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miércoles, 24 de julio de 2013

Los personajes del terror del nuevo comando de Bachelet - 2013/07/14

Los personajes del terror del nuevo comando de Bachelet


 

 
Operadores del grupo Luksic, de Paz Ciudadana y pontífices del neoliberalismo son las estrellas del recién estrenado equipo de la candidatura de Michelle Bachelet. Una constelación que si bien abarca desde la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, tiene en puestos claves a firmes defensores del modelo económico inaugurado por Pinochet. Una Nueva Mayoría que huele a más de lo mismo.
Tras el abultado respaldo recibido en las primarias, la candidata presidencial del pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, presentó a los integrantes del comando que definirá sus propuestas programáticas para las presidenciales de noviembre. Al revisar la lista, la promesa hecha por la ex mandataria de concretar reformas estructurales para acabar con la desigualdad en su presentación en El Bosque, queda sepultada por una red de neoliberales que controlan las áreas claves del programa de la candidata.
Vadeando los silencios y las evasivas, hasta hoy se conoce que el eje principal de las propuestas de Bachelet es una reforma tributaria para financiar una educación pública gratuita. Nada dice de distribución del ingreso, poder de negociación real de los trabajadores y menos aún de nacionalización de los recursos naturales. Tampoco se ha pronunciado sobre políticas ambientales, matriz energética o si apoyará o no Hidroaysén. La única forma de saber cuáles serán los énfasis de su hipotético gobierno es revisar el currículum de sus asesores.
Cuando la ex jefa de ONU Mujeres presentó su equipo destacó que “la diversidad de ideas que habrá en esta casa es una muestra de amplitud y de diálogo por el otro”. Una diversidad que abarca desde figuras del PC hasta repetidos democratacristianos y operadores del grupo Luksic. Un equipo sin los codazos ‘institucionalistas’ de Camilo Escalona, pero empapado en su ideario de mantener el modelo económico; un equipo que ya no tiene a Andrés Velasco, pero sí todo su ideario neoliberal.
El círculo íntimo de Bachelet mantiene en puestos claves a Rodrigo Peñailillo como coordinador general, a Álvaro Elizalde como jefe de comunicaciones y a Alberto Arenas como encargado de programa.
El guiño a la izquierda son cargos nominales dados al Partido Comunista que no inciden en los lineamientos centrales del programa. La soñada Nueva Mayoría repite el rol asignado al pensamiento de izquierda en los gobiernos concertacionistas, que tiene cabida en materias culturales, de género o juveniles. Así el ex presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, estará a cargo de la red de jóvenes; el director del ICAL, Marcos Barraza, será minoría en el área de Educación y la concejal por Santiago, Claudia Pascual, tiene un rol figurativo en la red de mujeres. Patricio Palma, quien integra el Equipo Programa, es la única carta fuerte del PC en un espacio clave de la candidatura.
De terceros con un ocho por ciento de la votación en las primarias, los democratacristianos se tomaron el programa de la candidata de la Nueva Mayoría. Así las repetidas monsergas de “mantener los equilibrios macroeconómicos” o “la responsabilidad fiscal”, promovida por el presidente de la falange, Ignacio Walker y su sector conocido como los ‘príncipes’ serán el rosario a seguir de la candidata.
El responsable territorial del comando será Pablo Badenier, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, junto a la independiente Josefina Errázuriz (guiño a los movimientos ciudadanos) serán sus encargadas municipales. También están los economistas DC, René Cortázar y Alejandro Micco, por nombrar sólo algunos.
EL HOMBRE DE LA REFORMA PREVISIONAL
El Equipo Programa de Bachelet está integrado, además de Palma, por el DC Alejandro Micco, el senador PPD Ricardo Lagos Weber y el radical Gabriel Guzmán. Pero quien lleva la batuta es Alberto Arenas, quien fuera director de Presupuesto en el anterior gobierno de la candidata, artífice de la reforma previsional que ni tocó a las AFP y director del Canal 13 nombrado por Andrónico Luksic.
Militante comunista y dirigente estudiantil, Arenas tras titularse de Ingeniero Comercial en la Universidad de Chile dejó las poleras con imágenes del Ché Guevara y aflojó el puño para irse a trabajar en 1991 en la gerencia de estudios del Banco Sud Americano. Dos años después se fue a estudiar un doctorado a la Universidad de Pittsburgh, en EE.UU., donde inició su línea de pesquisas sobre la reforma previsional realizada en Chile por Pinochet.
Arenas es cercano a Camilo Escalona y presentó la propuesta de reforma tributaria de Bachelet que apunta a recaudar 3% del PIB (unos US$ 8.200 millones) terminando con el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), sube el impuesto a las empresas de 20% a 25% y baja la tasa máxima de las personas de 40% a 35%. Durante este año se ha preocupado de dar señales de ‘confiabilidad’ al empresariado respecto de que las promesas de Bachelet que recogerían las demandas sociales no ‘afectarán la inversión’. No en vano, una entrevista publicada por La Tercera parte diciendo que las palabras que más repite son “prudencia”, “seriedad” y “responsabilidad”.
Con quienes Arenas no estuvo preocupado de dejar una buena impresión fue con los empleados fiscales. A la hora de sentarse a negociar los reajustes al sector público, los dirigentes recuerdan una mano muy mezquina.
En alta estima de Bachelet y su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, estuvo a cargo del diseño e implementación de la reforma previsional hecha durante el primer gobierno de la ex mandataria, la que no tocó las ganancias de las AFP y se limitó a crear una Pensión Básica Solidaria a cargo del Estado. Es decir, una reforma que repite el rol subsidiario del Estado sólo donde los agentes económicos no llegan.
En la entrevista dada al diario del grupo Saieh, Arenas pone de modelo dicha reforma para sus propuestas tributarias, sobre todo su ‘sustentabilidad’ y el ‘poder sostenerse en el tiempo’ “porque estuvo pensada para las próximas cuatro décadas al menos”. Pasaron los años y hasta Joaquín Vial, quien fuera presidente de AFP Provida, reconoció en 2012 que el 60 % de los afiliados a las AFP tendría una pensión menor a 150 mil pesos mensuales. Incluso el presidente Sebastián Piñera reconoció la necesidad de otra reforma, lo que provocó la molestia de su hermano José, mentor del sistema de capitalización privada para financiar a los grandes grupos económicos.
Otra huella de Arenas fue ‘aconsejar’ a Bachelet de sacar del discurso del 21 de mayo de 2008 el descuento del 7 por ciento de salud para los pensionados. La decisión aplaudida por Andrés Velasco, es reconocida como uno de los grandes errores de la ex mandataria y fue caballito de batalla de la candidatura de Piñera.
Una vez desalojado de la Moneda por la derecha, en mayo de 2010, Arenas fue nombrado por Andrónico Luksic en el directorio del Canal 13, recién comprado a la Universidad Católica. Allí estuvo hasta desembarcar en el comando de Bachelet.
Otra joyita de Arenas es nombrar a su cercano, el economista Aldo González en el diseño de las políticas de consumidores de la ex mandataria. González se desempeña como Director Académico Diploma en Regulación y Competencia de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, puesto desde donde testificó a favor del supermercado Líder en un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; redujo el problema de la fusión LAN TAM a una “mejora de la competitividad” emitiendo informes a favor de la línea aérea y cuestionó la injerencia de las organizaciones de consumidores como integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia.
EL EQUIPO ECONÓMICO
Si los orejeros neoliberales de Bachelet durante su primer gobierno fueron criados en Expansiva, ahora las influencias vienen de Espacio Público, un think tank creado en 2012 por el economista y columnista dominical de La Tercera, Eduardo Engel.
En una entrevista confidenció que dicho espacio fue creado porque “en Chile, la centroderecha ha tomado posiciones bien ideológicas y en la centroizquierda hay una visión que confía demasiado en la capacidad del Estado para resolverlo todo”.
