MEMORIA ORAL ANCESTRAL AUTOBIOGRÁFICA KUPAL LONCÓN

DESCRIBIR OPERACIONES GENOCIDAS DE TERRORISMO TRANSGENERACIONAL DEL ESTADO OCCIDENTAL CHILENO, CONTRA SOBREVIVIENTES KUPAL EN ®ESISTENCIA ANCESTRAL LONCÓN MELLADO. CONSTATANDOSE EL ASESINATO,SECUESTRO, TORTURA, EXILIÓ, DESTERRITORIALIZACIÓN, PRISIÓN SOCIO POLÍTICA, OPERACIONES SICOLÓGICAS, GOLPIZAS, DESARTICULACIÓN SOCIO FAMILIAR, TERRORISMO MEDIATICO, QUEMA DE CASA (2008)ETC. IMPLEMENTACIÓN ACTUAL DIVERSOS OPERATIVOS CON LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE “GUERRA DE BAJA INTENSIDAD”.

sábado, 29 de diciembre de 2012

TRAS 39 AÑOS "INJUSTICIA" CH$LENA IDENTIFICA AL CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD =FF.AA OCCIDENTAL GUERRERISTA=GENOCIDA DE COMPAÑERO VICTOR JARA 28 de diciembre de 2012

28 de diciembre de 2012

Se trata del ex teniente del Ejército Pedro Barrientos Núñez

Justicia identifica al asesino de Víctor Jara y ordena su captura internacional

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza dictó este viernes procesamiento a siete ex uniformados. Cabe recordar que en el programa "En la Mira" de Chilevisión, el ex conscripto José Paredes Márquez había revelado ese mismo nombre. "Le disparó a quemarropa casi, porque el hombre no le respondía, para mí que ahí lo sacó de quicio y le disparó", dijo en aquella ocasión Paredes. [Actualizada]

por Christian Buscaglia

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza dictó este viernes procesamiento en la investigación por el homicidio del cantautor Víctor Jara Martínez, ejecutado el 16 de septiembre de 1973, en el Estadio Chile.

El magistrado encausó como autor de homicidio calificado a Pedro Barrientos Núñez y Hugo Sánchez Marmonti; como cómplice de homicidio calificado a Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf.

Asimismo, ordenó la captura internacional del procesado Barrientos Núñez, quien se encuentra residiendo fuera del país (Estados Unidos desde 1990), y el ingreso de los demás imputados al Batallón de Policía Militar Nº1.

“De acuerdo a la descripción de hechos:

A) Que, el día 11 de septiembre de 1973, a raíz de la asunción del Gobierno Militar de facto, la entonces Universidad Técnica del Estado, fue sitiada por efectivos del Regimiento “Arica” del Ejército de Chile, provenientes de la ciudad de La Serena.

B) Que dichas tropas procedieron, el día 12 de septiembre de 1973, previo disparos de proyectiles de diversa naturaleza, a ocupar sus dependencias y a la detención masiva de docentes, alumnos y personal administrativo que se encontraban en el establecimiento educacional; personas que luego fueron trasladadas en buses de locomoción colectiva hasta el entonces Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara), recinto que previamente había sido habilitado como centro de detención, con la coordinación del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile y cuyo resguardo interior fue efectuado igualmente por efectivos provenientes de distintas Unidades Militares, entre ellos: el Regimiento “Tejas Verdes” de la ciudad de San Antonio, el Regimiento “Blindados N°2” de Santiago, Regimiento “Esmeralda” de la ciudad de Antofagasta y el Regimiento “Maipo” de Valparaíso.

C) Que, entre los docentes aprehendidos, se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha Universidad, Víctor Lidio Jara Martínez, quien ingresó al Estadio Chile junto con el referido grupo de detenidos, para posteriormente ser ubicado con éstos en las graderías de dicho recinto deportivo.

D) Que, durante su detención, Víctor Jara Martínez fue reconocido por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile, siendo separado del resto de los prisioneros, para ser llevado a otras dependencias ubicadas en los camarines, ocupadas como salas de interrogatorios y apremios, donde fuera agredido físicamente en forma permanente, por varios Oficiales.

E) Que, entre los días 13 y 16 de septiembre de 1973 se desarrollaron interrogatorios a detenidos al interior del Estado Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y/o administrativos previos, algunos de los cuales fueron practicados por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época; y, entre otros, fue interrogado Víctor Lidio Jara Martínez.

F) Que, el día 16 de septiembre de 1973, se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Víctor Lidio Jara Martínez y de Littré Quiroga Carvajal, oportunidad en que se dio muerte a Víctor Lidio Jara Martínez, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 impactos de bala, según se precisa en el respectivo informe de autopsia.

G) Que, el cadáver de Víctor Lidio Jara Martínez, junto con los cadáveres de otras tres personas más, fue encontrado por pobladores en los días posteriores, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea, con signos evidentes de haber recibido golpes en el cuerpo y los impactos de bala detallados en el informe de autopsia.

Cabe recordar que en el programa “En la Mira” de Chilevisión, el ex conscripto José Paredes Márquez había revelado ese mismo nombre. “Le disparó a quemarropa casi, porque el hombre no le respondía, para mí que ahí lo sacó de quicio y le disparó”, dijo en aquella ocasión Paredes.

El ex teniente Barrientos se defendió señalando: “Realmente eso no es cierto, yo nunca he estado en el Estadio Chile, no conozco el Estadio Chile y no sabía lo que era el cantante Jara (…) no tengo que enfrentar a la justicia porque yo no he matado a nadie”.

elmostrador.

Interpol emanó orden de captura internacional para acusado de la muerte de Víctor Jara

Pedro Barrientos Núñez vive actualmente en Estados Unidos.

Nelson Caucoto destacó el hecho que aparezcan oficiales vinculados al "Tanquetazo".

» Los oficiales del "tancazo"

El abogado de la familia de Víctor Jara destacó la resolución del ministro en visita, Miguel Vásquez.

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Estos son los ex militares procesados por el homicidio de Víctor Jara

Interpol emanó la orden de captura internacional para el ex militar Pedro Barrientos Núñez acusado de la muerte del cantautor Víctor Jara durante la dictadura, esto luego del dictamen del ministro en visita Miguel Vázquez, quien determinó detener y procesar a ocho ex militares como autores y cómplices del homicidio calificado.

Barrientos Núñez reside actualmente en Florida, Estados Unidos.

Hace seis meses, el ex oficial negó al programa "En la Mira" su relación con los hechos: "Yo nunca he estado en el Estadio Chile, no conozco el Estadio Chile y no sabía de lo que era el cantante Jara en esa época".

"Yo no tengo que enfrentar a la Justicia, porque yo no he matado a nadie", dijo en aquella oportunidad.

Una vez que sea detenido, se iniciará el proceso de extradición en su contra a través de los Poderes Judiciales de ambos países.

Los oficiales del "tancazo"

El abogado de la familia de Víctor Jara, Nelson Caucoto, comentó que, como parte querellante en el juicio, "indudablemente que estamos bastante satisfechos con lo que se ha logrado".

Destacó que "es singular el hecho de que aparezcan todos los oficiales que vinieron del 'Tancazo' y del Regimiento Blindado N° 2 incorporados a esta auto de procesamiento".

La viuda del cantante, Joan Jara, negó en esta jornada hacer declaraciones ya que, según sus cercanos, estaría conmocionada con la resolución judicial y se anunció que el miércoles realizaría una conferencia de prensa junto a sus hijas en la Fundación Víctor Jara en la Plaza Brasil.

cooperativa.

