DESCRIBIR OPERACIONES GENOCIDAS DE TERRORISMO TRANSGENERACIONAL DEL ESTADO OCCIDENTAL CHILENO, CONTRA SOBREVIVIENTES KUPAL EN ®ESISTENCIA ANCESTRAL LONCÓN MELLADO. CONSTATANDOSE EL ASESINATO,SECUESTRO, TORTURA, EXILIÓ, DESTERRITORIALIZACIÓN, PRISIÓN SOCIO POLÍTICA, OPERACIONES SICOLÓGICAS, GOLPIZAS, DESARTICULACIÓN SOCIO FAMILIAR, TERRORISMO MEDIATICO, QUEMA DE CASA (2008)ETC. IMPLEMENTACIÓN ACTUAL DIVERSOS OPERATIVOS CON LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE “GUERRA DE BAJA INTENSIDAD”.
FUERON CONDENADOS 15 REPRESORES POR PARTICIPAR EN EL PLAN CONDOR DE LAS DICTADURAS DEL CONO SUR
Una asociación internacional para asesinar
Entre los que recibieron penas más altas están Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone y el uruguayo Manuel Cordero. Fue la primera vez que un tribunal juzgó el acuerdo para reprimir además de los secuestros y las desapariciones.
Por Alejandra Dandan
No hubo una definición en la sentencia pero detrás de cada una de las condenas apareció lo que se esperaba desde hace más de 40 años: la enunciación del Operativo Cóndor como una asociación ilícita de las dictaduras del Cono Sur destinada a cometer delitos. Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone fueron las primeras condenas que leyeron los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 en una sala repleta. El primero recibió 25 años de prisión. El jefe de Institutos Militares del campo de exterminio de Campo de Mayo obtuvo de esa manera su condena número 11 en juicios de lesa humanidad. Bignone recibió 20 años. Fue su condena número ocho. También fue condenado a 25 años el único acusado extranjero, el militar del Ejército uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini, entre cuyas víctimas estuvo María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. De los 17 acusados, 15 fueron recibieron penas de 25 a 8 años y 2 fueron absueltos.
“Es la primera vez que la justicia de un país americano declara que ese Plan de las dictaduras de los países del Cono Sur fue una asociación ilícita para cometer delitos, y las privaciones ilegales e imposición de tormentos fueron considerados dentro de esa asociación”, dijo el presidente del Cels, Horacio Verbitsky.
En esa misma línea se expresó el fiscal Pablo Ouviña al destacar el fallo de los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico como juez sustituto. Ouviña señaló que es la primera vez que la justicia define al Operativo como una asociación para el crimen, “en un proceso destacable por su respeto las garantías, al derecho a las defensas, el derecho de los testigos y las reglas del procedimiento”.
El fallo comenzó a leerse a las cinco de la tarde. Desde temprano, buscaron espacio en la sala los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Estuvieron Vera Jarach, Laura Conte, Taty Almeida y Nora Cortiñas. También Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Y logró llegar la abuela Elsa Pavón con la fatiga de los años en el cuerpo mientras su nieta Paula Logares completaba trámites de acreditación. La cara de Macarena Gelman apareció una y otra vez retransmitida por la pantalla que amplificó imágenes en la sala. Estuvo el fiscal Miguel Angel Osorio, uno de los primeros empeñados en ordenar lo que al comienzo eran vestigios de una investigación imposible. Los nombres fueron más porque todos estaban ahí. Horacio Pietragalla, ahora secretario de derechos humanos de Santa Cruz. Carolina Varsky, de la Procuración. Quienes llegaron del exterior, como Federico Jorge Tatte, hijo de un ex marino y dirigente comunista de Paraguay desaparecido en Argentina que integra la Comisión por la Verdad y la Justicia de Paraguay.
