LUCHAMOS X TIERRA SEMILLA TRABAJO

LUCHAMOS X TIERRA SEMILLA TRABAJO
LUCHAMOS X TIERRA SEMILLA TRABAJO

jueves, 21 de febrero de 2013

G.B.I:Corte de Apelaciones revoca medida cautelar y ordena prisión preventiva para Berkhoff por porte ilegal de armas 21-02-13



12 de Febrero de 2013
 
 
 
Ubilla dijo que nueva resolución deja tranquilo al gobierno

Corte de Apelaciones revoca medida cautelar y ordena prisión preventiva para Berkhoff por porte ilegal de armas

Un nuevo vuelco tuvo esta mañana el caso de Emilio Berkhoff, sindicado por La Moneda como un personaje clave en el marco del conflicto de La Araucanía. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó las medidas cautelares dictadas la semana pasada en favor del joven estudiante de Antropología y ordenó su prisión preventiva por la causa de porte ilegal de armas y municiones.
 
por Marcela Jiménez
Dicha decisión fue un claro revés para La Moneda que, desde el primer día, se jugó por sindicar a Berkhoff como un “alto miembro” de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Es más, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha calificado la organización como “violenta”, “terrorista” y “extremista”.
Sin embargo, cuando Berkhoff fue detenido portaba un arma y por ese delito fue que el tribunal de alzada de Concepción optó por decretar nuevamente su prisión preventiva. Todo indica que cumplirá la orden en la cárcel de Lebu mientras se desarrolla la investigación.
El ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla salió rápidamente a valorar la medida. “Esto es un paso más, nos permite estar tranquilos (…) el gobierno hará todo lo necesario para que se clarifiquen los hechos de violencia en la zona”, sentenció.
Ubilla no se distanció ni un ápice de la línea que en días previos estableció el titular de Interior, Andrés Chadwick, de no acusar públicamente a Berkhoff de lo que no se puede aún comprobar, evitando así cometer los errores de su antecesor, Rodrigo Hinzpeter en el “caso Bombas”. Así el gobierno insiste en el papel protagónico que tiene en la CAM, pero en ningún momento ha dicho que es responsable de alguno de los atentados registrados en la Araucanía estos meses.
 
“Es fundamental que alguien de estas características esté en prisión, es una persona asociada a la CAM, es fundamental para el gobierno que la investigación se haga con él preso”, precisó Ubilla este mediodía.
 
Se ha informado de algunas manifestaciones en el sur en protesta por la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción. El ministro (s) recalcó al respecto que le llama la atención “cuando la justicia procede, tengamos a familiares, a miembros de la CAM, utilizando medidas de presión indebida para llamar la atención”.
 
elmostrador.

Genocidas rastreros perrochetistas colonialistas chilenos designan a ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre genocida, como miembro y presidente del Consejo del Servicio Electoral 21-02-13

 
 
 
19 de Febrero de 2013

Fue elegido por los demás integrantes de la instancia

Arden redes sociales por nombramiento de Cheyre como presidente del Consejo del Servel

Aunque hace poco menos de un mes ya se sabía que el jefe castrense figuraba en la lista que propuso La Moneda y que fue aprobada en el Senado, el hecho que quedara a la cabeza de la entidad fue lo que encendió la polémica. Las críticas van desde su falta de "competencia probada" en materia electoral, hasta el hecho que su nombre apareciera vinculado a casos de violaciones a los DD.HH.
 
por Gabriel Angulo Cáceres
 

Resultaría no sólo impresentable, que lo es, sino además incomprensible, la designación de ex comandante en jefe del Ejército como miembro y presidente del Consejo del Servicio Electoral sin tener a la vista la razón de fondo que permitió la intervención militar en un organismo del Estado vital para el funcionamiento de la democracia, a través del cual se implementa la acción legal-participativa más importante de la institucionalidad democrática. Palpablemente el actual estado de las cosas ha sido exitoso en afianzar modelos.