Someten a proceso a los autores del asesinato de Víctor Jara

Escrito por Administrator

Viernes, 28 de Diciembre de 2012 20:47

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos expresa su satisfacción por la identificación y sometimiento a procesos de los autores del despiadado asesinato de Víctor Jara, querido cantautor e incansable luchador social. Esta acción judicial viene constatar lo que siempre se ha afirmado por parte de los familiares de Víctor Jara y por las organizaciones de derechos humanos: él fue asesinado por militares que lo tenían apresado en el Estadio Chile.

Casi 40 años después de acontecido el deleznable crimen, reafirmamos nuestras más profundas convicciones: el golpe de estado fue un acto de traición a la patria cometido al margen de toda legalidad por criminales que usurparon el poder en el Estado y las Fuerzas Armadas; desde el primer día los tribunales de justicia tuvieron la obligación de hacer justicia identificando a los culpables y condenándolos a penas acordes con la gravedad de sus delitos. Reafirmamos también que nuestros familiares, compañeros y compañeras, eran luchadores sociales que fueron asesinados por sus convicciones políticas por una sociedad mejor, sin que hubiera prueba alguna de haber participado en ilícitos sancionados por la leyes existentes, ni en ese momento ni ahora. Víctor Jara, al igual que todas las víctimas del terrorismo de estado, murió con la frente en alto y con la dignidad de un ser humanos que entregó lo mejor de sí por sus hermanos y hermanas de clase. Ello es tan evidente que hasta hoy, y cada vez con mayor claridad, su memoria ilumina el camino de nuevas generaciones que se movilizan abriendo las anchas alamedas que el Presidente Mártir Salvador Allende anunció en sus últimas palabras.

Con esta convicción ética llamamos a la sociedad chilena y a la comunidad internacional a participar activamente en la lucha por la verdad y la justicia, contra la impunidad en Chile; los convocamos a llenar de movilización la conmemoración de los 40 años del golpe de estado, a llenar los rincones de Chile de memoria, a llegar a los confines del mundo con nuestro “Nunca Más” que llene de oprobio a los golpistas, torturadores y violadores de los derechos humanos de ayer, de hoy y del futuro. Víctor Jara y todos nuestros familiares merece esto y mucho más.

Rompiendo la Impunidad

Verdad, Justicia y Memoria

viernes, 21 de diciembre de 2012

GBI:Solidaridad con compañero Hans Niemeyer y su huida de la condición de secuestrado por los rastreros del estado terrorista ch$leno

Solidaridad con Hans Niemeyer y su huida de la condición de secuestrado por el poder

Distintos medios de prensa y televisión han informado con una semana de retraso acerca de la no presentación de Hans Niemeyer a cumplir con la medida de prisión preventiva decretada por tercera vez por la Corte de Apelaciones de Santiago. Al informar sobre eso se concentran en las descoordinaciones entre tribunales y policías, en su calidad actual de “prófugo de la justicia”, y en las órdenes de captura internacional que se han dictado.

Lo que no se informa con el mismo énfasis es lo siguiente:

1.- Hans Niemeyer estaba en prisión desde hace un año, y dos veces el Tribunal de Garantía estimó que por no tratarse de un delito terrorista de acuerdo a la legislación vigente, era mejor reemplazar la prisión preventiva por una medida cautelar menos intensa. En ambas ocasiones la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión, obligando a mantenerlo en prisión preventiva a la espera de juicio, y en ambas ocasiones Niemeyer se presentó de inmediato al tribunal, quien lo puso a disposición de Gendarmería para ser trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad.

2.- Esta tercera vez en que se decretó arresto domiciliario el antecedente que el Tribunal de garantía tuvo en cuenta como fundamento fue la sentencia de la Corte de Apelaciones que al rechazar la nulidad del juicio contra Luciano Pitronello desarrolló en detalle la idea de que en el ordenamiento jurídico chileno las colocaciones de explosivos pueden ser delitos comunes (daño), delitos especiales (infracciones a la ley de Control de Armas y Explosivos), y solamente si se acredita que el hecho se causó con la finalidad directa de causar en la población el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, se trataría de delitos terroristas.

3.- Esta interpretación, lejos de ser insensata, va en consonancia con las modificaciones efectuadas en el año 2010 al art. 1 de la Ley de Conductas Terroristas a propuesta del Ejecutivo, y permiten racionalizar lo que de otro modo sería una abierta banalización del concepto de terrorismo, para ser aplicado a otros tipos de violencia política y social que nada tienen que ver con intimidar poblaciones mediante ataques masivos e indiscriminados, que serían precisamente la característica definitoria del terrorismo propiamente tal.

4.- Pese a lo contundente del fallo que puso término por tercera vez a la prisión preventiva de Hans Niemeyer, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos interpuestos por la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Fundación Jaime Guzmán, aduciendo simplemente que “no han variado las circunstancias”, “sin perjuicio de la calificación jurídica que en definitiva se le dé a estos hechos”. Además, señalaron que el hecho de que la policía no haya ido a supervisar el cumplimiento del arresto domiciliario en los 9 días en que la medida se mantuvo vigente, era “contradictorio con los fines privativos o restrictivos de libertad perseguidos por el Ministerio Público”.

Esto último resulta sorprendente, puesto que si bien esa contradicción es evidente y demostrativa de que el juicio a Niemeyer puede seguir adelante sin necesidad de que permanezca en la cárcel, los ministros de Corte resolvieron en definitiva haciendo caer sobre Niemeyer el peso de errores que son imputables a los órganos del Estado, ¡no a un imputado!

5.- El juicio a Niemeyer, que debería haber estado empezando en estas fechas, se encuentra paralizado desde hace dos meses a petición del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de un requerimiento presentado en ese entonces por Rodrigo Hinzpeter ante el Tribunal Constitucional, donde se decidirá si el Estado en tanto querellante tiene o no las mismas facultades que el Estado en tanto persecutor, concretamente en relación a la posibilidad de apelar contra el auto de apertura del juicio oral, que las leyes vigentes conceden sólo al Ministerio Público.

Esta sola pretensión resulta sorprendente, puesto que en principio el Derecho Constitucional protege a los ciudadanos del Estado, contemplando a favor de las personas ciertos derechos fundamentales que en este caso el Gobierno invoca a su favor, en abierto desprecio a la legalidad vigente que es la que establece las posibilidades de actuación de cada órgano estatal.

Con este pretexto, el juicio se ha suspendido, y la pretensión de los persecutores y ciertos jueces es que durante los extensos meses en que este trámite demorará en ser resuelto, Hans Niemeyer se mantenga en prisión.

Frente a esto hay que ser claros: esta prisión no se justifica ya ni por las necesidades del proceso ni como garantía de que Niemeyer sea juzgado. Esta prisión ya no se justifica desde la razón jurídica estricta, sino que obedece a pura razón de Estado, al uso del sistema penal como herramienta de aplicación política de castigos. En este sentido, lo que se quiere es garantizar que Niemeyer esté casi un año y medio preso, aunque finalmente sea absuelto a condenado a penas mucho menores que no impliquen cárcel efectiva.