Este juicio oral que empezó hace tres años y tres meses, estuvo por caerse cuando murió el dictador Jorge Rafael Videla, uno de los principales imputados de los 32 con el que se elevó esta causa y ayer concluyó con 17 acusados, porque unos murieron y otros fueron separados del juicio por razones de salud. Edgardo Binstock fue parte de la querella por la desaparición de su compañera Mónica Pinus, secuestrada en marzo de 1980 en Brasil. Y ese era uno de los casos que llegaba a Juicio con Videla como único imputado. “Pensar que se caía cuando esto empezó. Pero no pasó. Esto es un caso penal pero al mismo tiempo un caso político, porque lo que unifica las causas es que tuvieron en común una operación y un acuerdo de las dictaduras y del Departamento de Estado de Estados Unidos para poder operar. Hoy llega esto en un contexto difícil para las democracias latinoamericanas: si bien no tiene la misma característica represiva, somos sujetos de una nueva ofensiva neoliberal y conservadora sobre nuestros países”.
Mientras Binstock recordaba el Cóndor II del que habla Rafael Correa, el único acusado presente en el sala se abrió camino en la planta baja. El tribunal decidió darles la opción a los acusados de no participar en la audiencia final. No estuvieron ni en la sala ni en las trasmisiones vía internet que suelen conectarlos en los lugares de detención. En una larga fila de sillas vacías estuvo el único acusado que asistió: Miguel Angel Furci, que tenía pedidos de condenas por las dos causas que se debatieron en el juicio: Cóndor y un segundo tramo de Automotores Orletti, el centro clandestino donde fueron llevados la mayoría de los prisioneros extranjeros. Furci fue condenado como autor de 67 privaciones ilegales de la libertad y por 62 hechos de tormento, a 25 años de prisión y, como el resto, a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del período. Sus dos ojos protegidos por anteojos no perdieron vista del juez ni siquiera en ese momento. Cuando le cayó encima la sentencia no parpadeó siquiera, sin darse cuenta que las cámaras iban y venían al mismo tiempo mirando la cara de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, hija de Claudia y Marcelo, hoy diputada en Uruguay. “Las condenas son para mi satisfactorias -dijo ella-, y tienen además la particularidad de que incluye al primer uruguayo condenado por el caso de mi mamá, lo cual me hace pensar en Uruguay. Sentir que se cierra un capítulo es difícil de decirlo o sentirlo por la fragmentación de las causas, pero había una expectativa muy concreta que era sentencia a Cordero”.
La sala no aplaudió ni cantó hasta que el juez Amirante leyó el último punto de la sentencia, que indicó informar a la embajada uruguaya sobre la nueva situación judicial del imputado de ese país. Entonces la sala vivó a los 30 mil desaparecidos.
A Andrés Habegger le salió en ese momento un atragantado “¡Y que se pudran en la cárcel, asesinos!” “Empezamos –dijo– con la querella en 2004, todo esto no tenía forma, la desaparición hace eso, la falta de verdad. Y con esto es como que reencontrás las formas. Y darle la forma y que lo haga el Estado es reparador y un proceso que tardo tanto tiempo es también una alegría, y eso pude decirlo acá, y no en la cancha, ni en un bar, ni en la Plaza. Fuimos querellantes con mi mamá (por su padre Norberto). Dimos testimonios. Y mi sensación es que al hacerse Justicia esto entra en los libros de historia porque el Estado hace eso: que la historia sea una y no otra”.
La periodista Stella Calloni, acosada por las cámaras de televisión extranjeras, repetía una y otra vez por qué el Cóndor fue una “Operación”. Habló de “tácticas” y “estrategias” y del avance de una operación contrainsurgente contra los dirigentes de la región, razón por la cual “esto se pudo conocer desde temprano porque esas víctimas eran nombres tan conocidos que nadie podía soslayar”.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en agosto. Los acusados fueron condenados con penas significativas sobre todo por la cantidad de hechos que tienen adjudicados. Hubo tres condenas a 25 años de prisión: Riveros, Cordero y Furci. Hubo 2 a 20 años: Bignone y el general Rodolfo Emilio Feroglio. Una a 18 años de prisión para el coronel Humberto José Román Lobaiza. También 4 a 13 años, entre los que estuvo el vicealmirante Antonio Vañek, segundo en la estructura de la Armada. El TOF condenó a otros 5 imputados a 12 años de prisión. Y al general Federico Antonio Minicucci a ocho años. Hubo dos absoluciones.
