Corte de Apelaciones de Temuco, como tribunal subrogante legal, dictó sentencia en la investigación por diversos delitos de secuestros calificados y torturas cometidos en los sectores de Rahue, San Juan de la Costa, Puyehue, Río Negro, Puerto Octay, Río Bueno, Pilmaiquén y otros de la provincia de Osorno -04-02-13

04-02-2013
	CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO DICTA CONDENA EN CASO DE DERECHOS HUMANOS DE PROVINCIA DE OSORNO
Parte Resolutiva de fallo de primera instancia Fallo Corte de Temuco La Corte de Apelaciones de Temuco, como tribunal subrogante legal, dictó sentencia en la investigación por diversos delitos de secuestros calificados y torturas cometidos en los sectores de Rahue, San Juan de la Costa, Puyehue, Río Negro, Puerto Octay, Río Bueno, Pilmaiquén y otros de la provincia de Osorno. En fallo dividido (rol 17-2012) los ministros Luis Troncoso, Julio César Grandón y Alejandro Vera confirmaron y modificaron, en algunas de sus partes, la sentencia dictada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Darío Carretta. La sentencia afecta a quiénes se individualiza con las penas que se detallan a continuación: Adrián Fernández Hernández: 15 años de presidio. Sin beneficios. Rolando Becker Soliz: 12 años de presidio. Sin beneficios. Rafael Pérez Torres: 12 años de presidio. Sin beneficios. Gustavo Muñoz Albornoz: 10 años y un día de presidio Sin beneficios. German García: 8 años de presidio. Sin beneficios. Raúl Enrique Zapata: 8 años de presidio. Sin beneficios. Camilo Astete Cáceres: 7 años de presidio. Sin beneficios. Carlos Obando Rodríguez: 5 años de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada. Nelson Rodríguez Guerrero: 4 años de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada. Antonio Baros Muñoz: 4 años de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada. Héctor Matus Martínez: 3 años y un día de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada. Francisco Ovando Cárcamo: 3 años y un día de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada. Guido Almonacid Almonacid: 3 años y un día de presidio. Se concedió beneficio de libertad vigilada. Mario Cabello Yáñez: 700 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional. René Bórquez Angulo: 700 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional . Orozimbo Sepúlveda Ignao: 700 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional. Renato Lezana Lezana: 600 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional. Amado Beck Hernández Rivas: 600 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional. Sergio Conejeros Ortega: 600 días de presidio. Se concedió beneficio de Remisión condicional. Renato Padilla Etter: Absuelto. Jorge Barrientos Camadro: Absuelto. Armando Ángulo Fuchslocher: Absuelto. Pablo Mansilla Bórquez: Absuelto. Dagoberto Gajardo Cerón: Absuelto. Nelson Soto Rubilar: Absuelto. La resolución se adoptó con el voto en contra del ministro Troncoso, quien fue partidario de aplicar la prescripción de la acción penal. La Corte de Apelaciones de Temuco debió asumir como subrogante legal de la Corte de Apelaciones de Valdivia luego de que todos los ministros del tribunal de alzada de la región de los Ríos quedaran inhabilitados para conocer el proceso. A su vez el ministro Darío Carretta había tenido que asumir el proceso luego de que la Corte Suprema ordenara un nuevo proceso por la inhabilitación de la ministra Emma Díaz, magistrada encargada para causas de derechos humanos de esa jurisdicción.   http://www.poderjudicial.cl/modulos/Home/Noticias/PRE_txtnews.php?cod=4896 Corte de Apelaciones condenó a prisión a 19 ex carabineros por crímenes de la dictadura Tribunal de Temuco falló en casos cometidos pocos días tras el golpe militar. Seis procesados por estos delitos fueron absueltos.   Publicado: Lunes 4 de febrero de 2013 | Autor: Cooperativa.cl                              La Corte de Apelaciones de Temuco condenó a prisión a 19 ex carabineros por su responsabilidad en al menos una docena de desapariciones y homicidios calificados de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales. El fallo absolvió a otros seis procesados por los delitos, cometidos en el sur de Chile en los primeros días tras el golpe de 1973 y cuyas víctimas fueron funcionarios o simpatizantes del Gobierno de Salvador Allende. La sentencia dictada este lunes condenó a 15 años de prisión al ex coronel de Carabineros Adrián Fernandez Hernández y a 12 años a los ex sargentos Rolando Bécker y Rafael Pérez; a 10 años y un día al también sargento Gustavo Muñoz; y a 8 años a los ex suboficiales Germán García, Raúl Zapata y Camilo Astete. Otros 12 antiguos carabineros recibieron penas de entre 600 días y 5 años de presidio, pero con el beneficio de la libertad vigilada, entre ellos el ex teniente coronel Antonio Baros Muñoz, condenado a 4 años, mientras otros 6 procesados fueron absueltos.   Algunas víctimas   Entre las víctimas de estos casos figuraron el ex gobernador de La Unión, Santiago Aguilar, y el director provincial de Educación de Osorno, César Avila Lara.   Santiago Aguilar, militante del Partido Comunista, fue detenido el 17 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros y, según testigos, trasladado a la Cárcel de Valdivia, donde se perdió su rastro el 6 de octubre siguiente. En tanto, el profesor César Avila Lara, militante socialista, fue detenido en Osorno el 27 de septiembre de 1973 por una patrulla de Carabineros y desde entonces se desconoce su paradero. Otras víctimas fueron trabajadores y campesinos de la zona, algunos de ellos militantes de partidos de izquierda, entre ellos Francisco Martínez, Reinaldo Huentequeo, Gilberto González de la Torre, los hermanos Eduardo y Alfredo Pacheco, Juan Mancilla, Teobaldo Paillacheo, Valentín Cárdenas, Enrique González, y Marcelino Cárdenas. El proceso estaba originalmente a cargo de la jueza Emma Díaz, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, tribunal de segunda instancia en el caso, pero se derivó al juez Darío Carretta y a la Corte de Temuco después que todos los magistrados del tribunal valdiviano, por diversos motivos, quedaron inhabilitados para conocer el caso.
Un proceso por los crímenes previos al golpe de Estado de 1973 y durante este, condena únicamente a los pacos que sirvieron de asesinos a sueldo para los grandes propietarios de tierra, cuando estos no jugaban al tiro al blanco con los mapuches. Por Eduardo Ringler Abogados de derechos humanos, a la luz del actual conflicto mapuche, opinaron que finalmente la justicia comenzó a levantar el espeso velo en torno a las guardias blancas que actuaron en el pasado en la zona de los pueblos originarios y que hoy se busca revivir. Sin embargo coincidieron en que falta mucho por hacer desde el momento en que no se juzgó a ningún civil y el proceso tuvo una serie de sospechosas alternativas dilatorias. Estas guardias blancas actuaron desde julio y agosto de 1973 y posteriormente sus crímenes se profundizaron tras el golpe de Estado de septiembre. Latifundistas y carabineros, financiados por los propios terratenientes, reprimieron con la mayor crueldad el movimiento mapuche en la provincia de Osorno, que fue directo beneficiario del gobierno de Salvador Allende. Los crímenes ni siquiera pararon cuando en 1974, la dictadura promulgó la ley 701, por la que 300.000 hectáreas asignadas por la reforma agraria de Salvador Allende a los miembros de comunidades indígenas fueron expropiadas, compradas o concedidas a empresas forestales o a antiguos latifundistas de la zona. Desde que comenzó la retirada de la dictadura, en 1989, los dos gobiernos sucesivos de los demócratas cristianos, siguieron en esa línea modificando la estructura de la propiedad agraria y favoreciendo abiertamente la implantación de empresas forestales ligadas a capitales internacionales. Los principales enemigos del pueblo mapuche son los grupos económicos Angelini y Matte-Larraín-Alessandri, responsables de la ocupación de territorios ancestrales de los pobladores originarios de esa tierra. Como en los mejores años dictatoriales, la especialidad son los actos de violencia, especialmente por parte de la sociedad Forestal Mininco, propiedad del segundo de estos grupos, que arrasó con los bosques de Traiguén y Lumaco pertenecientes desde épocas inmemoriales a las comunidades indígenas. También estos se toparon con la empresa de electricidad Enersis, dependiente de capitales españoles (Endesa) y de los Matte, que construyó un inmenso lago artificial de 3.467 hectáreas de superficie y 155 metros de profundidad para retener las aguas del río Bío Bío en las alturas de la cordillera de los Andes, modificando radicalmente el equilibrio de la zona e inundando las tierras de las comunidades. Esto ahora se repetirá en Aysén, a menos que Michelle Bachelet se meta en las patas de los caballos capitalistas, vaya a la presidencial y pare esta barbaridad que hasta le gusta al lacustre personaje de Ricardo Lagos. Regresando al proceso, la Corte de Apelaciones de Temuco, que debió reemplazar al igual tribunal de Valdivia, condenó esta semana a 19 ex carabineros en la investigación por diversos delitos de asesinatos, secuestros calificados y torturas cometidos en los sectores de Rahue, San Juan de la Costa , Puyehue, Río Negro, Puerto Octay, Río Bueno, Pilmaiquén y otros de la provincia de Osorno. Los crímenes se intensificaron a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando la impunidad fue total. Los magistrados confirmaron aunque modificaron en algunas de sus partes la sentencia dictada por el juez especial en visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Darío Carretta. Se trató de una accidentada tramitación del proceso dado que la Corte de Apelaciones de Temuco debió asumir como subrogante legal del más sureño tribunal de alzada de Valdivia. En este último organismo, igualmente de segunda instancia, todos los ministros integrantes del tribunal de la región de los Ríos se declararon inhabilitados para conocer el proceso. A su vez el magistrado Darío Carretta había tenido que asumir el proceso luego de que la Corte Suprema ordenó un nuevo sumario por la inhabilitación de la ministra Emma Díaz, magistrada encargada para causas de derechos humanos de esa jurisdicción, quien repentinamente determinó que no podía seguir adelante con la tramitación del juicio. Según los abogados, que pidieron la reserva de sus nombres por estar analizando nuevas acciones judiciales y desean evitar presiones, esto está directamente relacionado con el ocultamiento de las nombres de los latifundistas que actuaron, según testigos de la época como si jugaran al tiro al blanco o participando en acciones de caza mayor, cuando entraban a la comunidades mapuches. El fallo, absolutamente insuficiente a la luz de la verdad, condena al ex oficial de Carabineros, Adrián Fernández Hernández. a 15 años de presidio, sin beneficios; al ex oficial Rolando Becker Solís, y Rafael Pérez Torres a 12 años de presidio, sin beneficios. En tanto, otros antiguos uniformados como Gustavo Muñoz Albornoz quedó sentenciado a 10 años y un día de presidio, sin beneficios; Germán García y Raúl Enrique Zapata a ocho años de presidio, sin beneficios, mientras Camilo Astete Cáceres a siete años de presidio, sin beneficios; a su vez, Carlos Ovando Rodríguez fue sentenciado a cinco años de presidio y se concedió beneficio de libertad vigilada. También Nelson Rodríguez Guerrero y Antonio Baros Muñoz a cuatro años de presidio, donde se les concedió el beneficio de la libertad vigilada. En tanto, Héctor Matus Martínez, Francisco Ovando Cárcamo y Guido Almonacid Almonacid fueron condenados a tres años y un día de presidio, también con el beneficio de la libertad vigilada. Asimismo, Mario Cabello Yáñez, René Bórquez Angulo, Orozimbo Sepúlveda Ignao fueron condenados a 700 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, mientras que Renato Lezama Lezama, Amado Beck Hernández Rivas, y Sergio Conejeros Ortega quedaron sentenciados a 600 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Por último, los ex carabineros Renato Padilla Etter, Jorge Barrientos Camadro, Armando Ángulo Fuchslocher, Pablo Mansilla Bórquez, Dagoberto Gajardo Cerón y Nelson Soto Rubilar fueron absueltos por falta de pruebas sobre su responsabilidad en los hechos investigados. La resolución se adoptó con el voto en contra de uno de los jueces, quien fue partidario de aplicar la prescripción de la acción penal y que nadie pagase por sus culpas, como ha ocurrido con los latifundistas de esta siniestra historia.   ClariNet

