un patrimonio ancestral de los pueblos originarios y campesinos, por lo tanto están unidos a nuestra cultura y el acto de intercambiar conocimientos ancestrales, alimentos, plantas, animales, árboles y semillas, es una acción de unidad con lo más fundamental de la vida. Las semillas son la vida por lo tanto es inaceptable que algún gobierno o alguna empresa pretenda apropiarse, adueñarse, registrar o patentar la vida, los alimentos o las semillas. Empresas y Familias como los Bon Baer constituyen los nuevos piratas que saquean y roban nuestras semillas y conocimientos ancestrales.
Por todo lo anterior rechazamos decididamente la adhesión de Chile al acta UPOV 91, puesto que transgrede, atropella y agrede nuestros legítimos derechos , a crear, mejorar y seguir utilizando la biodiversidad agrícola y alimentaria que nos han confiado nuestros ancestros y que debemos resguardar para las generaciones que vendrán. El Estado de Chile al suscribir el UPOV 91 y el establecer leyes que fomenten los cultivos transgénicos, está violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT de los derechos Indígenas. Por tanto exigimos un proceso de consulta libre e informada.”
(ver declaración de Llao formulada en la sede de MUCECH, en
http://www.youtube.com/watch?v=9KD4byoD6CQ)Video gentileza de www.sinpepa.org )
En la web, MUCECH, fundada en 1998 se define como una Corporación tiene como fin “la promoción de todo tipo de actividades que tiendan a desarrollar y mantener la forma de vida, tradiciones y cultura rural Chilena; la promoción de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida del sector rural campesino e indígena como a su protección en el ámbito legal y administrativo.... organizada por las confederaciones nacionales campesinas con el propósito de promover el desarrollo rural." Entre sus integrantes están la confederación Nacional Campesina y la Confederación Triunfo Campesino.
Las organizaciones campesinas no afiliadas a MUCECH estiman que la entidad se ha alejado de sus propósitos iniciales y ha sido instrumentalizada por los gobiernos para convertirse en una mera correa transmisora de las políticas agrarias oficiales.
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