Salvo Riveros y Furci, el resto de los acusados obtuvo sentencias en general por uno a cuatro hechos. Una de las explicaciones es que si bien la causa Cóndor tuvo a un número de 109 víctimas en juicio, un universo importante tenía como único imputado a Videla. Con su muerte, esos crímenes salieron de la causa. Pero los casos y sus historias continuaron en juicio, como Binstock, porque querellas y fiscalía solicitaron continuar por el derecho a la Verdad y porque cada hecho permitía probar no sólo una imputación sino la asociación criminal. Como los nombres de cada una de esas víctimas, sin embargo, no aparecieron en la lectura del fallo, ahora se aguardan los fundamentos para saber si este pedido fue considerado por el tribunal. El Cels adelantó que si no fue así pedirá en Casación una revisión de la sentencia. “Reclamamos en esos casos que no se pudo llegar a la condenar porque el responsable ha muerto, que exista una constancia de que fueron víctimas del Cóndor en función del derecho a la verdad”, explicaron.
Nueva arista indica que joven esquizofrénico habría sido asesinado y enterrado por ex carabineros en el desierto
Esto, tras una declaración bajo reserva de identidad que se dio a conocer durante esta jornada por parte de la fiscal Virginia Aravena que lleva el caso del joven José Vergara.
Un nuevo antecedente se dio a conocer este jueves en el caso del joven desaparecido José Vergara de Alto Hospicio, luego de realizarse esta mañana la audiencia de ampliación del plazo de investigación y revisión de medidas cautelares.
Según lo confirmó el abogado de la familia de la víctima, Enzo Morales, se trata de una declaración bajo reserva de identidad prestada el 29 de octubre ante el Ministerio Público y que daría cuenta de que uno de los imputados habría confesado a un familiar que habría presenciado cómo los otros tres carabineros habrían golpeado a Vergara hasta matarlo, obligándolo después a enterrarlo.
"Lo dejaron agonizando y luego ellos le ordenaron hacer un hoyo en el desierto para enterrar los restos, y no se pudo negar porque lo amenazaron con enterrarlo a él también", precisó Morales a Soyiquique.cl.
Lo anterior, señala el abogado, confirma la tesis del asesinato que siempre ha sostenido la familia. "No sabemos a ciencia cierta si fue incinerado, descuartizado o lanzado al mar, pero al menos con esta declaración daría cuenta que fue golpeado hasta causarle la muerte y luego de ello enterrado en algún lugar del desierto".
Tras conocerse los detalles de la fiscalía, la familia del joven rompió en llanto y tuvo que ser desalojada de la sala, no sin antes increpar a la defensa de los ex carabineros que se encontraba en el lugar.
Finalmente el abogado de la familia precisó que "la defensa de los carabineros no dijo nada, mantuvo silencio cómplice. Ellos conocen esta declaración y han entorpecido la investigación, para evitar que algunos de los presos declare y colabore con el esclarecimiento de los hechos y se pueda determinar el paradero de los restos mortales de José Vergara".
Corte suprema ordena al Ejército notificar de nómina de generales que integraron la DINA y CNI
Publicado el 16 Mayo 2016
La Corte Suprema determinó que el Ejército debe proceder a notificar a los terceros interesados de la solicitud de entregar la nómina de generales que formaron parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
En fallo unánime (causa rol 17518-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– desechó el recurso de queja presentado en contra de la sentencia que ordenó la entrega de la información solicitada; sin embargo, y actuando de oficio, retrotrae el procedimiento administrativo al estado de notificar a los terceros que pueda afectar la información solicitada.
"Que como se desprende de los antecedentes reseñados en el considerando segundo, el Ejército de Chile no dio cumplimiento a la comunicación contemplada en el citado artículo 20 –a excepción del Oficial General que había prestado servicios en la extinta DINA–, no dando traslado a los posibles afectados por la publicidad de la información de que se trata en estos autos, quienes en conocimiento de la solicitud, podrían legítimamente haberse opuesto a la entrega de la información, ejerciendo los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico sobre el particular (…) Que el trámite de comunicación de la solicitud de información a los terceros eventualmente afectados con la misma, no es una actuación de carácter facultativa del órgano de la Administración. Por el contrario, como ya se señalara en los autos Rol N° 11.495-2013 y Rol N° 8353-2015, el artículo 20 de la Ley N° 20.285 ordena, en términos perentorios, que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que "contengan información que pueda afectar los derechos de terceros", la autoridad "deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados", sostiene el fallo.