PERROCHET.CIA,PIÑERA,FF.AA,PDI-BIPE,CARABINEROS, CIA,DEA. PRINCIPALES NARCOTRAFICANTES CHILENOS 31-01- 2013

Piñera y Pinochet unidos por el narcotráfico de cocaína

 

 

Por Panorama News | 23-01-2013 - 22:52 |

 

 

Las utilidades de la venta de precursores (productos indispensables para elaborar substancias narcóticas) triplican a las del tráfico de drogas. Cabe recordar, que son indispensables cien litros de precursores químicos para elaborar 60 kilos de pasta base. Pues bien, Chile es un importante productor de éstos. Además, nuestro país posee mas de 100 pasos fronterizos no vigilados hacia Bolivia, principal productor de cocaína del mundo. Esto, que sólo parece un dato más, cobra una dimensión espeluznante cuando se atan dos o tres cabos de una peligrosa madeja geo-polícial y militar que la prensa chilena se ha esmerado en censurar y silenciar.

En 1993, un “pájaro de cuentas” internacional, de apellido Baramdyka fue extraditado a Estados Unidos luego de cumplir en nuestro país una condena de cinco años y un día de cárcel por giro doloso de cheques. Pero, no queda claro por qué, el misterioso sujeto, antes de que el FBI lo subiera al avión, dejó su historia grabada en un video. En esa grabación, contó que entre 1983 y 1984, varias mafias colombianas fabricantes de cocaína, compraban éter y acetona producidos en el “Complejo Químico Industrial del Ejército Chileno” instalado en la comuna de Talagante. Esta “industria” , fue –inexplicablemente- transferida a esta rama en 1979 por el Instituto Bacteriológico de Chile (actual Instituto de Salud Pública). El último encargado del funcionamiento y producción de ese complejo industrial fue el Mayor del Ejército Gerardo Huber Olivares, ex oficial de la DINA, asesinado en el Cajón del Maipo a inicios de 1992.

Pero ¿cómo iba a estar fuera del elenco de este tinglado, el inefable productor de gases neurotóxicos y difunto químico Eugenio Berríos? Tranquilidad, ahí viene, como si estuviera vivito y coleando el finado en esta historia, con su impecable agujero de la nueve milímetros en su nuca. En los folios elaborados tras su homicidio y tramitado por el juez Alejandro Madrid, obra un documento clave donde textualmente se señala que los jefes del Complejo Químico de Talagante, reconocen que la DEA de EEUU les habría advertido en varias oportunidades que no existía la documentación necesaria en relación a la producción de éter y acetona en dicha planta química, dónde se elaboraban justamente los precursores claves para la producción de cocaína. La DEA quería su parte del negocio.

