12 de agosto de 2013 - 16:55 | Por: Nicolás Sepúlveda |
Alejandro Hernández era el profesor más cercano a los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM, hasta que el 2012 un informe de Contraloría develó su trabajo adicional en la ANI, desatando un vendaval de dudas y temores
En los pasillos de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM todavía se respira la desconfianza. El escándalo explotó el segundo semestre del año pasado cuando un informe reservado de la Contraloría alertó que uno de los profesores de planta de la casa de estudios estaba contratado al mismo tiempo en la Agencia Nacional de Inteligencia. En la Universidad reconocen que no sabían de la otra actividad de Alejandro Hernández Suárez.
“Él me había dicho que estaba cesante, por lo que me preocupé de darle más horas de clases. Entonces cuando me enteré de esto me sentí engañado, me di cuenta que me estaba mintiendo”, confidencia Rafael Pizarro, Director de la Escuela de Trabajo Social, quien agrega que al enterarse de sus otras actividades le solicitó la renuncia: “Se filtró esta información y a mi me pareció que era incompatible su trabajo en la Agencia con la docencia aquí en la Universidad. Yo tengo que velar porque nadie se sienta inhibido de expresar sus ideas, sean de izquierda o derecha”.
Era julio del 2012 y Hernández abandonaba las cátedras que dictaba en la UTEM. En un comienzo la información se manejó con cautela y nadie supo bien por qué uno de los docentes más cercano a los estudiantes se alejaba del plantel. “En un comienzo los estudiantes me culparon por haberlo echado, él era muy querido”, indica Pizarro.
Uno de los dirigentes estudiantiles de la carrera, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato, corrobora la cercanía que el ex profesor tenía con el alumnado: “Sus cátedras de teoría política eran muy interesantes y era uno de los profes más cercanos a nosotros. No se situaba desde la jerarquía. Además se mostraba preocupado de nuestra vida personal y respetaba nuestra forma de pensar. Había más confianza que con otros profesores, ahora me arrepiento de haberle contado algunas cosas”.
Tanta era la cercanía de Hernández, que los estudiantes más politizados de la carrera siempre lo llamaban para que guiara sus tesis. Uno de ellos lo explica así: “Todos lo considerábamos cercano, era el menos amarillo”.
Algunas de las tesis que guió el funcionario de la ANI fueron: “Subversión y Delincuencia. Aproximación al rol del Trabajo Social, frente a la ideología, la hermenéutica y la praxis rebelde”; “El hiphop como espacio de organización y resistencia de los jóvenes poblacionales” y otros estudios de pre grado relacionados con la organización comunitaria y los centros penitenciarios.
Cuando a fines del segundo semestre se filtró en la comunidad universitaria la real razón del alejamiento de Hernández de la docencia; abundaron los rumores, temores y preguntas. ¿Qué labor cumple el ex profesor en la Agencia Nacional de Inteligencia?
¿Quién es Alejandro Hernández?
En conversación con El Dínamo, el ex profesor universitario reconoce su labor en la ANI, pero descarta ser un agente: “Agente no es un término correcto, porque no está definido así en la ley ni dentro de lo que nosotros como profesionales hacemos”, a lo que agrega que su trabajo se limita a realizar análisis, los que afirma están relacionados con “la prospectiva y análisis estratégico”.
A continuación aclara que sigue ligado a la UTEM: ”Yo coordinó el Magíster en el Programa de Estudio de Política Pública, especialmente en lo vinculado con la prospectiva y análisis estratégico, que es lo que yo hago en mi pega”.
Efectivamente, en la Universidad asumen que Hernández continua ligado a la institución: “El señor Alejandro Hernández Suarez se encuentra actualmente contratado a honorarios, ejerciendo como coordinador del Magíster en Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana del Programa de Estudios de Políticas Públicas de nuestra Universidad, donde no realiza labores de docencia”, señalan en un comunicado desde el Gabinete de Rectoría UTEM.
Hernández se tituló en 1997 de trabajador social en la misma Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM. Su tesis se llamó “La modernidad neoliberal en Chile y la emergencia de una nueva marginalidad”. Desde sus años de estudiante que el ahora ex profesor mostró interés por los temas relacionados con los movimientos sociales, la política y las prácticas de resistencia de los pueblos.