Resolución que agrega: "Resulta claro el carácter imperativo del mandato del legislador, y de su solo tenor aparece la necesidad en que se halla el órgano estatal de dar noticia al interesado de la petición respectiva, constatación que es reforzada con el efecto que prevé el inciso final de la misma disposición, en el sentido que si no se deduce oposición "se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información". En otras palabras, la única hipótesis en el que el silencio del tercero permite entender que ha otorgado su consentimiento a la entrega de información es aquel en el que, practicada que le fuera la respectiva comunicación, nada dice dentro del plazo fijado en la ley (…) en estas condiciones, es menester concluir que la comunicación al interesado constituye un trámite esencial en el procedimiento administrativo destinado a establecer si la información en cuestión puede ser dada a conocer al solicitante de ella".
Por lo tanto, y actuando de oficio la Corte Suprema, "(…) se invalida la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de siete de marzo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 130 en autos tenidos a la vista rol de ingreso Corte N° 12.027-2015, y en su lugar se decide que se retrotrae el procedimiento administrativo en que incide la resolución del Consejo para la Transparencia objeto de ilegalidad al estado de notificar a los terceros que pueda afectar la información solicitada, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley N° 20.285".
Corte condena a cuatro carabineros (r) por aplicación de torturas en 1984
elclarin.cl
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, condenó a cuatro carabineros en retiro como autores y cómplices del delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte de Segundo Enrique Candia Reyes, perpetrado en la Tenencia de Carabineros de Santa Rosa, comuna de Temuco, en febrero de 1984.
En la investigación el ministro instructor condenó a Daniel Sady Villalobos Escobar a la pena de 5 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito antes mencionado. En tanto se sentenció a Jorge María Rivas Baeza, José Luciano Ruiz Aravena y Ricardo Antonio Rodríguez Contreras, a la pena de 3 años presidio por su responsabilidad como cómplices del mismo ilícito.
El magistrado le concedió a Sady Villalobos el beneficio de la libertad vigilada intensiva, mientras que a Jorge Rivas, José Ruiz y Ricardo Rodríguez les concedió libertad vigilada, por el tiempo que dure la condena.
En cuanto a la acción civil, el ministro condenó al Fisco a pagar la suma de $265.000.000 (doscientos sesenta y cinco millones de pesos a los familiares de la víctima, monto que se divide en $ 65.000.000 (sesenta y cinco millones de pesos) para la cónyuge de la víctima y $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los cuatro hijos.
En la investigación, el ministro instructor estableció:
A.- Que en horas de la tarde del día 5 de febrero de 1984, Segundo Enrique Candia Reyes fue aprehendido en su domicilio por Jorge María Rivas Baeza y Daniel Sady Villalobos Escobar, carabineros de la Tenencia de Carabineros de Santa Rosa, a raíz de una denuncia por una supuesta riña entre el mencionado y su cuñado, trasladando a ambos y a un amigo de ellos hasta la unidad policial de Santa Rosa. En aquel lugar y antes de ser ingresado en la guardia, Candia Reyes fue conducido por el personal aprehensor a un sector de la Tenencia, quedando sólo el cuñado de éste en la guardia de la unidad, quien escuchó quejidos desde el lugar donde estaba Segundo Candia, atribuyéndolos a este último.
B.- Que posteriormente sólo Segundo Candia Reyes fue ingresado como detenido en dicha unidad policial y estando en uno de los calabozos se quejó intensamente de dolor estomacal, siendo escuchado por algunos detenidos que estaban en ese lugar. Incluso, el cabo 1° José Luciano Ruiz Aravena y el carabinero Ricardo Rodríguez quienes hacían servicio de guardia esa noche, lo vieron vomitar dentro de su celda, no prestándole mayor atención a sus molestias y atribuyéndolas a los supuestos efectos etílicos de la víctima.