Formado en la Universidad de Yale, Engel siempre miró con buenos ojos la privatización de empresas públicas. En un análisis de la privatización de las autopistas en Chile aplaude que hayan sido abiertas a capitales extranjeros y se garantice la no expropiación.
El economista suele pontificar a favor de las reformas laborales que implican precarización del empleo, se manifestó contrario al posnatal de seis meses y fue uno de los teóricos que explicaba el movimiento social del 2011 por “el aumento del Ingreso Per Cápita que genera una ciudadanía con más demandas”. También es contrario al sistema de reparto previsional y, a su juicio, el principal problema del sistema de AFP son las lagunas previsionales y el aumento en la expectativa promedio de vida de los chilenos.
En políticas energéticas, Engel repite el rosario de la necesidad de inyectar más megawatts para el ‘crecimiento de la economía’. “La pregunta es por qué grupos relativamente pequeños han logrado detener uno y otro proyecto con lo que parece ser un apoyo sustantivo de la opinión pública. Esto sugiere que la institucionalidad democrática, que debe promover la participación ciudadana sin que esto sea sinónimo de derecho a veto, no está funcionando bien”- fue su queja tras las protestas contra Hidroaysén y Barrancones.
Y hay más: Argumentando mejoras en el empleo femenino, llegó a criticar el gobierno de Piñera diciendo que “nada se ha hecho para derogar el Artículo 203 del Código del Trabajo que obliga a los empleadores a proveer salas cunas en empresas con veinte o más trabajadoras”.
Engel es como la versión concertacionista de Cristián Larroulet, con amplia tribuna en la prensa nacional. Con fama de economista serio, de ceño adusto y barba, repite el lenguaje de los tecnócratas de la competitividad y la eficiencia en sus columnas del cuerpo de Reportajes de La Tercera, pontificando a menudo con recetas neoliberales para “alcanzar el desarrollo”.
DE CENSURAS Y OTRAS COSAS
El nombre de René Cortázar había pasado al olvido tras su salida de la gerencia de Canal 13 y su reemplazo por Nicolás Eyzaguirre. Bullada fue la censura que aplicó a un reportaje de la serie Contacto dedicado a la discriminación de las empleadas domésticas sólo minutos antes de salir al aire. El desatino provocó la renuncia del director de prensa del canal, Patricio Ovando, y de la editora de Reportajes, Pilar Rodríguez.
No es el único caso de censuras en la historia del economista DC. En su prontuario se suman varios más durante su estadía en Canal 13 (un medio cuantifica en una decena) y cuando era director ejecutivo de Televisión Nacional, en 2000, ordenó que se omitiera los vínculos de la CIA con El Mercurio en un reportaje de Informe Especial. Como los periodistas se hicieron los lesos y emitieron el reportaje igual, fue a dar la pataleta en la reunión del directorio, en donde no tuvo apoyo y terminó renunciando al canal estatal.
Cortázar no es sólo operador del grupo Luksic, sino que también de Agustín Edwards. Dos años antes aplicó tijeras a un reportaje de la periodista Patricia Espejo en el que la entonces senadora Carmen Frei insinuaba que su padre, ex presidente Eduardo Frei Montalva, murió por acciones del agente DINA Eugenio Berríos. Para Cortázar había que cuidar la frágil institucionalidad.
A su prontuario, Cortázar suma haber sido parte del directorio de La Polar entre abril y noviembre de 2010, pocos meses antes que estallara el escándalo de la multitienda por las repactaciones unilaterales. Por ello fue sancionado por la SVS junto a los otros ejecutivos de la multitienda que hizo su modelo de negocios aplicando intereses groseros a los clientes que se veían obligados a repactar.
Dichos negocios no impiden que Cortazar sea un devoto ferviente. En su vida combinó el rosario con las reuniones de los directorios de D&S, Entel Chile, CorpBanca y AES Gener, donde participó. Llegó a ser hasta vicepresidente de Icare.
Cortázar es uno de los pocos dinosaurios de la Concertación que van quedando. Acostumbrado a operar en las sombras, fue ministro del Trabajo de Patricio Aylwin, cargo donde ratificó las líneas gruesas de las políticas laborales de la dictadura. En 2007 asumió como ministro de Transporte de Bachelet para aplicar su visión ingenieril en la crisis del Transantiago.
Cuando todos creían sepultado al personaje por su historia de censuras y cabildeos a favor de los grupos económicos, resucita por obra y gracia de Bachelet.
EL RESTO
Otra integrante del núcleo económico de la candidata de la sonrisa es la economista del MIT, Andrea Repetto. Académica de la Escuela de Gobierno y Directora del Magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, presentó en agosto de 2011 un documento titulado Hacia una nueva legislación laboral, cofirmado con Ricardo Solari, ex ministro del Trabajo, Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo y Francisco del Río, asesor legislativo.
En el documento proponen flexibilidad laboral, indemnizaciones laborales a todo evento, medidas para fortalecer la negociación colectiva y establecer la sindicalización automática provisoria. También aceptan la posibilidad para las empresas de contratar reemplazantes en huelgas a partir del décimo día.
Comparte puesto en la UAI y entre los ungidos para el núcleo económico de Bachelet, su ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán. Militante PPD a su participación en los gobiernos concertacionistas, suma su presencia en varios directorios de empresas. Antes de ser ministro sentó sus posaderas en el directorio de Transelec y en Salcobrand. También participó en los directorios de Fondos de Capital de Riesgo, la privatizada Emos, en Enami, Fepasa, Intec, Ciren y Sercotec. Bitrán fue uno de los fundadores de Expansiva y hasta ahora era director de Desarrollo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI.
El ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, es otro DC integrante del equipo económico. Se autodefine como conservador en los valores y como ‘liberal’ en lo económico. Siempre crítico de reformas laborales que beneficien a los trabajadores, es también contrario a la negociación interempresas y mucho más a la gratuidad en la educación.
También es del partido de la flecha roja el ex superintendente de SVS, el economista Guillermo Larraín. Como los anteriores, también comparte el alma entre lo público y lo privado. Larraín ocupó el cargo de gerente de estudios de BBVA Chile entre 2000 y 2003, fue director de Bandesarrollo Administradora General de Fondos, banco ligado a la falange y fue asesor de la implantación de las políticas neoliberales en Armenia.
Larraín es columnista habitual de La Segunda y en junio tras la estampida de muchos afiliados de las AFP de los fondos A y B criticó a estos y se manifestó a favor de regulaciones que empoderen más a las AFP.
Cierran el equipo los economistas Alejandro Micco, también de la falange, doctor en Economía de la Universidad de Harvard e investigador del BID y del Banco Central, y Óscar Landerretche.
LA VOCERA DE PAZ CIUDADANA
Una empleada de Agustín Edwards será la vocera de la candidatura de la Nueva Mayoría. Es quien fuera subsecretaria de Carabineros, la DC Javiera Blanco Suárez.
Abogada de la PUC, Blanco desarrolló su carrera en la Fundación Paz Ciudadana entre los años 1998 y 2006, siendo gerente de proyectos de la entidad creada por el dueño de El Mercurio para permear a la opinión pública y a los gobiernos de que la delincuencia es la principal preocupación de la ciudadanía de un país con uno de los más bajos índices en el área del continente. No en vano hasta que las protestas estudiantiles se tomaran la agenda, la ‘seguridad ciudadana’, como bautizó Paz Ciudadana al fenómeno de la violencia urbana, fue la principal preocupación de las personas en las encuestas.
En 2008, como subsecretaria de Carabineros, Blanco tras ser llamada por el senador PPD, Guido Girardi, pidió sanciones a dos policías que habían pasado un parte al chofer del senador por conducir a 136 kilómetros por hora por la Ruta 68. De no haber salido el caso por los medios, los policías hubiesen quedado con anotaciones negativas en su hoja de vida.
Una vez derrotada la Concertación por la derecha, Blanco volvió al directorio de la Fundación Paz Ciudadana, cargo que ocupó hasta este jueves, día en que fue presentada como la nueva vocera de Bachelet
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano

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23 de Julio de 2013
 
Ricardo Hormazábal envió carta a sus camaradas donde critica a ex director de La Polar

Ex presidente de la DC dice que René Cortázar representa al grupo Luksic y no a la falange en el comando de Bachelet

“Ha trabajado para ellos en Canal 13, injustamente privatizado por la Iglesia Católica, ha trabajado y, de seguro, lo sigue haciendo para el conglomerado económico más grande de Chile. Ha sido asesor de las AFP y fue elegido por ellas director de La Polar, durante el período en que se estafó a millones de personas. Recibió sólo una multa, como los estafadores de las farmacias, sin la obligación de ir a clases de ética, eso sí”, sostuvo el abogado y militante DC.
por Christian Buscaglia
 
 
 
El ex presidente de la Democracia Cristiana, Ricardo Hormazábal, comentó la designación de René Cortázar como miembro del programa económico del comando de la candidata del pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, asegurando que el ex ministro de Estado y ex presidente del directorio de Canal 13 “representa al grupo Luksic y no a la falange” en esa instancia.
A través de una carta enviada a sus camaradas, Hormazábal argumenta: “Hace pocos días me informé que el presidente de la DC, Ignacio Walker, designó jefe de programa (sic) a un decidido partidario del modelo liberal, defensor de las AFP especialmente, mano derecha de Andrés Velasco en el gobierno, y lo envía ahora al comando de Bachelet en representación de la DC. Las noticias de hoy, son que se han integrado un amplio número de liberales DC en el comando de la candidata y, entre ellos, se ha nombrado en la comisión programa como representante de la DC a René Cortázar”.
“Quiero expresar mi más decidido rechazo a esa decisión. René es representante del grupo Luksic, no de los DC. Ha trabajado para ellos en Canal 13, injustamente privatizado por la Iglesia Católica, ha trabajado y, de seguro, lo sigue haciendo para el conglomerado económico más grande de Chile. Ha sido asesor de las AFP y fue elegido por ellas director de La Polar, durante el período en que se estafó a millones de personas. Recibió sólo una multa, como los estafadores de las farmacias, sin la obligación de ir a clases de ética, eso sí”, agregó el militante DC.
En ese sentido, el abogado hace hincapié en que “cuando miles de personas marchan por las calles contra las AFP y la desigualdad, no puedo quedarme sin protestar y pedir al Consejo Nacional que rectifique estas decisiones de Walker. Las normas éticas y reglamentarias rigen también para ‘los príncipes’, por lo menos, así era la DC que yo conozco”.
“¿Se perdió también eso en nuestro partido? ¿Están de acuerdo con lo que hace Walker? ¿Los dirigentes sindicales que llaman al Paro de hoy, los jóvenes DC, todos los parlamentarios, todos los dirigentes nacionales comparten esta decisión? ¿No creen que esto es grave, que es una bofetada en el rostro de los que luchamos contra estos abusos?”, se pregunta Hormazábal.
El ex timonel de la DC pide a los delegados a la junta nacional pronunciarse, ya según dice, “los estatutos señalan que es la Junta la que acuerda los programas presidenciales, y no se puede permitir que Walker decida con su grupo de liberales un programa por su cuenta”.
“Ignacio Walker ahora, también, critica la campaña de Orrego, por conservadora e integrista. ¿No era la candidatura del PDC? ¿Por qué no los obligó a cambiar? Parece que él se quiere lavar las manos de todo. Cuando Soledad Alvear renunció, por la baja electoral de las municipales del año 2008, Walker declaró que no había sido una buena presidenta. Pero el país le reconoce a Soledad consecuencia. Ignacio se pone un impermeable a los desafíos éticos y políticos y sigue marchando, con la colaboración de lotes que él despreciaba. Pido públicamente, una vez más, que Walker renuncie y sea la próxima Junta Nacional la que elija una directiva integrada e integradora para liderar la etapa de recuperación indispensable”, concluye.
 