6.- Por todas estas razones es que la no presentación de Hans Niemeyer a cumplir por tercera vez con la medida de prisión impuesta en estas condiciones debe ser vista como un acto de dignidad y rebeldía, que a la vez que pone en evidencia la precaria calidad y eficacia de las policías, llama la atención sobre un sistema penal y legal que por más que declare basarse en garantías, debido proceso y derechos fundamentales de las personas, en la práctica está diseñado como un espectáculo represivo que debe desmoralizar a los imputados y hacerles agachar la cabeza.

Su acción debe ser vista como una protesta contra mecanismos como el que se le pretende aplicar, que el poder represivo usa para no llevar a una persona a juicio en un plazo razonable sino quehacer que se pierda en una maraña de acciones dilatorias con el único fin aplicar una cantidad mayor de castigo, aunque resulte abiertamente ilegal incluso para las propias leyes que se han dado los Estados y que son los primeros en violar.

Por un abogado ilegalista

Escrito de Hans Niemeyer desde la prision

Hola a todos y todas. Reciban en primer lugar un cariñoso beso y un gran abrazo todos y todas las que me quieren, se han preocupado por mi suerte, ya sea que me conozcan o no. Muchas gracias a todos los que me han escrito un mensaje, una palabra de aliento, un libro o a quienes han hecho llegar su solidaridad concreta con mi persona o con mi familia. Valoro enormemente todos los gestos y todas las ayudas que me han hecho sentir acompañado en estos más de 8 meses de prisión.
Escribo estas letras desde el Modulo J de la Cárcel de Alta Seguridad (C.A.S) después de pasar 8 meses en la Sección de Máxima Seguridad (S.M.S) con el régimen carcelario más estricto que tiene Chile. Cuatro de esos meses los pasé en el primer piso de la S.M.S con 21 horas de encierro en una celda solitaria y 3 horas de patio, 1 hora y media en la mañana y otra en la tarde. Luego pude estar un “poco mejor” en el tercer piso donde tenía acceso al pasillo pero sólo con 1 hora y media de patio al día. Hoy me encuentro mucho mejor, con un régimen carcelario normal, pese a mantenerse las características de alta seguridad de este penal, ya no hay tanto encierro en las celdas ( de 17:30 a 08:30) y puedo recibir en “mejores” condiciones a mi familia.
No había querido escribir “públicamente”antes por el uso que podían darle la infame y miserable raza de policías y fiscales. Y, bueno, ya que nombré al estiercolero les señalaré brevemente mi situación judicial. Actualmente me encuentro imputado por la colocación del artefacto explosivo en el atentado que sufrió la sucursal del Banco Crédito e Inversiones de la comuna de Macul la noche del 30 de Noviembre del 2011. Además, ayer 7 de Agosto fui re-formalizado en calidad de fabricante de artefacto explosivo en el atentado a un poste del alumbrado publico que daño un transformador y provocó un corte de luz en Septiembre de 2010 y losatentados al Memorial de Jaime Guzmán y la Automotora “One” de Agosto de 2011. La imputación como colocador o fabricante es relevante ya que corresponden a leyes distintas. Así, en el atentado al BCI voy por Ley Antiterrorista, mientras que las últimas 3 imputaciones voy por Ley de Control de Armas y explosivos. En el caso del BCI se cerró la investigación y en las 3 últimas imputaciones el tribunal no les dio más plazo a la fiscalía, ya que se daba la ridícula situación en que la policía quería comenzar a hacer peritajes recién ahora. Uno se pregunta, bueno, ¿Cómo es la weá, hay antecedentes o no hay antecedentes? Al respecto no caeré en la trampa de decir si soy culpable o inocente, ya que para ello tendríamos que compartir una base valorica y ética en función de la cual definir lo bueno y lo malo, el culpable y el inocente, y afortunadamente tenemos un abismo de distancia en cuanto a valores y actitudes. Sin embargo, eso no significa que vaya a renunciar a la defensa legal y hacer uso de todo el instrumental a mi disposición para defenderme. En ese sentido, la investigación está llena de mentiras, de peritajes hechos a la medida de las pretensiones de la fiscalía, filtraciones a El Mercurio y La Tercera (Nota Hommodol: Pedro Lazaeta del merculo y Sebastian Labrin de la tercera, recuerdelo) incluso cuando la investigación estaba bajo secreto y mi defensa no tenía acceso a la carpeta investigativa. También hay falsos testimonios de policías, informes tendenciosos y ridículos.
Algunas“perlas”son el informe de la Dirección de Inteligencia Polical, la DIPOLCAR (sucesores de los degolladores de la DICOMCAR que señalan como elemento incriminatorio el hecho que en un documento que señalan sería de mi autoría llamado “El fuego en la oscuridad” me refiero a los imputados del caso bombas como “compañeros y compañeras”. Como vemos para la DIPOLCAR es un crimen referirse con cariño o las muestras de solidaridad a los compañeros (oh, lo dije de nuevo ¡Condénenme!).
La imbecilidad de policías y fiscales no tiene limites. También ha sido irrisorio ver y oír al fiscal jefe de la zona metropolitana sur, Raúl Guzmán, referirse a las paginas de internet“Hommodollars”,“Rojoscuro” y “Liberación Total” como sitios de internet destinados a causar miedo en la población.
En el mismo informe de DIPOLCAR, llama la atención su memoria selectiva, ya que en mis antecedentes policiales menciona una detención en una manifestación política en el Paseo Ahumada, pero se olvida de mencionar cuando el año 1992, fuimos detenidos con 20 compañeros (Lo dije de nuevo) del Pedagógico y golpeados brutalmente en dependencias de la 18 Comisaria, procesados en la fiscalía militar y detenidos por 6 días en la Penitenciaria. Tal vez haga un escrito de esa experiencia que se los haré llegar.
Quisiera contarles además que la noche de mi detención estuve 1 hora esposado a un poste en la BICRIM Macul mientras los ratis me grababan y sacaban fotos con sus celulares. También hubo sus amenazas de sacarme la chucha, pero mantuve un silencio sepulcral y no les decía ni mi nombre (para qué si tenían mi cedula de identidad). Luego llegó la BIPE que son más sofisticados que los ratis de la BICRIM. Junto a estos ratios llego el Sr. Fiscal Guzmán con el matón jurídico Fiscal Barros quien trato de involucrar a mi esposa al decir que “era seguro que sabía que yo pondría una bomba”, ya que era de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, igual que el Solar(*). Los profesores y estudiantes de esa universidad deberían ser informados que tienen en el fiscal Barros alguien que los considera culpables a priori. Como ven, una belleza de fiscal proveniente de la escuela de Peña y sus secuaces.
Bueno amigos y amigas, compañeros y compañeras (lo dije de nuevo), conocidos y desconocidos, un beso para todos ustedes y estamos en comunicación. Cuídense mucho y sepan que aquí estamos enteros, alegres, de buen animo y encontrándole el humor absurdo a las cosas…qué razón tenés.
Hans Felipe Niemeyer Salinas 3ºJ Cárcel de Alta seguridad (C.A.S)
***
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(*) Francisco Solar, imputado del caso bombas.

viernes, 14 de diciembre de 2012

AFDD. se querella contra propiciadores, colaboradores civiles del genocidio en chile de 1973-----

AFDD se querella contra presuntos responsables de eventuales delitos previos al Golpe Militar

Viernes 14 diciembre 2012 | 18:46

Publicado por Javier Ramírez | La Información es de Natalia Muruaga

biobiochile

Representantes de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos presentaron una querella contra quienes resulten responsables de los eventuales delitos cometidos en los días previos al golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que fueron la base de la acción de las Fuerzas Armadas contra el gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens.

