LUCHAMOS X TIERRA SEMILLA TRABAJO

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viernes, 18 de febrero de 2011

Chile/EEUU: ¿Hacia una internacional de torturadores?


Chile/EEUU: ¿Hacia una internacional de torturadores?

Jaime García Covarrubias fue jefe de Contrainteligencia de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Pinochet. Ahora trabaja como profesor en un centro de estudios adscrito al Pentágono.

Guillermo Chifflet Rel-UITA 17-2-2011 a las 17:23

www.kaosenlared.net/noticia/chileeeuu-hacia-internacional-torturadores

Además, se acaba de revelar en Chile que este personaje de la dictadura de Pinochet está ahora acusado de ser un torturador que obligaba a las víctimas a cometer aberraciones sexuales.

García Covarrubias tuvo que viajar a Chile por orden de un tribunal que investigó casos relacionados con los horrores del régimen pinochetista y ex prisioneros y ex militares que fueron subalternos suyos lo acusaron formalmente de haber actuado “con crueldad y tratos inhumanos”, no sólo contra los detenidos sino hacia los propios soldados del regimiento “Tucapel”, en la sureña ciudad de Temuco.

Según el sitio web chileno “memoriaviva.com”, Jaime García Covarrubias fue miembro del Estado Mayor de la DINA como jefe de Contrainteligencia. También dirigió la sociedad Pedro Diet Lobos, “pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del país”.

En noviembre de 1988 asumió la Secretaría General del gobierno. Fue durante tres años asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Según algunas versiones fue una de las personas que le escribía o asesoraba a Pinochet en sus discursos.

Durante los procedimientos judiciales una de las víctimas de ese “profesor” reclutado por el Pentágono lo acuso de haberla torturado junto a otros prisioneros. Declaró: “El oficial Jaime García Covarrubias comenzó a golpearnos y, desnudos, nos intento obligar, sin éxito, a cometer actos sodomíticos”, según declaro el ex detenido Hernán Carrasco Carrasco.

Otro detenido, Víctor Maturana, afirmó: “De mis torturadores pude identificar al capitán Nelson Ubillas y a los tenientes Manuel Vásquez y Jaime García Covarrubias.

Otro soldado, Héctor Barra Reyes, declaró judicialmente: “Me consta que el capitán Nelson Ubillas y los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias torturaban a los detenidos en el lugar que los interrogaban”. Afirmó, además, que los abusos eran cometidos “principalmente por el de nombre Jaime”.

Según el exmilitar Jorge Inostroza, “El teniente Jaime García Covarrubias se destacaba por su crueldad y trato inhumano hacia los detenidos y los propios conscriptos”.

El soldado Enrique Moreno afirmó: “Del teniente Jaime García recuerdo su crueldad con los prisioneros”.

Este personaje es acusado, además, del asesinato de seis militantes comunistas ejecutados por él y otros oficiales.

En sus declaraciones en un Juzgado, el actual profesor del Centro de Estudios del Pentágono, reconoció que perteneció a la DINA -la Gestapo de Pinochet- como instructor de agentes en técnicas de interrogatorio y contrainteligencia, tarea por la cual recibió felicitaciones.

Hugo Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados de Chile, advirtió sobre la extrema gravedad que representa que un encargado de la policía secreta de la dictadura, acusado de torturar prisioneros y de ser instructor en técnicas para la represión permanezca en una institución dependiente del Pentágono de Estados Unidos.

“Este señor no puede seguir desempeñándose en Estados Unidos en un centro de estudios del Pentágono; las acusaciones en su contra son muchas y muy graves”, señaló el parlamentario Gutiérrez, abogado especialista en Derechos Humanos.

Las relaciones entre la inteligencia estadounidense y la policía secreta de Pinochet fueron abundantes. Entre otros testimonios, el ex jefe de la DINA, general en retiro Manuel Contreras, contó, en un informe redactado en la cárcel, cómo viajó a Estados Unidos en agosto de 1975 y sostuvo entonces varias entrevistas de trabajo con el general Vernon Walters, subdirector de la CIA y brazo derecho de George Bush.

En el curso de estas consultas, Walters se manifestó “muy interesado” en que Contreras visitara la Dirección de Seguridad e Inteligencia Pública en Caracas, Venezuela, donde los siete comisarios de más alto rango eran cubanos y pertenecían a la CIA.

Uno de ellos era Luis Posada Carriles, entonces Jefe de la División General de Seguridad. Unos meses más tarde se creaba en Borau, República Dominicana, la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), bajo orientación de la CIA.

Esta reagrupación, de organizaciones terroristas cubano-americanas fue celebrada con fervor por la Policía pinochetista.
Actualmente, Bush y Posada viven en Miami, Florida, donde celebran abiertamente su gestión terrorista.

martes, 15 de febrero de 2011

Exigen detener desarticulación de Brigada de Derechos Humanos de la PDI -- Lunes, 31 de Enero de 2011

Exigen detener desarticulación de Brigada de Derechos Humanos de la PDI

Lunes, 31 de Enero de 2011 18:57

El lunes 31 de enero de 2011 se realizó en la Fundación Víctor Jara la Conferencia de Prensa en que Joan Jara se refirió a los últimos acontecimientos relacionados a la causa de Víctor Jara. En la ocasión fue acompañada por su hija Manuel Bunster, Gloria Konig, Directora Ejecutiva de la Fundación Víctor Jara, Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez, Diputados de la República, Nelson Caucoto, Abogado querellante en el caso de Víctor Jara y Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.



DECLARACION PÚBLICA de Joan Jara


Necesitamos compartir con Uds. nuestra preocupación y angustia frente a un acontecimiento de los últimos días que afecta gravemente no solo al caso de Víctor Jara sino a todos los casos de violaciones de los derechos humanos que demandan verdad y justicia en nuestro país.
La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones esta siendo desarticulada. Hace pocos días el brillante, acucioso y comprometido investigador SANDRO GAETE, conocido por su exitoso trabajo en las investigaciones en los casos de Derechos Humanos y encargado del caso de Victor, ha sido abruptamente sacado de su puesto y enviado a Aysén en un incomprensible exilio interno, así llamado “traslado”.

Esto significa un grave retroceso en la investigación de este horrendo crimen de lesa humanidad que ya lleva treinta y siete años esperando su esclarecimiento.
El conocimiento histórico y la probada capacidad investigativa de Sandro Gaete, no se pueden improvisar de un día para otro. Estos aportes son imprescindibles para avanzar en la búsqueda de la verdad. No es posible que los criminales, a treinta y siete años, sigan caminando impunemente por las calles de nuestro país.
Es una necesidad humana saber “las verdades verdaderas” como dijera Víctor en manifiesto su última canción.



Necesitamos verdad verdadera sobre el destino de nuestros seres queridos. Hemos vivido largos años de nuestras vidas con este peso torturador encima ¡ya basta ya!
Nosotros exigimos traer a Sandro Gaete de vuelta a Santiago en comisión de servicio especial para seguir el trabajo de investigación que tuvo que dejar inconcluso.



Joan Jara



Santiago 31 enero 2011






lunes, 14 de febrero de 2011

LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, ZONAS Y METODOS DE TRABAJO RURAL EN CONDICIONES INFRAHUMANAS- 14 de febrero de 2011

LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, ZONAS Y METODOS DE TRABAJO RURAL EN CONDICIONES INFRAHUMANAS

Campo fértil para la explotación laboral

Las denuncias y allanamientos que detectaron condiciones de semiesclavitud y tráfico de personas en zonas rurales pusieron en evidencia ese sistema de explotación laboral. Aquí, un relevamiento de las provincias y los trabajos involucrados. Cómo se disfraza el empleo en negro, las denuncias, los casos de represión. La falta de controles. El análisis de los expertos.


Por Darío Aranda

“El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal. (...) He visto en todo el interior la explotación. (...) El trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha.” Fechada el 30 de abril de 1904, escrita por Juan Bialet Massé, la frase pertenece al histórico Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas de vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada.