elmostrador

jueves, 27 de junio de 2013

GENOCIDAS DE FF.AA. EJERCITO CHILENO FUERON PROCESADOS EN TEMUCO,ORDENANDOSE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR HOMICIDIOS CALIFICADOS DE MAPUCHES EN OCTUBRE DE 1973----------- 27-06-13

Ex uniformados quedan en prisión preventiva por homicidio de campesinos en 1973

Viernes 15 marzo 2013 | 18:36 · Actualizado: 18:36

Publicado por Francisca Rivas | La Información es de Luis Vergara
El ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, a cargo de los casos sobre violación a los derechos humanos ocurridos en la región de la Araucanía durante la dictadura militar, dictó auto de procesamiento contra ex uniformados por la muerte de cuatro campesinos.
El magistrado confirmó que sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva del teniente coronel (r) del Ejército, Juan Silva Rebeco; el capitán (r) de Carabineros, César Anziani Riquelme; y el sargento (r) de la misma institución, Daniel Riquelme Reyes.
Los ex uniformados son indicados como autores del homicidio calificado de Bernardo Nahuelcoy, Francisco Curamil, Mauricio Huenucoy y Francisco Porma; así como de apremios ilegítimos contra Ruperto Bañares Bañares y Sonia Ibáñez Ibáñez.
Los delitos habrían sido efectuados en Puerto Saavedra en octubre de 1973.
También está procesado por estos mismos hechos el coronel (r) de Ejército Jorge Nibaldo Del Río, actualmente recluido en el CPP Cordillera de Santiago.
El ministro Alvaro Mesa mantiene dedicación exclusiva durante seis meses para avanzar en la investigación de 59 procesos, mayoritariamente por homicidio y secuestro.



Niegan por 2da vez libertad a ex oficial del Ejército detenido en Temuco por violación a DD.HH.

Jueves 27 junio 2013 | 16:53 · Actualizado: 16:53

Publicado por Daniel Medina | La Información es de Luis Vergara

El ministro Alvaro Mesa, quien investiga violaciones de los derechos humanos ocurridos en La Araucanía entre 1973 y 1990, negó la libertad a un ex oficial de ejército procesado por la muerte de 4 campesinos en Puerto Saavedra.

El magistrado sometió en marzo recién pasado a proceso y ordenó la prisión preventiva del teniente coronel (r) del Ejército Juan Silva Rebeco, del retirado capitán de Carabineros César Anziani Riquelme y el sargento retirado de Carabineros Daniel Riquelme Reyes.
Los tres están sindicados como autores de homicidio calificado de Bernardo Nahuelcoy, Francisco Curamil, Mauricio Huenucoy y Francisco Porma; y de apremios ilegítimos de Ruperto Bañares Bañares y Sonia Ibáñez Ibáñez, delitos ocurridos en Puerto Saavedra durante octubre de 1973.
Desde el 14 de marzo se encuentra privado de libertad en el regimiento Tucapel de Temuco el ex oficial Juan Silva Rebeco, quien intentó a través del abogado Armin Castillo sin éxito y por segunda vez la libertad bajo fianza.
También está procesado por estos mismos hechos el retirado coronel de Ejército Jorge Nibaldo Del Río, actualmente recluido en el centro penitenciario Cordillera de Santiago.
Luis Vergara (RBB)
Luis Vergara (RBB)
Luis Vergara (RBB)
Luis Vergara (RBB)

GBI:FF.AA. CHILENAS =CNI. TERRORISTAS DE ESTADO SISTEMATICAMENTE ESPIARON EN COLEGIOS A TRAVES DE PROFESORES, APODERADOS,ALUMNOS ETC. - 2013-06-27

Documentos revelan que la dictadura espió a niños en sus colegios


Profesores y apoderados actuaron como "delatores" de la actividad política de alumnos y docentes.

Las fichas de antecedentes eran compartidas directamente entre el Ministerio de Educación y la CNI.

 


Los archivos constatan que la propia esposa del dictador, Lucía Hiriart, participó en la red de espionaje escolar.

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Documentos secretos de la dictadura revelan que los organismos de inteligencia de Pinochet espiaron durante años a niños chilenos en sus propios colegios.
 
"Iván Salinas organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las 'marchas del hambre', realizadas en el centro de Santiago", consta en un informe enviado por la CNI (Central Nacional de Informaciones) al Ministerio de Educación en mayo de 1983.
 
Salinas figura junto a los nombres de decenas de otros jóvenes, como Diego Meza o Víctor Osorio (actual presidente del partido Izquierda Cristiana, IC), en 30.000 archivos secretos del régimen a los que accedió el periodista Mauricio Weibel, de la agencia DPA.
 
"Impacta lo que sucedió esos años y los civiles de la derecha que apoyaron esto deben responder", dijo Osorio a DPA al conocer de la existencia de estos archivos, que dan cuenta de que las operaciones de espionaje abarcaron colegios religiosos, públicos y privados como la Alianza Francesa en 1988, y fueron acompañadas por el despido masivo de los profesores que abogaban por la democracia.
Las fichas con antecedentes políticos de menores de edad y docentes elaboradas por la CNI llegaron a las oficinas de los ministros de la dictadura con las cartas firmadas por los delatores, en su mayoría profesores y apoderados que escribían directo a Augusto Pinochet.
La propia esposa del dictador, Lucía Hiriart, participó en este circuito de vigilancia, alertando por escrito, en 1988, de la supuesta simpatía socialista del funcionario ministerial Humberto Vera en la Región de Magallanes.
"Fue nombrado directamente por la Presidencia", la tranquilizó, en respuesta, el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán.
 
Chadwick y Melero, jóvenes leales
 
Pero no todo fue represión en el intento por controlar el malestar de estudiantes y profesores, según los documentos. Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y civiles, entre ellos el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ex presidente de la Cámara de Diputados y actual timonel UDI, Patricio Melero.
 
