LUCHAMOS X TIERRA SEMILLA TRABAJO

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jueves, 31 de marzo de 2011

LA HIJA DE SILVIA SUPPO VALORO LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACION.

LA HIJA DE SILVIA SUPPO VALORO LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACION.





"Para nosotros representa una satisfacción" "Sintetiza el reclamo que venimos haciendo desde hace doce meses", dijo la joven, en alusión al fallo del Alto Tribunal. También el gobernador Binner se mostrósatisfecho. "Hay que investigar hasta las últimas consecuencias", dijo. Desde Santa Fe Hermes Binner ponderó ayer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pasó al fuero federal la investigación del asesinato de Silvia Suppo y prometió que su gobierno aportará "todo lo que sea necesario" en la causa, que ahora deberá avanzar sobre la hipótesis del crimen político. "Hay que investigar hasta las últimas consecuencias", dijo el gobernador. La hija de Silvia valoró también la sentencia de la Corte. "Para nosotros representa una satisfacción, una alegría enorme -dijo Marina- porque sintetiza el reclamo que venimos haciendo desde hace doce meses y que todavía no ha sido investigado como crimen político". Uno de los abogados de la querella, Guillermo Munné, dijo que "el crimen horrendo merece una investigación a fondo porque no se puede descartar la hipótesis del homicidio por encargo por su condición de testigo en los juicios de lesa humanidad". El martes, en Rafaela, Binner recibió a los dos hijos de Silvia al cumplirse un año del homicidio de su madre. "Nosotros nunca alentamos el cierre del caso, con lo cual tiene que haber una amplitud suficiente como para poder abordarlo en su plenitud hasta que se esclarezca", les dijo a Marina y Andrés Desféfani. Y ayer, lo ratificó, en Santa Fe: "No hay que cerrar la causa, al contrario, hay que investigar hasta que quede claro cómo ocurrió el hecho. Desde la provincia vamos a aportar a la justicia federal todo lo que sea necesario para que un delito de esta gravedad pueda ser esclarecido", agregó. La hija de Silvia valoró también la sentencia de la Corte. "Para nosotros representa una satisfacción, una alegría enorme", dijo Marina por LT9. "Porque sintetiza el reclamo que venimos haciendo desde hace doce meses y la lucha que llevamos adelante con nuestros compañeros, familiares y amigos. El fallo resume nuestras expectativas de llevar tranquilidad a compañeras y compañeros que tanto reclamaban que esto debía ser investigado a fondo. Y en la línea que veníamos reclamando y que todavía no ha sido investigada, como crimen político". Uno de los abogados de la querella, Guillermo Munné, dijo que la Corte "reconoció el planteo de los hijos de Silvia", que ya había sido aceptado por la Cámara de Apelaciones de Rafaela, pero que ahora es "un pronunciamiento del máximo tribunal del país". "El crimen horrendo que sufrió Silvia Suppo merece una investigación a fondo porque no se puede descartar la hipótesis del homicidio por encargo por su condición de testigo en los juicios de lesa humanidad. Y ese tipo de investigación se tiene que realizar en la justicia federal", sostuvo Munné por la emisora LT10. "Quienes se negaban a considerarlo de esta forma sostenían que no había ningún elemento para pensar que este crimen podía tener estas características", insistió. Munné dijo que "la principal prueba de cargo" contra los detenidos por el homicidio, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, dos trapitos de 19 y 22 años, "es su propia confesión". Pero advirtió que el "relato" de los supuestos autores del crimen "no es congruente con el episodio. La violencia del asesinato no coincide con lo que ellos describen. No se entiende por qué uno de ellos decide robar el negocio (de Silvia, de venta de artesanías y artículos de cuero) cuando ya era conocido de la víctima. No se encontró ninguna huella de los supuestos asesinos en el local de Silvia y la ropa y las supuestas armas de estos chicos no tenían la sangre de la víctima". "La oscuridad de la confesión de los supuestos asesinos da lugar a las dudas. Nosotros estamos exigiendo una investigación seria. La actuación del juez de Rafaela (Alejandro Mognaschi) fue muy pobre. Este magistrado sólo quería seguir obteniendo confesiones de otros involucrados". Y ahora, "esta decisión de la Corte Suprema nos da la posibilidad de que intervenga una fuerza de investigación independiente, no comprometida con el terrorismo de Estado. La policía de la provincia cometió muchas irregularidades en la investigación de este caso que nosotros hemos denunciado. Por ejemplo, la escena del crimen no fue preservada", explicó. Otra de las abogadas de la querella, Lucila Puyol, dijo que el fallo de la Corte "es muy esperanzador". Porque ratificó "los mismos argumentos" que ya había utilizado cuando ordenó que la desaparición de Julio López se investigue en el fuero federal y no en la justicia bonaerense. "Es decir, que no descarta que el crimen de Suppo fue para obstaculizar la justicia que investiga delitos lesa humanidad. Necesitábamos que la causa sea investigada en todas las líneas de hipótesis que puedan existir y eso es lo que se tendrá que hacer ahora", dijo Puyol al valorar también "el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del gobierno nacional", que se presentaron como querellantes en la causa. //

De Urresti (PS) rechaza beneficio otorgado a ex Director de la CNI

De Urresti (PS) rechaza beneficio otorgado a ex Director de la CNI

Exigió al gobierno dar explicaciones al país por esta situación y puso en duda “nuevamente” respaldo a eventual indulto masivo.


La bancada de diputados del Partido Socialista rechazó el beneficio otorgado al ex director de la CNI, Odlanier Mena, que desde febrero se encuentra gozando del beneficio de libertad dominical. Según manifestó el Jefe de Bancada, Alfonso De Urresti “nos parece absolutamente condenable que se tomen medidas de esta naturaleza de manera poco transparente”.

“Aquí llama la atención la oscuridad con que se ha manejado el tema. Exigimos saber qué entidad visó la libertad de este señor. Un hecho de esta relevancia nos hace volver a cuestionarnos frente al proyecto de indulto que pretende mandar el gobierno al parlamento. Aquí lamentablemente siempre tenemos que estar atento a que haya una letra chica, por donde se cuelen en los beneficios carcelarios a los violadores derechos humanos” , argumentó De Urresti.

Agregó que “desde un inicio nos hemos opuesto a la libertad de estas personas, porque es un delito con características distintas. Aquí hablamos de autores intelectuales o materiales que usaron el poder del Estado para perseguir y acabar con los opositores. Por eso a través de nuestros diputados que integran la Comisión de Derechos humanos oficiaremos al ejecutivo a que entregue las razones de este beneficio”.


“Me parece que el gobierno debe decir públicamente que está pasando y revertir esta medida. Este señor dirigió una de las instituciones más oscuras que ha existido en Chile y no se puede permitir su libertad sin al menos una consulta a distintos organismos”, concluyó el Jefe Bancada Socialista.

Recordar que el ex uniformado fue condenado en 2009 a seis años de presidio por el asesinato de tres militantes del PS, cuando estaba al mando del Regimiento Rancagua, en Arica, en octubre de 1973.


elmostrador






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29 de marzo 1985: Te beso papá - Por Manuel Guerrero Antequera

29 de marzo 1985: Te beso papá - Por Manuel Guerrero Antequera



Lo que ahora escribo lo hago con mucho dolor.




En este preciso momento, que en Santiago son pasadas las 08:00 de la mañana, llegaba el 29 de marzo de 1985 al colegio, como todos los días, y vi a mi a papá recibiendo a los niños, pues era profesor. Conversaba con José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de Solidaridad, antiguo camarada de la época de la Jota, y apoderado del colegio. Llegué y nos saludamos de beso. Me llevó un momento a un lado y me contó que el día anterior habían secuestrado a un grupo de profesores de su asociación gremial, la AGECH, de la cual era dirigente, y que los aprehensores habían preguntado por él.

Me quedé atónito mirándolo. Tenía catorce años pero eso ya era edad suficiente como para tener la lógica mínima de que si te buscan, y estábamos en pleno estado de sitio, escóndete, ándate del país, qué haces aquí a las puertas de este colegio, a plena luz del día, te van tomar!!!! Se lo planteé, y él, muy pausado y mirándome con una ternura infinita a los ojos, me tomó de las manos y me dijo que no, que éste era su trabajo, éste era su país, que él ya se había ido una vez y que no lo volvería a hacer, que su lugar era junto al pueblo y su lucha para terminar con la dictadura. Buscando argumentos nuevos, que pudieran hacerlo cambiar de opinión, le pregunté si el Partido le había autorizado para irse del país, que en tal caso les hiciera caso. Paciente, se sonrió, y me dijo que pasara lo que pasara jamás culpara al Partido. Que tranquilo, ya veremos cómo salimos de ésta.