Existen testimonios por escritos que aseguran que en una oportunidad un sujeto de nacionalidad peruana, le compró al difunto Berríos miles de litros de éter por 50 mil dólares. Al día siguiente, el peruano fue arrestado en el aeropuerto por el OS-7 de Carabineros acusado de tener lazos con el cartel de Cali.

Baramdyka no termina ahí su truculenta teleserie. Agrega que a poco de llegar a Chile, un oficial del Ejército se presentó en su oficina de Santiago, ubicada en la calle Huelén 102, portando un mensaje simple y directo que rezaba escuetamente: Álvaro Corbalán Castilla, ex Jefe Operativo de la CNI, deseaba platicar con él. Se reunieron en el restaurante “Rodizzio” para poner en venta 75 kilos de cocaína que su gente tenía en las Bahamas. ¿Quién era la gente de Corbalán? Augusto Pinochet y Manuel Contreras, además de los hijos del Dictador.

Esta historia deja abierta muchas interrogantes sobre la relación del Ejército, del resto de las Fuerzas Armadas y de Orden con el negocio del tráfico de drogas. Según nuestras últimas investigaciones en la PDI el Prefecto Inspector de Aríca, Luis Carreño, participó en el ingresó de más de 300 kilos de cocaína por el paso fronterizo de Colina, operación que buscaba financiar la desestabilización del Gobierno de Rafael Correa del Ecuador. De este complejo ilícito tuvo conocimiento directamente el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Rodrigo Hinzpeter. Pero en Chile todavía no se escucha Padre. Quizás durante la cumbre de la CELAC , y consultado por la prensa internacional que ha seguido de cerca este tema, Piñera y su Ministro recuperen la memoria y deban explicarle al mundo por qué encubrieron esta grave denuncia y qué relaciones mantienen con un sector de la CIA.

POLICIA CHILENO PIDE ASILO A ECUADOR POR DENUNCIA DE NARCOTRÁFICO

http://www.youtube.com/watch?v=XKaD-NzMoJE

 

EXCLUSIVO: CARTA DE PETICIÓN DE ASILO POLÍTICO DEL INSPECTOR ULLOA DE LA PDI A EMBAJADA DEL ECUADOR

 

25 enero, 2013 – 17:032

 

 

SR. RAFAEL CORREA DELGADO 

 

EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

PRESENTE

 

En consideración a su alta investidura vengo en solicitar, respetuosamente, asilo político en su país, dado que mi vida corre serio peligro desde que se publicaron mis declaraciones referidas a la operación de tráfico de drogas en que aparecen vinculadas autoridades chilenas en connivencia con la CIA, destinada a reunir fondos para desestabilizar el proceso democrático que Ud. dirige en Ecuador.

Estas últimas semanas, he tenido que vivir en la clandestinidad, con el objeto de evitar ser asesinado en un falso enfrentamiento, a raíz de la persecución de agentes de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales – BIPE.

En su oportunidad, recurrí al Poder Judicial para el amparo de mis derechos, denunciando irregularidades en la Policía de Investigaciones de Chile. A pesar de la gravedad de la situación descrita, mi recurso de protección fue declarado – inmediatamente a su ingreso- como inadmisible, sin que se pidiera informe o explicaciones al efecto. Resolución de causa rol: 6.453 – 2011, de la Corte de Santiago; confirmada por la Corte Suprema, en rol: 1.281 – 2012.

Me han privado de mis remuneraciones, han dictado una orden de detención en mi contra impidiéndome, de esa manera, trabajar en otra actividad, convirtiéndome en un paria dentro de mi patria.

Mi conciencia está tranquila. Informé, sobre los asuntos anteriores, al Ministro del Interior, en compañía de una diputada de la república y de dos abogados, en el Palacio de la Moneda. En consecuencia, nadie puede cuestionar mi lealtad. Serán otros los que tendrán que responder por la traición a los valores que nos legaron los libertadores de América Latina.

Sin otro particular, y confiando en su ecuanimidad, me despido atentamente.

Fernando Ulloa Castillo

Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile

Santiago, 24 de Enero de 2013

 

pnews.cl

EX INSPECTOR DE LA PDI SOLICITA ASILO POLÍTICO EN EMBAJADA DE ECUADOR

Enviado por Diario El Corresponsal el 24/01/2013 a las 13:40

 

El ex inspector de la Policía de Investigaciones, Fernando Ulloa, quien hace un par de meses investigó una red de narcotráfico al interior del alto mando de la PDI y que al denunciar estos hechos al ministerio del Interior y a la presidencia de la república, fue removido de su cargo de forma inmediata, se dirigió esta mañana a la embajada de Ecuador.

Aacompañado del periodista Patricio Mery, para solicitar asilo político en la embajada debido a las constantes amenazas de muerte que ha recibido diariamente por parte de personas que el ex inspector califica como “miembros de la PDI y agentes de la inteligencia chilena”.

La solicitud de asilo político, según Patricio Mery, “responde al serio riesgo que estamos enfrentando debido a las denuncias de Ulloa, por una parte y a la investigación periodística que he desarrollado, donde he podido comprobar que el gobierno de Piñera es parte activa en esta red de narcotráfico y que parte del dinero por la venta de cocaína al interior del país responden a una acción patrocinada por la CIA para enviar remesas de dinero a través de la embajada chilena en Ecuador, para desestabilizar el gobierno del presidente Rafael Correa. El gobierno chileno es parte de esta red y buscan acallarnos a través de las amenazas de muerte”, señaló Mery. Noticia en desarrollo.

 

PDI da de baja a altos mandos de la institución y detectives quedan en prisión preventiva

Javier Candia y radio.uchile.cl

 

 

Continúan escalando los alcances de la supuesta red de corrupción ligada al narcotráfico al interior de la PDI, luego que el director de la institución diera de baja a dos altos mandos de la policía y los detectives implicados resultaran en prisión preventiva después de su formalización.

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En el marco del caso de presunta corrupción al interior de la Policía de Investigaciones (PDI), el director de la institución, Marcos Vásquez llamó a retiro al prefecto de la Zona Occidente, Álvaro Melo, junto al jefe de la Zona Metropolitana, Guillermo Alarcón, debido a sus “responsabilidades de mando” en relación a los 10 detectives que se encuentran imputados por el caso y que este jueves quedaron en prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

El director de la PDI, junto con reiterar que no presentará su renuncia – “No puedo abandonar el barco, lo que he dispuesto con mucho dolor son responsabilidades de mando”-, aseguró que en este caso no se debe hablar de corrupción, sino de “malos procedimientos”, indicando que los hechos implicaron la “inmediata intervención” de la unidad de Pudahuel.

“Lo que tiene que quedar claro, y se lo digo a la ciudadanía, es que la policía civil de Chile que va a cumplir 80 años, es responsable de sus actos”, sostuvo Vásquez.

Pocas horas antes, el Primer Juzgado de Garantía había decretado prisión preventiva para 10 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) envueltos en la presunta red de corrupción ligada al narcotráfico, luego de su formalización.