"Por expreso deseo de Su Excelencia el presidente de la República, se realizará durante la segunda semana del próximo período de vacaciones un Congreso Nacional de 1.000 dirigentes secundarios", escribió el 30 de junio de 1982 ministro secretario general de Gobierno, brigadier Julio Bravo en el oficio 2000/4.
La iniciativa, comunicada al titular de Educación, Álvaro Arriagada, perduró en el tiempo y el 22 de agosto de 1983 el nuevo portavoz del régimen, el ministro Alfonso Márquez de La Plata, informó la realización de un segundo encuentro con escolares provenientes de 114 comunas.
Además del propio Pinochet, los oradores en la cita fueron Jaime Guzmán, el hoy ministro Chadwick y el diputado Melero, todos miembros fundadores de la Unión Demócrata Independiente.
El esfuerzo por levantar un "estudiantado leal", del cual existe registro hasta las postrimerías del régimen, fue apoyado además con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos.
Los hijos de ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron, de hecho, cursos periódicos sobre "Seguridad Nacional" y "Doctrinas Totalitarias", entre otros.
Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de jóvenes opositores agruparon fuerzas en torno a organizaciones como la AEM, el COEM, la ASEC y la FESES, en medio de una represión cuya primera víctima fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros en 1984.
"Sí, en los liceos de Santiago la represión fue fuerte", evocó en conversación con DPA el primer presidente de la entonces opositora Federación de Estudiantes Secundarios (Feses), Juan Alfaro.
En ese contexto, los funcionarios del Ministerio de Educación, a lo largo y ancho de todo el país, fueron enviados a cursos en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).
En esa institución cursaron materias como seguridad nacional, geopolítica, guerra nuclear, poder naval, teología de la liberación y estudio crítico del marxismo, como consta en los oficios secretos.
 
 CNI "visaba" la contratación de docentes
  
Todas estas operaciones fueron finalmente parte de una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y la CNI.
El Ministerio de Educación, de hecho, tenía asignadas tareas en el llamado "Plan de Guerra del Frente Interno", que coordinó a través de su Oficina de Seguridad, como reseñó el oficio reservado 02/36 del 16 de febrero de 1984.
Las comunicaciones con la CNI -responsable de cientos de asesinatos y miles de torturas- fueron diarias y muchos de esos documentos fueron quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los propios ministros.
Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, refrendada en sucesivos oficios, la policía secreta quedó además a cargo de supervisar toda contratación en el Estado, incluida la de profesores.
Imbuidos de ese ánimo, y en medio de multitudinarias protestas de escolares y universitarios, los ministros Horacio Aranguiz, Sergio Gaete y Juan Antonio Guzman decidieron entre 1983 y 1989 comprarse pistolas Astra y pagar su permiso de porte con fondos fiscales.
Todo ello lo dejaron por escrito en oficios firmados por ellos mismos y timbrados como "Reservados", que revisados por el periodista Mauricio Weibel, quien a fines del año pasado denunció acoso, intimidación y robo de material, al igual que otros profesionales de la prensa que estaban investigando los crímenes y acciones secretas de la dictadura.
 Cardemil
En ese contexto, delatan los documentos, ningún docente pudo realizar clases en liceos públicos sin previamente ser investigado en secreto por la CNI, la que informaba los resultados de las pesquisas directamente a los ministros.
El control sobre el magisterio fue total y el propio Ministerio del Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores a través del subsecretario del Interior, el hoy diputado y candidato a senador de Renovación Nacional Alberto Cardemil.
Por ejemplo, Cardemil demandó en el oficio reservado 2464 del 14 de julio de 1986 definir medidas contra el profesor Benjamín Sierra de la Fuente del liceo fiscal A-2 de Arica.
Todas estas operaciones ocurrieron en paralelo a una masiva venta o traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a bajo precio como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986, proceso que devino en un jibarización del papel del Estado en la Educación, que hoy es cuestionada con fuerza por el movimiento estudiantil.
Mauricio Weibel reveló hace un año que Cardemil estuvo a cargo de distribuir los análisis y fichas que la CNI hacía de los opositores al régimen, incluyendo antecedentes políticos, sociales y privados de religiosos, extranjeros, víctimas de la represión y abogados de derechos humanos.
El diputado alegó entonces estar siendo víctima de un "ataque de la ultraizquierda".

Piden que La Moneda aclare vínculos entre jefes de Investigaciones y la CNI
Por Verdad Ahora
| 02-08-2013 - 22:18 |

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en un escrito dirigido al presidente Sebastián Piñera, solicitó aclarar los posibles nexos de dos miembros del Alto Mando de la PDI con crímenes ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La carta presentada el 31 de julio pide esclarecer la participación del prefecto general Juan Baeza Maturana, subdirector activo de Investigaciones, en el secuestro o detención ilegal de cuatro estudiantes, sacados a la fuerza por funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde un auto diplomático de Holanda, el 8 de septiembre de 1986.

Según reportamos en febrero de este año, “la participación del segundo hombre de Investigaciones fue captada por varios corresponsales de la prensa. Parte de las filmaciones pueden ser vistas en el documental ‘Imágenes de una dictadura’, donde un joven Baeza viste chaqueta azul y chaleco café claro, portando un arma en su mano derecha”.

La misiva solicita además que se informe sobre la eventual relación entre el encargado de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), Héctor Espinoza Valenzuela, y el crimen político de Claudio Rogelio Soto Robledo, reconocido como una víctima de violaciones a los derechos humanos en el Informe Rettig.

Según consta en la página Memoria Viva, el homicidio de Soto a manos de un "detective Héctor Espinoza" fue investigado por el Quinto Juzgado del Crimen de San Miguel.

La CUT también pidió información sobre la acusación que hiciera la Contraloría General de la República contra el director general de la PDI, Marcos Vásquez Meza, por incumplimiento de su deber de probidad, en lo referente a la omisión de las declaraciones de Intereses y Patrimonio que exige la Ley Nº 18.575.

La multisindical pide que se aclare si el gobierno de Sebastián Piñera “verificó tanto la investigación administrativa como la aplicación de sanciones”. De no ser así en los casos mencionados, el organismo anunció que remitirá los antecedentes a la Cámara de Diputados y a los candidatos presidenciales para el próximo período.