Neoliberalismo, desregulación del mercado, control de los medios de comunicación masivos y casi sin que se note la imposición de un Estado policíaco que ahoga al ciudadano que exige cambios. Junto a ello, la institucionalidad heredada permanece invariable, el sistema electoral binominal sigue su curso; la Constitución de la dictadura solamente ha sufrido el embate del maquillaje político; el sistema de justicia sigue siendo rehén de la intervención política y los derechos humanos.
Como concepto e historia provocan tal malestar en los gobernantes que simplemente los obvian, como si los miles de chilenos víctimas de la dictadura fueran solo un número que puede llegar a ser lamentable, pero no condenable.
La sociedad refundada por la dictadura hoy se tutela a ultranza en diversos ámbitos, también y fuertemente en el institucional. Este es sólo un ejemplo más.
La desmemoria ha triunfado con esta designación, también ha triunfado la necesidad que tiene la derecha más conservadora de instalar compartimentos que tutelen el sistema democrático, tal como está establecido en la Constitución heredada y que ratifican los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, al señalar que, se trata de “un paso importante en la agenda del gobierno para seguir perfeccionando nuestras instituciones fundamentales para tener una mejor democracia” haciendo alusión a la presidencia del Cheyre en el Consejo del Servel.
En este contexto es que resulta posible designar a un ex comandante en jefe en un cargo que supone competencia, conocimiento, compromiso democrático y un historial muy distante al que ostenta Juan Emilio Cheyre. Asumir como “irrelevante” las acusaciones que pesan sobre Cheyre en la operación de exterminio, Caravana de la Muerte, en la ciudad de La Serena, demuestra que el límite entre lo moral y lo inmoral se trastocó gravemente y que mañana cualquier acusado o responsable de violaciones a los derechos humanos puede asumir una labor civil, republicana y democrática.
Más cercano en la retina tenemos la muerte brutal de 45 conscriptos en Antuco, cuando Cheyre era comandante en jefe y no tuvo el coraje y la responsabilidad de renunciar, para asumir con hidalguía su responsabilidad en esa tragedia.
La desmemoria ha triunfado con esta designación, también ha triunfado la necesidad que tiene la derecha más conservadora de instalar compartimentos que tutelen el sistema democrático, tal como está establecido en la Constitución heredada y que ratifican los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, al señalar que se trata de “un paso importante en la agenda del gobierno para seguir perfeccionando nuestras instituciones fundamentales para tener una mejor democracia”, haciendo alusión a la presidencia del Cheyre en el Consejo del Servel.
Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre Cheyre, independientemente de su resultado judicial, tampoco fueron consideradas al ser designado comandante en jefe del Ejército. Otrora se adujo que no existía condena, pero para las víctimas y la sociedad tampoco hubo exculpación.
Hoy la historia se reitera. Seguramente los argumentos serán los mismos, pero nosotros, los que sufrimos la violencia dictatorial y luchamos por recuperar la democracia, con la frente en alto podemos decir que Juan Emilio Cheyre está inhabilitado moral y éticamente para ser el presidente del Consejo del Servicio Electoral.

 
  
 
21 de Febrero de 2013

 