En un blog llamado ”Debates y perspectivas“, Hernández cita al pensador italiano Antonio Negri para afirmar: “Desde este punto podemos entender la profunda esencia democrática que en su constitución y acción tienen los denominados nuevos movimientos sociales, que en tanto expresión de conflictividad y tensiones propias de la sociedad civil (Arato y Cohen, p572-585), expresarían desde su radicalidad discursiva y sus prácticas políticas cotidianas, más que un rechazo al sistema, una profunda y radical demanda de democratización, la que expresándose desde su particular heterogeneidad se levanta como múltiples resistencias, al mismo tiempo globales y dispersas, a las lógicas homogeneizantes, apolíticas y disciplinantes requeridas por el mercado y su imperio (Negri, p94-95), o quizás, como resistencias biopolíticas al biopoder neoliberal”.
Antes de ejercer como profesor titular de la UTEM, Hernández se desempeñó como trabajador social en la Cárcel de Colina. Recién el 2007 asumió como profesor de planta de la casa de estudios, dictando las cátedras: “Estado y modernidad”, “Movimientos Sociales” y un electivo de “Política Pública”, además de guiar distintas tesis de jóvenes egresados.
Preguntas sin respuestas en la ANI
Fuera de micrófono, en la Agencia Nacional de Inteligencia reconocen que es habitual que sus profesionales se desempeñen a su vez como profesores universitarios, “en instituciones públicas y privadas”. Además, asumen que el problema de Hernández fue que se encontraba contratado en la UTEM, al mismo tiempo que en la Agencia, lo que gatilló el informe de la Contraloría.
Sin embargo, no entregan respuestas cuando se les consulta sobre el rol específico que cumplen sus profesionales. La “Ley 19.974 Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia”, menciona que dentro de la planta se contará con 34 profesionales, de un máximo de 125 funcionarios. Eso si, en la normativa nada se dice sobre la labor específica de los profesionales.
Según la ley, los objetivos de la ANI son la producción de inteligencia y la aplicación de medidas de contra inteligencia para “detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales”. Además de proporcionar información directamente al Presidente de la República y coordinar los demás servicios de inteligencia del Estado.
Las dudas
El ex profesor de la UTEM, y actual funcionario de la ANI, no respondió las preguntas que El Dínamo le envió a su correo electrónico, a pesar que fueran solicitadas por él mismo. Las interrogantes hacían referencia a una serie de dudas que se mantienen en la casa de estudios. Por ejemplo, estudiantes y profesores mencionaron fuera de micrófono que Hernández había organizado un grupo de trabajo con tres estudiantes de Trabajo Social para elaborar perfiles de los activistas que operan al interior de la carrera.
Aunque una de las supuestas alumnas que integraría ese grupo de trabajo descartó a este medio que se elaboraran perfiles, si reconoció que trabajó junto a Hernández en actividades paralelas a las meramente académicas, aunque no entregó detalles sobre esa labor.
En la Rectoría de la Universidad señalan que la sorpresa fue mayúscula cuando se enteraron de las actividades de Hernández en la ANI, pero que consideran que “ese es un servicio público como cualquier otro”. En el comunicado oficial que enviaron para esta investigación, aseguran: “Como en cualquier otro caso, no es menester de nuestra institución conocer en detalle el trabajo que desempeñan ya sea en entidades públicas como privadas, las personas vinculadas bajo aquel régimen contractual con nuestra universidad”. Aunque si reconocen que se decidió alejar al ex profesor de las actividades de la docencia por el ruido que generó la información entre estudiantes y docentes.
el dinamo
A continuación reproducimos una columna publicada por el sociólogo Gustavo Césped Cariaga* en El Quinto Poder, haciendo eco de la primicia de El Dínamo sobre la calidad de informante de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) del profesor Alejandro Hernández Suárez, integrante de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM. Para ver más detalles sobre la denuncia, recomendamos hacer lectura de nuestro artículo "Profesor de la UTEM que informaba a la ANI trabajó con estudiante involucrado en caso bombas".