El procedimiento judicial se extendió por cerca de cinco horas, donde también fueron formalizados otros cuatro civiles ligados al hecho, dos de ellos quienes resultaron también en prisión preventiva y los restantes con arresto domiciliario.

El fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, quien lleva la investigación desde marzo de este año, presentó escuchas telefónicas como pruebas durante la jornada, donde algunos de los funcionarios de la PDI realizaban denuncias falsas al 134.

En otros audios, los agentes organizaban allanamientos para realizar quitadas de drogas, además de extorsionar a los civiles también inculpados para que entregaran información de narcotraficantes.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, oficializó la presentación de una querella por parte del Gobierno en contra de los 10 detectives involucrados.

Aunque respaldó a la PDI, Hinzpeter no entregó apoyo explícito al director de la institución, cuando fue consultado por la posibilidad de pedir su renuncia: “Siempre hemos dicho que las policías tienen nuestro respaldo al actuar, pero también que ese respaldo tiene un límite claro y definido. Nadie puede actuar al margen de la ley y mucho menos violando garantías de ciudadanos de nuestro país. No le corresponde al ministro del Interior expresar juicios a aquella naturaleza que le compete a las facultades del Presidente, todos quienes estamos en cargos estamos, eventualmente, sujetos a contar o no con la confianza del Presidente”, dijo.

Estas acusaciones han puesto en entredicho la credibilidad de la PDI como institución, planteando algunas voces que la entidad debería quedar en manos del Ministerio Público.

Al respecto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán indicó que, aunque “una policía que dependa de la Fiscalía sería el ideal, en el sentido de funcionalidad”, instó primero a enfocarse en el fortalecimiento del Ministerio Público, a través del aumento de dotación y la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad.

Asimismo, Chahuán, descartó que el caso pueda dar pie a un “quiebre en la confianza” hacia la PDI, sosteniendo que “si estas personas son condenadas, no son detectives, son delincuentes”.

Para la diputada PPD, Adriana Muñoz, este es un verdadero escándalo y debe ser investigado en todas sus aristas. “No sabemos qué pasa con la pérdida de una tonelada de cocaína en 2010, con la pérdida de 100 kilos de drogas hace unos días en la zona norte, no sabemos. Además hemos conocido que un ex PDI, un señor Ulloa, entregó una carpeta importante hace varios meses con toda la investigación que hizo acerca de estas redes de protección al narcotráfico de la PDI al ministro del Interior y no hay respuesta”, agregó.

Los policías arriesgan entre 10 y 21 años de presidio dependiendo de la participación de cada uno de ellos en los ilícitos que se les imputan.

Hechos de corrupción que escalan

En la tercera edición de Radioanálisis de nuestra emisora, la investigadora del Centro de Estudios Públicos de la Universidad de Chile, aseguró que este es un fenómeno “del que no está exento la policía en ninguna parte del mundo”, pero es considerado entre “los actos de corrupción más graves”, señaló.

En conversación con Felipe Pozo, la experta en narcotráfico señaló que este tipo de actos de corrupción se originan como “hechos aislados y específicos, como el soborno, pero escalan hacia otro tipo de mayor envergadura, que serían las que tienen que ver con la instalación de evidencia falsa, obstrucción de investigaciones y protección de personas”, dijo.

Para afrontar la corrupción y prevenirla, según Alejandra Mora, se debe trabajar en el fortalecimiento de la formación ética del cuerpo policial, “pues nos conformamos con un curso de ética al momento de ingresar a las escuelas”, también “ampliar horizontes hacia una formación continua, sometida a capacitaciones y reforzamientos de contenidos, así como mejorar los mecanismos de selección de los policías, hacerlos más exhaustivos”.

En esta línea, “es cuando la rendición de cuentas toma un rol protagónico. Tiene que ver con la existencia de otros al exterior de la policía que puedan tener un cierto control sobre la actividad de las instituciones”, señaló, otorgando a la sociedad civil una importante responsabilidad en la fiscalización.

No obstante, la académica destacó que en Chile “estamos relativamente protegidos y no hemos visto los efectos del crimen organizado vinculado al narcotráfico”, como si se ha desarrollado -por ejemplo- en México, Honduras y otros países centroamericanos. Una realidad de la que, a juicio de la experta, aún estamos seguros, siempre y cuando ahora se avance en perfeccionar los métodos de fiscalización, ya que “el crimen organizado en torno a la droga necesita corromper a agentes del Estado, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial o en los órganos policiales”, concluyó.

 

Jueves 18 de octubre 2012 20:59 hrs.

 

DESDE 1974 SE SABE QUE PINOCHET ES NARCOTRAFICANTE

Contreras (el de la DINA) insiste en que el coronel Gerardo Huber no solo fue asesinado por saber demasiado de los contrabandos de armas del ex dictador, si no también por conocer la producción de cocaína negra en Talagante.

Por Orlando Silva Lagos

Las acusaciones del asesino Manuel Contreras Sepúlveda, quien fue jefe del escuadrón de la muerte institucional llamado DINA, quien sostiene que la dictadura y el tráfico de drogas fueron yuntas, son acusaciones ciertas y esta colusión delictiva datan del año 1974, afirma el abogado Eduardo Contreras, uno de los principales querellantes en contra de Augusto Pinochet.

Agrega que esto no es extraño “porque estamos en presencia de un delincuente que no es menor….Hacia fines de 1974 ya en la prensa de Panamá se publicaron artículos relativos a la vinculación” de Pinochet con el tráfico de cocaína. Los hechos posteriores son de dominio público, como que en instalaciones químicas del Ejército, se destilaron drogas, la participación del asesinado químico de la DINA, Eugenio Berríos en esta actividad criminal y el establecimiento de redes de distribución por canales cuasi oficiales”.

El abogado no tiene dudas de que “la fortuna de Pinochet se amasa con la venta de drogas”, por lo que estamos ante “un delincuente que no sólo cometió violaciones a los derechos humanos, si no que también mantuvo cuentas secretas en bancos extranjeros”, sin embargo en conversación con ClariNet, aclara que este ingente patrimonio tuvo “su origen en el robo de los bienes de los presos políticos y de los detenidos desaparecidos, en el uso para su enriquecimiento de los fondos reservados y luego, acude al tráfico de armas y al tráfico de drogas. Es decir, Pinochet es un delincuente de tomo y lomo”.

En tanto, el fiscal contra el narcotráfico, Héctor Barros, interrogó el martes a Contreras Sepúlveda, en el penal Cordillera, donde este cumple condena, en el marco de la “denuncia calumniosa” interpuesta por Marco Antonio Pinochet, hijo del ex dictador, contra de quien fue jefe de los servicios secretos dictatoriales entre 1974 y 1978.

Contreras se vio involucrado en esta intrincada y sórdida madeja judicial, la que comenzó con afirmaciones de un ex espía del Ejército, el antiguo mayor Abel Sepúlveda Gutiérrez, quien aseguró que el ex general era amigo y confidente del coronel Gerardo Huber Olivares, ultimado en 1992, cuando Pinochet aún era comandante en jefe del Ejército, para evitar que declarara a raíz del contrabando de armas a Croacia que en ese momento estaba en guerra con Serbia.

Por esta razón, el magistrado encargado del caso, Claudio Pavez decidió tomar una declaración a Contreras en la cárcel de lujo donde cumple condena por la desaparición del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval.