El escrito fue ingresado en la secretaría criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago por los abogados Eduardo Contreras y Alfonso Insunza, para que sea tramitado por el ministro de fuero, Mario Carroza.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, aseguró que el Golpe de Estado significó el quiebre de la institucionalidad del país.

El libelo, además, manifiesta que el golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre del 73 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo también con la propia Jurisprudencia de nuestros tribunales, y en especial de la Corte Suprema en fallos reiterados.

Entre las diligencias solicitadas al ministro de fuero Mario Carroza, los querellantes piden que se señale a los presidentes de los partidos políticos vigentes al 11 de septiembre de 1973, entre los que destacan: Sergio Onofre Jarpa, por el Partido Nacional; Patricio Aylwin, por el partido Demócrata Cristiano; Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista; y Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista, entre otros.

Descarga aquí el documento de la presentación de querella.

14 de diciembre de 2012

Organizaciones de DDHH se querellan contra quienes propiciaron el golpe militar de 1973

La acción legal destaca el papel que jugaron varias personalidades, entre ellas el ex presidente Patricio Aylwin. “El mismo personaje, actualmente vivo, pocos días después del golpe de Estado, declaró a la prensa el 17 de septiembre de 1973 que el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena al socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista”, destaca.

por El Mostrador

Documentos relacionados

Una querella contra quienes resulten responsables de los eventuales delitos cometidos en los días previos al golpe militar del 11 de septiembre de 1973 presentaron este viernes en la Corte de Apelaciones de Santiago representantes de las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de Ejecutados Políticos, con el patrocinio de los abogados Eduardo Contreras y Alfonso Insunza.

Según informó radio Bío Bío, la acción legal va detrás de personas que habrían sido la base de la acción de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Salvador Allende.

El texto señala que va dirigida “contra de todos quienes corresponda, chilenos o extranjeros, militares o civiles, en relación a los crímenes perpetrados con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que constituyen la estructura y esencia misma de esa sublevación antidemocrática que abrió paso al genocidio que los tribunales investigan hasta hoy”.

Entre las diligencias solicitadas al ministro de fuero Mario Carroza, los querellantes piden que se señale a los presidentes de los partidos políticos vigentes al 11 de septiembre de 1973, entre ellos Sergio Onofre Jarpa, por el Partido Nacional; el ex presidente Patricio Aylwin, por el partido Demócrata Cristiano; Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista; y Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista, entre otros.

El libelo dedica varios párrafos al rol que habría jugado en ese sentido Aylwin. “Recordemos finalmente que don Patricio Aylwin, destacado dirigente político que ha ocupado los más altos cargos institucionales del país, declaró el 26 de agosto de 1973 al periódico norteamericano The Washington Post que si a él le dieran a elegir ‘entre una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo eligiría la segunda’. ¿Hay algo más claro de abierto apoyo al golpe que se veía entonces como un real peligro para la estabilidad democrática?”.

También destaca que “el mismo personaje, actualmente vivo, pocos días después del golpe de Estado, declaró a la prensa el 17 de septiembre de 1973 que el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena al socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista”.

Agrupaciones de DD.HH se querellan contra los presuntos responsables del golpe militar de 1973

The Clinic Online14 Diciembre, 2012

Representantes de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos presentaron una querella contra “quienes resulten responsables” de los eventuales delitos cometidos en los días previos al golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que fueron la base de la acción de las Fuerzas Armadas contra el gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens.

El escrito fue ingresado en la secretaría criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago por los abogados Eduardo Contreras y Alfonso Insunza para que se tramitado por el ministro de fuero, Mario Carroza.

Los abogados inician la acción legal argumentando que se interpone la querella “en contra de todos quienes corresponda, chilenos o extranjeros, militares o civiles, en relación a los crímenes perpetrados con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que constituyen la estructura y esencia misma de esa sublevación antidemocrática que abrió paso al genocidio que los tribunales investigan hasta hoy, pero si que hasta ahora se juzgue el Golpe en sí y los delitos que ese propio acto implica. El golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre del 73 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo además con la propia Jurisprudencia de nuestros tribunales y en especial de nuestra Excma. Corte Suprema en fallos reiterados”, dice el libelo.

Luego enumeran los juristas que los ilícitos son “la sublevación y rebelión contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno, privar de sus funciones o impedir que entren al ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia”.

En el libelo agregan que “los golpistas del 73 cometieron crímenes en contra de Ministros de Estado, viceministros o subsecretarios. jefes de servicio, intendentes, gobernadores, alcaldes y todo tipo de funcionarios públicos. Esos crímenes según los casos, fueron asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas o privación ilegítima de libertad. Se configuran por supuesto también los delitos de homicidios, y el de lesiones graves, sean consumados o en grado de tentativa, respecto de las personas a las que les alcanzaron los disparos o bombas lanzadas por los asaltantes del Palacio de La Moneda. Existe por supuesto el delito de daños a la propiedad del Estado y el delito de incendio, los que se configuran a partir del muy cobarde bombardeo a La Moneda y además, se configura el delito de Asociación Ilícita, y que el golpe de Estado fue planificado por una potencia extranjera aliada con elementos civiles y militares nacionales y perpetrado por grupos militares y civiles organizados, con el objeto de alzarse a mano armada contra el gobierno democrático y constitucional, pero además, de secuestrar, torturar y asesinar a miles de militantes y partidarios del gobierno constitucional, por razones políticas”, dice la acción legal.

Por último puntualizan que “la asociación ilícita es asimilable al delito de genocidio, y que buscó destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, social y religioso, donde los ejecutores uniformados y civiles del episodio más trágico de la historia de Chile han cometido además delitos contemplados en el Código de Justicia Militar, como son la traición, el espionaje y otros crímenes que afectan gravemente a la soberanía y a la seguridad exterior del Estado”, apuntan los autores de esta querella.

Entre las diligencias solicitadas al ministro de fuero Mario Carroza, los querellantes piden que se señale a los presidentes de los partidos políticos vigentes al 11 de septiembre de 1973, entre los que destacan: Sergio Onofre Jarpa, por el Partido Nacional; Patricio Aylwin, por el partido Demócrata Cristiano; Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista; y Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista, entre otros.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Procesan a CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD =FF.AA CHILE por caso de los 119 compañeros de la llamada "Operación Colombo", entre ellos al criminal coronel (R) Moren Brito por torturar y asesinar a su sobrino 05/12/2012

05/12/2012

Procesan a coronel (R) Moren Brito por torturar y asesinar a su sobrino

Ex agente de la DINA (a la izquierda) ahorcó con un alambre a Alan Roberto Bruce Catalán (derecha) y para asegurarse de su muerte le envolvió la cabeza con una bolsa plástica. Nombre de la víctima apareció en el listado de los 119 detenidos desaparecidos de la “Operación Colombo”.

Miércoles 5 de diciembre de 2012| por EFE- foto: Archivo La Nación/Memoria Viva

El ministro en visita para causas de derechos humanos, Alejandro Solís, procesó a 13 ex agentes de la DINA, entre ellos a su ex director, general (R) Manuel Contreras, y el coronel (R) Marcelo Moren Brito que, según testimonios, asesinó personalmente a un sobrino, informaron este miércoles fuentes judiciales.