Cheyre al Servel o la falta de memoria de Chile

avatar
Mireya García
 
Vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Resultaría no sólo impresentable, que lo es, sino además incomprensible, la designación de ex comandante en jefe del Ejército como miembro y presidente del Consejo del Servicio Electoral sin tener a la vista la razón de fondo que permitió la intervención militar en un organismo del Estado vital para el funcionamiento de la democracia, a través del cual se implementa la acción legal-participativa más importante de la institucionalidad democrática. Palpablemente el actual estado de las cosas ha sido exitoso en afianzar modelos.
Como concepto e historia provocan tal malestar en los gobernantes que simplemente los obvian, como si los miles de chilenos víctimas de la dictadura fueran solo un número que puede llegar a ser lamentable, pero no condenable.
La sociedad refundada por la dictadura hoy se tutela a ultranza en diversos ámbitos, también y fuertemente en el institucional. Este es sólo un ejemplo más.
La desmemoria ha triunfado con esta designación, también ha triunfado la necesidad que tiene la derecha más conservadora de instalar compartimentos que tutelen el sistema democrático, tal como está establecido en la Constitución heredada y que ratifican los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, al señalar que, se trata de “un paso importante en la agenda del gobierno para seguir perfeccionando nuestras instituciones fundamentales para tener una mejor democracia” haciendo alusión a la presidencia del Cheyre en el Consejo del Servel.
En este contexto es que resulta posible designar a un ex comandante en jefe en un cargo que supone competencia, conocimiento, compromiso democrático y un historial muy distante al que ostenta Juan Emilio Cheyre. Asumir como “irrelevante” las acusaciones que pesan sobre Cheyre en la operación de exterminio, Caravana de la Muerte, en la ciudad de La Serena, demuestra que el límite entre lo moral y lo inmoral se trastocó gravemente y que mañana cualquier acusado o responsable de violaciones a los derechos humanos puede asumir una labor civil, republicana y democrática.
Más cercano en la retina tenemos la muerte brutal de 45 conscriptos en Antuco, cuando Cheyre era comandante en jefe y no tuvo el coraje y la responsabilidad de renunciar, para asumir con hidalguía su responsabilidad en esa tragedia.
La desmemoria ha triunfado con esta designación, también ha triunfado la necesidad que tiene la derecha más conservadora de instalar compartimentos que tutelen el sistema democrático, tal como está establecido en la Constitución heredada y que ratifican los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, al señalar que se trata de “un paso importante en la agenda del gobierno para seguir perfeccionando nuestras instituciones fundamentales para tener una mejor democracia”, haciendo alusión a la presidencia del Cheyre en el Consejo del Servel.
Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre Cheyre, independientemente de su resultado judicial, tampoco fueron consideradas al ser designado comandante en jefe del Ejército. Otrora se adujo que no existía condena, pero para las víctimas y la sociedad tampoco hubo exculpación.
Hoy la historia se reitera. Seguramente los argumentos serán los mismos, pero nosotros, los que sufrimos la violencia dictatorial y luchamos por recuperar la democracia, con la frente en alto podemos decir que Juan Emilio Cheyre está inhabilitado moral y éticamente para ser el presidente del Consejo del Servicio Electoral.
 
elmostrador.

CIDH admite caso de Alex Lemún contra el Estado colonialista genocida de Chile - 28-01-13

CIDH admite caso de Alex Lemún contra el Estado de Chile

Escrito el 28 enero 2013
Noticia CIDHEl uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y la incompatibilidad con el derecho internacional de la jurisdicción militar en el centro del debate.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Alex Lemún contra Chile. La presentación denuncia la ejecución extrajudicial del niño Lemún por parte de los Carabineros y la impunidad en que quedó el caso como consecuencia de su procesamiento en la jurisdicción militar. La notificación fue recibida el pasado viernes, 25 de enero por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la familia Lemún ante la CIDH.
El caso –presentado a la CIDH el 25 de abril de 2006– denuncia la ejecución del niño mapuche Alex Lemún como resultado del uso excesivo de la fuerza durante una manifestación en favor del reclamo por los derechos del Pueblo Mapuche en la Región de La Araucanía, así como la incompatibilidad de la jurisdicción militar vigente en Chile con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. La CIDH admitió el caso evidenciando una posible violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección especial a la niñez, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la protección judicial.
A partir de esta notificación, se inicia un plazo de tres meses para que la familia de víctima presente sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidos al Estado para que, en un plazo similar, presente su defensa sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas.

http://www.indh.cl/cidh-admite-caso-contra-chile-por-impunidad-en-relacion-con-la-ejecucion-extrajudicial-del-nino-mapuche-alex-lemun

viernes, 15 de febrero de 2013

Fiscal Chahuán habría cometido irregularidades en investigación interna de fiscales del Caso Bombas--Viernes 15 febrero 2013

Fiscal Chahuán habría cometido irregularidades en investigación interna de fiscales del Caso Bombas
 