El ex jefe de la DINA habló tanto, que el juez le pidió un informe por escrito. Allí el asesino en uniforme, dijo que el caso de Huber era similar al de quien fue químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagrado, muerto para silenciarlo por saber demasiado, como los planes para envenenar el agua potable de Buenos Aires en 1978 o el homicidio del ex presidente Eduardo Frei padre. Contreras testificó por escrito que Berríos era quien fabricaba la llamada cocaína negra, difícil de detectar, en el Complejo Químico del Ejército en el suburbio capitalino de Talagante, indicando que la droga era vendida por el hijo menor, Marco Antonio y por el empresario de origen sirio Edgardo Bathich, y distribuida en Europa por el tío político de éste, el traficante de armas y drogas Monser al Kassar. Toda la operación, según Contreras, contó con la autorización de Pinochet y con el silencio que se le impuso a Huber, quien habría sido asesinado no sólo por estar vinculado al tráfico de armas antes mencionado, sino por el conocimiento que tenía de las operaciones de droga que hacía Marco Antonio Pinochet.

El fiscal Barros debe investigar si la denuncia hecha por Contreras es verídica y sobre esa base resolver si continúa adelante con la indagatoria. Pero, la cosa es más tenebrosa aún, porque Contreras se ha reservado su papel en todo el embrollo.

Los datos que van saliendo a luz, indican que a fines de 1973, 19 supuestos traficantes de cocaína, en realidad delincuentes comunes con un relieve muy doméstico, fueron entregados a la DEA estadounidense en un montaje publicitario para dar la impresión que el gobierno de Salvador Allende había protegido el narcotráfico, que en realidad estaba en pañales. Sin embargo, en 1974, la DINA aprovecha esas detenciones, toma contacto con los pocos de los 19 supuestos narcos chilenos que habían sido encarcelados en Miami y establece sus propias redes de distribución de droga, tanto es así que en pocos años la DEA encuentra cocaina en un avión de guerra enviado a Estados Unidos para reparaciones, en un barco de la Marina que tomó parte en maniobras en el Pacífico frente a California y en un avión comercial de LAN, en ese tiempo empresa estatal, que volaba entre Santiago y Miami.

Esto acaba con el papel de la DINA en el tráfico de alcaloides y tal vez, por el enojo que le produjo haber sido sacado del negocio, según se especula, Contreras denuncia que el tema quedó en manos de Pinochet Hiriart y de su socio Batich, quien ya estuvo procesado por importar camionetas y camiones usados desde Brasil, en cuyos motores se encontró coca.

En el interrogatorio del martes, Contreras ratificó ante el fiscal Héctor Barros, que la familia Pinochet se enriqueció mediante el narcotráfico. "Efectivamente, ratificó sus dichos", dijo el funcionario del Ministerio Público. El abogado explicó que el ex jefe de la criminal Dirección de Inteligencia Nacional fue interrogado “en su calidad de imputado” por la querella del hijo menor del ex dictador. Contreras reiteró todo lo que había dicho por escrito al juez Pavez.

El jueves el fiscal Barros se constituyó nuevamente en el penal Cordillera para interrogar a Contreras y recibir un disco compacto con información que prometió el pasado martes el ex director de la DINA.

De acuerdo con los antecedentes obtenidos, el CD contiene la entrevista que prestó el narcotraficante estadounidense Iván Baramdyka a Televisión Nacional a mediados de los ’90. Este último fue extraditado a EEUU, debido a las actividades de tráfico de drogas en las que estaba involucrado. Fue el mismo que vinculó a Bathich y los Pinochet con la cocaína y el tráfico internacional de armas.

Baramdyka llegó a Chile en 1985 con un pasaporte falso a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en nuestro país era un funcionario del consulado chileno en Los Ángeles, Federico Silva Pizarro. Ex marine, Baramdyka fue extraditado de Chile en 1993, pero antes de que el FBI se lo llevara, se preocupó de dejar su historia grabada en video que, entre otras acusaciones, asegura que los colombianos compraban éter y acetona producidos en el Complejo Químico del Ejército (CQE) en Talagante.

Manuel Contreras, asimismo, contraatacó y le indicó al fiscal Barros que debiera citar al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, para obtener más información sobre las drogas y los Pinochet.

Herrera Jiménez estuvo clandestino en Uruguay entre 1991 y 1992, al igual que el químico de la DINA Eugenio Berríos, a quien Contreras sindica como el fabricante de la cocaína que traficaban Bathich y Marco Antonio en el CQE.

Pero no es todo, el ex jefe de la DINA aseguró que otro de los que sabe de su denuncia es Augusto Pinochet Hiriart, quien a mediados e los ’80 estuvo como agregado consular en Los Ángeles, donde Baramdyka, el narco estadounidense, inició sus relaciones para entrar a Chile e iniciar su negocio ilícito.

ClariNet

 

G.B.I:TERROSISTAS DEL ESTADO COLONIAL PERROCHETISTA CHILENO = Fuerzas Especiales Carabineros GOPE:TORTURAN,GOLPEAN PABLO MILLANAO,32 años, quien se encontraría “grave”- 2013-01-07

El conflicto mapuche: sin solución posible

http://www.youtube.com/watch?v=GdzBWPSf9Q4&feature=player_embedded


29/12/2012

Docente de Derecho Penal e investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas (Cijucen) desmintió las declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, argumentando que todo lo que se ha visto son delitos comunes.

http://www.youtube.com/watch?v=Z7te-tOiUPA
 

Comunicado delatorio de la CAM obliga a comuneros de Yeupeko a entrar en clandestinidad

Ene 14, 2013

Tras la publicación de un Comunicado Público a nombre de la Coordinadora Arauco Malleco, que inculpa a los comuneros mapuche que participaron de la huelga del 2010 en la cárcel de Temuco, de la muerte de al menos cuatro personas en varios sectores de Wallmapu, entre ellos el matrimonio Lucshinger Mackay, ha trascendido que varios de los peñis que participaron de dicha huelga han evitado el operativo policial que se ha desplegado en el sector cercano al predio donde murieron los colonos Lucshinger el pasado 04 de enero.

 

 

El hecho ha sido corroborado por algunos medios de comunicación como Radio Bio Bio, que informaba la mañana del viernes que la policía ha allanado los domicilios de los ex huelguistas y se han apostado de punto fijo en los alrededores de estos sin poder encontrar a ninguno de los comuneros; además se ha informado de operativos de búsqueda y vigilancia permanente en domicilios de otros ex huelguistas en distintas zonas de Wallmapu.

Es importante recalcar que varios de los comuneros que inculpa la CAM, han sido absueltos, luego de pasar años en prisión preventiva, incluso, algunos aún esperan por más de tres años el inicio de algunos juicios que el ministerio público ha dilatado hasta el extremo, lo que justifica la decisión de eludir los allanamientos, particularmente frente al clima de “cacería de mapuches” al que también se ha unido dicha organización.

El comunicado en cuestión, firmado por la Coordinadora Arauco Malleco y ampliamente difundido, deviene en una abierta delación al inculpar de la muerte de “cuatro inocentes”, entre otros, a quienes participaron de la huelga desde la cárcel de Temuco y que habrían, según el comunicado, hecho negociaciones secretas con el ministro Larroulet para terminar con la huelga. La supuesta negociación secreta, alude a una reunión abierta realizada al interior de la cárcel de Temuco por los huelguistas y de la que existe un registro de participantes, es decir una lista de nombres que sería a quienes la policía busca en estos momentos como supuestos autores del mortal ataque.