De sol a sol. Es la característica del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres “tachan”, que implica el cargado del recipiente y la descarga en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, en que –si no hay despido previo– se cobra. En un día muy bueno (los menos) se pueden reunir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las proveedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.

“Los cosechadores son llevados en camiones a las fincas como vacas. Y en muchos casos los trabajadores golondrina están en carpas tipo circo donde duermen todos amontonados, cocinan con fuego al aire libre, sin luz y el agua se la venden. Acá los calores son mortales, lo que le agrega un condimento extra. Los baños no existen. La paga es un miseria, sólo para sobrevivir”, explica Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización que practica el trabajo cooperativo, alimentos libres de agroquímicos y el comercio justo. Un ejemplo es su vino “Campesino”, libre de explotación laboral.

También en Mendoza, idéntica explotación padecen los trabajadores del ajo, que son obligados a inscribirse como monotributistas para falsas cooperativas y soportaban condiciones de explotación, insalubridad, hacinamiento y trabajo infantil.

En noviembre de 2008, un grupo de trabajadores se rebeló y comenzó una manifestación en el frente de la empresa, en el departamento de Maipú. Denunciaron la explotación en sus tres eslabones: siembra, cosecha y empaque. Sobrevino la represión policial y, producto de las heridas, la muerte del trabajador Juan Carlos Erazo.

“Siempre nos explotaron, trabajamos hasta 16 horas. Pero ya era mucho. Nos animamos y dijimos basta. Nos costó amenazas, golpes y la muerte de un compañero. El sindicato y el gobierno nos dejaron solos, pero salimos adelante”, relata Fabián Bravo, presidente de la Cooperativa Irigoyen e integrante del flamante Sindicato de Trabajadores del Ajo y afines (Sitraaj).

En las falsas cooperativas la jornada arranca a las 6, media hora de descanso al mediodía y llegaban a trabajar hasta la medianoche. El cosechador nunca obtiene más de 60 pesos por día, los baños no existen, el agua escasea. “Todo es explotación. Desde lo que se paga al pequeño productor por la cosecha hasta lo que toca al trabajador. Nosotros, autogestivamente, cobramos el doble y también pagamos el doble a los pequeños productores”, remarca orgulloso Bravo.

La producción de frutas en Río Negro tiene tradición en mano de obra temporaria. La gran mayoría de trabajadores llega desde el norte del país. Incluso el gobierno tucumano tiene un convenio con Río Negro para “facilitar” los jornaleros. Desde la Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Trabajo de Tucumán se pagan los micros que trasladan aproximadamente a 16 mil trabajadores, de un total de 25 mil que –según cifras oficiales– migran por temporada. La primera quincena de enero los envían a Río Negro (unas once mil personas). El resto migra a Mendoza, San Juan y La Rioja. “Todos en blanco”, se apuran a aclarar en las gacetillas oficiales, donde se reconoce que se moviliza a familias enteras.

Escasean las estadísticas referidas al trabajo rural. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Río Negro, sólo en las chacras de San Patricio del Chañar, a 55 kilómetros al norte de la capital provincial, cada año llegan 4000 personas para la cosecha de manzana, pera y cereza. El gobierno nacional asegura que, en el campo, el “trabajo no registrado” es del 50 por ciento, en base al Censo Nacional de 2001, la Encuesta Permanente de Hogares de 2010 y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales). Pero Uatre maneja otras cifras: 800 mil trabajadores registrados y 700 mil “en negro”.

En Río Negro, las denuncias se repiten cada año. En enero de 2010, los diarios provinciales volvieron a poner (como todos los años en época de cosecha) las denuncias. Cientos de trabajadores estaban hacinados en un galpón de la localidad de Lamarque. Les habían ofrecido 81 pesos por día y vivienda. En cambio le daban 30 pesos y un tinglado superpoblado. La mitad de los trabajadores dormía sobre el piso. Si alguien reclamaba, en el predio había policías de la provincia que amenazaban con reprimir.

En diciembre volvieron a repetirse las denuncias, en la localidad de Choele Choel. Los trabajadores no podían salir de las chacras y sólo podían pedir ayuda por mensaje de texto. Se repetían las condiciones de trabajo y alojamiento, les pagaban menos de lo pautado y cobraban los alimentos a precios altos.

Patagonia y Misiones tienen similitudes. “Parte grande de la riqueza de la provincia sale de nuestras manos y espaldas castigadas. Es lo mismo desde mis abuelos”, afirma Sonia Lemos, 30 años, delegada del flamante Sindicato de Tareferos de Misiones, nacido hace dos años para luchar por los derechos del eslabón más débil de una industria millonaria. La tarefa consiste en podar la planta y separar la hoja del palo. Se acumula sobre plásticos abiertos como mantel, donde se acumula el montículo de yerba. Luego se unen las puntas y forman una gran bolsa: el “raído”. Trabaja toda la familia y cada raído se lo pagan trece pesos.

“Con mucha suerte, cuatro raídos hacemos. Pero hay veces que sólo dos”, explica Lemos. Traducido: por día de trabajo obtienen entre 26 y 52 pesos.

“No queremos que ningún hijo nuestro muera más de hambre en Misiones”, reclamaron los mismos tareferos en noviembre pasado, cuando llegaron hasta Buenos Aires para denunciar la explotación laboral, salarial y la criminalización que padecen por reclamar. Ante el abandono de la Uatre, se organizaron para enfrentar la explotación de largas jornadas de trabajo, paga escasa y la condena a un círculo de pobreza.

El objetivo era visibilizar la situación que ya se había cobrado la muerte de dos niños por desnutrición. “Nos duele reconocer que el hambre está instalado en nuestras casas desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en uno de los dolores más difíciles de enfrentar porque con ella no se puede pensar, no se puede trabajar. De hambre nos estamos enfermando y muriendo”, denunciaron y se movilizaron hasta el Obelisco porteño con una consigna que interpelaba en busca de solidaridad: “Que el placer de tomar mate no siga descansando sobre la esclavitud de los tareferos”.

No los recibió ningún funcionario. Ni siquiera lograron que la Anses cumpliera con la devolución de las asignaciones familiares retenidas arbitrariamente. Volvieron con las manos vacías. “Siempre nos explotaron, pero ahora estamos organizados. No es fácil, pero en eso estamos. Eramos sólo veinte, ahora ya somos 300. Será largo, ya no creemos en los contratistas ni políticos, haremos valer nuestros derechos”, advierte la delegada gremial Lemos.

Guillermo Neiman es sociólogo, investigador del Conicet y coordinador académico de la maestría en estudios sociales agrarios de Flacso. “La cadena de complicidades incluye a los empresarios, intermediarios, sindicatos y Estado”, resume. Afirma que el “trabajo precario” rural es tan histórico como generalizado, y cuestiona a los empresarios agrarios: “Por el nivel de rentabilidad del agro actual no se entiende que sigan manteniendo el trabajo precario. No se justifica de ninguna manera, desde una lógica de rentabilidad, que los salarios sean tan bajos y que permanezca el trabajo en negro”.

Denuncia que para el campo no hay estadísticas actualizadas. Reconoce que deben manejarse con el entrecruce del Censo Nacional 2001 y el Censo Agropecuario de 2002, que es contestado por los patrones, no por los trabajadores. La Encuesta Permanente de Hogares se realiza en ciudades, por lo cual vuelve a quedar afuera el sector rural. “Hay personas que no quieren que se conozca la realidad rural, donde no hay dudas de que la pobreza y la desocupación son superiores a la publicitada, que siempre es una proyección de lo urbano”, afirma.

Neiman explica que la explotación laboral no se da sólo en el trabajador “golondrina”, sino también en el permanente, aunque siempre es mayor en los trabajos estacionales, donde se requiere mano de obra intensiva por época. “Los controles son insuficientes. Es necesaria una participación activa del Estado, es el único que puede modificar el trabajo rural precario”, insta a actuar.

Diego Domínguez es sociólogo e investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. No naturaliza ni resta importancia a la explotación laboral en el campo, pero encuentra una coherencia histórica en la clase dirigente: “Argentina se elevó como Nación sobre la esclavitud encubierta de los gauchos y los indígenas. Entonces hoy no sorprende que, bajo el discurso de un agro exitoso, hombres, mujeres y niños padezcan la peor explotación, es una continuidad histórica”.