Lo último que me preguntó es acerca de la Gigi, que es mi abuela materna, una mujer muy sencilla que perdió cuando muy pequeñita a sus padres en el terremoto de Chillán en la primera mitad del siglo XX, y que llegó como empleada a Santiago. Ella siempre había acogido a mi padre, a pesar que no tenía formación política alguna, y estuvo con nosotros en todas las búsquedas en 1976 por los campos de concentración cuando secuestraron por primera vez a mi padre. Incluso estuvo detenida con nosotros en el Fuerte Silva Palma, en la segunda desaparición de papá ese mismo año. Ahora, en aquel viernes 29 de marzo de 1985, mi papá me contó que la Gigi, días después del Golpe, cuando papá andaba absolutamente clandestino, sucio y hambriento, escondido tratando de reorganizar a la Jota, lo recibió en su casa, corriendo un riesgo altísimo. Le había preparado un baño y comida. Pocas veces se sintió tan acogido por casi una desconocida, por alguien que se entregaba a él por puro amor, por ser el padre de su nieto y esposo de su hija. Mi padre me contó que la tenía siempre presente, y que lamentaba no haber tenido la oportunidad de agradecérselo.

Le di un beso y me fui a clases.

Mi sala daba las espaldas a la calle. A las 8:50, a minutos de lo que ahora escribo, oímos un helicóptero descender casi al techo del colegio. Nos miramos todos extrañados. Luego un freno de un auto, griterío de voces masculinas que denotaban forcejeo, un balazo y silencio.