El comunicado fue refrendado por el máximo líder de la CAM, desde la cárcel El manzano de Concepción, a través del senador Alejandro Navarro que actuó como su vocero. El documento es de tal importancia para la investigación dado el grado de mando que se arroga el delator y por lo tanto su conocimiento de los supuestos ex subalternos rebeldes.

Aunque no existe ninguna investigación cerrada por parte de la justicia chilena que esclarezca responsabilidades individuales respecto de la muerte de las cuatro personas a las que alude el comunicado, la CAM ya lo ha hecho, por ello es que las autoridades locales del gobierno chileno en la zona han salido a aplaudir el gesto de dicha organización.

El hecho genera suspicacias respecto del verdadero objetivo del sorpresivo traslado del líder de la CAM a Concepción el mismo día que se iniciaron las pesquisas policiales y de inteligencia respecto de la muerte de los Lucshsinger Mackay; pues, hasta ahora el gobierno chileno ha reconocido que se trata de una decisión política tomada en círculos de inteligencia.

 

Si se trata de una vendetta política, este fue el peor momento para hacerla.

http://paismapuche.org/?p=6276

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Llama a seguir luchando por territorio y autonomía y a resistir organizadamente

COORDINADORA ARAUCO MALLECO RECHAZA LAS ACCIONES DE CUALQUIER TIPO

Ante los últimos acontecimientos la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, rechaza la muerte de 4 civiles en acciones vinculadas a la lucha de su pueblo y responsabiliza al gobierno en el fraccionamiento y accionar independiente de grupos en Vilcun, Ercilla y Lleulleu.

 

A continuación reproducimos el comunicado.

La Coordinadora Arauco Malleco, frente a los últimos acontecimientos informa a nuestro Pueblo Nación Mapuche y a la opinión pública en general lo siguiente:

1. En primer lugar queremos denunciar que la actual arremetida represiva, ha sido preparada por el Gobierno de turno y tiene como único objetivo estratégico desviar la atención y reprimir salvajemente al Pueblo Nación Mapuche para dar luz verde a la consolidación, a largo plazo, de las actividades extractivas en los sectores pesquero, forestal, minero y energético. Para continuar con el despojo del Wallmapu por parte de capitalismo transnacional.

 

 

 

2. Que para estos fines aprovecha las acciones erráticas cometidas por algunos grupos, ajenos a nuestra organización, que no se identifican y que han causado la muerte de cuatro personas civiles, demonizando al Pueblo Mapuche en su conjunto y deslegitimando sus justas reivindicaciones con el objeto de aislarnos frente a la opinión pública.

3. Como CAM rechazamos, nuevamente, dichas acciones y aseguramos que ellas solo sirven a los intereses del empresariado y del Gobierno que defiende sus intereses, razón por la cual no nos queda más que pensar en la tesis de la INFILTRACION DERECHISTA de algunos grupos, cercanos a las comunidades mapuche, a través de operadores que pudiesen estar instigando a cometer acciones que sirvan de excusa para reprimir y detener el avance hacia la reconstrucción del Pueblo Mapuche y su liberación nacional.

4. Otra arista desconocida para la opinión pública son las negociaciones llevadas por el Gobierno, en forma separada y secreta, para poner término a la huelga de hambre del 2010, a través del Ministro Larroulet, con algunos grupos de Ercilla y Vilcun, las que se desarrollaron fuera de la Mesa de Diálogo mediada por Monseñor Ezzati.

Es necesario reafirmar que esta Mesa, en la que quedaron sólo los representantes de las cárceles de Lebu y Concepción, tuvo un carácter público y sus únicos logros fueron: El retiro de las querellas por Ley Antiterrorista, por parte del Gobierno y la Modificación del Código de Justicia Militar, para no juzgar a civiles.

Una de las consecuencias de dicha situación fue el desprendimiento de varios miembros de la CAM de Ercilla, Vilcun y LLeu LLeu. Por lo cual a partir de esa fecha ya no existe relación política ni organica de dichas personas con nuestra organización.

Hoy nos queda claro que dicha estrategia política del Gobierno, de quebrar la Mesa de Ezzati y negociar por separado, tuvo como objetivo la desarticulación de la CAM y el encarcelamiento de sus líderes más consecuentes Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo.

Por lo anteriormente expuesto:

· Hacemos un deslinde categórico del llamado realizado por la pagina País Mapuche en homenaje al Weichafe Matias Catrileo, “…a llevar acciones de cualquier tipo…”. Rechazamos enfáticamente este tipo de llamados irresponsables y llamamos a nuestro Pueblo a no hacer eco de ellos.

· En segundo lugar llamamos a los grupos de resistencia mapuche a actuar con la mayor responsabilidad y a reivindicar sus acciones, aclarando el objetivo político de estas, para no perjudicar a nuestras comunidades, a otras organizaciones mapuche y a nuestro pueblo en general.

· En consecuencia con lo anterior, como CAM reivindicamos las acciones de resistencia, realizadas en las zonas de conflicto, en contra de las inversiones capitalistas llevadas a cabo por los ORT, en el contexto del quinto aniversario del asesinato de nuestro Weichafe Matías Catrileo y la huelga de hambre llevada adelante por los presos políticos mapuche de la CAM.

Llamamos a nuestro pueblo a seguir luchando por territorio y autonomía, a resistir organizadamente el despojo del Wallmapu por parte de los capitalistas.

Llamamos al pueblo chileno y a la comunidad internacional a no dejarse engañar por esta campaña demonizadora, a seguir solidarizando y apoyando al Pueblo Nación Mapuche en su proceso de lucha.¡¡¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE!!!
¡¡¡WEUWAIÑ!!!

Comunicaciones G80

COMUNICADO PÚBLICO

A nuestro pueblo nación, ta iñ peñi ka lamngen y a la opinión pública chilena e internacional, queremos expresar que ante la información emitida por diversos medios de comunicación relacionado a la muerte de Osvaldo Aliro Zapata Gutiérrez, parcelero de 54 años, en el sector de Antiquina, a 28 kilómetros de la ciudad de Cañete, lo siguiente:

Kiñe.- Que las diversas acciones emprendidas por los Órganos de Resistencia Territorial CAM (ORT-CAM) en nuestro wallmapuche, tiene un enemigo en común, el capitalismo, y un objetivo claro, detener su avance en territorio mapuche, en el sector lafkenche de la provincia de Arauco, es particularmente contra las empresas forestales (Mininco, Volterra, etc) y sus expresiones de inversión y usurpación.

Epu.- Que el campesinado chileno no es ni será un objetivo para las ORT-CAM, es más, los consideramos un sector también oprimido por el sistema político económico imperante, por tanto tenemos un enemigo en común. Además, como pu weichafe de nuestro pueblo nación, nos debemos a una ética política del weichan, o de lucha, por consecuencia no tenemos una línea de confrontación indiscriminada contra parceleros y campesinos, estamos categóricamente en contra de eso. No atacamos a los más débiles aunque estén en territorio mapuche.
 