Los ex agentes, según la resolución del juez Alejandro Solís, están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) de una veintena de opositores a la dictadura en los primeros meses de 1975, precisaron las fuentes.

La resolución incluye entre los procesados, además del general Contreras, a varios de sus más cercanos colaboradores en el organismo represivo.

Todos los procesados se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Contreras suman más de 270 años de cárcel.

Entre ellos, figuran los brigadieres (R) Miguel Krassnoff Martchencko y Pedro Espinoza Bravo y el coronel Moren Brito, que fue el jefe del campo de torturas de "Villa Grimaldi" al que según diversos testimonios fueron llevadas las víctimas.

El caso se enmarca en la represión desatada por la dictadura contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

A mediados de 1975, los nombres de varias de las víctimas, entre las que había media docena de mujeres y su mayoría eran jóvenes profesionales o estudiantes universitarios, figuraron en la lista de 119 nombres de la llamada "Operación Colombo".

La citada operación, que incluyó la publicación de periódicos apócrifos en Argentina y Brasil, fue gestada por la DINA para encubrir la desaparición de 119 opositores presos, con el argumento de que habían muerto en purgas internas del MIR y cuya falsedad la justicia ha ido desvelando en los últimos años.

MOREN BRITO MATÓ A SU PROPIO SOBRINO

Uno de los desaparecidos en la “Operación Colombo”, el ingeniero civil Alan Roberto Bruce Catalán, de 24 años, era sobrino del coronel Moren Brito, quien, según diversos testimonios, lo torturó y asesinó personalmente.

Según relato de prisioneros supervivientes, unos días antes, cuando otros prisioneros le comentaron a Alan Bruce que era afortunado porque su tío era el jefe del campo y tal vez se salvaría, éste les respondió que estaban equivocados, que seguramente moriría, porque a Moren lo que más le preocupaba era que sus superiores no lo consideraran débil.

En diciembre de 2007, en el penal Cordillera donde cumplen condenas los ex jefes de la DINA, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima se peleó con Moren Brito y le echó en cara, según el informe del incidente elaborado después por las autoridades carcelarias, haber asesinado a su sobrino.

Moren, según el citado informe, ahorcó a su sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo en seguida la cabeza en una bolsa de plástico.

Ferrer dijo entonces a las autoridades de la prisión que no tendría inconvenientes en repetir su acusación ante un tribunal.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como desaparecidos, y más de 33.000 fueron torturados o estuvieron presos por causas políticas.

lanacion.cl

ENTRE LOS AGENTES DE LA DINA FIGURA EL EX CORONEL MOREN BRITO, QUIEN HABRIA MATADO A SU SOBRINO

Procesan a trece represores chilenos

Los acusados cumplen condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. El coronel Moren Brito fue el jefe del campo de torturas de Villa Grimaldi.

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Por Christian Palma

Desde Santiago

El ministro especial para causas de derechos humanos, Alejandro Solís, remeció los viejos y gastados cimientos en que aún se afirman los militares que sistemáticamente abusaron de su poder cuando Augusto Pinochet gobernaba Chile. Ayer, el magistrado procesó a 13 ex agentes de la DINA (policía secreta de la dictadura, responsable de asesinatos, secuestro y tortura entre 1974 y 1977), entre ellos a su ex director, el ex general Manuel Contreras, y el ex coronel Marcelo Moren Brito que, según testimonios, habría asesinado a un sobrino, informaron ayer fuentes judiciales chilenas.
El magistrado encausó a los ex agentes en el marco de la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos “por una organización criminal que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, que consideraba enemigos políticos”. Para ello, utilizó “como medios de destrucción armas de fuego, explosivos y otros idóneos”, explica la extensa resolución del magistrado. Agrega que los militares retirados están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) en los primeros meses de 1975.
Todos los procesados (cercanos colaboradores del dictador chileno) están hoy tras las rejas, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos. Sólo en el caso de Contreras, las penas significan más de 270 años efectivos de cárcel.
Entre este grupo “selecto” de militares figuran los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchencko (quien el año pasado recibió un homenaje en la derechista comuna de Providencia en Santiago y que, a la postre, le significó al alcalde, Cristian Labbé, otro ex militar, perder su cargo), Pedro Espinoza Bravo y el coronel Moren Brito. Este último fue “el jefe” del campo de torturas de “Villa Grimaldi”, al que según diversos testigos fueron llevadas las víctimas.
Los procesamientos se enmarcan en la dura represión impulsada por la dictadura contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (grupo político radical de la resistencia contra Pinochet). En 1975, los nombres de las víctimas, que incluían varias mujeres y jóvenes profesionales o estudiantes universitarios, aparecieron en la lista de 119 nombres de la llamada “Operación Colombo”. Esta incluyó publicaciones en periódicos argentinos y brasileños que buscaban encubrir la desaparición de los opositores presos, con el argumento de que habían muerto en rencillas internas del MIR. La falsedad de esos escritos ha ido quedando de manifiesto en los últimos años. De esta forma, ocultaron la desaparición de las 119 personas en el marco del Operativo Cóndor, realizado entre los gobiernos militares de ese entonces para “combatir la subversión” de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en la región. Se estima que por “Villa Grimaldi” pasaron cinco mil personas.

Según recuerda la prensa chilena, uno de los desaparecidos en la “Operación Colombo” fue el ingeniero civil Alan Roberto Bruce Catalán, de 24 años, sobrino del coronel Moren Brito, quien, han dicho los testigos, lo torturó y asesinó personalmente. Relatos de prisioneros supervivientes cuentan que días antes le comentaron a Alan Bruce lo afortunado que era porque su tío era el jefe del campo y que se salvaría. Este respondió que estaban equivocados y que seguramente moriría, porque a Moren lo que más le preocupaba era que sus superiores no lo consideraran débil.
En diciembre de 2007, en el penal Cordillera, donde cumplen condenas los ex jefes de la DINA, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima se peleó con Moren Brito y le echó en cara, según el informe del incidente elaborado después por las autoridades carcelarias, haber asesinado a su sobrino. Moren, según el citado informe, ahorcó a su sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo enseguida la cabeza en una bolsa de plástico.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 figuran aún como desaparecidos y más de 33.000 fueron torturados o estuvieron presos por causas políticas.
“A julio de 2012, eran unos 800 los ex agentes (militares, policías y civiles) procesados y/o condenados a partir del año 2000 en Chile por crímenes relacionados con terrorismo de Estado cometidos en la dictadura”, explica a Página/12 Cath Collins, profesora e investigadora de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Agrega que de los 250 ya condenados en firme, menos de un tercio ha ido en algún momento a la cárcel. “Los demás logran sentencias bajas (de menos de cinco años).” El contraste con Argentina es el siguiente: 66 por ciento de las penas en Chile son de cinco años o menos (lo que significa que son no carcelarias), mientras que el 50 por ciento de las penas en Argentina son a perpetuidad”, concluye.

PAGINA12

13 de diciembre de 2012

Alan Bruce, militante del MIR y detenido desaparecido

La historia familiar de Moren Brito y el sobrino al que asesinó y torturó en Villa Grimaldi

La semana pasada, el juez Alejandro Solís procesó a 13 ex agentes de la DINA por el homicidio de 20 personas en los primeros meses de 1975. Entre ellos está el coronel (R) Marcelo Moren Brito y la dolorosa historia que ha tenido que vivir parte de su familia materna después de la muerte del sobrino del militar. Con este último, Moren compartió hasta el dormitorio mientras estudió en Santiago. Este es el relato más íntimo de la esposa y el hijo del asesinado militante del MIR.

por Alejandra Carmona

—Me lo voy a cortar el día que Alan entre caminando por esa puerta —decía, apuntando hacia la entrada del número #6683 de Avenida Colón, Las Condes, desde donde colgaba una campana que hacía las veces de timbre.