C.- Que en horas de la mañana del día 6 de febrero de 1984, Segundo Candia Reyes fue encontrado en la vía pública, a media cuadra de la Tenencia de Carabineros de Santa Rosa, por una de sus sobrinas. Éste, a pesar a sus dolencias estomacales, había sido dejado en libertad minutos antes, presentando fuertes dolores abdominales y dificultad para caminar, manifestando que personal de la unidad policial lo habría golpeado durante su detención, mencionando a Daniel Sady Villalobos Escobar como uno de los autores de los apremios. Debido a esta situación, la sobrina de Candia Reyes, concurrió de inmediato hasta la ya mencionada Tenencia de Carabineros, quienes ante su insistencia llamaron a una ambulancia que trasladó a la víctima hasta el hospital regional de Temuco. En aquel lugar les manifestó a algunos de sus familiares, que todas sus molestias eran producto de golpes recibidos en la Tenencia, nombrando al carabinero Daniel Sady Villalobos Escobar como responsable de sus agresiones.
D.- Que luego de cuatro días en el recinto asistencial ya señalado y a pesar de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido, Candia Reyes falleció, siendo su causa de muerte "shock perforación intestinal, traumatismo abdominal por acción de terceros".
El ministro Álvaro Mesa Latorre fue designado instructor de causas de DD.HH. el 27 de septiembre del año 2011. Al momento de asumir, recibió 41 causas en estado de sumario. Actualmente conoce de 107 causas y en 26 de ellas ha dictado autos de procesamiento, lo que ha significado dictar un total de 76 autos de procesamientos. Además, existen 93 causas en etapa de sumario, 11 en etapa de plenario y 9 han sido falladas. De estas últimas todas las sentencias han sido condenatorias, encontrándose 5 de ellas ejecutoriadas con fallos condenatorios. Por otra parte, 5 han sido sobreseídas temporalmente, 2 fueron sobreseídas definitivamente y se ha declarado incompetente en 2.
Hasta la fecha existen 122 personas sometidas a proceso y 43 acusadas. En su labor investigativa, el ministro instructor de la Corte de Apelaciones de Temuco es asistido por 5 actuarios judiciales y 8 detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.
Las polémicas ilustraciones que recuerdan las violaciones a los DDHH de la Dictadura
Sebastián Morte
Con tinta líquida o digital, 24 ilustraciones hechas por artistas chilenos, fueron seleccionadas por un distinguido jurado representando a Balmaceda Arte Joven y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, para convertirse en la ganadora del la segunda versión del concurso Mala Memoria.
Desde trazos gruesos hasta puntillismo detallado, las ilustraciones participantes representan a distintas técnicas y corrientes artísticas. La veintena de artistas detrás de los dibujos, empinaron sus pinceles para retratar una escena de la época más oscura de la historia chilena.
“La idea de este proyecto es incentivar a que los jóvenes creen sus propias ilustraciones y así
continuar fortaleciendo la voluntad nacional para que nunca más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”, señala el sitio de Mala Memoria.
Es por lo anterior, que los jóvenes retrataron episodios como la “desaparición” de la profesora Marta Ugarte -y su falsa cobertura de prensa-, los desahucios liderados por militares, y el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara.
Además del jurado compuesto por figuras como diseñador Alberto Montt o Guillermo Galindo, conocido por sus viñetas de Mala Imagen, y otros exponentes del arte y diseño nacional, los usuarios de redes sociales también podrán elegir a uno de los ganadores.
“Como jurado ya dimos nuestra opinión (…) y ahora queremos invitar al público en general a que vote por sus ilustraciones favoritas”, cuenta Guillermo Galindo en el video de la convocatoria.
El arista premiado por “Voto Popular”, será seleccionado según la cantidad de likes que reciba la imagen en el álbum oficial publicado en Facebookhasta el 9 de diciembre. Por otra parte, los tres primeros lugares escogidos al día siguiente, podrán obtener hasta 600 mil pesos como premio, además de un Kit Color.
A continuación conoce las 24 obras seleccionadas a nivel nacional, que presentan distintos episodios ocurridos durante el mandato militar. Para votar por alguna de ellas haz clic aquí.
El fallo del máximo tribunal condena a 3 años y un día de presidio a Gabriel Gatica Riquelme y Moisés Contreras Díaz por autoría del homicidio calificado del comunero mapuche Juan Segundo Tralcal Huenchuman, quien fue baleado en su casa el 10 de septiembre de 1975. En lo civil se ordena al fisco indemnizar a cada uno de sus cinco hijos con un monto de 50 millones de pesos.