Kula.- Por tanto repudiamos el actuar tendencioso de los medios de comunicación, TVN, Bío Bío La Radio, La Nación, Emol, entre otros, en tratar de vincular la muerte del señor Olvaldo Zapata con la CAM y sus ORT. Manifestamos que este es un hecho aislado y no tiene ninguna relación con nuestros procesos de reivindicación y lucha.

Meli.- Finalmente agregar, que las acciones de resistencia, contra las empresas forestales, son en apoyo a nuestros pu weichafe que llevan 37 días en huelga de hambre.
No al Doble Procesamiento a los PPM CAM
Reconocimiento de los Abonos a Héctor Llaitul (4 años de Prisión Preventiva)
Libertad Inmediata a Ramón Llanquileo (Salida de fin de semana)

Libertad a todos los Presos Políticos Mapuche
Territorio y Autonomía
¡¡¡Wewaiñ!!!
Jueves, Wallmapu 20 de Diciembre de 2012.

Comunicado Público.

Los Órganos de Resistencia Territorial Lafkenche de la Coordinadora Arauco Malleco, comunicamos a nuestro Pueblo Mapuche y a la opinión pública, nacional e internacional, lo siguiente:
Kiñe: Que durante la madrugada de este día jueves 20 de diciembre, atacamos cuatro container que estaban ad portas de ser ocupados por brigadistas forestales y carabineros de chile en el fundo Tranaquepe de Tirúa, pertenecientes a forestal Volterra, sin resultar personas heridas.
Epu: Que con esta acción reafirmamos nuestra lucha contra las forestales y toda inversión capitalista, que han invadido paulatinamente nuestro territorio en desmedro de nuestras comunidades y nuestra Ñuke Mapu.
Küla: Que la CAM nada tiene que ver con el hecho ocurrido en el sector Vegas de Antiquina, en donde resultó muerto un cuidador, por lo que desmentimos tajantemente alguna vinculación entre este hecho y nuestras acciones de resistencia, como se ha querido mostrar en la prensa oficial.
Libertad a nuestros Weichafe en Huelga de Hambre en la cárcel de Angol y a todos los Presos Políticos Mapuche !!
Con nuestros muertos, con nuestros presos; seguimos avanzando hacia la Liberación Nacional Mapuche.
Autonomía y Territorio
Weuwaiñ!!
Órganos de Resistencia Territorial Lafkenche- Coordinadora Arauco Malleco.
ORT-CAM

http://www.elmostrador.tv/programas/mesa-de-dialogo/origenes-y-desafios-del-conflicto-mapuche-con-jose-bengoa/?utm_source=elmostradorcl&utm_medium=caja&utm_campaign=cajatv

7 de enero de 2013

Werkén denuncia brutal golpiza a comunero mapuche

El werkén de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, acusó que la zona está "sitiada por la Policía".

 

 

 

por El Mostrador

 

 

El werkén de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, denunció una brutal golpiza propinada por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros a un comunero mapuche, identificado preliminarmente como Pablo Millanao, de 32 años, quien se encontraría “grave”.

Los hechos ocurrieron, según relató el Werkén, tras el allanamiento efectuado por personal de la policía uniformada a la comunidad autónoma de Temucuicui a última hora del domingo.

“Nuevamente han arrasado con nuestra gente”, sostuvo Huenchullán en entrevista con Radio Cooperativa.

 

El lesionado fue trasladado al Cesfam de Ercilla y luego sería llevado al Hospital de Victoria.

 

 

Conflicto en La Araucanía: General Carrasco no descartaría reunirse con líderes mapuches

Por Francisco Águila Vega, Emol                                 Lunes, 7 de Enero de 2013, 11:53 

La idea es coordinar labores preventivas a fin de evitar nuevos ataques ante el inicio del período de cosecha de trigo en la zona. Se evalúa solicitar más recursos para equipos tecnológicos.

SANTIAGO.- Las actividades para el recién designado jefe de la Plana Mayor Especial Interregional de Carabineros en la zona mapuche, general inspector Carlos Carrasco Hellwig, comenzaron temprano este lunes en La Araucanía.

Llamados telefónicos recibidos de madrugada desde la capital, para después pasar a hacer una revisión completa de los trabajos realizados por la institución en torno al conflicto, agudizado con el crimen del matrimonio de los agricultores Werner Luchsinger y Vivian MacKay en su fundo de Vilcún, marcaron el inicio de su jornada.

Y es que durante hoy y mañana el alto oficial se preocupará del tema interno, la planificación de los servicios, la logística y las estrategias preventivas a realizar en los próximos días en la zona.

De acuerdo a lo informado a Emol, el tercer hombre en la línea de mando institucional iniciará el miércoles reuniones de coordinación con representantes de la PDI, intendencias, gobernaciones y otras entidades como por ejemplo Conaf y agricultores.

Pero un antecedente nuevo es que el general Carrasco no descartaría reunirse con los líderes de las comunidades mapuches de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos para iniciar coordinaciones destinadas al desarrollo del trabajo preventivo.

Esto, debido principalmente a que se busca evitar nuevos ataques incendiarios en los predios, ya que en los próximos días comenzará la etapa de cosecha de trigo en las citadas regiones.

En esa línea, fuentes de la institución señalaron a este medio que se evalúa enviar más gente a la zona del conflicto, que se sumará a los más de 400 ya enviados, parte de los cuales pasarán a ser de dotación permanente -con domicilio- en la zona.

En todo caso, se precisó que este aumento de dotación no implica que se deje sin resguardo al resto del país, ya que los servicios policiales como por ejemplo el Plan Cuadrante y "Verano Seguro 2013" seguirán funcionando de manera normal.

Pertrechos

Una de las decisiones que tomará en las próximas horas el alto jefe policial será si solicita o no recursos extraordinarios al Gobierno, a fin de adquirir equipos tecnológico para enviar a la zona.

Estos se sumarían a los 15 vehículos policiales enviados el sábado a La Araucanía, así como también a los dos helicópteros con cámaras infrarrojas y los siete vehículos para apoyar el trabajo de Dipolcar y OS-9, que llegaron ayer.

Asimismo, ya se envíaron cuatro carros blindados para las labores de los funcionarios de Fuerzas Especiales y caballos, con lo que no se descarta la realización de patrullajes preventivos dentro de los predios.

Respecto de los seis nuevos contenedores que operarán como destacamentos en la Novena Región, éstos estarán emplazados a la orilla de las rutas y en zonas altas, cercanos a los lugares que han sido objeto de ataques con la finalidad de mejorar el tiempo de respuesta de los funcionarios policiales, en caso de emergencias.

Por Francisco Águila Vega, Emol

Lunes, 7 de Enero de 2013, 11:53

Nuevo cuartel del OS-9

Durante los últimos días llegó hasta la Región de La Araucanía un equipo de funcionarios del Departamento de Investigación Policial de Carabineros provenientes desde la capital.

Se trata de tres capitanes, tres tenientes y 28 carabineros que fueron destinados de forma permanente en el sector para iniciar las labores de un nuevo cuartel del OS-9 en la zona del conflicto mapuche.

Según se informó a Emol, su misión será investigar de forma exclusiva los ataques incendiarios a los predios y constituirse en forma rápida en todos los procedimientos de importancia que ocurran en el sector, para en conjunto con Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) realizar las labores investigativas.

Asimismo, estarán en directa coordinación con los efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar), cuya dotación en la región también fue reforzada.