Hasta entonces, la casa era un lugar de encuentro, de puertas abiertas y celebraciones.

Quizás por eso, a Carmen le costaba entender que, de un momento a otro, de eso no quedaran más que recuerdos y el eco de conversaciones pasadas chocando contra los muros de concreto.

—Me voy a cortar el pelo sólo cuando Alan vuelva —repetía Carmen—. Estaba segura que algún día iba a aparecer él, con los bigotes y su pelo negro, sus jeans y su más de metro 80.

Hace pocos años habían tenido la última de las más grandes fiestas familiares: el matrimonio de Alan con su polola por más de 5 años, Mónica Gana. En la casa de los padres de la novia —unas cuadras más al norte, en Colón #6571— se había instalado una orquesta y un banquete tan grande, que nadie pudo distinguir al final del día cuál era el menú. De lo que sobró del festejo comieron los tres días siguientes. Ese 17 de septiembre de 1971 de fiesta, es uno de los recuerdos que más atesora la familia. Entonces, en medio de las risas y el baile, nadie intuía que sería esa foto en blanco y negro, con Alan vestido con un terno negro y una flor blanca en la solapa, la que después daría vueltas y pasaría por muchas manos pidiendo justicia con la frase: “¿Dónde están?”

Alan Bruce fue detenido en febrero de 1975. Tenía 24 años, estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad Católica y tenía un hijo de un año y medio que llevaba su mismo nombre. La semana pasada, el ministro en visita para causas de derechos humanos, Alejandro Solís, procesó a 13 ex agentes de la DINA, entre ellos a su ex director, general (R) Manuel Contreras, y el coronel (R) Marcelo Moren Brito, por el homicidio y secuestro calificado de 20 personas en los primeros meses de 1975.

Entre las víctimas está Alan. Y a la historia de terror y muerte que fraguó la dictadura, se suma otra, más íntima, que está en la acusación del juez Solís, pero que además ha dado vueltas en la familia Bruce por más de 37 años: los testimonios que señalan que Moren Brito —tío de Alan—, lo torturó y asesinó, haciendo gala de su maldad en Villa Grimaldi, atravesando a parte de su familia materna en dos. Para siempre.

Marcelito

En diciembre de 2007, en el penal Cordillera, donde cumplen condenas los ex jefes de la DINA, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima se peleó con Moren Brito y según el informe que quedó como testimonio —elaborado por las autoridades carcelarias— Ferrer encaró a Moren diciéndole que había “ahorcado a su propio sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo enseguida la cabeza en una bolsa de plástico”, según consignó una nota del diario La Nación.

Esta era una versión que la familia ya conocía y que apretó el pecho de Carmen Catalán y Roberto Bruce hasta el día que murieron. “Mi abuelo era una caballero, no iba a decir jamás una mala palabra, pero a él le dolía haber dado cobijo a un criminal. Siempre decía que había sido un error”, cuenta Alan Bruce (40), ingeniero ambiental y comercial, quien dejó de ver a su papá cuando tenía menos de dos años de vida.

El trato amable con Marcelo Moren Brito existió desde que el ex DINA nació. Su mamá, María Elena Brito, era hermana de Inés Recabarren Brito, abuela del asesinado dirigente del MIR. A Moren lo recibieron con los brazos abiertos en la casa de Colón cuando tuvo que dejar Temuco, la ciudad donde vivía, para venir a estudiar a la Escuela Militar. “Mis abuelos lo querían, incluso mi abuelo Roberto fue su tutor en la Escuela Militar. Era él quien firmaba sus papeles. Le hicieron un buen espacio en la casa”, cuenta Alan. De hecho, en uno de los dormitorios de la casona de Las Condes sumaron una cama al lado de la de Alan, que entonces era un adolescente, para instalar otra para el nuevo inquilino. Mientras Moren Brito vivió en la casa de los Bruce, su cama estuvo pegada a la de su “sobrino”. Compartieron el mismo dormitorio, fiestas familiares, comidas y varias tardes.

El trato amable con Marcelo Moren Brito existió desde que el ex DINA nació. Su mamá, María Elena Brito, era hermana de Inés Recabarren Brito, abuela del asesinado dirigente del MIR. A Moren lo recibieron con los brazos abiertos en la casa de Colón cuando tuvo que dejar Temuco, la ciudad donde vivía, para venir a estudiar a la Escuela Militar. “Mis abuelos lo querían, incluso mi abuelo Roberto fue su tutor en la Escuela Militar. Era él quien firmaba sus papeles. Le hicieron un buen espacio en la casa”, cuenta Alan. De hecho, en uno de los dormitorios de la casona de Las Condes sumaron una cama al lado de la de Alan, que entonces era un adolescente, para instalar otra para el nuevo inquilino.

Cuando la dictadura entró con sangre en Chile, don Roberto decía que Moren Brito había sido un niño golpeado, intentando una explicación para el comportamiento criminal que adoptaría después, pero él, que también había sido militar, que llegó hasta teniente (después se retiró de la institución) también sabía cómo era la situación por dentro. De hecho, antes de morir, lo comentó en una entrevista: “Yo sabía la formación que tienen los milicos, por eso le decía (a Alan) que cuando salieran a la calle, sería una matanza. Él no me escuchaba, todo lo contrario, me decía que los estaban formando para eso. Fue como yo le dije”.

A Alan ya lo habían detenido una vez antes de su desaparición. En abril de 1974 un grupo de militares llegó hasta su casa. Aunque Alan no estaba; encañonaron a su esposa y a su hijo de un año y medio que dormía en la cuna.

—Si su esposo no está, entonces nos llevamos al niño —dijo un militar, antes de tomar violentamente al pequeño en los brazos.

Mientras los militares esperaban en el jardín, Mónica llamó a su esposo que trabajaba haciendo fletes y estaba en la casa de su abuela en Recoleta.

—Diles que dejen al niño. Si me buscan a mí, me voy a entregar —contestó Alan del otro lado del teléfono.

Después de ese episodio, estuvo alrededor de cuatro días desaparecido. A su regreso contó que fue llevado al Regimiento Buin, luego a la Escuela Militar y después a Londres 38.

“Cuando volvió me dijo que le habían pegado y que Moren Brito lo había tenido varios días en Londres tratando de bajarle los moretones porque le daba vergüenza que sus tíos lo vieran así”.

Pero la vergüenza le duró poco y todos entendieron que los militares no estaban jugando. Pocos meses después de ese episodio, en octubre de 1974, después que Miguel Enríquez cayera acribillado en San Miguel, la familia recuerda un hecho que les congeló el habla y que Mónica Gana detalla como si fuera ayer. Moren Brito llegó hasta la misma casa donde le habían dado cobijo cuando estaba en la Escuela Militar. “Con las manos ensangrentadas, gritaba que había matado a Enríquez, mientras tocaba la campana de la puerta de entrada. Gritaba como si estuviera desquiciado, estaba como loco”, cuenta Mónica.

—¡El próximo va a ser tu hijo! ¡Va a ser tu hijo! —vociferaba, mientras la señora Carmen Catalán y parte de su familia esperaban dentro de la casa.