Juan Segundo Tralcal Huenchuman
La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva con penas de 3 años y un día de presidio con el beneficio de libertad vigilada para los carabineros en retiro Gabriel García Riquelme y Moisés Contreras Díaz por el violento asesinato del comunero mapuche Juan Segundo Tralcal Huenchumán, ocurrido en Lautaro en 1975. Además, el Estado deberá indemnizar con $ 250.000.000 ( $50.000.000 a cada uno de sus hijos) a los familiares de la víctima por concepto de daño moral.
El fallo emitido por el máximo tribunal consigna que el homicidio calificado de Juan Segundo Tralcal Huenchumán “en el cual les cupo participación de autores a los acusados, reviste el carácter de delito de lesa humanidad, toda vez que satisfacen las exigencias precedentemente desarrolladas. En efecto, el asesinato de la víctima, perteneciente a la población civil, no fue un acto meramente aislado, aleatorio o circunstancial, sino que se revela como una conducta excesivamente violenta, planificada y determinada por prejuicios y sospechas carentes de fundamento, dirigida en contra de un individuo indefenso frente al poder estatal-policial”.
Los hechos
El caso se comenzó a investigar en el año 2013 por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Álvaro Mesa Latorre, que dictó acusación en contra de Gatica Riquelme y Contreras Díaz, en calidad de coautores del delito de homicidio calificado del comunero.
Fue en diciembre del pasado año cuando Mesa Latorre sentenció penas para los acusados que ascendían a los 10 años de cárcel tras constatar, de acuerdo a lo contenido en el correspondiente fallo, que el día 10 de septiembre de 1975 “una patrulla de Carabineros del Retén de Pillanlelbún, bajo las órdenes del Sargento Santiago Millaguir Hueche e integrada, además, por dos Cabos de Carabineros de la dotación de la unidad señalada, Moisés del Carmen Contreras Díaz y Gabriel Gonzalo Gatica Riquelme, se dirigió al domicilio de Juan Segundo Tralcal Huenchumán, ubicado en la Comunidad Blanco Lepín, de la comuna de Lautaro. Los uniformados, al llegar al domicilio, procedieron a interrumpir éste, disparando sus armas contra Juan Segundo Tralcal Huenchumán, hiriéndolo gravemente”.
Además, la sentencia agrega que “el grupo de aprehensores obligó, a Mercedes Tralcal Correa -esposa del fallecido-, a buscar un caballo de su propiedad y conducir al herido hasta el vehículo particular que los esperaba a unos cuantos metros de distancia de la casa. La patrulla policial trasladó al herido hasta el hospital de Lautaro, donde les señalaron que éste se encontraba gravemente herido, por lo que fue derivado en ambulancia hasta el hospital de Temuco, siendo acompañado por el Sargento y uno de los Cabos que integraban la patrulla que lo detuvo e hirió. En el Hospital les señalaron que el herido había fallecido”.
“Al día siguiente –continúa el texto–, la cónyuge de Tralcal Huenchumán, al no tener noticias de éste, asistió al hospital de Lautaro, donde le informaron que su esposo habría sido trasladado a Temuco. Al concurrir al Hospital de Temuco, le comunicaron el deceso de su cónyuge, retirando su cuerpo desde la morgue de este centro asistencial. La autopsia de Juan Tralcal Huenchumán, practicada por el Servicio Médico Legal de Temuco, señala la muerte de Juan Segundo Tralcal Huenchumán se debió a un shock y anemia aguda determinada por una herida de bala transfixiante pelviana”.
FUERZAS ARMADAS GENOCIDAS COLONIALISTAS CHILENAS SE ROBAN FONDO RESERVADO DEL COBRE -MILICOGATE
LA INSTITUCIÓN Y EL GOBIERNO CONOCÍAN LOS HECHOS HACE MESES
Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre
Mauricio Weibel Barahona13 Agosto, 2015
Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó 140 millones en el casino Monticello. Estos son los coletazos del “Milicogate”.
Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió en exclusiva The Clinic.
“Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta hoy.
Montero, tras admitir sus faltas, dijo que lamentaba la actitud de sus superiores. “¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic.
El general, tras enrostrarle reiteradamente su error a Montero, le planteó además que fue desacertado de su parte confiar en el cabo Juan Carlos Cruz, el otro detenido en el caso. “Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, opinó Santic.
Al caso que se refiere el general Santic es el desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014, tal como denunció The Clinic en marzo de este año.
