PDI da de baja a altos mandos de la institución y detectives quedan en prisión preventiva
Javier Candia y radio.uchile.cl
Continúan escalando los alcances de la supuesta red de corrupción ligada al narcotráfico al interior de la PDI, luego que el director de la institución diera de baja a dos altos mandos de la policía y los detectives implicados resultaran en prisión preventiva después de su formalización.
En el marco del caso de presunta corrupción al interior de la Policía de Investigaciones (PDI), el director de la institución, Marcos Vásquez llamó a retiro al prefecto de la Zona Occidente, Álvaro Melo, junto al jefe de la Zona Metropolitana, Guillermo Alarcón, debido a sus “responsabilidades de mando” en relación a los 10 detectives que se encuentran imputados por el caso y que este jueves quedaron en prisión preventiva por parte de la Fiscalía.
El director de la PDI, junto con reiterar que no presentará su renuncia – “No puedo abandonar el barco, lo que he dispuesto con mucho dolor son responsabilidades de mando”-, aseguró que en este caso no se debe hablar de corrupción, sino de “malos procedimientos”, indicando que los hechos implicaron la “inmediata intervención” de la unidad de Pudahuel.
“Lo que tiene que quedar claro, y se lo digo a la ciudadanía, es que la policía civil de Chile que va a cumplir 80 años, es responsable de sus actos”, sostuvo Vásquez.
Pocas horas antes, el Primer Juzgado de Garantía había decretado prisión preventiva para 10 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) envueltos en la presunta red de corrupción ligada al narcotráfico, luego de su formalización.
El procedimiento judicial se extendió por cerca de cinco horas, donde también fueron formalizados otros cuatro civiles ligados al hecho, dos de ellos quienes resultaron también en prisión preventiva y los restantes con arresto domiciliario.
El fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, quien lleva la investigación desde marzo de este año, presentó escuchas telefónicas como pruebas durante la jornada, donde algunos de los funcionarios de la PDI realizaban denuncias falsas al 134.
En otros audios, los agentes organizaban allanamientos para realizar quitadas de drogas, además de extorsionar a los civiles también inculpados para que entregaran información de narcotraficantes.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, oficializó la presentación de una querella por parte del Gobierno en contra de los 10 detectives involucrados.
Aunque respaldó a la PDI, Hinzpeter no entregó apoyo explícito al director de la institución, cuando fue consultado por la posibilidad de pedir su renuncia: “Siempre hemos dicho que las policías tienen nuestro respaldo al actuar, pero también que ese respaldo tiene un límite claro y definido. Nadie puede actuar al margen de la ley y mucho menos violando garantías de ciudadanos de nuestro país. No le corresponde al ministro del Interior expresar juicios a aquella naturaleza que le compete a las facultades del Presidente, todos quienes estamos en cargos estamos, eventualmente, sujetos a contar o no con la confianza del Presidente”, dijo.
Estas acusaciones han puesto en entredicho la credibilidad de la PDI como institución, planteando algunas voces que la entidad debería quedar en manos del Ministerio Público.
Al respecto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán indicó que, aunque “una policía que dependa de la Fiscalía sería el ideal, en el sentido de funcionalidad”, instó primero a enfocarse en el fortalecimiento del Ministerio Público, a través del aumento de dotación y la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad.
Asimismo, Chahuán, descartó que el caso pueda dar pie a un “quiebre en la confianza” hacia la PDI, sosteniendo que “si estas personas son condenadas, no son detectives, son delincuentes”.
Para la diputada PPD, Adriana Muñoz, este es un verdadero escándalo y debe ser investigado en todas sus aristas. “No sabemos qué pasa con la pérdida de una tonelada de cocaína en 2010, con la pérdida de 100 kilos de drogas hace unos días en la zona norte, no sabemos. Además hemos conocido que un ex PDI, un señor Ulloa, entregó una carpeta importante hace varios meses con toda la investigación que hizo acerca de estas redes de protección al narcotráfico de la PDI al ministro del Interior y no hay respuesta”, agregó.
Los policías arriesgan entre 10 y 21 años de presidio dependiendo de la participación de cada uno de ellos en los ilícitos que se les imputan.
Hechos de corrupción que escalan
En la tercera edición de Radioanálisis de nuestra emisora, la investigadora del Centro de Estudios Públicos de la Universidad de Chile, aseguró que este es un fenómeno “del que no está exento la policía en ninguna parte del mundo”, pero es considerado entre “los actos de corrupción más graves”, señaló.