Prefecto general Juan Baeza participa en secuestro de la CNI

 

A 29 años del terrorismo de estado chileno; la masacre “Alfa Carbón 1” (II): Complicidad de TVN con la CNI - Lunes, 24 de Junio de 2013

Lunes, 24 de Junio de 2013

A 29 años de la masacre “Alfa Carbón 1”, la olvidada “Operación Albania del Sur”
 
Ernesto Carmona*
 
A casi tres décadas de los crímenes de Concepción, Los Ángeles y Valdivia, la Corte de Apelaciones todavía “no ha lugar” a las demandas de auto-procesamiento por asociación ilícita de los autores y jefes de la CNI presentadas por familiares de 7 víctimas de asesinatos premeditados y alevosos disfrazados por TVN y la prensa como resultado de “enfrentamientos” que nunca existieron. Un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas del sur del país, a quienes la Central Nacional de Informaciones (CNI) les impidió el acceso y cobertura.
“Azul 1 pase a canal 2: El sujeto no puede llegar vivo al hospital”. La orden explícita de matar al detenido y herido Nelson Adrián Herrera Riveros, de 31 años, fue impartida por radio, pasadas las 16:30 horas del jueves 23 de agosto de 1984, por el entonces coronel de ejército Marcos Derpich Miranda, jefe nacional de la División Regionales de la CNI, destacado en esos días en Concepción, 512 km al sur de Santiago.
El suboficial de carabineros José Abel Aravena Ruiz declaró –a fojas 5.230 de la causa– que recibió esa instrucción de matar por la frecuencia más confidencial –el canal 2– cuando aún se hallaba a escasos metros de la locación donde minutos antes abatieron a Mario Octavio Lagos Rodríguez, 34 años, acompañante de Herrera, a quien capturó herido pero vivo.
Los CNIs abrieron fuego en cuanto los dos jóvenes descendieron, desarmados y con los brazos en alto, desde un pequeño autobús –llamado “taxibús”– interceptado en mitad de la calle por vehículos de la CNI y carabineros.
El doble asesinato a la luz del día causó estupor entre el público que circulaba por la “Vega Monumental”, un populoso sector comercial de Concepción. Eran las 16:30 horas del 23 de agosto de 1984 y al mediodía ya habían comenzado dos jornadas de frías ejecuciones de dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), planificadas durante meses por la CNI, la “Operación Alfa Carbón 1”. La secuencia criminal incluyó 3 asesinatos en Concepción, 1 en Los Ángeles y 3 en Valdivia. La prensa local y nacional disfrazó todas las ejecuciones como “extremistas muertos en enfrentamientos”.
EJECUCIONES SIMULTÁNEAS Y SORPRESIVAS
En reuniones previas en Concepción, la todopoderosa CNI de la dictadura militar y civil decidió quiénes morirían y quiénes sobrevivirían –como detenidos–, de acuerdo a una programación meticulosa de la Operación Alfa Carbón 1. Lo esencial del plan criminal fueron la sorpresa y la simultaneidad, para destruir toda la red sur del MIR, según un cronograma alevoso y premeditado. La rapidez y la sorpresa eran la clave del plan.
La primera jornada de exterminio comenzó exactamente a las 12:45 del 23 de agosto 1984, con la ejecución de Luciano Humberto Aedo Arias (30 años) mientras caminaba por una calle de Hualpencillo, suburbio de Concepción. Entre los numerosos testigos de este asesinato –todavía impune, como los demás– estuvo presente el periodista Esteban Montero y su equipo de TVN. Las imágenes captadas y su relato personal en el noticiario “60 minutos” adornaron la historia falsa del "enfrentamiento".
Para las 16:30 se programó que morirían Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, tras seguir el taxibús de recorrido en que viajaban desde el vecino puerto de Talcahuano. Al fin del día 23, a las 18.00 horas, los CNI dieron término en Los Ángeles a la vida de Mario Ernesto Mujica Barros (32), a quien vigilaban en su domicilio en esa localidad, 121 km al sur de Concepción y 527 de Santiago.
En Valdivia, 850 km al sur de Santiago y 435 de Concepción, a las 17.30 horas de la misma jornada detuvieron y ejecutaron a Rogelio Humberto Tapia de la Puente (31) y Raúl Jaime Barrientos Matamala (24), en otro “enfrentamiento” escenificado en el sector puente Estancilla del camino Valdivia-Niebla. TVN mostró fotografías de un vehículo acribillado en la locación del asesinato de los dos prisioneros.
Y en Santiago sur, sector Ochagavía, ese mismo 23 de agosto 1984, la CNI dio muerte a Julio César Oliva Villalobos (38) y Roberto Homero González Lizama (37), en otra operación de exterminio contra el Partido Comunista (PC). La CNI y la prensa fabricaron la misma historia del “enfrentamiento”: fueron abatidos mientras “asaltaban una armería”.
Al día siguiente, y de nuevo en Valdivia, a las 16.30 horas la CNI ejecutó a Juan José Boncompte Andreu (31) en su domicilio de Rubén Darío Nº 643 y detuvo a su compañera, Inés Díaz Vallejos.
Para practicar estos asesinatos, la CNI trasladó desde Santiago al sur 60 efectivos, según declaran los imputados en la causa. Sumados a los agentes civiles locales más los refuerzos de Carabineros, completaron más de un centenar de exterminadores comandados en terreno por el oficial de ejército Álvaro Corvalán Castilla, hoy preso por numerosos otros crímenes. Además de cometer 7 asesinatos, en diferentes operaciones del 23 y 24 de agosto en Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia detuvieron a 19 personas, incluida una menor de 4 años, que venían vigilando desde comienzos de 1984.
COLABORACIÓN DE TVN EN FABRICACIÓN DE “ENFRENTAMIENTOS”
Todas las acciones de Alfa Carbón 1 fueron cubiertas in situ por un equipo de Televisión Nacional de Chile (TVN), a cargo del reportero policial Esteban Montero, quien viajó desde Santiago confundido entre el personal de la CNI para “cubrir en exclusiva” los “enfrentamientos”. Los CNIs incluso bloquearon el acceso de los periodistas locales en los lugares donde representaron la farsa del “enfrentamiento” ante una macabra escenografía de cadáveres aún frescos.
Los “reportajes” de Montero se transmitían por TVN el mismo día de los “enfrentamientos”, de preferencia en el noticiario “60 minutos”.
Hugo Dolmestch, hoy ministro vocero de la Corte Suprema, la llamó "la Operación Albania del Sur", en alusión al nombre en clave de las ejecuciones de la “Matanza de Corpus Christi”, en que la CNI dio muerte a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Partido Comunista), el 15 y 16 de junio de 1987, también bajo el mando del mismo Corvalán Castilla. Faltaba un año para el plebiscito de 1988, pero la dictadura militar-civil de Pinochet estaba empecinada en "limpiar" el país creyendo que el electorado le daría el "Sí" para otros 10 años.
MINISTRO ALDANA: “NO HA LUGAR”