En esa fecha fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron 103 millones de pesos, ascenderían ya a miles de millones de pesos y la Justicia Militar continúa las pesquisas.
El mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar.
LOS HECHOS
La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.
Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados.
El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación.
El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos.
Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario.
Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal.
Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago.
Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones.
Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco.
Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos).
De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems.
UN NEGOCIO INQUIETANTE
En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área.
“Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación.
El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos.
Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales.
Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue.
Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones.
Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército.
En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico.
Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”.
“Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos.
El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal.
Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa.
Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos.
Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército.
Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón.
Foto: Coronel Clovis Montero
– ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa.
– Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón.
Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados.
– Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones.
En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía.
Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado.
A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos.
El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total.
En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio.
Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles.
En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos.
En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver.
EL DESTINO DE LOS FONDOS
Las hojas de vida institucionales de todos los oficiales involucrados en los casos son intachables, todos con calificaciones sobre 6,0, como revisó The Clinic. Sus sueldos líquidos superan además los dos millones de pesos, como muestran sus liquidaciones. En el caso del cabo Cruz su estipendio superaba los 550.000 pesos antes de su detención. No obstante, los últimos tres años, Cruz registra viajes a México y Cuba. Clovis Montero, en tanto, a Colombia y Estados Unidos, según Extranjería.
Foto: Juan Carlos Cruz
Montero mantenía además un minimarket en una estación de servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su declaración. Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos veces por semana a jugar”, aseguró el cabo a la fiscal Jofré.
Pero no era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde gastaba millones mensualmente. Unos 140 de millones los últimos años, según Monticello (ver documento).
LA DANZA DE LOS MILLONES
¿Cómo fue posible que miles de millones de pesos desaparecieran de las arcas del Ejército y terminaran en un casino de juegos? Varios testimonios indican que hace tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron de sus superiores la instrucción de no revisar más las facturas, sino de simplemente tramitarlas, como admitieron varios testigos a la Justicia Militar.
El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en dictadura.
Esta norma, de hecho, establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva.
Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales.
Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 millones de dólares en cada período presidencial, en promedio.
Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país.
Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. Hacia el futuro, los planes de compras de armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las fuerzas armadas ante el terremoto de 2010.
Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en vuelo.
No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas hoy por el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia.
El periodista de The Clinic cuestionó la tardanza con la que el ex ministro de Defensa, Jorge Burgos, avisó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Contraloría sobre la millonaria defraudación de los fondos reservados del cobre al interior del Ejército. Pero todavía existe una pregunta mayor: ¿hay desvío de recursos a campañas políticas y ex agentes de la CNI?
El periodista Mauricio Weibel explicó a “Entrevista Ciudadana” los pormenores del escándalo de facturas falsas y malversación de los fondos reservados del cobre al interior del Ejército de Chile que podría afectar judicialmente a altos mandos de la institución.
En conversación con El Ciudadano TV, Weibel, quien ha reporteado el caso para The Clinic, cuestionó el silencio del ex ministro de Defensa Jorge Burgos y del actual titular de la cartera, José Antonio Gómez, frente al caso que pone en duda las operaciones del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), encargado de supervisar los gastos de la Ley Reservada del Cobre.
El fraude, aseguró, compromete una parte no menor de los 20 mil millones de dólares que Chile destina para la adquisición de armas, recursos que en su conjunto habrían permitido habilitar 30 hospitales, mil colegios de excelencia y construir las 35 mil casas que se requieren para acabar con todos los campamentos del país.
La mira está puesta ahora sobre seis empresas involucradas en operaciones fraudulentas que partieron, a lo menos, en el año 2011. Sin embargo, explicó el periodista, hay indicios de que el fraude ocurría desde mucho antes y que existían, además, desvíos de esos dineros a campañas políticas y apoyo económico a ex agentes de la CNI.
“Las facturas que están bajo sospecha son 2,500. Acá hay cosas muy raras, por ejemplo, el Ejército pagó facturas que ni siquiera tenían el timbre del Servicio de Impuestos Internos, pagó facturas que tenían orden por robo o extravío, pagó facturas de empresas que ya tenían término de giro, que no operaban, y pagó además facturas ideológicamente falsas por entrega de repuestos que nunca llegaron”, explicó.