SUBNOTAS
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LA FAMILIA DE OLMEDO RECIBIO DE SALTA 230 MIL HECTAREAS CON PERMISO PARA NO PAGAR IMPUESTOS HASTA 2021

LA FAMILIA DE OLMEDO RECIBIO DE SALTA 230 MIL HECTAREAS CON PERMISO PARA NO PAGAR IMPUESTOS HASTA 2021


Una fortuna hecha de favores fiscales


La AFIP detectó, la semana pasada, trabajadores en “condiciones infrahumanas” en otros campos de Olmedo.
Imagen: DyN
La concesión de las tierras se aprobó durante la gobernación de Juan Carlos Romero. Hoy están en gran parte desmontadas para producir soja. La empresa del candidato a gobernador apoyado por el PJ disidente y el PRO incumplió las mejoras exigidas en la cesión.


El diputado Alfredo Olmedo le debe gran parte de la fortuna que hoy gasta en su campaña proselitista para la gobernación de Salta a una escandalosa cesión de tierras con la que lo benefició el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. Son 230 mil hectáreas en el departamento de Anta, en parte desmontadas para sembrar soja, y cedidas con el beneficio de no tener que pagar impuesto alguno hasta 2021. La concesión de Salta Forestal, una empresa con mayoría del Estado provincial cuya licitación se sospecha fue digitada por Romero, incluía varios compromisos para el desarrollo del área que no fueron cumplidos por la empresa, que ya lleva diez años explotando tierras fiscales. Las inspecciones del Ministerio de Trabajo local registraron múltiples irregularidades con residentes que fueron expulsados de esas tierras, a lo que se suma la detección por parte de la AFIP de trabajadores en “condiciones infrahumanas” en campos del diputado en La Rioja. Olmedo se desligó de las acusaciones y aseguró que el emprendimiento de su familia “es modelo en el mundo”.
Ecodesarrollo SA fue la empresa con la que Agropecuaria Olmedo ganó una licitación pública en 1998 para obtener 360 mil hectáreas de monte pertenecientes a Salta Forestal, ubicada en una zona privilegiada para la producción agropecuaria. Los terrenos estaban en proceso de liquidación por parte del Estado, en medio de la ola privatizadora que impulsó Romero. Alfredo Olmedo padre y Néstor Cervera presentaron una “iniciativa privada” para obtener la “concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral: biológico, económico y social”. Mediante un decreto, Romero le otorgó al proyecto una ventaja del 7 por ciento y dejó la licitación sin competidores. Su nombre sonó entonces como uno de los socios fuera de los papeles para que el contrato se terminara por firmar el 16 de mayo de 2000.
El objetivo de la concesión era desarrollar el área durante 64 años, sin tener que pagar ningún canon hasta el vigésimo primer año. La inversión no debía ser menor a 36 millones de pesos-dólares y, a partir de 2021, Ecodesarrollo SA debía pagar 50 mil dólares por año. Entre las obligaciones que estableció el pliego y que se incumplieron estaba la de mejorar “la calidad de vida de los habitantes”, y quedaba prohibido el monocultivo, además de tener indicaciones específicas para desmontes, mejora de la infraestructura y forestación. Según informes oficiales, desde 2003 las inspecciones detectaron que el cronograma de inversiones no estaba siendo respetado y que el concesionario no cumplía con los montos acordados. Ese mismo año la empresa se dividió y, mediante otra discutida resolución de Romero, el Ejecutivo autorizó a Agropecuaria Cervera SA a quedarse con 132 mil hectáreas de Salta Forestal, que luego traspasó a Cresud SAIF, propiedad del poderoso holding inmobiliario IRSA, dueño de los principales shoppings del país. En 2008, tras crear la Unidad de Revisión y Renegociación (Uniren) de contratos y licencias, la provincia logró firmar un acuerdo con Cresud por la devolución de 30 mil hectáreas y el pago de un canon equivalente a un quintal de soja por hectárea cosechada por año, lo que representa más de un millón trescientos mil pesos. Olmedo nunca aceptó sentarse a negociar, aduciendo que no se respetaba “la letra del contrato”.
Las ganancias
En las 230 mil hectáreas que están bajo el control de los Olmedo ya se desmontaron cerca de 30 mil para plantar soja. Según datos del Ministerio de la Producción salteño a los que accedió Página/12, imágenes satelitales develaron que 22.500 hectáreas están sembradas, lo que reportó en la última campaña una ganancia bruta aproximada de 4 millones de dólares. Con dos campañas al año, los Olmedo llevan ganados –según los cálculos más moderados– más de 24 millones de dólares en el último lustro, sin haber dejado un centavo a la provincia en concepto de impuestos por las tierras, mientras que arrendatarios de la zona deben pagar cerca de 200 dólares por hectárea. Tampoco pagaron los costos del estudio de impacto ambiental previo al desmonte para lograr ese permiso. La Legislatura aprobó en 2010 una ley que los intima a pagar un 10 por ciento de su producción, algo insuficiente ya que Olmedo, a su vez, arrienda parte del territorio y cobra un 30 por ciento de lo cosechado a productores de menor escala.
El actual precandidato a gobernador por Salta Somos Todos es el elegido por el Peronismo Federal para enfrentar a Juan Manuel Urtubey. Olmedo hijo no sólo cuenta con el apoyo de Romero sino que además está terminando de cerrar un acuerdo con Mauricio Macri para sumar el apoyo del PRO. Fue el representante en la Argentina de la automotriz Isuzu y obtuvo el contrato para venderle camionetas a la policía local, también durante el gobierno de Romero. Consultado por Página/12, el legislador de la campera amarilla admitió las cifras de producción de Ecodesarrollo SA, pero deslindó la responsabilidad de la administración en su padre. “Desde el día que dije que iba a ser gobernador, parece que en el campo está todo mal”, se quejó y remarcó que las denuncias obedecen a “una maniobra política”. “Los que me echan la culpa ahora fueron los que hicieron el pliego. El año pasado cambiaron una ley para que todas las tierras fiscales paguen impuestos; entonces en la provincia de Salta no hay seguridad jurídica”, exclamó.
“Creímos que Olmedo iba a desarrollar el área, pero ahora vemos que no. Los términos del contrato son inaceptables”, indicó a este diario el presidente de la Cámara de Diputados salteña, Santiago Godoy. “Necesitamos un acuerdo legislativo para anular la concesión. Se hizo la mínima inversión y se expulsó a la gente que vivía ahí, que está incrementando las villas de Joaquín V. González. Olmedo es el mayor ñoqui de la provincia: explota una tierra por la que no pagó nada”, denunció. El propio Urtubey sostuvo que la precandidatura de Olmedo surgió tras el intento de su gobierno de renegociar el contrato: “Es la defensa de un sector corporativo. Al margen que es inmoral regalar autos y casas para que te voten. Esa es plata de la propia gente de Salta”, afirmó el gobernador que reconoció las inequidades que sufre la provincia tras la muerte por desnutrición de varios niños. En el mismo sentido se pronunció el titular del Partido Comunista local, Leonardo Juárez: “Nunca pagó nada y gasta el dinero en electrodomésticos o en traer a sus actos a la Bomba Tucumana o a Palito Ortega. Lo peor es que instala un discurso de derecha y homofóbico entre las clases más perjudicadas”.