En conversación con Felipe Pozo, la experta en narcotráfico señaló que este tipo de actos de corrupción se originan como “hechos aislados y específicos, como el soborno, pero escalan hacia otro tipo de mayor envergadura, que serían las que tienen que ver con la instalación de evidencia falsa, obstrucción de investigaciones y protección de personas”, dijo.
Para afrontar la corrupción y prevenirla, según Alejandra Mora, se debe trabajar en el fortalecimiento de la formación ética del cuerpo policial, “pues nos conformamos con un curso de ética al momento de ingresar a las escuelas”, también “ampliar horizontes hacia una formación continua, sometida a capacitaciones y reforzamientos de contenidos, así como mejorar los mecanismos de selección de los policías, hacerlos más exhaustivos”.
En esta línea, “es cuando la rendición de cuentas toma un rol protagónico. Tiene que ver con la existencia de otros al exterior de la policía que puedan tener un cierto control sobre la actividad de las instituciones”, señaló, otorgando a la sociedad civil una importante responsabilidad en la fiscalización.
No obstante, la académica destacó que en Chile “estamos relativamente protegidos y no hemos visto los efectos del crimen organizado vinculado al narcotráfico”, como si se ha desarrollado -por ejemplo- en México, Honduras y otros países centroamericanos. Una realidad de la que, a juicio de la experta, aún estamos seguros, siempre y cuando ahora se avance en perfeccionar los métodos de fiscalización, ya que “el crimen organizado en torno a la droga necesita corromper a agentes del Estado, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial o en los órganos policiales”, concluyó.
Jueves 18 de octubre 2012 20:59 hrs.
DESDE 1974 SE SABE QUE PINOCHET ES NARCOTRAFICANTE
Contreras (el de la DINA) insiste en que el coronel Gerardo Huber no solo fue asesinado por saber demasiado de los contrabandos de armas del ex dictador, si no también por conocer la producción de cocaína negra en Talagante.
Por Orlando Silva Lagos
Las acusaciones del asesino Manuel Contreras Sepúlveda, quien fue jefe del escuadrón de la muerte institucional llamado DINA, quien sostiene que la dictadura y el tráfico de drogas fueron yuntas, son acusaciones ciertas y esta colusión delictiva datan del año 1974, afirma el abogado Eduardo Contreras, uno de los principales querellantes en contra de Augusto Pinochet.
Agrega que esto no es extraño “porque estamos en presencia de un delincuente que no es menor….Hacia fines de 1974 ya en la prensa de Panamá se publicaron artículos relativos a la vinculación” de Pinochet con el tráfico de cocaína. Los hechos posteriores son de dominio público, como que en instalaciones químicas del Ejército, se destilaron drogas, la participación del asesinado químico de la DINA, Eugenio Berríos en esta actividad criminal y el establecimiento de redes de distribución por canales cuasi oficiales”.
El abogado no tiene dudas de que “la fortuna de Pinochet se amasa con la venta de drogas”, por lo que estamos ante “un delincuente que no sólo cometió violaciones a los derechos humanos, si no que también mantuvo cuentas secretas en bancos extranjeros”, sin embargo en conversación con ClariNet, aclara que este ingente patrimonio tuvo “su origen en el robo de los bienes de los presos políticos y de los detenidos desaparecidos, en el uso para su enriquecimiento de los fondos reservados y luego, acude al tráfico de armas y al tráfico de drogas. Es decir, Pinochet es un delincuente de tomo y lomo”.
En tanto, el fiscal contra el narcotráfico, Héctor Barros, interrogó el martes a Contreras Sepúlveda, en el penal Cordillera, donde este cumple condena, en el marco de la “denuncia calumniosa” interpuesta por Marco Antonio Pinochet, hijo del ex dictador, contra de quien fue jefe de los servicios secretos dictatoriales entre 1974 y 1978.
Contreras se vio involucrado en esta intrincada y sórdida madeja judicial, la que comenzó con afirmaciones de un ex espía del Ejército, el antiguo mayor Abel Sepúlveda Gutiérrez, quien aseguró que el ex general era amigo y confidente del coronel Gerardo Huber Olivares, ultimado en 1992, cuando Pinochet aún era comandante en jefe del Ejército, para evitar que declarara a raíz del contrabando de armas a Croacia que en ese momento estaba en guerra con Serbia.
Por esta razón, el magistrado encargado del caso, Claudio Pavez decidió tomar una declaración a Contreras en la cárcel de lujo donde cumple condena por la desaparición del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval.