Tomé el brazo del compañero de banco y le dije: "mi papá". Él me miró sorprendido, pero preocupado a la vez. Fui muy categórico. Inmediatamente entró Carmen Leiva a la sala, que era miembro del Centro de Alumnos, con los ojos en lágrima y tirándose los dedos de las manos. Le pidió permiso al profesor que impartía la clase para hablar con el estudiante Manuel Guerrero Antequera. Yo me paré en medio de sala de inmediato y le dije: "Se llevaron a mi papá". Asintió con la cabeza y se puso llorar e intentó darme detalles de lo sucedido. Salí de la sala y me fui directo al baño. Me miré rápido al espejo y me tomé unos remedios que tenía para la taquicardia de la que padecía hacía un año. Me hablé a mi mismo preguntándome qué haría papá en una situación como ésta. Salí corriendo a inspectoría, pedí el teléfono y llamé a Sergio Campos, amigo de mi padre, que era locutor de Radio Cooperativa, muy escuchado en Chile. Me puso al aire y denuncié que sujetos desconocidos, probablemente de la CNI, habían secuestrado a mi padre junto a José Manuel Parada, y que temía por sus vidas. Llamé a que la ciudadanía se movilizara de inmediato para exigir a las autoridades su búsqueda y liberación. Salí de inspectoría y fui a la calle a ver qué es lo que había sucedido exactamente. Había una confusión enorme en el colegio. Cuando se los llevaron había un curso completo que en ese momento estaba en clases de educación física y se econtraba trotando alrededor de la manzana en la calle El Vergel con Av. Los Leones. Muchos de ellos vieron el plagio. Ahí me enteré que el tránsito había sido interrumpido, minutos antes del rapto, por Carabineros de tránsito, motorizados y a pie, y que se reanudó apenas se habían llevado a mi padre con José Manuel. Que el helicóptero también era de Carabineros de Chile. Que al tío Leo lo habían baleado y que un profe se lo había llevado de urgencia a una clínica. Que Marcela, una compañera de segundo medio del colegio, intentó quitarles a los secuestradores a mi padre, que alcanzó a tomarle la mano, pero los otros era más fuertes. Que el Pelluco, uno de los dueños del colegio fue encañonado y amenazado, por lo que él pálido, probablemente para proteger a los niños o por temor a lo que ocurría, cerró la reja del colegio, dejando a mi padre y Jose Manuel peleando solos con los secuestradores en la calle, y que ahí llegó corriendo el Leo, que casi recupera a mi padre que no paraba de gritar, son de la CNI!, ayuda!, nos quieren secuestrar! Me paré en la calle y me bajó la sensación que todo esto ya lo había vivido. Me preocupé absurdamente por mi seguridad, así es que compañeros me cambiaron parte de la ropa, me puse lentes oscuros, un jockey de gorra, y le pedí a Cristóbal, un compañero y amigo de la Jota del colegio, que me sacara de ahí, que yo tenía un papel que cumplir, que no me podía pasar nada. Cuando nos fuimos a casa de Cristóbal había llegado la Policía de Investigaciones de Chile junto a Carabineros para preguntar qué había pasado... Me irritó el cinismo de nuestras instituciones de Orden y Seguridad y traté de pensar a qué lugar se llevaban a papá en ese momento. En casa de Cristóbal conversamos qué podíamos hacer. Era todo confuso, me faltaban elementos, papá de seguro sabía lo que estaba ocurriendo, en qué debía fijarme y acordarme para entender con qué y quiénes estábamos tratando... Yo mismo no tenía clara cuál era la función de papá en el Partido, conocía su labor de dirigente público, pero debía haber algo más, pues sino porqué había tanto recurso del Estado comprometido para tomarlo en forma abierta, a la vista de niños y profesores en un colegio. Desde que papá había llegado de regreso a Chile de su exilio, el 22 de noviembre de 1982, de forma inmediata lo retuvieron en el aeropuerto. Al entregar sus documentos en el mesón de Policía Internacional, el funcionario al leer la tarjeta de embarque, dijo en voz alta "es él", y acto seguido se lo llevaron a una sala esperando una llamada del "jefe". Mi padre muy preocupado consultó qué es lo que sucedía y en virtud de qué lo tenían retenido. No hubo respuesta. Después que le revisaron toda la documentación y lo que traía, lo dejaron ir. Un automóvil lo siguió hasta la casa familiar de Maipú, cosa que él de inmediato -¡en su primer día de regreso al país, después de años de distancia!- denunció llamando a las radios. Así de valiente era mi viejo, y así de presente lo tenían los organismos represivos de la dictadura. En diciembre de 1982 retornamos nosotros, junto a mamá y mi hermana América a Santiago, desde Barcelona. Nos reencontramos con papá quien ya estaba participando en la organización de la primera marcha del hambre que se realizó, convocada por el movimiento sindical. El año 83 fue mágico, pues las protestas nacionales eran masivas, se respiraba mucha esperanza, con actos multitudinarios. Papá se abocó a organizar a los profesores cesantes y a la creación del Movimiento Democrático Popular, MDP, que agrupaba a las fuerzas políticas de izquierda que luchaban por el retorno de la democracia, pero con contenido social. Lo acompañé a muchas manifestaciones y concentraciones. Su energía de trabajo era infinita, y siempre tenía la "película muy clara", me comentaba la gente con quien interactuaba. Su apuesta eran las políticas de alianzas, la unidad de la oposición, el derrotar a la dictadura, pero en el marco de una transformación simultánea de la economía, de modo que ésta favorieciera a las grandes mayorías, fundamentalmente al mundo trabajador y poblacional que en aquellos años sufrían una situación de cesantía y hambruna real. Llegó el año 1984, y papá trabajaba junto al Pato Madera, muralista destacado de la época de las Brigadas Ramona Parra, en el Taller Amistad que tenían en la calle San Pablo. Todo muy sencillo, pero lleno de jóvenes y viejos que hacían lienzos, pintaban cuadros, experimentaban formatos distintos de cassettes y revistas, todo con mensajes llamando a la organización y lucha contra la dictadura. Asumió Sergio Onofre Jarpa de Ministro del Interior y de inmediato la CNI fue a casa a buscar a papá para detenerlo. Como él no vivía con nosotros no lo pudieron ubicar, pero dejaron una copia de la orden detención y expulsión del país de papá, junto a Mario Insunza Becker, firmada por el Ministro del Interior, con la leyenda "por orden del Presidente de la República", es decir, Augusto Pinochet. Aún conservo ese documento, que da testimonio del lugar desde donde venían las órdenes para vigilar, detener y matar. Papá tuvo que volver a la clandestinidad. Allanaron la casa de la familia Guerrero en Maipú; secuestraron al hermano menor de papá, mi tío Francisco; detuvieron a una hermana de papá, mi tía Esperanza; detuvieron y torturaron al profesor Tolosa de la AGECH preguntando por papá, en fin, la represión era muy fuerte e intensa para dar con su paradero. Mi padre comenzó un exasperante peregrinar de casa en casa. En aquellos días yo había cumplido los 14 años. Vivía el inicio de mi adolescencia. Rebelde me pelié con mamá y la amenacé con irme a vivir con papá. Ubiqué a mi padre y la comuniqué mi decisión. Él estaba radiante de felicidad, siempre había soñado con volver a compartir conmigo los momentos en que me dormía y despertaba. Quedamos de acuerdo, yo tomé mis textos escolares, un poco de ropa, mi guitarra, y me fui a Maipú a encontrarme con él a tomar once e iniciar nuestra vida juntos. Llegué puntual, pero dieron las siete, las ocho y las once de la noche y papá no llegaba. Ya cuando me estaba durmiendo apareció, con los ojos llorosos. Me dió un gran abrazo y me dijo, con el dolor de su alma, que lamentablemente no podía irme con él, que habían sacado una nueva orden de detención de parte del Ministerio del Interior y ahora tendría que salir de Santiago. No lo podía creer. Me había costado mucho tomar la decisión. Ahora tendría que volver con mi orgullo en el suelo a casa, a mi pieza de niño, cuando estaba a punto de cumplir uno de mis sueños. Pero sus ojos no mentían, estaba verdaderamente preocupado. De ahí no lo volví a ver durante meses. Llegó el año nuevo con el que comenzaría 1985. Con mi hermana América fuimos a la casa de mis abuelos en Maipú y celebramos contentos, pero con la ausencia de mi padre que en algún lugar, en alguna casa estaría comiendo con una familia ajena. De pronto, noté que mi abuelo se puso muy nervioso y me hablaba como enojado. Había algo raro en el ambiente. Súbitamente entró al patio de la casa el auto de mi tío Francisco, pero en reversa. Estacionó frente a la puerta de la casa, lo que no era usual. Se bajó mi tío y abrió expectante la maletera. Corriendo fuimos con mi hermana y primos a ver qué sucedía. En su interior habían frazadas, que de a poco tomaron vida y comenzaron a moverse, y de pronto, de entre ellas, se asomó el rostro de papá con su risa gigante y luminosa, mirándonos victorioso. Había burlado el seguimiento y, arriesgando su vida, se sumó a la familia para compartir unos momentos junto a nosotros. Pasé toda la tarde pegado a él, como un pequeño animalito incondicional. Comimos, lavamos los platos juntos, guitarreamos un rato -ambos somos desabridos pero gozamos cantando-, y luego llegó el momento de la despedida. Yo me abracé de mi hermana mientras observábamos como se volvía a introducir a la maletera y se perdía bajo las frazadas. ¿Lo volveríamos a ver? A principios del año 85 el Ministerio del Interior informó a la familia que a papá le habían levantado la orden de detención y expulsión del país. Apenas lo supo, él aprovechó de inmediato la ocasión para volver a encontrarse con los profesores y juntos pasamos los efectos del terremoto de inicios de marzo de aquel año. Papá criticaba el que los propios profesores cesantes tuvieran que juntar limosnas para repartírsela a los colegas que habían quedado sin hogar producto del sismo. "Le estamos quitando a los que no tienen, y le estamos dando miseria a los que se merecen mucho más. Tenemos que exigirle a las autoridades estatales que asuman ayudar a todos los damnificados. Esto no es una cuestión de caridad, es un problema político desde el cual debemos organizarnos para protestar y buscar unidad de propósitos con amplios sectores", decía. En eso estaba cuando el secuestro del 29 de marzo de 1985. Sin embargo esto no podía constituir motivo suficiente para que una institución del Estado secuestrara a tanta gente consultando por papá y luego se lo llevaran de las puertas de un colegio. Ese era mi intución en aquel minuto a pocas horas de ocurrido el secuestro en mi colegio. En casa de Cristóbal, trataba y trataba de dar en mis recuerdos con alguna pista para saber por dónde había que buscarlo para hallarlo vivo y salvarlo de una muerte segura, pero no supe desenrredar la madeja. Me faltó edad, experiencia, y claro, papá realizaba una actividad con mucho sigilo que solo con el tiempo pude ir reconfigurando. Ahí estaba la verdadera clave de su secuestro y posterior degollamiento. Su caso fue utilizado para atormentar a toda la sociedad, de ello no cabe ninguna duda. Pero no era solo eso, había un odio particular hacia él, desde el mismo año 1976 cuando sobrevivió la detención y desaparición, torturas y prisión política... A fines de 1984, la peridiodista Mónica González de la revista Cauce, de oposición al régimen, había sido contactada por Andrés Valenzuela, alias "El Papudo", ex agente del Comando Conjunto -organismo que coordinaba distintas ramas de las Fuerzas Armadas con el propósito de reprimir-, quien se encontraba sometido a profundos remordimientos por sus acciones pasadas y valientemente dio el paso a contar su verdad, a