A casi 30 años de esta cadena de asesinatos, los 13 hijos de las 7 víctimas, sus viudas y demás familiares sobrevivientes continúan demandando justicia. Pero el ministro Carlos Aldana Fuentes, de la Corte de Apelaciones de Concepción, continúa respondiendo “No ha lugar” a las sucesivas peticiones de autoprocesamiento por “asociación ilícita y homicidio calificado” de 21 miembros de la CNI, incluido el ex subdirector del organismo Hugo Salas Wenzel, presentadas por las abogadas Magdalena Garcés, en representación de las familias, y Patricia Parra, del Programa de Derechos Humanos de esa ciudad.
El quehacer de la justicia y sus servicios auxiliares de policía han sido poco eficientes en esta causa radicada en Concepción, a diferencia de otros crímenes igualmente emblemáticos procesados por ministros de cortes de la capital. Sólo hay dos procesados por “asociación ilícita y homicidio calificado”, los jefes Marcos Spiros Derpich Miranda y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla. Otros 13 CNIs están encausados por homicidio.
La última decisión del ministro Aldana se conoció en diciembre de 2012. Para estos días se espera la respuesta de la apelación al “no ha lugar” interpuesta ante la Corte local en abril 2013. Los familiares de las víctimas bregan por convencer a la justicia que la “asociación ilícita” incluyó a todos los agentes que actuaron en los operativos de Alfa Carbón 1.
VÍCTIMAS DE ALFA CARBÓN 1
Ejecuciones en Concepción (512 km de Santiago), jueves 23 de agosto 1984:
• 12.45 hrs.: Luciano Humberto Aedo Arias (30 años), en Hualpencillo y ante numerosos testigos, incluido el periodista Esteban Montero y su equipo de TVN, que registró los hechos pero en el noticiario relató la historia falsa del "enfrentamiento".
• 16.30 hrs.: Mario Octavio Lagos Rodríguez (34) y Nelson Adrián Herrera Riveros (31), asesinados frente a la Vega Monumental ante numerosos testigos.
Ejecución en Los Ángeles (527 km de Santiago), jueves 23 de agosto, 1984:
• 18.00 hrs.: Mario Ernesto Mujica Barros (32), ejecutado en su domicilio, Población Orompello, calle Bombero Carlos Vichreister Nº 841.
Ejecuciones en Valdivia (850 km de Santiago), jueves 23 de agosto, 1984:
• 17.30 hrs.: Rogelio Humberto Tapia de la Puente (31) y Raúl Jaime Barrientos Matamala (24), asesinados en un “enfrentamiento” fabricado.
Valdivia, viernes 24 de agosto 1984:
• 16.30 hrs.: Juan José Boncompte Andreu (31), asesinado en su domicilio de Rubén Darío Nº 643 y detenida su compañera Inés Díaz Vallejos.
Ejecuciones en Santiago, jueves 23 de agosto:
• En otra operación de exterminio, la CNI asesinó en Santiago sur, sector Ochagavía, a Julio César Oliva Villalobos (38) y Roberto Homero González Lizama (37), militantes del Partido Comunista.
9 Detenciones en Concepción, en operaciones del 23 de agosto:
• Ignacio Vidaurrázaga Manríquez
• Alejandro Bernstein Rodget
• Patricia Zalaquet Daher, detenida a la misma hora en que era asesinado su compañero Nelson Herrera, en el centro de la ciudad
• Javiera Herrera Zalaquet, de 4 años, hija de Nelson Herrera y Patricia Zalaquett, recluida en instalaciones de carabineros
• María Soledad Aránguiz Ruz
• María Isolina Arroyo Soto
• Miguel Barriga Gutiérrez
• Lidia Barra Pérez
• Mónica Martínez Barra
2 detenidos en Los Ángeles
• María Cristina Chacaltana Pizarro
• Edgardo Cid Escobar
2 detenidos en Temuco
• José Luis Railaf
• Mercedes Cayupe
6 Detenidos en Valdivia:
• Manuel Barrientos Matamala
• Lucía Inés Díaz Vallejos (embarazada de 6 meses)
• Jorge Burgos Saavedra
• Mario Uribe Ampuero
• José Catripay Jaramillo
• Roswitha Guantzalp
De las 19 personas detenidas el 23 y 24 de agosto de 1984 en el sur del país, 16 fueron puestas a disposición de la fiscalía. Hubo otras detenciones de corta duración que no fueron informadas por las autoridades, ni denunciadas por las víctimas.
EL YO ACUSO DE MONSEÑOR SANTOS
El Arzobispo de Concepción, monseñor Manuel Santos, reaccionó con valentía, mientras los medios imponían el libreto del "enfrentamiento", y el 28 de agosto solicitó a la Corte de Apelaciones de esa ciudad que un "ministro en visita" investigara los homicidios de Concepción y Los Angeles, a cargo de la justicia militar. El 10 de septiembre, la Corte local respondió "no ha lugar". El Arzobispo suspendió el Tedeum del 18 de septiembre en señal de protesta y se dirigió a Santiago, donde se entrevistó con el Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal López. En su escrito a la Suprema señaló que resultaba grave fundamentar el "no ha lugar" aduciendo "que los hechos denunciados no son materia de los tribunales ordinarios". Según El Mercurio del 29 de agosto de 1984, "...el prelado explicó que el que la Corte resolviera que el caso debiera ser entregado a los tribunales extraordinarios, que son los de las Fuerzas Armadas, era 'suponer que los autores del crimen son militares, lo cual es grave y desconcertante'". Aclaró que la incompetencia sólo podría darse si se supiera que en los hechos hay miembros de las FFAA. "Evidentemente, ahí sería de competencia militar, pero es lo que hay que averiguar".
Juan Jorge Faúndez, de la Revista Cauce, con el título "El yo acuso de Monseñor Santos", publicó un resumen de los hechos y las opiniones del prelado opuestas a la versión oficial. "Yo estoy haciendo una acusación", dijo el Arzobispo, quien no vaciló en calificar los hechos como "un crimen... (…) Yo pido la investigación. (…) En el escrito no se personifica a ningún autor de delito. Entonces, quiere decir que ellos [se refiere a la Corte de Apelaciones de Concepción] resuelven que el asunto no era de la competencia de los tribunales ordinarios), suponen o saben más que nosotros. Que la Corte resuelva esto es suponer que los autores del crimen son militares" (Revista Cauce Año 1 Nº 21, 3/9 de septiembre 1984).
(Continuará)
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
(Fuente: Mapocho Press)

domingo, 12 de mayo de 2013

Condena de caso Woodward determina que la Armada chilena torturaba en el buqu e escuela Esmeralda - Martes 7 de mayo de 2013

 
 
 
18 de Mayo de 2011
 
Por secuestro calificado del sacerdote británico-chileno en septiembre de 1973

Juez dicta acusación en caso Woodward y determina que en el buque escuela Esmeralda se torturaba




El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo, dictó acusación en contra de 10 funcionarios en retiro de la Armada. Tras la investigación, se logró determinar “que a fin de obtener información sobre las actividades de los contrarios al régimen imperante, los capturados eran sometidos a múltiples sesiones de interrogatorio con aplicación de tormento físico y psíquico de variada índole”.
 