Las irregularidades


La última inspección realizada por el Ministerio de Trabajo en Salta Forestal y su zona de influencia destacó que Olmedo, “en el Rubro 13 del Pliego, Desarrollo Humano para asegurar fuentes permanentes y crecientes de trabajo, invirtió la suma de 870,35 pesos por mes”. Las 200 familias expulsadas formaron el denominado Barrio Nuevo y quedaron “en situación de desamparo” junto al alambrado perimetral. “Casi la totalidad de las actividades fueron tercerizadas, abonando un menor valor del que corresponde, sin registrar a los trabajadores y sin entregar las libretas del Renatre”, documentaron los inspectores. Además se les impide acceder al fondo de desempleo, fraguando las fechas reales de contratación. “No existe red de agua” y los “los residuos domiciliarios son vertidos a cielo abierto, sin ningún tratamiento” junto a las precarias viviendas. “Existía el compromiso de la construcción de un pequeño hospital, pero sólo cuentan con un centro de asistencia médica, y con un médico que atiende de 9 a 13, tres veces por semana”, destacaron. Entre las denuncias más graves que rozan al trabajo esclavo, según el informe, consta que uno de los encargados de la empresa “tiene un almacén que les fía a los trabajadores mercadería de primera necesidad a precio superior a los de plaza. Cuando hay necesidad de tomar personal, toman a los que más deben para cobrar directamente con descuento de haberes”. Se les prohibió el acceso al predio a los puesteros, que tenían derecho a que sus animales pastaran en terrenos de la concesión. “A quienes incumplieron con esta prohibición, se los castigó sin tomar a ningún miembro de la familia para trabajar en la empresa”, concluyeron los inspectores.
Informe: Gabriel Morini.
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domingo, 13 de febrero de 2011

GBI:ARMAS Y DROGAS NO DECLARADAS EN UN AVION MILITAR ESTADOUNIDENSE-Domingo, 13 de febrero de 2011

ARMAS Y DROGAS NO DECLARADAS EN UN AVION MILITAR ESTADOUNIDENSE






Seguro que no



Un avión militar estadounidense intentó ingresar un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. CFK ordenó abrir una valija, que los estadounidenses se negaban a entregar. El gobierno reiteró así la negativa a militarizar la seguridad interior. Las maras salvadoreñas y las favelas de Río como modelo para las villas argentinas. El discurso de Macrì contra la inmigración fue calcado de uno de Scioli.










Por Horacio Verbitsky





El gobierno nacional impidió el ingreso de “carga sensitiva” secreta que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sobre cuyo empleo no se ofrecieron explicaciones satisfactorias. La expresión carga sensitiva fue utilizada el lunes pasado por la Consejera de Asuntos Administrativos Dorothy Sarro al solicitar autorización para que un camión con acoplado pudiera ingresar a la plataforma operativa. El enorme C17, un carguero Boeing Globmaster III, más grande que los conocidos Hercules, llegó en la tarde del jueves con un arsenal de poderosas armas largas para un curso sobre manejo de crisis y toma de rehenes ofrecido por el gobierno de Estados Unidos al Grupo Especial de Operaciones Especiales de la Policía Federal (GEOF), que debía tener lugar durante todo febrero y marzo. El gobierno estima que el costo total del transporte y el curso ronda los dos millones de dólares. El curso estaba autorizado por el gobierno argentino, pero cuando el personal chequeó que el contenido de la carga coincidiera con la lista entregada de antemano, aparecieron cañones de ametralladora y carabina y una extraña valija que no habían sido incluidas en la declaración. Aunque el curso estaba destinado a fuerzas policiales argentinas, la carga llegó en un transporte militar y en Ezeiza la recibieron los agregados militar y de defensa, coroneles Edwin Passmore y Mark Alcott. Todas las cajas tenían el sello de la 7ª Brigada de Paracaidistas del Ejército con sede en North Carolina. Intentaron pasar en forma clandestina mil pies cúbicos, equivalentes a un tercio de la carga con que llegó el avión, luego de escalas en Panamá y Lima.





Doce expertos militares





La nota que la embajadora Vilma Martínez envió en noviembre al ministro de Justicia Julio Alak, quien por entonces también se encargaba de la seguridad, recordaba que la primera fase del entrenamiento al GEOF para el rescate de rehenes se había realizado en abril, “por lo cual se nos solicitó realizar otro más avanzado”. En otra nota, dirigida el 21 de diciembre a la ministra de Seguridad Nilda Garré, que había asumido el cargo cinco días antes, Vilma Martínez le informó que Alak había aprobado la realización del curso y que para dictarlo llegarían doce “expertos militares estadounidenses”. Cursos similares se realizaron en 1997 y 1999, bajo la presidencia de Carlos Menem, y 2002, durante los meses en que el ex senador Eduardo Duhalde cumplió un interinato a cargo del Poder Ejecutivo. No los hubo durante el gobierno de Néstor Kirchner y se reanudaron en 2009, bajo el actual gobierno. El nuevo curso, de cinco semanas, estaba programado para agosto de 2010, pero debió postergarse por un episodio similar. En aquel momento fue la embajadora Vilma Martínez la que se negó a recibir el cargamento porque la numeración de las armas no coincidía con la del listado previo, lo cual muestra los conflictos que esta práctica produce dentro del propio gobierno estadounidense. “Esto es una vergüenza”, dijo entonces Martínez, antes de devolver la carga a North Carolina. Por orden de la presidente CFK, funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Planificación Federal y de Seguridad, de la AFIP y de la Aduana supervisaron el procedimiento. Luego se sumaron técnicos de los ministerios de Salud y del Interior.





Los muchachos de la valija





En su libro ya clásico The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military, publicado en 2003, la periodista del diario The Washington Post Dana Priest describió la dramática primacía del Pentágono en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Con más de un millar de personas, el Comando Sur supera la cantidad de especialistas en América Latina de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas. Este desequilibrio no ha cesado de crecer y Estados Unidos intenta exportarlo a los países bajo su influencia, que son casi todos. Como ya había caído la noche del jueves, Cristina ordenó precintar la valija y reanudar la tarea al día siguiente, para lo cual dispuso que la Cancillería y el ministerio del Interior enviaran al lugar personal técnico capacitado para entender de qué se trataba. Durante seis horas del viernes, varios de los marines de los Estados Unidos se sentaron en forma rotativa sobre la valija, lo cual sugiere la importancia que le asignaban a su contenido. Según los estadounidenses se trata de software y material sensitivo para la seguridad. Un coronel dijo que no debía abrirse a cielo abierto porque podría revelar secretos a los satélites que sobrevolaran en ese momento. El avión también contenía una caja con merchandising para regalar a los policías argentinos, que incluía gorras, chalecos y otras baratijas. El canciller Héctor Timerman permaneció casi todo el día en el aeropuerto, junto con el secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, en cumplimiento de instrucciones presidenciales, junto con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Aduana y de la AFIP y con los principales directivos de las direcciones de Informática, de Tecnología y Seguridad y de Sistemas del ministerio del Interior. También intervinieron dos inspectoras del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Tomó intervención el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Estrada. La embajada retiró del aeropuerto a su personal jerárquico y se negó a consentir la apertura de la valija. Luego de un día completo de tira y afloje, Timerman informó que usaría sus facultades legales para abrirla. Lo acompañaba la oficial principal Patricia Adrianma Rodríguez Muiños, de la sección Importaciones de la Policía Federal, a la que estaba dirigida la carga. Al comprobar la decisión oficial de proseguir, y vencido el plazo final de una hora que fijó Timerman, la embajada pidió diez minutos de prórroga hasta el arribo a Ezeiza de la jefa de prensa, Shannon Bell Farrell. Tanto ella como el agregado Stephen Knute Kleppe dijeron que no tenían la clave del candado, por lo que Timerman dispuso que la Aduana lo cortara con un alicate. Cuando ello ocurrió, en la tarde del viernes, aparecieron equipos de transmisión, mochilas militares, medicamentos que según los funcionarios estaban vencidos, pen drives, sobre cuyo contenido deberán dictaminar los expertos, y drogas estupefacientes y narcóticas y estimulantes del sistema nervioso. Entre el material había tres aparatos encriptadores para comunicación. Dentro de la valija secreta también apareció un sobre supersecreto, de tela verde. Como el personal de la embajada dijo que no tenía la llave del sobre, también fue abierto por medios expeditivos. En su interior se hallaron dos pen drives rotulados “Secreto”, una llave I2 de software para información; un disco rígido también marcado como “Secreto”. Códigos de comunicaciones encriptadas y un gracioso folleto traducido a quince idiomas, con el texto: “Soy un soldado de los Estados Unidos. Por favor, informe a mi embajada que he sido arrestado por país”. Ninguno de esos materiales coincide con las especificaciones que la embajada envió a la Cancillería sobre la índole del curso que debía impartirse para el rescate de rehenes. Luego de presenciar esos hallazgos, los funcionarios de la embajada decidieron retirarse, pese al pedido oficial para que permanecieran allí, y no firmaron el acta. El jueves el coronel Alcott dijo que no sabía que algo similar hubiera sucedido en ningún lugar del mundo. Las armas y la valija no declarada fueron requisadas y mañana lunes 14 continuará la verificación de su contenido. Por ejemplo, los antibióticos, antihistamínicos, complejos vitamínicos, protectores solares y hormonas hallados, estarían vencidos según la información de sus envases. Pero el gobierno quiere verificar si se trata de los medicamentos que dicen los envases y si es cierto que están vencidos. El resto del material, que coincidía con la declaración previa fue transportado en un flete de la embajada hasta la sede de la Policía Montada en la calle Cavia. Al cierre de este artículo fuentes de la embajada dijeron que en Washington se estaba preparando un documento con la posición oficial y que consideraban que el entrenamiento sería suspendido. El Departamento de Estado citó al embajador argentino Alfredo Chiaradía y le expresó su “sorpresa” por el procedimiento ya que “Estados Unidos desea mantener relaciones amistosas con la Argentina”. Curiosa forma de lograrlo. Cualquier argentino, civil o militar, que intentara ingresar armas y drogas no declaradas a los Estados Unidos iría preso en forma inmediata.