riesgo de que se supiera y fuera ultimado por sus propios ex colegas. Mónica González se juntó con él y no podía dar crédito a todo lo que este hombre le relataba: detalles de las detenciones, torturas, ejecuciones y lugares donde habrían dejado los restos de muchos detenidos desaparecidos durante el año 1976, el mismo año en que el Comando Conjunto había tenido detenido desaparecido a mi padre. La periodista dándose cuenta de que se trataba de información extremadamente delicada, antes de su publicación decidió validar la misma, para lo cual contactó a José Manuel Parada, que a la sazón era el encargado de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. En Chile habían muy pocas personas que como él manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues le llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados. José Manuel, al conocer el carácter de la información y antes de entrar en su detalle, le sugirió a la periodista que había una persona, la única persona en realidad, que contaba con toda su confianza y que podía triangular la información con su propia experiencia de detención en manos del Comando Conjunto y lo que indicaba Valenzuela: mi padre. Con la venia de Mónica González, los tres se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio y mi padre con José Manuel no podían creer a lo que estaban accediendo: la estructura completa del Comando Conjunto, sus acciones, las fechas de detención de los militantes comunistas detenidos desaparecidos, los sitios en que fueron ultimados, los nombres y alias de los agentes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de civiles que participaban en el Comando. Mi padre, absolutamente impresionado, iba confirmando una a una las informaciones. Estaban frente a una información valiosísima que permitía aclarar muchos casos de violaciones a los derechos humanos y dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta que sus vidas, como la del ex agente, corrían un enorme peligro, pues los agentes seguían activos y harían todo para que tal información no se hiciese pública. Por ello decidieron que la información se publicaría cuando Andrés Valenzuela estuviera a salvo fuera del país y cuando ellos mismos hubieran alcanzado a tomar las medidas de seguridad que evitaran su inminente captura. La decisión era presentar toda la información en un medio de circulación masiva en el extranjero, tipo Washington Post, y una vez fuera conocida, entregarla con detalles a los Tribunales de Justicia chilenos para que investigara los hechos. Leyendo y releyendo el testimonio del agente Papudo, mi padre se pudo enterar de los detalles de su propia detención en 1976 cuando tenía 27 años de edad, pues Andrés Valenzuela había participado en tal episodio. Ahora comparto con ustedes parte de la información que probablemente llevó mi padre a la muerte, por el terror y cobardía de los agentes a enfrentar la verdad y su responsabilidad en los hechos, que aún siguen impunes: "El operativo fue en el sector de Departamental. Recuerdo que la 'Pochi", la agente de la FACH Viviana Ugarte Sandoval, estaba en el lugar con un equipo de radio para avisar su salida. Cuando salió, fue tomado por el "Chico" y "Alex", agentes de la Marina, y a consecuencia de un pequeño forcejeo, a "Chico" se le disparó el arma, hiriendo a Guerrero en un costado. Fue conducido de inmediato a "La Firma" estando herido. Allá, el "Lolo", el "Fifo" Palma, "Jano" y "Wally", lo interrogaron y torturaron poniéndole electricidad directamente en la herida. A consecuencias de los golpes y electricidad, Guerrero perdió el conocimiento por unos instantes por lo que se llamó al doctor Alejandro Forero "hijo", hoy cardiólogo en el Hospital de la FACH. El doctor señaló que la herida era grave y que el detenido debía ser trasladado al hospital. Alrededor de una hora después que se fue el doctor Forero de "La Firma", se recibió el llamado telefónico de un general, no estoy seguro que fuera de la FACH, y ordenó el traslado de Guerrero al Hospital de Carabineros. Nos causó sorpresa que el general ya estuviera enterado que teníamos a Guerrero. En el hospital estuvo siempre esposado, lo que recuerdo bien ya que varias noches me tocó hacerle guardia." Con esta información, ahora quedaba claro porqué el Comando Conjunto había resuelto "entregar" a mi padre a la DINA durante su detención y desaparición en 1976: Mi madre en aquellos meses hizo todo lo humanamente posible para dar con el paradero de mi padre, concurriendo personalmente -embarazada de mi hermana América- a las oficinas del presidente de la Corte Supre­ma. Él para calmarla hizo un ejercicio retórico: "Señora, en Chile no hay detenidos desaparecidos. Voy a llamar delante de usted al General Contreras, para que se de cuenta que no hay nadie del nombre de su marido detenido en algún recinto de las Fuerzas Armadas y de Orden". Y lo hizo. Y sin saberlo o quererlo, esta llamada al despacho del coronel Manuel Contreras, que dirigía la DINA, le salvó en ese momento la vida a mi padre, pues cuando Contreras se enteró que uno de los principales dirigentes de las Juventudes Comunistas, a quien sus hombres buscaban intensamente, se encontraba en poder del Comando Conjunto, o el "Grupo de los 20" como se hacía llamar, enfureció, porque no estaba informado. Movió todos sus contactos y exigió que el director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, general Enrique Ruiz Bunguer, y el director de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, general Rubén Romero Gormaz, le entregaran a mi padre. La presión del coronel Manuel Contreras se hizo insoportable y la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR) debió asumir su detención. El 18 de junio de 1976, estando mi padre ilegalmente detenido y baleado -sin que nadie de nosotros supiera su paradero- en el Hospital de Carabineros, el ge­neral Romero debió entregarlo a la DINA a pesar de que la bala seguía enterrada en su axila. Un oficio firmado por el general Rubén Romero Gormaz, y dirigido al director de la DINA, acompañó a mi padre en su ingreso al campo de concentración de Cuatro Alamos, que estaba bajo control de la DINA: "Remito antecedente del dirigente de las Juventudes Comunistas Manuel Guerrero Ceballos, quien fue detenido por personal de Inteligencia y que se encuentra a disposición de la DINA, en el Hospital de Carabineros." Siete días permaneció incomunicado mi padre en Cuatro Alamos. La bala la tenía aún clavada en el costado. En esos siete días se decidió su destino, pues el viernes 25 de junio de 1976, el día de su cumpleaños y a la misma hora en que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo en favor de él, mi padre fue obligado a levantarse de su camastro en la celda de incomunicación en que fue arrojado. No sabía adonde lo llevarían. Esa misma mañana fue trasladado al campamento del lado, el del tránsito a la libertad, Tres Alamos. Los organismos represivos, por esta lucha entre ellos, habían decidido que viviera, pero no contaban con que mi padre denunciaría por todo el mundo lo que le habían hecho y que había reconocido a uno de los agentes, el traidor Miguel Estay Reino, el "Fanta". La información que entregó Valenzuela en su testimonio a Mónica González era una bomba, y en rigor, sigue siendo una bomba. Pues en ella se establece, entre otros aspectos, que Viviana Ugarte Sandoval, alias "La Pochi", había participado como agente del Comando Conjunto en la detención ilegal de mi padre. Presumiblemente ella es la mujer que relata en un escrito que dejó papá con el nombre "La sesión macabra continua", donde describe las torturas que le aplicaron, y que en medio de ellas había una mujer que lo acariciaba mientras le aplicaban electricidad. Sí. Viviana Lucinda Ugarte Sandoval es la esposa del general de la FACH Patricio Campos, quien es la persona nombrada por las Fuerzas Armadas que participó en la Mesa de Diálogo que tenía por objeto recabar información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos en Chile... Curiosamente, precisamente la información que correspondía a las víctimas del Comando Conjunto fua alterada, de acuerdo a las declaraciones de Otto Trujillo, "Colmillo Blanco", otro agente del Comando Conjunto que contó su versión de la verdad al diario La Nación. Por desgracia, y por razones que aún me cuesta comprender, la entrevista a Andrés Valenzuela fue publicada sin autorización de mi padre y José Manuel en el extranjero, antes que ellos pudieran ponerse a salvo. Los agentes del Comando Conjunto, ahora agrupados en un departamento de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), con domicilio en calle Dieciocho, en el mismo local de la "Firma" en que tuvieron torturado a mi padre en 1976, apenas se enteraron del testimonio de Valenzuela se pusieron en alerta y decidieron cortar literalmente el problema por la raíz: eliminar a José Manuel y mi padre, para impedir que la verdad circulara por el mundo. Por ello allanaron y secuestraron la imprenta de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) el 28 de marzo de 1985. Buscaron frenéticos ese lugar pensando que ahí se encontraban los stenciles de publicación del testimonio de Valenzuela sobre el Comando Conjunto. La imprenta estaba a nombre del artista gráfico Santiago Nattino. Esa misma noche lo secuestraron y lo llevaron a calle Diecicho, al local de la DICOMCAR, ex La Firma del Comando Conjunto. Lo esposaron a un parrón y comenzaron su tortura. Una vez que secuestraron, al día siguiente, el 29 de marzo, como hoy, a mi padre y José Manuel, los torturaron a los tres, quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos. Al día siguiente, el 30 de marzo de 1985, dirigidos por el Fanta, con un cuchillo atacameño que le había regalado Moren Brito, los degollaron bajo Estado de Sitio camino a Quilicura y dejaron que sus cuerpos se desangraran. Hoy tres sillas vacías recuerdan a don Santiago y a los Manueles en el lugar en que les dieron muerte. No quisieron que se supiera la verdad, como ha sido la tónica del silencio de las Fuerzas Armadas y de Orden para no dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Fundamentalmente por cobardía a no enfrentar sus propios actos, sus propias decisiones. Siguen estando en deuda con nosotros, con los hijos, con la sociedad chilena. La mayoría de aquellos agentes y de quienes les dirigían no han sido juzgados, y los médicos que torturaron, los civiles que actuaron, los oficiales que participaron en tan horrendos crímenes, siguen en sus lugares de trabajo como si nada pasara. Pero sí pasa y no deja de pasar. Tal como mi padre y José Manuel arriesgaron y dieron sus vidas por la verdad y la justicia, nuevas generaciones surgen y dan con creatividad las luchas del presente, vinculados con aquella memoria del crimen, pero también de los compromisos, las militancias por una vida digna. Por eso hoy los recordaremos en nuestra velatón cultural. Cada uno/a tomará de la mano a don Santiago y a los Manueles, y con ellos a cada uno/a de los/as luchadores/as sociales de nuestro país, de su mundo trabajador, artístico, profesional, intelectual. Somos muchos/as. Honraremos sus vidas y no dejaremos de denunciar y exigir justicia a sus asesinos y al Terrorismo de Estado. Hacemos el esfuerzo diario de seguir enamorados de la vida, como una conquista que no nos pueden ni queremos que nos quiten. Por eso decimos, ¡Con Memoria y Alegría, Adelante por la Vida! Hoy pondré mi vela por ese último beso que le di a papá, y a quien he dedicado mi modesta vida, junto a mi compañera e hijas. Ahí estaremos, en la calle, codo a codo. Y entre la gente, quiero verte bailar...