A Mónica —y a los demás— les quedó claro: “Entonces todos supimos que no podíamos apelar a que era un familiar o a la cercanía de tantos años. Era imposible tratar con un monstruo”.

Villa Grimaldi

El 13 de febrero de 1975, cerca de las 11 de la mañana, Alan Bruce fue detenido por segunda vez. Esta vez en una casa de Las Condes. Fue llevado a Villa Grimaldi.

El sitio Memoria Viva consigna que entre los testimonios posteriores, se escuchó el de Luz Arce “ex detenida por la DINA del año 1974 y que luego de ser presionada y sometida a graves torturas se transformara en colaboradora de ese organismo. Recuerda haber visto a Alan Bruce Catalán en Villa Grimaldi, y que Marcelo Moren estaba furioso porque era su sobrino y tenía un resentimiento en su contra por ello. También recuerda haber visto el nombre de Alan Bruce en las nóminas de detenidos de ese recinto y a las cuales ella tenía acceso”.

Alan Bruce con su hijo meses antes de su desaparición. “Para nosotros la herida no se cierra mientras no exista un papel que diga que Moren Brito torturó y mató a mi papá en tal fecha y se fije una condena”, dice el hijo del asesinado militante del MIR.

El director del Servicio Médico Legal, Dr. Patricio Bustos, quien también pasó por ese campo de tortura, cuenta que no coincidió con Alan Bruce, pero que era un comentario frecuente entre los prisioneros. “Todos decían que el Ronco, como llamaban a Moren Brito por su voz, había sido capaz de torturar a su propio sobrino en la parrilla. Eso nos daba cuenta en las manos de quién estábamos”, narra Bustos.

La familia comenzó un peregrinaje por la justicia desde 1975, con diversas querellas.

“Un día incluso mi abuela encaró a Moren Brito”, cuenta Alan Bruce Gana, hoy, a días del procesamiento del Juez Solís y dice que después de todo lo vivido ella cerró las puertas de su casa en Las Condes. “Ya no quiso recibir a nadie. No se podía confiar en nadie. Nunca dejó de usar ropa negra y solo al final, años antes de que ella muriera, entendió que mi papá jamás cruzaría la puerta de nuevo. Entonces decía que se conformaba con que le entregaran algo; cualquier cosa que le permitiera enterrarlo y tener a quien rezarle”, comenta Alan, quien después de la desaparición de su padre y una breve estadía en Buenos Aires con su madre, volvió a Chile en los brazos de su abuelo que lo fue a buscar para que creciera con ellos, mientras su madre hacía un periplo por Argentina y Estados Unidos, que la trajo de vuelta a fines de los ’80.

“Para nosotros la herida no se cierra mientras no exista un papel que diga que Moren Brito torturó y mató a mi papá en tal fecha y se fije una condena”, dice Alan lagrimeando una historia que tendría ese cierre en lo formal, pero que en la familia difícilmente tendrá un punto final. “Hay gente que cree que el tema de los desaparecidos es una lucha de pocos, una historia antigua, pero no es así. Yo siempre me hago la misma pregunta: cómo sería todo si él estuviera; seguiría casado con mi mamá, cuántas cosas en mi vida habrían cambiado. Esa es una pregunta de todos los días, no es de otra era”, dice.

Su abuela, la señora Carmen, se fue esperando que se hiciera justicia. Cuando murió de un derrame cerebral a fines de los ’90, tenía 75 años y aún vestía de luto.

A mediados de los ’80, Carmen Catalán dejó de esperar un milagro. Entonces terminó su manda. El pelo le había crecido hasta las rodillas.

elmostrador

jueves, 27 de septiembre de 2012

Huelga de hambre presos socio politicos supervivientes ancestrales mapuche. Temuco, angol-2012

jueves, 6 de septiembre de 2012

GBI:PARAMILITARES PATRIA Y LIBERTAD TERRORISTAS ESTADO COLONIAL CHILE TEMUCO CRIMINAL TRIZANO FASCISTAS Temer San Martín- René Urban "EN DIECIOCAO SE ARAÑAN"- 05-09-12

http://www.youtube.com/watch?v=RjvA5I8r6TU

"Timochenko": " La salida no es la guerra sino el diálogo

Agricultor de La Araucanía que tenía un arsenal en su casa quedó libre

Jorge Temer fue formalizado tras mantener una riña con René Urban.

El acusdo lo agredió con un arma y lo amenazó de muerte.

Cooperativa.cl

En prisión preventiva queda tercer comunero mapuche imputado por asesinato de agricultor

En tanto, el agricultor Jorge Temer San Martín fue formalizado por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas en contra de su par René Urban.

por Freddy Palomera - 05/09/2012 - 14:08

Por tres delitos, al igual que sus compañeros, fue formalizado el tercer comunero mapuche que aparece como responsable de la muerte de un agricultor la noche del sábado en la zona rural de Ercilla, identificado como Luis Marileo Cariqueo, quien quedó en prisión preventiva.

El caso corresponde a lo ocurrido en el sector de San Ramón, a 18 kilómetros al surponiente de Ercilla, cuando un grupo conformado por Marileo junto a Leonardo Quijón Pereira y el menor G.V.M llegaron hasta la casa de Ismael Gallardo y tras reducirlos, les exigieron la entrega de dinero y armas, de lo contrario les quemarían la casa.

En el incidente, llegó en su auxilio el hermano de la víctima, Héctor Gallardo, quien al intentar reducir a los atacantes recibió tres impactos de bala que finalmente le costaron la vida cuando arribaba al hospital de Collipulli.

Tras enterarse de que eran buscados por la policía, el menor y Quijón se entregaron a la PDI, y el martes fueron formalizados de cargos por los delitos de robo con homicidio, secuestro y homicidio frustrado.

Lo propio ocurrió este miércoles con Marileo, quien la tarde del martes también se entregó a la policía y fue formalizado de cargos por los mismos delitos.

La defensora, María del Rosario Salamanca, explicó que el comunero "al enterarse que era requerido y pese a que no existía notificación personal, resolvió hacerse presente dado que asegura su total inocencia".

La abogada, quien además es la jefa de la defensoría penal mapuche, solicitó la inhabilidad del fiscal Luis Chamorro, quien indaga el caso, por estar siendo investigado por el fiscal regional de Los Lagos, por su presunta responsabilidad en apremios e irregularidades en el accionar policial durante un operativo en la comunidad Wente Winkul Mapu, según lo denunció la defensoría ante la Fiscalía Nacional que instruyó la diligencia.

En el alegato, se indicó que en la causa está como víctima el menor de edad al cual ahora el mismo fiscal está imputando cargos, por lo que habría falta de imparcialidad. En el tribunal no se acogió la solicitud pero se instruyó informar de ello a la fiscalía.

FORMALIZAN A AGRICULTOR

Por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas, amenazas, lesiones leves y porte ilegal de arma de fuego fue formalizado el agricultor, Jorge Temer San Martín, luego de un incidente en que amenazó y agredió a su par, René Urban, en el Club Social de Victoria la tarde del martes.

El agricultor habría increpado a Urban por dichos sobre su accionar y que los vinculaban con grupos en contra de los mapuches o que incluso había insinuado la necesidad de dinamitar a los comuneros.

En el allanamiento a la casa de Temer, se encontraron distintos tipos de armas, algunas de las cuales no estaban debidamente inscritas. El arsenal, de todas formas, lo justificaba señalando que era presidente del club de tiro de la comuna y coleccionista.