SUBNOTAS

Transparencia ceroPor Horacio Verbitsky
Las escalas de ObamaPor Horacio Verbitsky
Posse ComitatusPor Horacio Verbitsky
EstupefacientesPor Horacio Verbitsky
PalabrotasPor Horacio Verbitsky
Hechos consumados


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EL GOBIERNO PRESENTARA UNA QUEJA A ESTADOS UNIDOS POR EL “MATERIAL CAMUFLADO” HALLADO EN UN AVION OFICIAL


Una protesta formal por la valija



La Cancillería confirmó el hallazgo de armas y drogas no declaradas en un avión estadounidense, como informó ayer este diario. El gobierno de EE.UU. manifestó “preocupación” por la incautación. Timerman respondió que “las leyes argentinas deben ser cumplidas por todos”.


Por Nicolás Lantos

La Argentina “formulará una protesta” formal ante los Estados Unidos por el intento de ingresar de forma ilegal “material camuflado” en un avión militar que llegó a Ezeiza el jueves pasado, tal como informó ayer Página/12. Según un comunicado de prensa difundido anoche por Cancillería, entre el material que se incautó tras la inspección “hay desde armas hasta diferentes drogas” que no habían sido declaradas en el manifiesto oficial que consignaba el contenido del envío, destinado a cursos de entrenamiento de fuerzas de seguridad. Mientras avanzan con el análisis del material secuestrado, en el Gobierno no creen que se trate de un mensaje político destinado a Buenos Aires, sino que puede tratarse de una práctica frecuente: “Nosotros lo que hicimos fue mover la superficie –sostuvo un funcionario que siguió el caso de cerca–. Es probable que si hacían el mismo chequeo en San Pablo o en Bogotá encontraran lo mismo.”
El sábado, 48 horas después de que se descubriera el cargamento ilegal en el avión, el canciller Héctor Timerman recibió un llamado del subsecretario Andrés Valenzuela, encargado de la relación de Washington con la región, que le manifestó su “preocupación acerca de la forma en la que las autoridades argentinas manejaron” el episodio. Timerman respondió que “las leyes argentinas deben ser cumplidas por todos sin excepción” y aprovechó la comunicación para informarle que la Argentina “formulará una protesta así como un pedido para la colaboración sobre los motivos que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo al intentar violar las leyes” locales, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto difundido por el Palacio San Martín desmiente algunas afirmaciones vertidas en otro similar que divulgó Washington también ayer, en el que se afirma, entre otras cosas, que “aunque la carga estaba debidamente declarada según los acuerdos y entendimientos previos, sin aviso, las autoridades argentinas acometieron una detallada y extensa búsqueda del contenido de la nave, secuestrando determinados item”. La Cancillería argentina precisó que “la Aduana procedió a realizar un chequeo de la carga con la seriedad y profesionalismo que amerita un material calificado como de guerra” cuando “descubrió que buena parte de la carga no figuraba en el listado ‘de buena fe’ provisto por la Embajada”.
La versión estadounidense de los hechos también indica que “todos los elementos incautados eran material que normalmente se utiliza durante ejercicios de entrenamiento de esta naturaleza”, que según lo previsto se trataba de práctica en técnicas de rescate de rehenes que serían impartidas a efectivos de la Policía Federal. Sin embargo, entre el material incautado había aparatos “para interceptar comunicaciones, varios GPS de una sofisticación reveladora de su potencia, elementos tecnológicos conteniendo códigos caratulados como secretos, así como un baúl completo con drogas medicinales vencidas”, precisó la Cancillería.
Desde la Casa Rosada ensayaron una explicación para una salida tan desprolija: que las autoridades militares norteamericanas se encontraron descubiertas en un trámite ilegal pero que acostumbraban hacer sin mayores inconvenientes y ahora los representantes del gobierno norteamericano no tienen más opción que “hacerse los sorprendidos y ofendidos”. “Esto habla de que hay un problema entre ellos también”, suponen, y dan como ejemplo que “la vez pasada la embajadora los mandó de vuelta”. En septiembre un envío similar había sido abortado por la propia embajadora estadounidense en la Argentina, Vilma Martínez, por el mismo problema que esta vez: el contenido declarado del equipaje no coincidía con el que efectivamente se descargaba en suelo argentino.
Tal como consignó Horacio Verbitsky ayer en Página/12, “con más de un millar de personas, el Comando Sur (del Pentágono) supera la cantidad de especialistas en América Latina de las secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas”. Así, muchas veces las relaciones bilaterales se manejan de forma paralela a través de dos o más canales, lo que puede desembocar en episodios como éste. Si quedará en una protesta formal o pasará a mayores depende de Washington: “La duda es cuál será la importancia que le den ellos –analizan en el Gobierno–. Si lo toman como un tema de alto nivel político o apenas como una desprolijidad administrativa”.

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sábado, 12 de febrero de 2011

Extensión plazo calificación COMISIÓN VALECH: INICIATIVA A LA MEDIDA DE LOS FUNCIONARIOS,NO DE LAS VICTIMAS

Extensión de plazo de calificación




INICIATIVA A LA MEDIDA DE LOS FUNCIONARIOS,
NO DE LAS VICTIMAS

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/GULU%20MAPU%3A%20PREPARACI%C3%93N%20TRIBUNAL%20PERMANENTE%20DE%20LOS%20PUEBLOS%20TEMUKO

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/GULU%20MAPU%3A%20PREPARACI%C3%93N%20TRIBUNAL%20PERMANENTE%20DE%20LOS%20PUEBLOS%20TEMUKO

El miércoles 19 de enero, después de ser aprobado con 94 votos y una abstención por la Sala de la Cámara de Diputados, dio su aprobación el Senado con 26 votos a favor, al proyecto del Ejecutivo que prorroga en seis meses el plazo de calificación otorgado a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.



Esta iniciativa legal prorroga en seis meses la labor de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, establecida en la Ley N° 20.405 para terminar de CALIFICAR los antecedentes presentados hasta el 17 de agosto de 2010. (No se reciben nuevas solicitudes; toda otra información en este sentido es errónea).



El plazo de vigencia del trabajo de la citada Comisión concluía el 17 de febrero de 2011, pero la realidad observada durante el periodo de recepción de casos superó significativamente el número previsto -32 mil 500 casos-, situación que fue representada al Gobierno por sus miembros, quienes plantearon la necesidad de ampliar el plazo establecido.



Ante esto, el Gobierno presento con carácter de urgencia un proyecto de Ley que en lo sustantivo aprueba tres cosas: Ampliación del Plazo, financiamiento y acceso restringido a los archivos de las dos Comisiones que operaron anteriormente (Rettig y Valech), los que están sellados por ley, por 50 años.