Osvaldo Romo, más conocido como el “Guatón Romo”, fue un agente de la DINA que sin lugar a dudas, ocupa uno de los lugares “más prominentes” en nuestra “Historia Nacional de la Infamia”. Reconocido como un exaltado dirigente de la USOPO (Unión Socialista Popular) de los campamentos controlados por el MIR a principios de los 70, llegó incluso a forjarse un futuro político promisorio en el gobierno de la UP, (fue candidato a regidor por Ñuñoa y a diputado por Puerto Montt y Llanquihue). Una vez concretado el Golpe de Estado y cuando las humaredas de La Moneda aún no se extinguían, el tristemente célebre “Guatón Romo” apareció nuevamente en los campamentos que frecuentaba, pero esta vez vestido de suboficial del ejército e identificando con el dedo a sus “ex compañeros”, según relatan los pocos que tuvieron la suerte de sobrevivir a sus “eficientes servicios” de interrogatorio.
¿Por qué traemos a colación a tan “transilvánico” personaje de nuestra historia reciente? Pues bien, porque este lunes 12 de Agosto, el medio digital “El Dínamo” publicó una inquietante noticia respecto a un profesor de la carrera de trabajo social y del magíster en políticas públicas y seguridad ciudadana de la UTEM, quien presta también funciones a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia). En su nota, el referido medio expresa que dicho profesor se caracterizaba por ser el más cercano a los estudiantes, “el menos amarillo” según expresa uno de los alumnos entrevistados, llegando a ser profesor-guía de varias tesis de licenciatura relacionadas con el estudio de los movimientos sociales e incluso llegando a desarrollar junto a algunas/os estudiantes de pregrado un trabajo de elaboración de perfiles de los activistas que operarían al interior de esa carrera y universidad.
Más allá de las consecuencias que semejante denuncia representa para la confianza de la referida casa de estudios, así como también en torno a la ética del referido “académico”, el hecho suscita varias interrogantes de relevancia no menor para nuestra democracia en la actualidad. En primer lugar, desde el principio de las marchas estudiantiles del 2011 que los dirigentes estudiantiles vienen denunciando la existencia de “infiltrados” en las manifestaciones que, disfrazados de encapuchados, han jugado un rol protagónico en la destrucción de la propiedad pública y privada, así como también fotografiando e identificando a los líderes de las movilizaciones.
¿Será el caso de este “profesor” la punta del iceberg respecto a que también la propia academia ha sido impregnada por sujetos que, utilizando otro tipo de capuchas (en este caso la de un profesor “menos amarillo” y cercano a los alumnos) persiguen fines similares? Según El Dínamo, la ANI al ser consultada refirió que contaba con otros 33 profesionales en similar función. Es decir, ¿potencialmente existen otras 33 carreras y/o universidades que también cuentan con “académicos” como éste desarrollando labores similares? Y por otra parte, si esto ya confirma el hecho de este “analista” (quién no desmiente su rol) recabando información en el ámbito del movimiento educacional, ¿podemos suponer también que existen otros “profesionales” similares laborando en los movimientos medioambientalistas y regionalistas que han aparecido en escena últimamente? Y, por otra parte, ¿cuáles son los criterios que en la ANI orientan este tipo de contrataciones? ¿Existen perfiles para dichos cargos? Y si éstos funcionan de manera relativamente similar a las contrataciones comunes del sector público, ¿cómo se define, y a qué apuntaría, la “experiencia en cargos similares”?
Las anteriores son sólo algunas de las interrogantes por las que debiera respondernos la ANI, pero no sólo dicha agencia debiera emitir pronunciamientos respecto al caso. Por ejemplo, ¿qué tiene que decir el Consejo de Rectores en relación a que al interior de sus campus (a los cuales la fuerza pública y policía de investigaciones debe pedir permiso para ingresar), bajo sus propias narices, personas (aparentemente) civiles, desarrollan una tarea relativamente similar, incluso recibiendo salario de las casas de estudio que lo componen?
Asimismo, en el sitio web de El Mostrador, que en horas de la tarde también reprodujo la noticia, específicamente en su sección de comentarios, se lee claramente la exposición de un lector, quién sostiene que la Universidad ARCIS debiese pronunciarse debido a que el referido “académico-analista” es alumno de uno de sus doctorados. Si esto es real, por supuesto que dicha casa de estudios debiese también emitir un pronunciamiento, ya que si el “académico” continuaba con sus labores de “analista” o agente mientras impartía clases, es difícil creer que se abstrayera de ello al ejercer su rol de estudiante, más aún en un terreno tan sensible como la Universidad ARCIS en dónde muchos de sus académicos y estudiantes (y/o sus círculos más íntimos) fueron objeto de seguimientos y detenciones durante la dictadura militar.