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo, dictó acusación en contra de diez funcionarios en retiro de la Armada., en el marco de la investigación por el caso de secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward Iribery, ocurrido el 18 de septiembre de 1973.
El magistrado formuló cargos en contra de los procesados Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López, como autores del ilícito.
Tras la investigación, reabierta en el marco de los procesos por violaciones a los derechos humanos, se logró determinar que “la Academia de Guerra Naval ubicada en la ciudad de Valparaíso, luego del 11 de septiembre de 1973, suspendió las labores de educación que le eran propias, instalándose en dicho recinto el Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de la Primera Zona Naval denominado SICAJSI”.
Se trataba de un organismo jerarquizado del cual dependían diferentes grupos, formados principalmente por personal de la Armada, y en menor escala de Carabineros y Policía de Investigaciones. “La función principal era la de desbaratar los grupos contrarios al régimen militar instaurado en el país, procediendo para ello a ordenar la captura de personas militantes o afines a algún partido político o movimiento de centro, izquierda o revolucionario, y su posterior traslado a Unidades de la Armada habilitados como Centros de Detención e Interrogatorio, en los que actuaban diferentes grupos de interrogadores”, agrega el juez.
Haciendo hincapié en que “a fin de obtener información sobre las actividades de los contrarios al régimen imperante, los capturados eran sometidos a múltiples sesiones de interrogatorio con aplicación de tormento físico y psíquico de variada índole”.
Es así –apunta- “que dentro del marco antes descrito, días después del 11 de septiembre de 1973, y encontrándose dentro de las personas buscadas por los organismos de Inteligencia, el sacerdote Miguel Roy Woodward Iriberry, luego de haberse escondido por algunos días en casas de amigos, regresó en horas de la noche a su domicilio ubicado en el Cerro Placeres N°1, donde fue apresado por un grupo de Infantes de marina que lo condujo a la Universidad Santa María y luego a la Academia de Guerra Naval , sin orden administrativa o judicial que lo justificase”.
“Que luego de un fuerte interrogatorio y aplicación de tormentos, Woodward es llevado en grave estado de salud hasta el Buque Escuela Esmeralda, nave que la Marina había destinado como Centro de Detención e Interrogatorio , donde fue examinado por un médico y atendido en la Enfermería, situación de la que se pone en conocimiento de la Superioridad respectiva, ordenándose su traslado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente, toda vez que un médico de la Armada que se desempeñaba en dicho nosocomio, extendió un certificado médico de defunción”, detalló.
De igual modo, aclara “que por otra parte, también existe una anotación en el Registro de Sepultación del Cementerio N°3 de Playa Ancha, sin embargo no obstante haberse realizado una extensa diligencia de excavación en el lugar que determinaban los antecedentes, ésta concluyó sin resultado”.
A juicio del ministro en visita, “los hechos antes reseñados configuran la existencia del delito de Secuestro seguido de grave daño (posiblemente falleciendo) en la persona de Michael Roy Woodward Iribery, que contempla el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad de desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 en adelante, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados”.
La acusación será notificada a las partes querellantes y, luego, a las defensas de los procesados, para dar inicio a la etapa de plenario, previa a la dictación de condena de primera instancia.
 

Justicia condenó a dos ex suboficiales por caso Woodward

José Manuel García y Héctor Palomino fueron responsabilizados por el hecho.
Ministro en visita decretó que el Fisco debe pagar una indemnización de 50 millones de pesos.
Woodward fue dado por muerto pero no se encontró su cuerpo en la sepultura.
Woodward fue dado por muerto pero no se encontró su cuerpo en la sepultura.

 

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Julio Miranda dictó la condena en primera instancia por la desaparición del sacerdote Michael Woodward ocurrida días después del 11 de septiembre de 1973.
En la investigación se había decretado el procesamiento de ocho personas, pero en la condena solo dictó sentencia contra dos de ellos como culpables directos del hecho: los ex suboficiales de la Armada José Manuel García Reyes y Héctor Fernando Palomino López deberán cumplir penas de tres años y un día de cárcel con el beneficio de libertad vigilada.
El ministro absolvió por no participación a cinco acusados: Carlos Alberto Miño Muñoz, Marcos Cristián Silva Bravo, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, Luis Fernando Pinda Figueroa y Bertalino Segundo Castillo Soto. Además fue absuelto Manuel Atilio Leiva Valdivieso por demencia.
"De acuerdo a los antecedentes de la causa, Michael Roy Woodward Iriberry fue privado ilegítimamente de su libertad en Valparaíso, días después del 11 de septiembre de 1973, desde su domicilio ubicado en el Cerro Placeres, calle Buenos Aires N° 1, Población Héroes del Mar, de la misma ciudad", expresa el fallo.
"Fue a la Universidad Federico Santa María y luego a la Academia de Guerra Naval, sin orden administrativa o judicial que lo justificase, para que, posteriormente, debido al grave estado de salud en que se encontraba, ser llevado al Buque Escuela Esmeralda para ser examinado por un médico, de allí trasladado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente, toda vez que un médico de la Armada, que se desempeñaba en dicho recinto, extendió un certificado médico de defunción", agrega.
"Por otra parte también existe una anotación en el registro de sepultación del Cementerio N° 3 de Playa Ancha, sin embargo, no obstante, haberse realizado una extensa diligencia de excavación en el lugar que determinaban los antecedentes, ésta concluyó sin resultados, consumándose, a su respecto, el delito de secuestro por el cual se inició este sumario", sentencia el documento.
En el aspecto civil, el magistrado determinó que el Fisco debe pagar una indemnización de 50 millones de pesos a la hermana de la víctima, por concepto de daño moral.

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