Viernes 15 febrero 2013
 
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, habría cometido irregularidades en el marco de la investigación interna que se desarrolló contra los fiscales que estuvieron a cargo del denominado caso Bombas. Así lo revelan informaciones que pudo obtener en exclusiva Radio Bío Bío y que apuntan a una presunta ilegalidad en la decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público de cambiar al encargado de realizar el sumario.
Según los antecedentes obtenidos por La Radio, el fiscal nacional Sabas Chahuán, el 20 de octubre del año 2011, ordenó suspender el sumario contra los cinco fiscales del caso bombas, ignorando el artículo 71 inciso 2 de la ley 19.640, sobre toma de razón de la Contraloría General de la República en los nombramientos de cargos.
Ese día, la máxima autoridad del Ministerio Público le hizo caso a una petición de uno de los sumariados, Marcos Emilfork, respecto a que en su calidad de nuevo fiscal regional de los Lagos, un fiscal de menor rango, como Marcelo Apablaza de la fiscalía sur, no podía investigarlo.
Sin embargo, la toma de razón de su cargo recién se registró en noviembre, gracias a una impugnación que hizo en su oportunidad el senador Camilo Escalona, quien no estaba de acuerdo que un fiscal cuestionado en el caso Bombas se le premiara, designandolo fiscal regional en los Lagos.
La irregularidad, según la fuentes de La Radio, fue representada por escrito ante el fiscal nacional por el fiscal sur, Raúl Guzmán, pero se rechazó la reconsideración y se nombró a cargo del sumario al fiscal regional centro-norte, Andrés Montes.
Además, según los antecedentes recopilados por la Radio, Chahuán ordenó archivar los tres tomos que había elaborado la Fiscalía Sur sobre este sumario y le encomendó a Montes partir desde cero.
El sumario de Montes finalizó sin saciones para los cuestionados, Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rojas y Víctor Núñez, y sólo al ex fiscal regional Alejandro Peña se le cuestionó su “objetividad” tras renunciar el 6 de abril a su cargo para asumir como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior.
El 31 de enero recién pasado, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, le ordenó a la Fiscalía Nacional entregar en un plazo de 10 días todos los detalles del sumario al diputado Hugo Gutierrez, de la comisión investigadora del caso Bombas.
El parlamentario comunista informó a la Radio que hoy exigirá la entrega immediata de estos datos, que aún no obtiene, y los antecedentes del sumario de la Fiscalía Sur que fue suspendido por Sabas Chahuán.
 
Uno de los abogados que representó a los ahora ex imputados del caso Bombas, Rodrigo Román, dijo que era extraño que los fiscales hayan sido absueltos en el sumario, no obstante a las denuncias por interceptaciones telefónicas ilegales a los sospechosos y sus familias y a la apertura de de procesos paralelos en los tribunales de garantía.
 
Es importante destacar que los fiscales cuestionados habían solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago mantener en secreto el sumario por temor a “ataques violentos” a manos de grupos anarquistas. De hecho los fiscales Rojas y Núñez fueron víctimas de un supuesto ataques tras ser inscritos en internet como presuntos empleadores y generar deudas previsionales por servicios inexistentes, por lo que fueron ingresados a Dicom, hecho que aún es indagado.

biobiochile

Corte de Apelaciones de Temuco, como tribunal subrogante legal, dictó sentencia en la investigación por diversos delitos de secuestros calificados y torturas cometidos en los sectores de Rahue, San Juan de la Costa, Puyehue, Río Negro, Puerto Octay, Río Bueno, Pilmaiquén y otros de la provincia de Osorno -04-02-13


04-02-2013


 
CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO DICTA CONDENA EN CASO DE DERECHOS HUMANOS DE PROVINCIA DE OSORNO
 
La Corte de Apelaciones de Temuco, como tribunal subrogante legal, dictó sentencia en la investigación por diversos delitos de secuestros calificados y torturas cometidos en los sectores de Rahue, San Juan de la Costa, Puyehue, Río Negro, Puerto Octay, Río Bueno, Pilmaiquén y otros de la provincia de Osorno.

En fallo dividido (rol 17-2012) los ministros Luis Troncoso, Julio César Grandón y Alejandro Vera confirmaron y modificaron, en algunas de sus partes, la sentencia dictada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Darío Carretta.

La sentencia afecta a quiénes se individualiza con las penas que se detallan a continuación:

Adrián Fernández Hernández: 15 años de presidio. Sin beneficios.

Rolando Becker Soliz: 12 años de presidio. Sin beneficios.

Rafael Pérez Torres: 12 años de presidio. Sin beneficios.

Gustavo Muñoz Albornoz: 10 años y un día de presidio Sin beneficios.

German García: 8 años de presidio. Sin beneficios.

Raúl Enrique Zapata: 8 años de presidio. Sin beneficios.