La confianza es el cemento fundamental de nuestra vida social. Permea y es necesaria en ámbitos tan distintos como cuando en las mañanas creemos contar con la movilización necesaria para llegar a nuestros trabajos, como también en un ámbito más macro, cuando confiamos en que quién nos gobierna posee las destrezas y cualidades éticas para desarrollar tal magna tarea. De la misma manera, en el aula, necesitamos tener claridad respecto de quién se encuentra frente a nosotros, educándonos, es un personaje real y no la careta de alguien que bien pudiera ser en ciernes, un “Guatón Romo”. De que en un lugar tan importante para nuestras vidas, como lo es el aula, contamos con un “formador”, no con un informante.
El gobierno y la ciudadanía no debieran dejar pasar por alto casos como éste. De lo contrario es el fundamento normativo mismo del Estado (la mayor institución social creada por nosotros, la ciudadanía, para la búsqueda del bien común) el que se disuelve y en un contexto internacional, en que debido al caso Snowden la sensibilidad por las cuestiones ligadas al espionaje y la amenaza de nuestras libertades individuales se encuentra significativamente exacerbada, el mal manejo de esta situación bien podría terminar de darle el golpe de gracia a la poca credibilidad con la que aún cuentan nuestras ya debilitadas instituciones republicanas.
*Gustavo Adolfo Cesped Cariaga es chileno, sociólogo, Master en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos del Instituto Ortega y Gasset – Universidad Complutense de Madrid.
Infiltración de la ANI en las universidades: ¿Los "guatones Romo" de la democracia?
Por Gustavo Césped | 14-08-2013 - 11:24 |
verdadahora
A continuación reproducimos una columna publicada por el sociólogo Gustavo Césped Cariaga* en El Quinto Poder, haciendo eco de la primicia de El Dínamo sobre la calidad de informante de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) del profesor Alejandro Hernández Suárez, integrante de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM. Para ver más detalles sobre la denuncia, recomendamos hacer lectura de nuestro artículo "Profesor de la UTEM que informaba a la ANI trabajó con estudiante involucrado en caso bombas".
Osvaldo Romo, más conocido como el “Guatón Romo”, fue un agente de la DINA que sin lugar a dudas, ocupa uno de los lugares “más prominentes” en nuestra “Historia Nacional de la Infamia”. Reconocido como un exaltado dirigente de la USOPO (Unión Socialista Popular) de los campamentos controlados por el MIR a principios de los 70, llegó incluso a forjarse un futuro político promisorio en el gobierno de la UP, (fue candidato a regidor por Ñuñoa y a diputado por Puerto Montt y Llanquihue). Una vez concretado el Golpe de Estado y cuando las humaredas de La Moneda aún no se extinguían, el tristemente célebre “Guatón Romo” apareció nuevamente en los campamentos que frecuentaba, pero esta vez vestido de suboficial del ejército e identificando con el dedo a sus “ex compañeros”, según relatan los pocos que tuvieron la suerte de sobrevivir a sus “eficientes servicios” de interrogatorio.
¿Por qué traemos a colación a tan “transilvánico” personaje de nuestra historia reciente? Pues bien, porque este lunes 12 de Agosto, el medio digital “El Dínamo” publicó una inquietante noticia respecto a un profesor de la carrera de trabajo social y del magíster en políticas públicas y seguridad ciudadana de la UTEM, quien presta también funciones a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia). En su nota, el referido medio expresa que dicho profesor se caracterizaba por ser el más cercano a los estudiantes, “el menos amarillo” según expresa uno de los alumnos entrevistados, llegando a ser profesor-guía de varias tesis de licenciatura relacionadas con el estudio de los movimientos sociales e incluso llegando a desarrollar junto a algunas/os estudiantes de pregrado un trabajo de elaboración de perfiles de los activistas que operarían al interior de esa carrera y universidad.