Las seis organizaciones nacionales que integramos el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares hemos colaborado activamente con esta Comisión y entendemos la necesidad de prorrogar su mandato para garantizar un adecuado proceso de calificación; pero denunciamos responsablemente, que esta iniciativa legal presentada por el Ejecutivo, fue hecha a la medida de los funcionarios, pero sin considerar los efectos que esta nueva espera implica para las víctimas, que han envejecido esperando Justicia.

Porque miles de ex presas y ex presos políticos que esperan obtener reconocimiento a su condición y acceso a los magros beneficios asociados –que no reparan el daño causado durante 16 años de Dictadura- deberán esperar seis meses más.


A pesar de que enviamos nuestras observaciones a cada uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando llego el momento de reunirse con quien representa a esta Comisión Calificadora (María Luisa Sepúlveda), y otras autoridades para ver las observaciones y críticas, se utilizo la vieja táctica de invitar a dos dirigentes que no tenían idea del tema, por lo que no aportaron nada a la defensa de los intereses de las víctimas de Prisión Política y Tortura.

Solo la diputada Rubilar, hizo escuchar nuestros planteamientos en esa instancia. En lo central pedíamos, que se diera a conocer en la fecha establecida, el listado de las personas que ya estuvieran calificadas y se prorrogara el plazo para los demás, respetando el 17 de febrero, como la fecha en que se otorga el beneficio de la pensión reparatoria; es decir, que se aplicara el principio de la retroactividad.




El otro tema que representa una odiosa discriminación, es que en caso de fallecimiento, solo pueden heredar el 60% de la pensión las viudas, dejando afuera a los viudos y a las convivientes con hijos, lo que incluso llevo a Claudio Alvarado, Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia a comprometer “que el Ejecutivo estudiará tal situación y de ser necesario propondrá una iniciativa legal que la corrija”.


En reuniones sostenidas el miércoles 26 de enero, con María Luisa Sepúlveda y Claudio Herrera de la Comisión Calificadora y luego con Lorena Fries del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los dirigentes de las organizaciones representativas de los Ex PP y Familiares, les hicimos notar nuestra disconformidad con la forma con que se ha llevado este proceso y los resultados del mismo, que perjudica a las mas de 30 mil personas que esperan ser calificadas. Ambas instituciones comprometieron su apoyo a nuestros esfuerzos y esperamos que por parte del Ejecutivo no se dilate mas la petición de entrevista urgente que se le planteo al Ministro del interior y al Presidente de la República, para tratar estos temas y otros como el desmantelamiento de la Brigada de DD.HH de la PDI y las deficiencias en el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior.

COMANDO UNITARIO DE EX PP Y FAMILIARES.

Jueves 27 de enero de 2011.


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jueves, 10 de febrero de 2011

4 February, 2011 The Mapuche Wikileaks links, Opinión de José Bengoa

4 February, 2011

The Mapuche Wikileaks links, Opinión de José Bengoa

Han pasado ya tres meses desde que terminó la Huelga de Hambre de los Presos Políticos mapuches y como siempre el olvido se transforma en costumbre. Los Wikileaks nos han traído nuevamente el tema. Nos dicen ni mas ni menos que las elites han construido relaciones e imágenes inter étnicas tan evidentemente falsas que un observador externo tan poco perpicaz como suelen ser los Embajadores norteamericanos, se da cuenta....