Todos los días, toda la vida. Manuel Guerrero Antequera
Santiago, 29 de marzo 2011 * * *

Padres de Hermanos Vergara Toledo nos escriben este 29 de marzo

Padres de Hermanos Vergara Toledo nos escriben este 29 de marzo





Marzo de 2011, Villa Francia, Santiago


“Tenemos que aprender a ser generosos, dejar las trabas atrás, ser sencillamente consecuentes con nuestros principios… seguir adelante, sin mirar lo perdido…”.


(Rafael Vergara)


Queridos amigos y amigas


Queridos compañeros y compañeras


Nos alegra comunicarnos una vez más con cada uno de ustedes para manifestarles nuestro cariño y nuestro anhelo que se encuentren bien junto a sus parejas, hijos, familia. Esperamos que este año terrible que hemos vivido no los haya dañado tanto, que no los haya paralizado en su decisión de vivir una vida libre, comunitaria, sin injusticias. Nosotros, Manuel, Luisa, Ana Luisa, Tamara Sol, nos hemos mantenido juntos ayudándonos unos a otros a no desfallecer ante tanta aberración cometida contra muchos de los nuestros, mujeres y hombres que han sido perseguidos por este sistema y que están en estos momentos en sus mazmorras de castigo, solamente porque su modo de pensar la vida, su modo de vivir la vida, libres de toda jerarquía los ha hecho peligrosos para los que gobiernan este país. Lo mismo con nuestros hermanos del pueblo MAPUCHE.


Queremos referirnos al caso del asesinato de nuestros hijos Eduardo y Rafael, porque sabemos que muchos y muchas todavía no tienen claro qué pasó al final. La verdad es que los miserables asesinos fueron condenados.


Jorge Marín Jiménez a 10 años y un día, por ser el autor material del asesinato de Rafael. Alex Ambler Hinojosa y Francisco Toledo Puente a penas de 7 años y un día. Supuestamente estarían presos en Punta Peuco desde Septiembre del año 2010.


Nosotros como familia no quedamos conforme con esta sentencia por ser a destiempo y no acorde con los crímenes cometidos. Según la severidad de las sentencias dictadas contra los nuestros, estos criminales deberían estar encarcelados de por vida, pero no es así.


Lo que rescatamos de este hecho es que se pudo llegar a esta sentencia gracias a la lucha permanente que dimos junto a todos ustedes por más de 20 años para conseguirla, además del apoyo jurídico solidario de los abogados de derechos humanos. Eso nos reconforta, eso nos da fuerzas para seguir adelante, porque sabemos que el 29 de marzo es de los jóvenes combatientes que hoy luchan por una vida digna, libertaria, justa.


Nosotros estamos con los jóvenes rebeldes, que no claudican ante los castigos y las amenazas y que buscan maneras distintas de salir con su voz y su fuerza a denunciar las vejaciones permanentes que estamos sufriendo de parte de un sistema creado para aplastarnos y hacernos desparecer. Y también nos anuncian nuevos tiempos de lucha y dignidad, que nos dicen ¡vamos compañeros, por aquí hay que seguir!


¡Seguiremos apoyándolos y solidarizando con ellos, alimentándonos de su fuerza y bravura, de su dignidad y amor!


Hay mucho por hacer y todos los caídos y los encarcelados nos exigen que sigamos, a pesar del cansancio del cuerpo y del alma. Tomemos por ejemplo lo que hacen las compañeras que están presas en el COF, ellas han hecho un boletín hermoso dentro de ese recinto y con eso nos interpelan a todos los que nos encontramos afuera, en la calle, “en libertad” a hacer algo, a denunciar, a proponer a no convertir nuestras casas en verdaderas prisiones de pasividad y conformismo.


COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, HAY PEGA PARA TODOS.


Nos despedimos de cada uno de ustedes con un fraternal abrazo y seguramente nos estaremos viendo “en alguna plaza, en alguna calle, en alguna marcha…”.


LUISA TOLEDO S. MANUEL VERGARA M


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sábado, 19 de marzo de 2011

C.D.Tecnologico Supervivientes Ancestrales Mapuches-EAMLN= MCR-MIR-WEYCHAFE LONCÓN MELLADO LORENZO-VALECH 00007-Buenos Aires-30-03-2010

Centro Documentacion Tecnologico Supervivientes Ancestrales Mapuches-EAMLN= MCR-MIR-SUBJEFATURA CENTRO SUR:WEYCHAFE LONCÓN MELLADO LORENZO:








Declaración Comisión Valech -Buenos Aires-30-03-2010













Indulto a la desmemoria Cubadebate 9 Mar 2011 ... Centro Documentacion Tecnologico Supervivientes Ancestrales Mapuches-EAMLN= MCR-MIR-SUBJEFATURA CENTRO SUR:WEYCHAFE LONCÓN MELLADO LORENZO: ...www.cubadebate.cu › La Coletilla -

http://www.cubadebate.cu/coletilla/2011/03/09/indulto-a-la-desmemoria/

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Ex Juez Guzmán: "La utilización de la Ley Antiterrorista en Cañete fue artera y antiética"


Ex Juez Guzmán: "La utilización de la Ley Antiterrorista en Cañete fue artera y antiética"

El ex juez y abogado de uno de los cuatro mapuche que fueron condenados en el juicio de Cañete y que hoy se encuentran en huelga de hambre, insistió en que la aplicación de la Ley Antiterrorista fue “una argucia de la fiscalía para ganar tiempo”. Guzmán comentó que espera que las condenas sean “mesuradas” para evitar que la medida de presión se extienda por más tiempo.

POR RAÚL MARTINEZ - SANTIAGO DE CHILE - 17 / 03 / 11
Como artero y antiético calificó el ex juez y hoy parte de la defensa de Héctor Llaitul, Juan Guzmán Tapia, el actuar de la fiscalía durante el proceso que terminó con cuatro comuneros condenados, cuyas penas se conocerán la próxima semana.
En medio de una nueva huelga de hambre de los cuatro mapuches encarcelados en Lebu, Guzmán sostuvo que los representantes del Ministerio Público utilizaron un argumento jurídico como la Ley Antiterrorista con el único objetivo de conseguir tiempo para estructurar una acusación contra estas personas.
“No la considero ética porque los resultados demuestran que la ley que se utilizó no correspondía. Se ocupó porque, en el fondo, es mucho más represiva y permite mayor tiempo por parte de los fiscales con los procesados. Pueden estar hasta diez días privados de libertad y a su disposición antes de ser puestos a disposición de un juez de garantía”, precisó Guzmán.
El Ministerio Público invocó la Ley Antiterrorista para procesar a los comuneros mapuche acusados de una serie de delitos, entre ellos el atentado contra el bypass de Temuco y el supuesto ataque contra el fiscal Mario Elgueta. Juan Guzmán relativizó este último hecho, ya que la comitiva que acompañaba al fiscal estaba compuesta por 24 vehículos policiales precedidos de una tanqueta, tal como quedó demostrado durante el proceso, por lo que el ex juez consideró que se trató de un acto de defensa de parte de comuneros mapuche, a pesar de estar muy disminuidos frente al alto poder de fuego que tenían los policías de investigaciones y Carabineros. Pero más allá del hecho, Guzmán descartó que los responsables de los disparos de escopeta fueran los cuatro comuneros actualmente en prisión.
“Por mi concepto no fueron, según las pruebas que logré reunir, no son Llaitul y las personas que están privadas de libertad. Esto se sabe por la investigación, por la forma en que se interroga a los inculpados y además por la función.
Ellos saben muy bien que un ataque de esa naturaleza no va a ayudarlos en su causa”, comentó Guzmán. Por todos estos vicios en el proceso, es que el martes recién pasado Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, condenados por homicido frustrado en contra del fiscal Mario Elgueta, iniciaron una huelga de hambre en la Cárcel de Lebu.
Victoria Fariña, abogada de Jonathan Huillical Méndez, anunció que hoy irá a Lebu para enterarse del estado de salud de los manifestantes, al tiempo que enfatizó que su defendido como los demás comuneros aboga por anular el juicio por la serie de anomalías en su realización. “Estamos trabajando en ello con el resto de los colegas porque, tal como lo denunciamos antes y durante el juicio y además después del veredicto, existieron vulneraciones de derecho. Sobre todo cuando se condena a cuatro personas por la declaración de un testigo protegido que está amparado bajo la Ley Antiterrorista”, aseguró la jurista. Victoria Fariña recordó además que los comuneros están condenados por la declaración de un policía que participó en el interrogatorio de Huillical, quien luego reconoció que lo había hecho bajo tortura. De todas formas se espera que los jueces actúen con mesura, en palabras de Juan Guzmán, defensor de Héctor Llaitul, y no llevar esta situación al extremo que por ejemplo, permita extender aún más la huelga de hambre que comenzaron este martes.

Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-17 March, 2011

17 March, 2011

Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamiento con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos diez años, y que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Imagen: Conferencia de prensa 17 Marzo

Gentileza: Fundación ANIDE

En un completo informe, la Fundación ANIDE, en alianza con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), gracias al auspicio de Kindernothilfe, y con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), exponen la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche pertenecientes a comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.

Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamiento con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos diez años, y que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), y gracias al auspicio de Kindernothilfe y Save the Children.

El Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, además da cuenta de las detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso, detenciones de personas menores de edad sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres.

Las organizaciones que acuden a la CIDH, advierten sobre la gravedad de la acción de las fuerzas policiales, violenta y desproporcionada, que actúa ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile.

Existen innumerables casos documentados entre el año 2001 y 2011, por diversas organizaciones de derechos humanos que denuncian violaciones graves a los derechos de la niñez mapuche, como consecuencia de violencia innecesaria, desmedida y brutal, ejercida por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, y por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a niños, niñas y adolescentes mapuche en sus comunidades, escuelas y espacios públicos, con sus consecuentes secuelas físicas y psicológicas.

No existe por parte del Estado un reconocimiento público de la violencia institucional contra la niñez mapuche, y éste no ha implementado medidas reparatorias que apunten a la construcción de las condiciones de protección especial de derechos de la niñez mapuche en los protocolos policiales, ni ha generado sistemas de protección frente a la tortura, como acciones mínimas de gran urgencia. Esto ha favorecido que la situación de violencia institucional se mantenga inalterable por más de 10 años.

Múltiples informes y declaraciones de instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales mapuche y chilenas, así como las organizaciones solicitantes de la Audiencia en la CIDH, han constatado que los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad de los niños, las niñas ni adolescentes en sus contextos comunitarios ni escolares. Por el contrario, éstos son objeto de violencia desmedida y acciones policíacas no reguladas ni enmarcadas en el debido proceso.

El Informe se nutre además, por una serie de testimonios de dos comunidades mapuche de la Región de la Araucanía, en Chile. Aquí se incluyen relatos y denuncias de niños, niñas y adolescentes mapuche, sus familias y autoridades tradicionales mapuche, que hablan de sus experiencias particulares y los recursos propios de sobrevivencia y resistencia de sus comunidades.
Los niños, niñas y adolescentes mapuche ponen énfasis en la brutalidad de las acciones policiales. Todos ellos han sido víctimas y/o testigos directos de violencia policial en sus propias comunidades y escuelas.

“… tenía 13 años le vinieron a pegar en la casa, le quebraron la culata de la escopeta aquí en la frente, ahora lo último este año, tampoco no lo dejaron estudiar, lo fueron a buscar en el liceo y ahí lo tienen no más, preso. No hay ni una prueba, no hay ni una prueba y lo tienen ahí. Casi le fracturaron aquí la mandíbula. Le pisaron la cabeza, todo raspillado, lo arrastraron todo aquí. Eso es lo que hacen los policías”, se lee en uno de los casos expuestos en el informe.

Otro elemento preocupante es el desconocimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales que protegen los derechos de adolescentes y jóvenes privados de libertad, por parte del sistema de justicia, en particular lo relativo a la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) a personas menores de 18 años.
La ilegal e ilegítima aplicación de la Ley Antiterrorista

El Estado Chileno celebró la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que significó el reconocimiento, después de casi 20 años de firmar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de que los niños y niñas en conflicto con la ley requieren de un tratamiento especial.
Sin embargo, desde el año 2008, la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) ha sido invocada en 5 casos de personas menores de 18 años. A la luz de la anteriormente mencionada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la aplicación de la Ley Antiterrorista no sólo sería contradictoria legalmente, sino que además contradice la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Cabe recordar que después de la prolongada huelga de hambre que sostuvieran 34 comuneros mapuche el año 2010, entre los cuales se encontraban dos imputados por Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) por supuestos delitos que habrían cometido siendo personas menores de 18 años, el Poder Legislativo modificó la Ley Antiterrorista excluyendo su aplicación a los casos en que estén involucrados personas menores de 18 años.
Sin embargo, el Ministerio Público ha insistido en la invocación de esta legislación de excepción en casos de personas menores de 18 años, haciendo caso omiso de la legislación vigente.
Así, el Informe que será presentado a la CIDH, da cuenta de un patrón común de violencia institucional caracterizado por la criminalización de la protesta social mapuche, el empobrecimiento de las comunidades y la persecución persistente a niños, niñas y adolescentes mapuche.
Audiencia temática en la CIDH y Petitorio
A la audiencia ante la CIDH, que se realizará el viernes 25 de marzo de 2011, en período ordinario de sesiones Nº141 en Washington DC, concurrirán Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE; y Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE.
Los objetivos para la solicitud de esta audiencia temática son:
1) Poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche perteneciente a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.
2) Solicitar el arbitrio de las medidas necesarias a fin de que el Estado chileno adecue el régimen legal a las pautas básicas establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y la implementación de políticas públicas acordes para hacer efectivos los derechos contemplados por dicho sistema, ya que las condiciones que padecen los niños, niñas y adolescentes indígenas, en particular pertenecientes al pueblo mapuche, son violatorias de diferentes derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las instituciones que solicitaron la audiencia en la CIDH plantean una serie de peticiones para el Estado de Chile, como cambios de normativas internas que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de las fuerzas policiales; la existencia de mecanismos transparentes para la vigilancia y monitoreo de estos procedimientos; la creación urgente de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos degradantes; la tramitación en el Congreso de una moción que indique la total exclusión de la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de18 años; que se generen mecanismos de capacitación en enfoque de derechos para todos los funcionarios públicos del país; y que el Estado genere, en conjunto con la sociedad civil, y con la participación activa de los niños y las niñas, una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez.
Por su parte, las comunidades mapuche consultadas tienen entre su petitorio la restitución de los territorios ancestrales, el respeto al Convenio 169 de la OIT, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche y la liberación de sus presos políticos, así como el retiro de las fuerzas policiales y de las empresas forestales de sus comunidades, la implementación de políticas que permitan superar la pobreza.

(Fin/ANIDE/marzo/2011)
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AFEP rechaza expresiones del General Fuentealba en favor de reos por violaciones a derechos humanos - Jueves, 10 de Marzo de 2011 13:15

AFEP rechaza expresiones del General Fuentealba en favor de reos por violaciones a derechos humanos

Escrito por Administrator

Jueves, 10 de Marzo de 2011 13:15

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos desea expresar ante la opinión pública nacional e internacional su profundo rechazo a las expresiones del Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuentealba, relativas a la pretensión de que los condenados por violaciones a los derechos humanos sean incluidos en las medidas anunciadas por el gobierno y que pretenden reducir el hacinamiento en los recintos de reclusión y mejorar las condiciones carcelarias de miles de chilenos y chilenas privados de libertad.

El señor Fuentealba, sabe que no se trata de discriminar entre reos militares o civiles; el asunto de fondo se refiere a distinguir entre delitos comunes y violaciones a los derechos humanos, como las cometidas por sus compañeros de armas de quienes hoy se asume vocero y cita la Constitución Política la República, para respaldar sus argumentos. Aduce que los condenados por violaciones a los Derechos Humanos son ciudadanos chilenos y que para ellos se de debe cumplir con el precepto constitucional de igualdad ante la ley establecida para todos los chilenos por la Carta Fundamental.

El argumento del general es una falacia, pues el solo hecho de que quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad permanezcan en recintos penales de cinco estrellas, como Punta Peuco y el Penal Cordillera, conservando toda clase de regalías, revela que no todos los chilenos somos iguales ante la ley.

Es ampliamente conocido por la opinión pública nacional e internacional las privilegiadas condiciones en que cumplen las penas -en la mayoría de los casos irrisorias- el pequeño número de militares y civiles que han sido condenados por haber cometido violaciones a los Derechos Humanos. Gozan de condiciones carcelarias privilegiadas que han sido denunciadas reiteradamente por las organizaciones de derechos humanos. A estas penas mínimas y condiciones más cercanas al lujo que a la austeridad, se suman salidas ilegales y visitas fuera de toda consideración reglamentaria.

El general Juan Miguel Fuentealba debiera renunciar a su cargo por asumir abiertamente la vocería de los reos condenados por haber cometido crímenes de Lesa Humanidad e intentar confundir a la ciudadanía con argumentos falaces mediante los cuales alienta el desacato al Derecho Internacional expresado en pactos suscritos y ratificados por Chile, en cuanto a que tales crímenes son imprescriptibles e inamnistiables, lo que automáticamente anula la posibilidad de ser indultados.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados hace un llamado a la opinión pública a no dejarse engañar con estas declaraciones que pretenden confundir el verdadero sentido de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Las personas que han sido condenadas, civiles y militares, han gozado de todas las garantías procesales que contempla la ley, las que no tuvieron nuestros familiares.