Sobre el tema, Urban dijo que "tiene que haber sido una malura de cabeza que le pasó, pero yo nunca he dicho anda de él, por eso esto me tiene mal, y por lo mismo no quiero seguir hablando del tema".

El imputado luego de ser formalizado de cargos quedó en libertad pero con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma semanal.

Encuentran arsenal de guerra en casa de agricultor sindicado como miembro del “Comando Hernan Trizano”

Posted on 5 de septiembre de 2012 by adkimvn

Durante la madrugada de este miércoles, debido a un incidente que se habría producido entre los agricultores René Urban y Jorge Temer San Martín –agricultores conocidos en el marco del llamado “conflicto Mapuche”- carabineros realizó un allanamiento a la casa de este último que dejó al descubierto un verdadero arsenal de armamento de guerra. Entre otras armas encontradas, se hallaron armas automáticas, municiones, bombas lacrimógenas, un fusil con mira telescópica y un lanzacohetes Low.

Fotos: Archivo Diario Austral / Captura TVN

Por ADKIMVN

El agricultor Temer San Martín, antes y durante la dictadura militar tuvo participación en movimientos derechistas, perteneciendo a Patria y Libertad, movimiento de ultraderecha conocido por sus acciones en contra del gobierno de Salvador Allende. En 2009, fue sindicado como miembro del grupo paramilitar antimapuche ‘Comando Hernan Trizano’, identificándosele como el “vocero anónimo”, quien ese año había hecho declaraciones de grueso calibre en contra de la comunidades que reivindicaban derechos territoriales, señalando que iba a “hacer desaparecer a los mapuches de la tierra”, para lo que habían confeccionado una “lista negra” de dirigentes Mapuche a eliminar.

Este incidente genera la duda sobre el origen de los hechos de violencia que se han producido en la zona de Ercilla y la vinculación que tendenciosamente se ha hecho –con gran soporte de los medios de información- con las reivindicaciones que llevan adelante las comunidades Mapuche, ya que si bien Jorge Temer el año 2009 había solidarizado con René Urban por las reivindicaciones territoriales de la comunidad Temucuicui, hoy le reprochó tener una actitud demasiado blanda con los Mapuche y lo calificó como “un gallina”, agrediéndolo y amenazándolo de muerte.

Ya lo había sostenido el werken Jorge Huenchullan, de la Comunidad Autónoma Temucuicui, quien ante los hechos de violencia que –con amplia cobertura mediática- se venían generando durante los meses de Julio y Agosto de este año, paralelamente a las reclamaciones de tierras ancestrales en predios que actualmente están en manos de particulares (entre ellos René Urban), señalaba que “en la zona hay grupos que no son mapuche, que son paramilitares, hijos de agricultores, policías en retiro, que claramente nos están amedrentando y están haciendo este tipo de situaciones para inculpar a las comunidades mapuche”.

Del mismo modo lo afirmaba el werken de la comunidad Wente Winkul Mapu, Luis Melinao, repudiando profundamente los hechos y señalando que “pudiera existir una acción que busque inculparlos, la que podría ser responsabilidad de agentes de Inteligencia”. Por su parte el werken de la Comunidad Tradicional Temucuicui, Mijael Carbone, refiriéndose a los atentados contra terratenientes decía “queremos dejar en evidencia hoy día que nosotros no estamos cometiendo actos incendiarios o atentados”.

Así lo había afirmado también el Lonko José Cariqueo, de la comunidad José Guiñón, quien denunció que “las empresas privadas” están detrás de los ataques incendiarios en La Araucanía y responden a “trabajos de inteligencias hechos para inculpar a los Mapuche”. En el mismo sentido el Lonko Víctor Queipul, de la Comunidad Autónoma Temucuicui, aseveraba que “Prácticamente todo lo que está ocurriendo son autoatentados”, ejecutados por grupos “como el comando Hernán Trizano”.

Aunque Temer fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Victoria por amenazas de muerte y porte ilegal de arma de fuego, quedó en libertad y sólo con firma mensual. En este caso los tribunales y el ministerio público no han aplicado la Ley Antiterrorista, como si lo han hecho con comuneros Mapuche, sin pruebas fehacientes, aplicando largos periodos de prisión en procesos judiciales de los cuales luego han sido absueltos.

Los medios de “comunicación” chilenos, teniendo las imágenes del arsenal encontrado y los antecedentes de las amenazas que anteriormente se ha hecho a los Mapuche y ahora a los mismos agricultores de la zona, tampoco han vinculado al agricultor con hechos de violencia o ataques terroristas.

Las autoridades regionales y nacionales por su poparte, hasta el momento no se han pronunciado repudiando la violencia, misma violencia que con tanta facilidad atribuyen a dirigentes Mapuche y relacionan a las reivindicaciones territoriales de las comunidades Mapuche de Ercilla.

Ex-Patria y Libertad agrede al agricultor René Urban y se descubre verdadero arsenal de guerra en su poder

Septiembre 5th, 2012

admin

El ex-miembro del grupo de extrema derecha en los años setenta, Jorge Temer San Martín, agregió y amenazó de muerte al agricultor René Urban, en una nueva arista del denominado “conflicto mapuche”.

En horas de anoche tras retirarse del club social de Victoria, donde se habían reunido, el emblemático agricultor, René Urban, fue increpado por Temer, reconocido también como integrante del comando Trizano, que ha tenido algunas actuaciones en contra de mapuches.

Este le habría recriminado a Urban por no tratar con dureza a los mapuches, trtándolo de cobarde. Tras esto sacó un arma de fuego 9 milímetros y lo golpeó con la empuñadora y lo amenazó de muerte con el mismo revólver.

El agricultor hizo la denuncia y Temer San Martín fue detenido por Carabineros con el arma que portaba y al allanar su domicilio fueron encontrados un lanza cohetes law, armas como pistolas y revólveres, automáticos de diverso calibre, un fusil con mira telescópica y más de un millar de municiones de diverso calibre, entre ellas de guerra, y bombas lacrimógenas.

Estos antecedentes los entregó el Prefecto de Carabineros de Malleco, Iván Vega. “Dos personas proceden a efectuar una discusión entre ellos y una de ellas extrae un arma, previamente inscritas, la utiliza como elemento contundente y procede a agredir a la otra persona, causándole lesiones de carácter leve, para posteriormente amenazarla de muerte y darse a la fuga. Se logró la incautación de dos armas, no se justificó su procedencia. El resto de las armas estaban debidamente inscritas”, explicó el oficial.

Formalización

En tanto, durante esta mañana en el Juzgado de Garantía de Victoria se realizó la audiencia de control de la legalidad de la detención y formalización de Jorge Temer San Martín; donde el fiscal del Ministerio Público, Raúl Espinoza, inició la investigación imputándole cinco cargos de lesiones leves, amenazas, porte ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida.

El tribunal de Victoria determinó dejar en libertad a Temer San Martín, quedando con firma semanal ante Carabineros y con prohibición de acercarse a René Urban.

En todo caso, hasta ahora no existe una versión de qué fue lo que motivó la discusión entre ambos y los alcances de la reunión en el Club Social de Victoria. No se descarta que se abordara alguna estrategia de autodefensa armada en la zona, o la planificación de alguna acción en represalia por la muerte de un parcelero en Ercilla, lo cual debería ser investigado por la policía.