FUENTE: CEDERP*

Lamentable e increíble, mas bien insólito: el Embajador de los Estados Unidos en Chile tenía una opinión claramente mas lúcida e inteligente sobre el llamado “conflicto mapuche” que las elites políticas criollas.
Su crítica a los medios de comunicación que denomina “conservadores”, esto es, todos los medios de comunicación (con la excepción supondremos de The Clinic) y el “agrandamiento” del fenómeno, es coincidente con la que muchos, mapuches y no mapuches, hemos realizado durante estos años. Ha sido una década de criminalización de la causa mapuche. Porque hasta el año 1997, nadie se recuerda, el Diario El Mercurio levantó algunas figuras románticas y anti sistémicas mapuches que le servían para hacer oposición a la Concertación. Pueden buscar los lectores entusiastas un famoso reportaje de una niña periodista de mucha fama en esa época, que participaba en una toma de fundos en la localidad de Cajón junto a Aucán Huilcamán. La aventura era contada como algo maravilloso. Por cierto que el Decano no hace meas culpas, ni tampoco se responsabiliza de nada.
La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza hace ya años analizó los noticiarios de la Televisión, de todos los canales, y se dio cuenta que aunque se tratara de noticias mapuches neutras e incluso de evidente no violencia, las imágenes que se usaban eran las mismas: enmascarados arrojando piedras, fuego e incendios, ambiente de guerra y terror. Las imágenes eran viejas, pero las seguían utilizando sin cambiarlas, año tras año Como en el juego del “aprendiz del brujo”, los mismos que promovieron la campaña se convencieron de lo que habían inventado y luego se asustaron con ello. Asustados fueron a la Embajada a ver si existían contactos terroristas internacionales y pidieron ayuda. Se asustaron de su propio susto. Lamentable.
El Embajador de Estados Unidos señala que la campaña presidencial del candidato Sebastián Piñera ha estado marcada por esta obsesión. Son terroristas, se dijo y repitió, están conectados a grupos terroristas internacionales, en fin, toma y sigue. El candidato en Temuco ofreció “mano dura” y ante el ambiente ya convencido de temucanos asustados, ganó ampliamente las elecciones. No se prometió el desarrollo de la Región, sino que se jugó con el miedo ya introducido por una década y media de “campañas del terror.”. Francisco Huenchumilla, prestigioso abogado mapuche chileno, ex diputado de la Democracia Cristiana, y Alcalde de Temuco, que pretendió moderar los discursos y dar un marco de cordura a la cuestión mapuche perdió la senaturía. Le ganó un candidato que no habló del tema y que manipula en forma eficiente sus clientelas cautivas. En la provincia de Malleco el candidato al senado Alberto Espina, en cambio arrasó prometiendo “mano dura” a la amenaza terrorista.
Dice el Embajador de manera textual en los Wikileaks capturados:
“El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que “la Araucania arde en llamas”. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto”, y agrega, “la destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas”.(Diario El Mostrador, 14 de diciembre del 2010).
Ante estas filtraciones el Senador Alberto Espina, señala, “Las políticas de la Concertación en esta materia fueron lamentablemente muy negativas. No trajeron beneficios ni ayuda, ni resolvieron las materias de tierra de las comunidades (…) es un juicio político … que representa lo poco y nada que se hizo en el gobierno anterior respecto a las comunidades mapuches y que se reflejó en el largo distanciamiento que la Araucanía ha tenido en las elecciones presidenciales con los gobiernos de la Concertación”, concluyó el parlamentario ( Diario El Mostrador, 15 de Diciembre del 2010)
¿ Serán las políticas llevadas a cabo las que provocaron “el largo distanciamiento que la Araucanía ha tenido en las elecciones presidenciales con el Gobierno de la Concertación” o aquí hay un enorme éxito de campañas orquestadas en las cuales cayeron incluso muchos o la mayoría de los mismos personeros de la Concertación?
Los Wikileaks tienen la ventaja de mostrarnos las políticas que se hacen en los bastidores, en las telarañas escondidas y a veces podridas del poder. No cabe mucha duda que el Ministerio del Interior del Gobierno de Bachelet se dejó convencer por estas prédicas amenazantes y actuó en consecuencia. Acusó el golpe mediático sin siquiera darse cuenta, como ya lo había hecho el subsecretario del interior del Presidente Lagos Jorge Correa Sutil al condenar como delitos terroristas lo que ocurría en el sur. Allí comenzó el éxito de la campaña auspiciada por el Diario El Mercurio, como señala el Embajador. Detrás de la campaña me temo que estaba el conocido Instituto de extrema derecha llamado “Libertad y Desarrollo” en que el tema mapuche estaba a cargo de la actual Ministra vocera de Gobierno Señora Ena Von Baer. Ella como candidata al Senado por Temuco tuvo el mismo discurso de mano dura de su candidato a la presidencia. Perdió por muy escasos votos frente a un contendor impecable: había sido el Alcalde designado, no elegido, de esa ciudad durante la Dictadura de Pinochet.
El Embajador de los Estados Unidos en Chile, mucho mas prudente dice que la mayoría de las demandas mapuches “son razonables” y califica a algunas de ellas, pocas insiste, de “fantasiosas”. Pero se da la capacidad de observar que en todos estos tipos de movimientos hay quienes tienen “demandas fantasiosas”, mostrando que conoce, o sus asesores, lo que ocurre en otras partes del mundo. Y agrega que “las comunidades mapuches están desorganizadas”, lo que es un correcto diagnóstico, y que “… los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas”, señalando que el gobierno de Patricio Aylwin logró mejorar las condiciones de los pueblos indígenas que se habían deteriorado durante la dictadura de Augusto Pinochet, “pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años, contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años rompiendo las promesas que les hacen”.
Los que alegan que estos Wikileaks son “cahuines” no están muy acertados. Con lenguaje coloquial este Embajador dice una verdad y media. Felipe Harboe que era el Subsecretario de Interior y hoy diputado, dice: “Aquí se habló abiertamente por parte de un grupo político de este país de que la comunidad mapuche tenía vínculos operativos con las FARC, eso fue lo que dijeron….hoy se establece una opinión respecto de una embajada importante para nuestro país que dice que no habría este tipo de vínculos”. Para las elites políticas criollas, de todos los colores, transversalmente,los mapuches no tendrían la capacidad de llevar a cabo acciones y propuestas políticas de manera autónoma. Es por ello que cada vez que observan algún éxito mapuche corren a buscar a los asesores extranjeros. Hay una idea racista: los mapuches son poco desarrollados y si hacen alguna acción política significativa es porque están inducidos, adoctrinados o asesorados por fuerzas externas, obviamente mas capacitadas como son los vascos o las FARC. Pura ideología racista, como es evidente.
Harboe agrega, “Quienes están en el gobierno se dan cuenta de lo difícil que es gestionar los temas de seguridad con la debida prudencia y con la información adecuada, para no cometer errores. Cuando se llegó a plantear así dije que no era prudente”, con lo cual está reconociendo que efectivamente ocurrieron los hechos descritos por Wikeleaks.
Las fronteras ideológicas en estas materias no son las mismas que las que propone el sistema binominal de Concertación y Alianza de derecha. Hay continuidades y traslapos. Una parte del Gobierno de la Concertación, el Ministerio del Interior concretamente, y la derecha estaban trabajando sobre las mismas coordenadas: la protesta mapuche es de carácter terrorista y probablemente esté relacionada con fuerzas terroristas internacionales. Esa fue la tendencia dominante.
Pero los archivos desclasificados por Wikileaks muestran una segunda tendencia, que estaría a nuestro modo de ver ubicada cercana a la Presidencia de la República de esa época. Como se recordará, a raíz del asesinato de un joven comunero mapuche se resolvió constituir una suerte de “Comisario” especial para ver los temas indígenas que estaba por encima de la institucionalidad ordinaria del Estado y que dependía directamente de la Presidencia de la República. Allí se nombró a uno de los más altos asesores de la Presidenta, el sociólogo Rodrigo Egaña Barahona quien llevó a cabo el plan denominado “Re conocer”. Este programa sacó del canasto de los papeles el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y volvió a asumir o intentar asumir, los temas políticos en las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Podríamos decir que esas dos tendencias políticas eran incompatibles. Alguien podría decir que era un asunto solamente de oportunismo. Por un lado desde el Gobierno Interior se condenaba por terrorismo a los mapuches y sus organizaciones y por el otro lado se hablaba, con un alto nivel de ingenuidad, de reconocer sus demandas de autonomía. Las mismas demandas que el Embajador de Estados Unidos consideraba “fantasiosas”.
Sin embargo en el legado de la Presidenta Bachelet, junto a los comuneros asesinados y los presos mapuches acusados de terrorismo, y sus Huelgas de hambre, va a quedar la aprobación del Convenio 169 de la OIT como el logro jurídico principal del período. Y esto fue gracias a las políticas que se llevaron a cabo desde el otro lado del mismo Palacio de La Moneda, desde el famoso “segundo piso”. La importancia de la aprobación de este Convenio es muy grande y para muchos implica un antes y un después en las cuestiones referidas a los derechos indígenas.
Llama la atención que frente a las cuestiones indígenas las posiciones políticas cruzan todos los espectros gubernamentales y políticos partidarios. Los Wikileaks señalan las distinciones que hacía el Embajador norteamericano, entre el Ministerio del Interior y “el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, (que) tiene razón cuando afirma que el imperio de la ley en la región está perfectamente asegurado y que esos ataques, aunque preocupantes e ilegales, siguen siendo esporádicos y contra propiedades, no contra personas”. Fue justamente esa repartición que jugando con una supuesta carta que explicaría y limitaría las reglamentaciones del Convenio 169 logró su aprobación en el Congreso y luego en el temido Tribunal Constitucional. Finalmente no hubo aclaraciones y se lo ha promulgado, ratificado y depositado en la OIT y es ley de la República.
Pasa algo semejante con el actual Gobierno que mientras Espina y sus Malleco Boys, entre ellos suponemos el ahora denominado Ministro “Larroulef”, (interesante broma interna de ambiguo contenido), originario según dice de Puerto Saavedra, predican el Plan Araucanía que percibe a los mapuches como un conjunto de personas pobres, el diputado de la UDI Gonzalo Arenas despotrica: “…..podemos tomar decisiones rápidas en lo que siempre nuestras autoridades han creído es el principal problema del pueblo Mapuche, esto es, la pobreza. Así, cuando desaparezca la pobreza ya no existirá el problema Mapuche; entonces, a trabajar con Mideplan, a implementar el Plan Araucanía, esperemos que suba el per cápita regional y se acabo el problema…. Es lo más ingenuo…”
Han pasado ya tres meses desde que terminó la Huelga de Hambre de los Presos Políticos mapuches y como siempre el olvido se transforma en costumbre. Los Wikileaks nos han traído nuevamente el tema. Nos dicen ni mas ni menos que las elites han construido relaciones e imágenes inter étnicas tan evidentemente falsas que un observador externo tan poco perpicaz como suelen ser los Embajadores norteamericanos, se da cuenta. Esas imágenes obviamente condicionan y a veces matan. Los chilenitos que nos creemos tan inteligentes, tan capaces, nos vemos desnudos en estos Wikileaks. Bienvenidos sean.
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* Centro de Documentación Étnico, Rural y Pesquero de la Escuela de Antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile

Familia de Jaime Mendoza Collío exige inhabilitación de juez militar del caso vinculado a la CNI -

miércoles 12 de agosto de 2009

URGENTE! CRIMEN LESA HUMANIDAD= TRIZANO=FF.AA=CARABINEROS ASESINA MENDOZA COLLÍO JOSÉ 24 AÑOS,EN PROCESO RECUPERACIÓN TERRITORIO ANCESTRAL -12-08-09

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/08/urgente-crimen-de-lesa-humanidad.html

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10 February, 2011

Familia de Jaime Mendoza Collío exige inhabilitación de juez militar del caso vinculado a la CNI

La defensa de la familia del asesinado joven mapuche Jaime Mendoza Collío pidió la inhabilitación del general Alejandro Maggi -juez militar que debe resolver la culpabilidad o inocencia del único acusado por el crimen- por su pasado como miembro del organismo represor de la dictadura de Pinochet.

Fuente: El Ciudadano

Esta semana, Lorenzo Morales, abogado que lleva la causa, presentó una petición formal para exigir la inhabilitación del actual juez militar de Valdivia, general Alejandro Maggi (a la izquierda en la fotografía), por su pertenencia a la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura.