Los violadores de los derechos humanos han contado con redes de apoyo y encubrimiento, con la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas con la Justicia; han contado con la falta de voluntad política de los gobiernos civiles para lograr la verdad y la justicia; han contado en su favor con el uso abusivo de medidas de atenuación del castigo que les corresponde, como ha sido la aplicación de la media prescripción. Podemos afirmar con toda seguridad que la única discriminación que ha existido, ha sido en beneficio de quienes cometieron crímenes con crueldad y alevosía extremas, amparándose en la impunidad que les proporcionaba la dictadura militar. Es indispensable que cumplan sus condenas plenamente, para enviar un mensaje a las futuras generaciones de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no son amnistiables.

Finalmente, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos llama a las organizaciones sociales, políticas, culturales, nacionales e internacionales a expresar su rechazo a este nuevo intento de agraviar a la justicia y la memoria de las víctimas de los crímenes cometidos por hombres y mujeres, civiles y militares, que se sintieron dueños de la vida de las chilenas y chilenos.

Santiago 10 de marzo 2011

sábado, 12 de marzo de 2011

INEDITA SENTENCIA CONTRA UNA PETROLERA NEUQUINA-9 de marzo de 2011

INEDITA SENTENCIA CONTRA UNA PETROLERA NEUQUINA

La empresa condenada a pedir autorización

El fallo establece que, para trabajar en ese lugar, la empresa debe contar con permiso de la comunidad mapuche. Un antecedente para las comunidades conflicto de todo el país.


Por Darío Aranda

En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.
La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.
La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.
Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila”, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.
“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado.
La sentencia, dictada el 16 de febrero pero difundida esta semana, también remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...). La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.
En cuanto al caso concreto, sentencia: “No se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescritos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 53 de la Constitución Provincial (...). No se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos. Por el contrario”.
Incluso cita como jurisprudencia al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, máxima instancia judicial de la provincia: “El derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente”.
La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La Justicia nos dio la razón, ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu.
Aunque centrado en un caso (Petrolera Piedra del Aguila y la comunidad mapuche), a lo largo de la sentencia se abordan tópicos sobre derechos que pueden extenderse a los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país frente a industrias extractivas (petróleo, minería, soja y forestales, entre otros). La sentencia reconoce que la gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional), pero en la misma oración les marca un límite claro a los gobernadores al advertir que no pueden avanzar unilateralmente: “A las comunidades indígenas les está asegurada (por ley) la participación en cuestiones relativas a los mismos”.

Fotos de tapa: Hernán Scandizzo
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El ex fiscal militar chileno Podlech sale de la prisión romana de Rebibbia



El ex fiscal militar chileno Podlech sale de la prisión romana de Rebibbia

12 de marzo de 2011 • 14:10


El ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech abandonó anoche en libertad provisional la cárcel romana de Rebibbia, donde permanecía recluido desde agosto de 2008 acusado de la desaparición del exsacerdote Omar Venturelli en 1973 durante la dictadura de Chile (1973-1990).


Según informó hoy a Efe María Paz Venturelli, hija del exreligioso desaparecido, un juez de Roma ha decidido dejar en libertad provisional a Podlech más de dos años después de encarcelarlo como medida cautelar, al considerar que ya no existe el peligro de fuga.


El juez acogió un nuevo recurso a su encarcelamiento presentado por la defensa del ex fiscal militar, decisión que la hija del desaparecido considera "absurda" a poco más de un mes de la fecha en la que se espera en que concluya el juicio.
El pasado noviembre, la defensa había recibido una negativa a la solicitud, por motivos de salud, de la excarcelación del ex fiscal militar de Rebibbia, donde permanecía recluido tras su detención en Madrid el 27 de julio de 2008 en base a una orden europea emitida por la Justicia italiana.


En declaraciones que recogen hoy los medios locales, la responsable del opositor Partido Demócrata (PD) italiano para Latinoamérica, Francesca d'Ulisse, expresó su "desconcierto e indignación" por la salida de Podlech de la cárcel.

D'Ulisse destacó la "singular coincidencia temporal de la liberación de Podlech con la reciente visita de Estado del presidente de Chile, Sebastián Piñera, a Italia".

"Espero que los dos asuntos sean absolutamente independientes y que no se tenga que descubrir que, una vez más, los intereses legítimos de justicia y verdad han sido sacrificados en nombre de una política de relaciones internacionales a la que este Gobierno nos ha habituado tristemente", afirmó la responsable del PD.
La Fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar de Chile, entre ellos Venturelli, cuyo paradero se perdió mientras permanecía en arresto político.


En julio de 2006, la familia del exsacerdote presentó en Chile una querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese año, y contra Podlech, quien ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.




El juicio contra el ex fiscal militar por la desaparición de Venturelli comenzó en Roma el 18 de noviembre de 2009 y desde entonces se vienen celebrando una serie de vistas orales que se prevé que concluyan en el plazo de un mes aproximadamente.




Omar Venturelli, exsacerdote que había dejado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento "Tucapel" de Temuco el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.



Venturelli, que entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente a la cárcel de Temuco, a 672 kilómetros de Santiago, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro.


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lunes, 7 de marzo de 2011

DENUNCIAN EN CHILE QUE EN LA CONDENA DE CUATRO MAPUCHES SE APLICO “La ley antiterrorista se usó en el juicio”--Lunes, 07 de marzo de 2011





DENUNCIAN EN CHILE QUE EN LA CONDENA DE CUATRO MAPUCHES SE APLICO LA POLEMICA NORMATIVA

“La ley antiterrorista se usó en el juicio”

De 17 presos aborígenes, 13 resultaron absueltos. Los otros cuatro fueron juzgados por un caso de usurpación de tierras. En el medio, el debate sobre la criminalización de esa lucha y la promesa del gobierno de Piñera

Por Ailín Bullentini


El análisis del resultado que tuvo la huelga de hambre que 34 integrantes de comunidades mapuches presos sostuvieron durante más de 80 días en 2010 es complicado de realizar. Es que depende de los elementos que caigan bajo la lupa, la conclusión es positiva o nula. El final del juicio iniciado a 17 de esos huelguistas hace más de tres meses es ejemplar para comprender tal complejidad: el Estado y el Ministerio Público retiraron las acusaciones que habían impuesto a los originarios basadas en la ley antiterrorista, principal reclamo de la huelga. Trece de ellos resultaron absueltos. Pero los cuatro restantes fueron condenados por supuestamente haber emboscado a un fiscal y a tres oficiales de la Policía y atacarlos con armas letales, en el marco de un caso considerado por el gobierno chileno como usurpación de tierras. “La situación es complicada. El Estado desestimó el uso de la ley y eso presionó al Poder Judicial. Pero en los hechos, la antiterrorista continuó utilizándose hasta el final”, señaló Pamela Pessoa, en diálogo telefónico con Página/12. Su compañero, Héctor Llaitul, mapuche, es uno de los condenados. Sabrá el tamaño de su pena el próximo 22 de marzo.


–¿Por qué asegura que el juicio se basó en la ley antiterrorista?


–El juicio fue un proceso abiertamente direccionado a castigar y encerrar a militantes mapuches. Y no hubiera podido llevarse a cabo esa misión a no ser a través de la aplicación de la ley. Mi compañero y los otros tres mapuches que fueron condenados son los únicos del total de acusados que integran la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, que reivindica la autonomía de las comunidades mapuches en Chile). Quedó demostrado que la intención del Ministerio Público Fiscal fue siempre criminalizar la lucha mapuche. Trece hermanos de comunidades originarias fueron absueltos, pero las condenas que recayeron sobre mi compañero y los otros tres hombres no tienen razón de ser, más que para enviar un mensaje a la organización ideológica y política que lucha de manera más radical contra las inversiones capitalistas en territorios mapuches en Chile. Las acusaciones de la fiscalía fueron realizadas con el aporte de testigos “sin rostro”, secretos. Ni la defensa ni el tribunal pudieron acceder a esos testigos. Tal mecanismo se tiene en cuenta por la ley antiterrorista. Eso es lo que se hizo, y el Estado chileno no hizo demasiado por impedirlo.


Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron considerados culpables de homicidio frustrado al fiscal Mario Elgueta y lesiones en contra de tres funcionarios policiales, en el marco de una supuesta emboscada que esos funcionarios denunciaron en 2008. Entonces, un grupo de comunidades a las que pertenecen los 17 mapuches que ocuparon el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral de Cañete acampaban en los terrenos donde ancestralmente se localizaban y que, por estos años, son ususfructuados por una empresa forestal. Además, fueron condenados por robo con intimidación en perjuicio de José Santos Jiorquera, un agricultor chileno acusado por los organismos defensores de los pueblos originarios de ceder su estancia a miembros de las fuerzas de seguridad pública en épocas de la dictadura de Pinochet con fines de tortura y secuestros clandestinos. Ninguno de esos cargos tiene la carga de terrorismo que poseían al inicio del proceso.


–¿Cuáles fueron esas pruebas?


–Una es el testimonio de uno de los cuatro condenados, a quien la policía mantuvo 16 horas detenido de manera ilegal, durante las cuales fue torturado. Bajo tortura, el hombre firmó una declaración en la que se asume como atacante del fiscal y los acompañantes en la noche de la supuesta emboscada. Hoy, Jonathan Huillital Méndez sostiene una denuncia contra la policía de investigación chilena por torturas, que se encuentra en proceso. La otra prueba es el testimonio del testigo secreto nº 26 –la Fiscalía presentó 36 pero sólo declararon siete–, una persona que estuvo imputada durante el inicio del proceso judicial, pero que quedó fuera del juicio al haber colaborado con la versión oficial de la emboscada. Como declaró que Héctor había ideado todo el ataque al fiscal y a la policía, el Ministerio Público dejó de perseverar en su acusación.


–¿Por qué considera que ambas pruebas no son suficientes para determinar las condenas?


–No son justas. Pero además, que esos dos elementos hayan sido los tomados en cuenta para determinar la existencia del delito y la culpabilidad certifica que la Justicia sigue aplicando la ley antiterrorista. Sólo esa norma permite la presentación de testigos sin rostro. La tortura es inadmisible. Incluso la Defensoría Pública consideró el fallo como un retroceso de la Justicia chilena a la época de la dictadura de Pinochet.


–¿Cómo considera la absolución de los otros 13 mapuches que fueron sometidos a juicio?


–Es un hecho muy significativo y sin duda hay que leerlo como una victoria del pueblo mapuche. En gran parte se debió a la huelga de hambre del año pasado, que sirvió para descomprimir la situación. Ahora restan otros dos grandes y emblemáticos juicios en los que se intentará criminalizar a hermanos que no hicieron más que reclamar por sus territorios: uno en Angol y otro en Temuco.


–¿Consideran que a resolución del juicio responde al reclamo de ustedes respecto de la ley?


–El gobierno cumplió con su parte del acuerdo surgido luego de la huelga. Prometió eliminar de su querella la ley y cumplió. Las acusaciones por las que condenaron a los mapuches son penales. Sin embargo, la ley se utilizó de hecho durante todo el juicio. El veredicto está basado en fragmentos de esa ley, incluso. En ese sentido, la lucha será más larga.



SUBNOTAS


El efecto del ayuno mapuche Por Ailín Bullentini

PDI y Carabineros niegan vinculación de mapuche con grupos terroristas- 3 de Marzo 2011

Jueves 3 de Marzo 2011 9:51 hrs.


PDI y Carabineros niegan vinculación de mapuche con grupos terroristas

Ricardo


SalazarCarabineros y la Policía de Investigaciones descartaron cualquier relación entre mapuches con las FARC y ETA, señalaron que no poseen antecedentes ciertos para relacionar el conflicto de tierras en el sur con estas organizaciones internacionales. Comuneros y parlamentarios señalan que esto confirma los montajes a favor de empresarios.

La información fue confirmada por los titulares de las policías, en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes debieron concurrir para exponer sobre los cuestionados operativos que han realizado en la zona de la Araucanía.

En la comisión, se encontraba el general director de Carabineros subrogante, Gustavo González y el director general de la PDI, Marcos Vázquez, quienes informaron sobre su actuar en el marco del conflicto de tierra que enfrenta al pueblo mapuche con empresarios forestales.

El diputado Sergio Aguiló, preguntó a ambos policías, si existía algún antecedente que vinculara al pueblo mapuche a organizaciones como País Vasco y Libertad, ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC o Al Qaeda.


La negativa de Gustavo González, General Director Subrogante de Carabineros fue clara al señalar: “es delicado afirmar una cosa de esa naturaleza si no tiene los antecedentes concretos sobre la materia. Se ha detectado a personas que no corresponden a las etnias mapuches o corresponderían más bien a extranjeros, pero sindicar a un país determinado respecto de esta materia me parece que nos es factible hacerlo”.

El Director General de la PDI, Marcos Vásquez, señaló también que no tenían antecedentes ciertos en esta línea y opinó sobre otros datos, indicando:

“no tenemos antecedentes fidedignos, estamos de acuerdo con Carabineros que tiene la misma versión nuestra” y añadió. “Cuando entregamos cualquier tipo de información tiene que estar confirmada y por eso digo que no tenemos información fidedigna”.

Después de la instancia el Presidente de la comisión, el PC Hugo Gutiérrez, y Sergio Aguiló comentaron su visión de la postura demostrada por ambas policías.

“La información que salió en los medios de comunicación es totalmente falsa, para perjudicar la causa mapuche o pretendiendo que el Partido Comunista tiene estas vinculaciones, y de alguna forma menoscabar nuestra participación parlamentaria”, indicó Guitiérrez.En tanto, el ex diputado del PS señaló:

“no hay ningún antecedentes sobre estas versiones que han entregado El Mercurio y La Tercera son completamente falsas y descartadas por las dos policías. Vamos a responder con todo cuando se sigan lanzando estos infundios”.

En la sesión también estuvo presente el vocero de la comunidad de Pepeuquelén, Francisco Vera Millaquén, él escucho las palabras de González y Vázquez y nos dio a entender que su convicción supera la novedad.

“Me sorprende que ahora se diga que no tienen ninguna información fidedigna que permita vincular al pueblo mapuche con grupos como la ETA o las FARC, porque nunca ha habido una vinculación, pero si han habido, como dijo el diputado Aguiló, oficiales que se han atrevido a decir eso, y también hay políticos que han dicho eso, pero ha quedado demostrada la poca seriedad con la que han tratado el tema con un afán racista en muchos casos, que persigue un objetivo mezquino que es cuidar los intereses de grandes empresarios”, enfatizó el dirigente mapuche.





Con esto se derriba las teorías que en Chile, Argentina, Colombia y España se manejaba respecto a estos nexos.Esta idea fue defendida principalmente por dirigentes de Renovación Nacional, como el senador Alberto Espina, el Ministro del Interior Rodrigo Hintzpeter y el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien cuando era candidato, señaló que estos nexos “es algo sabido por todos”, ¿no sabía lo que opinan las policías?.



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jueves, 3 de marzo de 2011

A 20 años del Informe Rettig, familiares de ejecutados políticos llaman a manifestación

A 20 años del Informe Rettig, familiares de ejecutados políticos llaman a manifestación
La protesta se llevará a cabo este 4 de marzo, a las 11:30 horas en el frontis de los Tribunales de Justicia

Bajo el lema “Chile exige Verdad y Justicia”, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), convoca a una manifestación ciudadana para conmemorar los 20 años de la publicación del Informe Rettig, donde se hará un llamado a detener la impunidad frente a quienes cometieron abusos y violaciones contra los derechos humanos.

El llamado Informe Rettig, es el nombre con que se conoce al documento entregado el 9 de febrero de 1991, por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, durante el Gobierno de Patricio Aylwin, y que investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, durante la dictadura militar (1973-1990).

Dicho informe concluye que 2.279 personas murieron durante ese período, de los cuales 164 fallecieron víctimas de la violencia política y 2.115 por violaciones a los derechos humanos.
La manifestación se llevará a cabo este viernes 4 de marzo, a las 11:30 horas, en el frontis de los Tribunales de Justicia, ubicado en calle Compañía, esquina con Bandera.

Christian Armaza Benavides

El Ciudadano
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