Camilo Astete Cáceres: 7 años de presidio. Sin beneficios.

Carlos Obando Rodríguez: 5 años de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

Nelson Rodríguez Guerrero: 4 años de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

Antonio Baros Muñoz: 4 años de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

Héctor Matus Martínez: 3 años y un día de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

Francisco Ovando Cárcamo: 3 años y un día de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

Guido Almonacid Almonacid: 3 años y un día de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada.

Mario Cabello Yáñez: 700 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional.

René Bórquez Angulo: 700 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional .

Orozimbo Sepúlveda Ignao: 700 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional.

Renato Lezana Lezana: 600 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional.

Amado Beck Hernández Rivas: 600 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional.

Sergio Conejeros Ortega: 600 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional.

Renato Padilla Etter: Absuelto.

Jorge Barrientos Camadro: Absuelto.

Armando Ángulo Fuchslocher: Absuelto.

Pablo Mansilla Bórquez: Absuelto.

Dagoberto Gajardo Cerón: Absuelto.

Nelson Soto Rubilar: Absuelto.

La resolución se adoptó con el voto en contra del ministro Troncoso, quien fue partidario de aplicar la prescripción de la acción penal.

La Corte de Apelaciones de Temuco debió asumir como subrogante legal de la Corte de Apelaciones de Valdivia luego de que todos los ministros del tribunal de alzada de la región de los Ríos quedaran inhabilitados para conocer el proceso.

A su vez el ministro Darío Carretta había tenido que asumir el proceso luego de que la Corte Suprema ordenara un nuevo proceso por la inhabilitación de la ministra Emma Díaz, magistrada encargada para causas de derechos humanos de esa jurisdicción.
 
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Home/Noticias/PRE_txtnews.php?cod=4896

Corte de Apelaciones condenó a prisión a 19 ex carabineros por crímenes de la dictadura


Tribunal de Temuco falló en casos cometidos pocos días tras el golpe militar.

Seis procesados por estos delitos fueron absueltos.
 
 