Más allá de las consecuencias que semejante denuncia representa para la confianza de la referida casa de estudios, así como también en torno a la ética del referido “académico”, el hecho suscita varias interrogantes de relevancia no menor para nuestra democracia en la actualidad. En primer lugar, desde el principio de las marchas estudiantiles del 2011 que los dirigentes estudiantiles vienen denunciando la existencia de “infiltrados” en las manifestaciones que, disfrazados de encapuchados, han jugado un rol protagónico en la destrucción de la propiedad pública y privada, así como también fotografiando e identificando a los líderes de las movilizaciones.
¿Será el caso de este “profesor” la punta del iceberg respecto a que también la propia academia ha sido impregnada por sujetos que, utilizando otro tipo de capuchas (en este caso la de un profesor “menos amarillo” y cercano a los alumnos) persiguen fines similares? Según El Dínamo, la ANI al ser consultada refirió que contaba con otros 33 profesionales en similar función. Es decir, ¿potencialmente existen otras 33 carreras y/o universidades que también cuentan con “académicos” como éste desarrollando labores similares? Y por otra parte, si esto ya confirma el hecho de este “analista” (quién no desmiente su rol) recabando información en el ámbito del movimiento educacional, ¿podemos suponer también que existen otros “profesionales” similares laborando en los movimientos medioambientalistas y regionalistas que han aparecido en escena últimamente? Y, por otra parte, ¿cuáles son los criterios que en la ANI orientan este tipo de contrataciones? ¿Existen perfiles para dichos cargos? Y si éstos funcionan de manera relativamente similar a las contrataciones comunes del sector público, ¿cómo se define, y a qué apuntaría, la “experiencia en cargos similares”?
Las anteriores son sólo algunas de las interrogantes por las que debiera respondernos la ANI, pero no sólo dicha agencia debiera emitir pronunciamientos respecto al caso. Por ejemplo, ¿qué tiene que decir el Consejo de Rectores en relación a que al interior de sus campus (a los cuales la fuerza pública y policía de investigaciones debe pedir permiso para ingresar), bajo sus propias narices, personas (aparentemente) civiles, desarrollan una tarea relativamente similar, incluso recibiendo salario de las casas de estudio que lo componen?
Asimismo, en el sitio web de El Mostrador, que en horas de la tarde también reprodujo la noticia, específicamente en su sección de comentarios, se lee claramente la exposición de un lector, quién sostiene que la Universidad ARCIS debiese pronunciarse debido a que el referido “académico-analista” es alumno de uno de sus doctorados. Si esto es real, por supuesto que dicha casa de estudios debiese también emitir un pronunciamiento, ya que si el “académico” continuaba con sus labores de “analista” o agente mientras impartía clases, es difícil creer que se abstrayera de ello al ejercer su rol de estudiante, más aún en un terreno tan sensible como la Universidad ARCIS en dónde muchos de sus académicos y estudiantes (y/o sus círculos más íntimos) fueron objeto de seguimientos y detenciones durante la dictadura militar.
La confianza es el cemento fundamental de nuestra vida social. Permea y es necesaria en ámbitos tan distintos como cuando en las mañanas creemos contar con la movilización necesaria para llegar a nuestros trabajos, como también en un ámbito más macro, cuando confiamos en que quién nos gobierna posee las destrezas y cualidades éticas para desarrollar tal magna tarea. De la misma manera, en el aula, necesitamos tener claridad respecto de quién se encuentra frente a nosotros, educándonos, es un personaje real y no la careta de alguien que bien pudiera ser en ciernes, un “Guatón Romo”. De que en un lugar tan importante para nuestras vidas, como lo es el aula, contamos con un “formador”, no con un informante.
El gobierno y la ciudadanía no debieran dejar pasar por alto casos como éste. De lo contrario es el fundamento normativo mismo del Estado (la mayor institución social creada por nosotros, la ciudadanía, para la búsqueda del bien común) el que se disuelve y en un contexto internacional, en que debido al caso Snowden la sensibilidad por las cuestiones ligadas al espionaje y la amenaza de nuestras libertades individuales se encuentra significativamente exacerbada, el mal manejo de esta situación bien podría terminar de darle el golpe de gracia a la poca credibilidad con la que aún cuentan nuestras ya debilitadas instituciones republicanas.
*Gustavo Adolfo Cesped Cariaga es chileno, sociólogo, Master en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos del Instituto Ortega y Gasset – Universidad Complutense de Madrid.
Archivo | Felipe Durán (C)