El ex jefe de la DINA habló tanto, que el juez le pidió un informe por escrito. Allí el asesino en uniforme, dijo que el caso de Huber era similar al de quien fue químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagrado, muerto para silenciarlo por saber demasiado, como los planes para envenenar el agua potable de Buenos Aires en 1978 o el homicidio del ex presidente Eduardo Frei padre. Contreras testificó por escrito que Berríos era quien fabricaba la llamada cocaína negra, difícil de detectar, en el Complejo Químico del Ejército en el suburbio capitalino de Talagante, indicando que la droga era vendida por el hijo menor, Marco Antonio y por el empresario de origen sirio Edgardo Bathich, y distribuida en Europa por el tío político de éste, el traficante de armas y drogas Monser al Kassar. Toda la operación, según Contreras, contó con la autorización de Pinochet y con el silencio que se le impuso a Huber, quien habría sido asesinado no sólo por estar vinculado al tráfico de armas antes mencionado, sino por el conocimiento que tenía de las operaciones de droga que hacía Marco Antonio Pinochet.
El fiscal Barros debe investigar si la denuncia hecha por Contreras es verídica y sobre esa base resolver si continúa adelante con la indagatoria. Pero, la cosa es más tenebrosa aún, porque Contreras se ha reservado su papel en todo el embrollo.
Los datos que van saliendo a luz, indican que a fines de 1973, 19 supuestos traficantes de cocaína, en realidad delincuentes comunes con un relieve muy doméstico, fueron entregados a la DEA estadounidense en un montaje publicitario para dar la impresión que el gobierno de Salvador Allende había protegido el narcotráfico, que en realidad estaba en pañales. Sin embargo, en 1974, la DINA aprovecha esas detenciones, toma contacto con los pocos de los 19 supuestos narcos chilenos que habían sido encarcelados en Miami y establece sus propias redes de distribución de droga, tanto es así que en pocos años la DEA encuentra cocaina en un avión de guerra enviado a Estados Unidos para reparaciones, en un barco de la Marina que tomó parte en maniobras en el Pacífico frente a California y en un avión comercial de LAN, en ese tiempo empresa estatal, que volaba entre Santiago y Miami.
Esto acaba con el papel de la DINA en el tráfico de alcaloides y tal vez, por el enojo que le produjo haber sido sacado del negocio, según se especula, Contreras denuncia que el tema quedó en manos de Pinochet Hiriart y de su socio Batich, quien ya estuvo procesado por importar camionetas y camiones usados desde Brasil, en cuyos motores se encontró coca.
En el interrogatorio del martes, Contreras ratificó ante el fiscal Héctor Barros, que la familia Pinochet se enriqueció mediante el narcotráfico. "Efectivamente, ratificó sus dichos", dijo el funcionario del Ministerio Público. El abogado explicó que el ex jefe de la criminal Dirección de Inteligencia Nacional fue interrogado “en su calidad de imputado” por la querella del hijo menor del ex dictador. Contreras reiteró todo lo que había dicho por escrito al juez Pavez.
El jueves el fiscal Barros se constituyó nuevamente en el penal Cordillera para interrogar a Contreras y recibir un disco compacto con información que prometió el pasado martes el ex director de la DINA.
De acuerdo con los antecedentes obtenidos, el CD contiene la entrevista que prestó el narcotraficante estadounidense Iván Baramdyka a Televisión Nacional a mediados de los ’90. Este último fue extraditado a EEUU, debido a las actividades de tráfico de drogas en las que estaba involucrado. Fue el mismo que vinculó a Bathich y los Pinochet con la cocaína y el tráfico internacional de armas.
Baramdyka llegó a Chile en 1985 con un pasaporte falso a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en nuestro país era un funcionario del consulado chileno en Los Ángeles, Federico Silva Pizarro. Ex marine, Baramdyka fue extraditado de Chile en 1993, pero antes de que el FBI se lo llevara, se preocupó de dejar su historia grabada en video que, entre otras acusaciones, asegura que los colombianos compraban éter y acetona producidos en el Complejo Químico del Ejército (CQE) en Talagante.
Manuel Contreras, asimismo, contraatacó y le indicó al fiscal Barros que debiera citar al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, para obtener más información sobre las drogas y los Pinochet.
Herrera Jiménez estuvo clandestino en Uruguay entre 1991 y 1992, al igual que el químico de la DINA Eugenio Berríos, a quien Contreras sindica como el fabricante de la cocaína que traficaban Bathich y Marco Antonio en el CQE.
Pero no es todo, el ex jefe de la DINA aseguró que otro de los que sabe de su denuncia es Augusto Pinochet Hiriart, quien a mediados e los ’80 estuvo como agregado consular en Los Ángeles, donde Baramdyka, el narco estadounidense, inició sus relaciones para entrar a Chile e iniciar su negocio ilícito.
ClariNet