Al respecto, el abogado de la familia, pretende enviar una solicitud al presidente Sebastián Piñera, así como a Andrés Allamand, ministro de Defensa, en el que se manifiesta que resultaría contradictorio que un juez vinculado en el pasado a los organismos represivos de la dictadura pueda intervenir en el proceso, muy especialmente si se considera que dichos organismos provocaron la desaparición de pobladores mapuches.

En declaraciones a la prensa, el jurista precisó que “queremos salvaguardar la imparcialidad; creemos que el General, al haber participado en tiempo pretéritos en la CNI, tiene algunos aspectos a considerar a que tiene una posición ideológica”. Respecto a su participación en el organismo represivo, el abogado recalcó que la petición de inhabilitación (recusación) se fundamenta en hechos consignados en el Informe Rettig y en la Comisión de Tortura, que incluyen la desaparición de seis mapuches en la zona.

Para Morales, la parcialidad del juez es un riesgo que existe, ya que advirtió que “la Central Nacional de Informaciones no era una oficina pública cualquiera como el Sernac (Servicio Nacional del Consumidor), sino que se dedicó a exterminar a una parte de la población”. De esta forma, se busca que los abusos cometidos contra el pueblo mapuche sean conocidos a lo largo de todo el país.

Cabe recordar que Maggi es el juez encargado de dictaminar si se lleva a cabo la sentencia ordenada por la Justicia Militar (15 años de presidio efectivo) contra el cabo de Carabineros Patricio Jara Muñoz, o de sobreseerlo definitivamente de los cargos de violencia innecesaria con resultado de muerte.

Morales anunció que de mantenerse Maggi en su cargo, se pedirá el pronunciamiento de la Corte Marcial de Santiago, e incluso se podría acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

RECUERDO DE UN WEICHAFE

Jaime Facundo Mendoza Collío, joven comunero mapuche de 24 años, encontró la muerte el 12 de agosto de 2009, cuando en el fundo San Sebastián, perteneciente al agricultor Sergio González Jarpa, y en el contexto del proceso de recuperación de tierras, recibió un balazo por la espalda por parte de un carabinero, cuando éstos ingresaron al fundo para repeler la toma y expulsar a los mapuche.

Si bien en un primer momento, tanto Carabineros como las autoridades habían explicitado que la muerte había ocurrido en un contexto de “legítima defensa”, los peritajes del Servicio Médico Legal (SML) descartaron esta versión al indicar que el joven mapuche había muerto de un balazo por la espalda, seguramente, cuando intentaba huir. Por lo demás, los mismos comuneros aseguraron que mientras ellos tenían sólo palos y piedras, Carabineros contaba con armas de fuego.

Hasta el día de hoy, los funerales de Mendoza Collío, realizados en Requem Pillán, su comunidad de origen a 20 kilómetros al sur de Collipulli, son recordados como uno de los más multitudinarios y solemnes que se han realizado en la zona desde el inicio del proceso de recuperación de tierras.


jueves, 3 de febrero de 2011

Dos niños aborígenes de Salta murieron afectados por síntomas de deshidratación y desnutrición-02-02-11

140 JORNALEROS REDUCIDOS A LA SERVIDUMBRE-en el establecimiento de la firma cerealera Pioneer Argentina 01-02-11

OPERATIVOS DE LA AFIP EN CORDOBA DETECTARON A 140 JORNALEROS REDUCIDOS A LA SERVIDUMBRE

Trabajadores rurales con cucheta adentro


Los nichos de mala muerte en los que eran alojados para descansar son un ejemplo del trato recibido.

En varios operativos de la AFIP, en campamentos de Paraje Monte del Rosario, en Córdoba, fueron detectados 140 jornaleros rurales en condiciones de trabajo deplorables. Dormían en cuchetas no más anchas que sus cuerpos. El caso lo lleva el polémico juez Bustos Fierro.

En un campo de Córdoba, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 140 trabajadores rurales que realizaban tareas manuales de desflore de maíz en condiciones de extrema insalubridad y precariedad en tres campamentos dentro de un establecimiento agropecuario ubicado en el Paraje Monte del Rosario. Los jornaleros llegaron desde Santiago del Estero para trabajar en el establecimiento de la firma cerealera Pioneer Argentina SRL. Sin embargo, no estaban registrados a nombre de esa empresa, sino que fueron empleados por Adecco Specialities SA, prestadora de servicio eventual. “Nos encontramos con empleadores que planifican nocivamente la relación laboral”, subrayó el director general de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, en diálogo con Página/12. Los resultados del allanamiento ya están a disposición del Juzgado Federal Nº 3 para avanzar en la investigación. A su vez, la AFIP presentará una denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial.

El organismo, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, realizó un allanamiento en el campo El Espinillo, ubicado en el Paraje Monte del Rosario, y que explota la empresa Pioneer Argentina, dedicada a la producción y comercialización de semillas de altísima calidad. “El trabajo prestado en las condiciones que detectamos es ilegal; pero si el trabajo es prestado en condiciones infrahumanas, como las que detectamos en este campo, estamos hablando de esclavitud, que en el siglo XXI no podemos permitir que ocurra”, afirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien además enfatizó que “en este caso se descubrió una planificación laboral nociva de un grupo económico multinacional”.

Los agentes detectaron condiciones de extrema insalubridad y precaridad en tres campamentos del establecimiento, donde relevaron 158 trabajadores: 140 hacían tareas manuales de desflore de maíz y el resto se dedicaba al mantenimiento de los cultivos y la preparación de la tierra. Los jornaleros estaban alojados en ajustados nichos distribuidos en casillas de chapa, como si se tratara de la estructura de un palomar, sin ningún tipo de aislante térmico ni contra insectos. Esas cabañas eran de 2,20 metros de altura por 1,50 aproximadamente de ancho, y no tenían luz eléctrica. En los controles se detectó que el agua para consumo de los trabajadores estaba en tanques de PVC apoyados sobre la tierra y expuestos al sol durante todo el día. El líquido allí depositado se extrae de los mismos pozos usados para el riego de los campos.

Por otra parte, los baños de los campamentos son una construcción de tres lados que no tienen puerta y con un pozo donde van los residuos, según se informó. También hay sectores de duchas, aunque algunos empleados manifestaron a los agentes que nunca tienen agua. “Todo el campo está señalizado y está indicado dónde está el sector de cocina, por ejemplo”, contó Sánchez. Los jornaleros, oriundos de varias localidades de Santiago del Estero, manifestaron que fueron empleados por Adecco Specialities SA, empresa contratada para esa tarea por Pioneer. “La empresa cerealera tercerizó (la contratación) a través de Adecco. Consideramos que es una precarización de la condición laboral”, aseguró Sánchez.

Los peones no tienen permitido abandonar el campo, a 40 kilómetros de los servicios esenciales, hasta que terminen el trabajo. Los agentes constataron que cobran 97 pesos por día y que se lo pagan al final del trabajo. A esa suma le descuentan dinero en caso de dañar las plantas, pero ninguno de los trabajadores conocía cómo se medía ese daño, por lo que no sabían cuánto iban a recibir. “Las empresas que tercerizan a sus trabajadores deberían controlar que los empleados que prestan servicios lo hagan en las condiciones establecidas por la ley. De lo contrario, estamos frente a un ardid para eludir las verdaderas responsabilidades como empleadores”, dijo Sánchez.

Por su lado, Pioneer informó mediante un comunicado de prensa que “todos los trabajadores se encuentran debidamente registrados, están enmarcados dentro de lo que exige la ley”.

El operativo se realizó a partir de investigaciones por trabajo no registrado o en condiciones ilegales y el allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del cuestionado Ricardo Bustos Fierro, y participó Gendarmería Nacional. “Llegamos allí por trabajo propio de investigación. Estamos con muchas investigaciones en curso en distintos sectores económicos, decididos a cumplir con las instrucciones de abordar la planificación laboral nociva”, explicó Sánchez a este diario. El organismo ahora presentará la denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial. Las posibles sanciones se encuadran en delitos previstos en la Ley 24.769 por evasión previsional que prevé penas de prisión de 2 hasta 6 años.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.