Un proceso por los crímenes previos al golpe de Estado de 1973 y durante este, condena únicamente a los pacos que sirvieron de asesinos a sueldo para los grandes propietarios de tierra, cuando estos no jugaban al tiro al blanco con los mapuches.
Por Eduardo Ringler
Abogados de derechos humanos, a la luz del actual conflicto mapuche, opinaron que finalmente la justicia comenzó a levantar el espeso velo en torno a las guardias blancas que actuaron en el pasado en la zona de los pueblos originarios y que hoy se busca revivir.
Sin embargo coincidieron en que falta mucho por hacer desde el momento en que no se juzgó a ningún civil y el proceso tuvo una serie de sospechosas alternativas dilatorias.
Estas guardias blancas actuaron desde julio y agosto de 1973 y posteriormente sus crímenes se profundizaron tras el golpe de Estado de septiembre.
Latifundistas y carabineros, financiados por los propios terratenientes, reprimieron con la mayor crueldad el movimiento mapuche en la provincia de Osorno, que fue directo beneficiario del gobierno de Salvador Allende.
Los crímenes ni siquiera pararon cuando en 1974, la dictadura promulgó la ley 701, por la que 300.000 hectáreas asignadas por la reforma agraria de Salvador Allende a los miembros de comunidades indígenas fueron expropiadas, compradas o concedidas a empresas forestales o a antiguos latifundistas de la zona.
Desde que comenzó la retirada de la dictadura, en 1989, los dos gobiernos sucesivos de los demócratas cristianos, siguieron en esa línea modificando la estructura de la propiedad agraria y favoreciendo abiertamente la implantación de empresas forestales ligadas a capitales internacionales.
Los principales enemigos del pueblo mapuche son los grupos económicos Angelini y Matte-Larraín-Alessandri, responsables de la ocupación de territorios ancestrales de los pobladores originarios de esa tierra.
Como en los mejores años dictatoriales, la especialidad son los actos de violencia, especialmente por parte de la sociedad Forestal Mininco, propiedad del segundo de estos grupos, que arrasó con los bosques de Traiguén y Lumaco pertenecientes desde épocas inmemoriales a las comunidades indígenas.
También estos se toparon con la empresa de electricidad Enersis, dependiente de capitales españoles (Endesa) y de los Matte, que construyó un inmenso lago artificial de 3.467 hectáreas de superficie y 155 metros de profundidad para retener las aguas del río Bío Bío en las alturas de la cordillera de los Andes, modificando radicalmente el equilibrio de la zona e inundando las tierras de las comunidades.
Esto ahora se repetirá en Aysén, a menos que Michelle Bachelet se meta en las patas de los caballos capitalistas, vaya a la presidencial y pare esta barbaridad que hasta le gusta al lacustre personaje de Ricardo Lagos.
Regresando al proceso, la Corte de Apelaciones de Temuco, que debió reemplazar al igual tribunal de Valdivia, condenó esta semana a 19 ex carabineros en la investigación por diversos delitos de asesinatos, secuestros calificados y torturas cometidos en los sectores de Rahue, San Juan de la Costa , Puyehue, Río Negro, Puerto Octay, Río Bueno, Pilmaiquén y otros de la provincia de Osorno.
Los crímenes se intensificaron a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando la impunidad fue total.
Los magistrados confirmaron aunque modificaron en algunas de sus partes la sentencia dictada por el juez especial en visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Darío Carretta.
Se trató de una accidentada tramitación del proceso dado que la Corte de Apelaciones de Temuco debió asumir como subrogante legal del más sureño tribunal de alzada de Valdivia.
En este último organismo, igualmente de segunda instancia, todos los ministros integrantes del tribunal de la región de los Ríos se declararon inhabilitados para conocer el proceso.
A su vez el magistrado Darío Carretta había tenido que asumir el proceso luego de que la Corte Suprema ordenó un nuevo sumario por la inhabilitación de la ministra Emma Díaz, magistrada encargada para causas de derechos humanos de esa jurisdicción, quien repentinamente determinó que no podía seguir adelante con la tramitación del juicio.
Según los abogados, que pidieron la reserva de sus nombres por estar analizando nuevas acciones judiciales y desean evitar presiones, esto está directamente relacionado con el ocultamiento de las nombres de los latifundistas que actuaron, según testigos de la época como si jugaran al tiro al blanco o participando en acciones de caza mayor, cuando entraban a la comunidades mapuches.
El fallo, absolutamente insuficiente a la luz de la verdad, condena al ex oficial de Carabineros, Adrián Fernández Hernández. a 15 años de presidio, sin beneficios; al ex oficial Rolando Becker Solís, y Rafael Pérez Torres a 12 años de presidio, sin beneficios.
En tanto, otros antiguos uniformados como Gustavo Muñoz Albornoz quedó sentenciado a 10 años y un día de presidio, sin beneficios; Germán García y Raúl Enrique Zapata a ocho años de presidio, sin beneficios, mientras Camilo Astete Cáceres a siete años de presidio, sin beneficios; a su vez, Carlos Ovando Rodríguez fue sentenciado a cinco años de presidio y se concedió beneficio de libertad vigilada.
También Nelson Rodríguez Guerrero y Antonio Baros Muñoz a cuatro años de presidio, donde se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
En tanto, Héctor Matus Martínez, Francisco Ovando Cárcamo y Guido Almonacid Almonacid fueron condenados a tres años y un día de presidio, también con el beneficio de la libertad vigilada.
Asimismo, Mario Cabello Yáñez, René Bórquez Angulo, Orozimbo Sepúlveda Ignao fueron condenados a 700 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, mientras que Renato Lezama Lezama, Amado Beck Hernández Rivas, y Sergio Conejeros Ortega quedaron sentenciados a 600 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena.
Por último, los ex carabineros Renato Padilla Etter, Jorge Barrientos Camadro, Armando Ángulo Fuchslocher, Pablo Mansilla Bórquez, Dagoberto Gajardo Cerón y Nelson Soto Rubilar fueron absueltos por falta de pruebas sobre su responsabilidad en los hechos investigados.
La resolución se adoptó con el voto en contra de uno de los jueces, quien fue partidario de aplicar la prescripción de la acción penal y que nadie pagase por sus culpas, como ha ocurrido con los latifundistas de esta siniestra historia.
 
ClariNet