 

 

Asesino de René Schneider quiere venganza por atentado contra familia Luchsinger

Por Verdad Ahora | 06-01-2013 - 14:13

Alan Cooper, chileno involucrado en el asesinato del general del Ejército, René Schneider, llamó este sábado a “balear” a los responsables del ataque incendiario que afectó a la casona de la familia Luchsinger en la Araucanía.

El agricultor, quien es primo de la fallecida Vivian MacKay y vecino del fundo afectado por el incendio, declaró que los culpables “son una minoría en el pueblo mapuche", adhiriéndose a la tesis de que los mismos recibirían apoyo desde el extranjero.

“Los voy a balear a todos si es que llegan acá. No les tengo ningún miedo”, declaró Cooper a El Mercurio.

A raíz del atentado que ha iniciado una verdadera “guerra contra el terrorismo” en la Araucanía, según palabras del presidente Piñera, los vínculos de Cooper con la muerte del entonces Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, han sido objeto de repudio en las redes sociales.

En 1970, Alan Cooper fue implicado junto a Patria y Libertad en el asesinato a sangre fría de Schneider. Los asesinos, parte de los cuales escaparon del país con rumbo a Miami, fueron posteriormente indultados por el general Augusto Pinochet.Según escribió el periodista Francisco Martorell en 2003, Cooper comulgaba con “grupos de fanáticos religiosos” gremialistas de la FEUC que se reunían periódicamente en el departamento de Jaime Guzmán, en la Iglesia El Bosque y en las sedes del Opus Dei.

En un documento secreto firmado por el oficial de la CIA, William V. Broe, el agricultor de la Araucanía es individualizado junto a Diego Izquierdo y Juan Luis Bulnes como uno de los principales sospechosos del atentado contra Schneider.

“Cooper y Juan Luis Bulnes eran muy cercanos, tanto que este último fue padrino de su hija, Francisca Cooper, que falleció en un maremoto en Tailandia”, reportó El Mostrador en abril de 2010.

El ataque contra Schneider fue apoyado firmemente por la inteligencia norteamericana en una operación de nombre “Track Two”, que se encargó de financiar a grupos de extrema derecha para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende.

La relación directa entre Cooper y la CIA, en el marco del emblemático asesinato y su posterior escape a Miami, nunca ha sido esclarecida.

 

AFEP y AFDD exigen que se respeten los derechos del pueblo mapuche

Escrito por Administrator

Lunes, 07 de Enero de 2013 11:11

Ante los hechos que han provocado la muerte de dos personas en la Araucanía, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, manifestamos que la deuda que el Estado chileno mantiene con las comunidades indígenas y la indiferencia histórica con sus demandas han ido creando un clima complejo, que se debe enfrentar con diálogo, respeto y respuestas concretas a las demandas ancestrales que no se han asumido por razones económicas y de dominio oligárquico en desmedro de los derechos consuetudinarios del pueblo mapuche. Nos alarma que las “soluciones” al conflicto, una vez más, se centren en la acción represiva, clasista e irrespetuosa con que el pueblo mapuche es tratado, especialmente en situaciones de conflicto y violencia. No es con el copamiento de fuerzas especiales del territorio mapuche, ni con allanamientos, ni con represión que el Estado va a resolver un conflicto mucho más profundo, histórico y no considerado en la forma y los contenidos que el pueblo mapuche merece por ser los legítimos dueños de esas tierras. La presencia y el discurso del Presidente de la República ha contribuido ha tensionar aún más el ambiente considerando que cuando hermanos mapuches han sido vilmente asesinados, ninguna autoridad se ha hecho presente para repudiarlos y sancionarlos, al contrario, el silencio y la indiferencia han sido la respuesta que han debido enfrentar los familiares de esas víctimas y sus comunidades, lo que demuestra que la vida de todos los chilenos no tiene el mismo valor y que ello depende principalmente de la posición social y económica que se tenga.   La muerte del matrimonio Luchsinger, que por cierto lamentamos, debe ser investigada por la justicia y los responsables sancionados de acuerdo a la normativa vigente y no con la aplicación de la espuria ley antiterrorista, por que más allá del deseo de algunos, en nuestro país no existe terrorismo.     Exigimos que los derechos del pueblo mapuche sean respetados y que los que hoy alzan impunemente la voz anunciando cacerías, o sea, incitando a la violencia y la muerte, sean controlados por las fuerzas especiales apostadas en el territorio mapuche.   Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Santiago, 5 de enero de 2013

Actualizado ( Lunes, 07 de Enero de 2013 11:20 )

Madre de Matías Catrileo: Cuando lo mataron, nadie salió a declarar que era horroroso

Mónica Quezada fustigó el "doble estándar" de los políticos ante el ataque incendiario en Vilcún.
Mundo mapuche y empresariado reaccionaron a la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.
 

Publicado: Viernes 4 de enero de 2013 | Autor: Cooperativa.cl

La madre del asesinado Matías Catrileo, Mónica Quezada, fustigó el doble estándar que han tenido políticos y diversas autoridades nacionales para condenar la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, pero no de su hijo.
"Cuando mataron al Matías no salió nadie dando declaraciones de que era horroroso, o sea más que doble estándar ellos muestran su real cara", dijo la mujer y agregó que las autoridades y el Presidente Piñera "vienen con todo su despliegue ( a La Araucanía)" tras la muerte de los agricultores "y esas cosas efectivamente (demuestran) como que no funciona para todos igual".
Para el abogado querellante del caso Catrileo, Lorenzo Morales, "estos son hechos policiales que no tienen nada que ver con la reivindicación de tierras. De estos hechos policiales se tiene que hacer cargo la Policía tal cual como se hace cargo en cualquier lugar del país".
"Va a estar esto en la temática, esperamos que este ministro del Interior no cometa los mismos errores que el otro (Hinzpeter), de satanizar a los movimientos sociales", añadió Morales.

 

"En el pueblo mapuche hay rabia"

 

El werkén de la comunidad de Temucuicui, Mijael Carbone, dijo que "en el pueblo mapuche hay rabia y hay una rabia con mucha decisión. Yo creo que hay una rabia contenida por la impunidad no tan sólo por la muerte de Matías Catrileo sino que tenemos a Lemún, tenemos al peñi Mendoza Collío y todo eso se va a acumulando cuando uno tiene una claridad de objetivo que es la liberación nacional del pueblo mapuche".
"Entonces la rabia se va a demostrar de muchas formas y puede ser que una de las formas sea la que ocurrió el día de hoy", agregó Carbone.

 

"El Estado tiene que tomar cartas en el asunto"

 

Emilio Taladriz, vocero de la multigremial de La Araucanía, fustigó el ataque incendiario y enfatizó que "la verdad es que estamos sumamente preocupados, esta escalada de violencia viene hace muchos años subiendo, subiendo, subiendo".
"Hoy día estamos viendo con dolor a metros de lo que quedó de la casa incendiada de una familia de 70 años. Como entran y los queman vivos, los quemaron vivos, esto es atroz. La madre alcanzó a llamar a uno de sus hijos relatando lo que estaba pasando", señaló Taladriz.
"Esto es dramático, esto hay que detenerlo, el Estado de Chile es el que está en deuda con esta región, no con el pueblo mapuche en especial, con esta región por lo que está pasando", aseveró el empresario y añadió que "el Estado de Chile tiene que tomar cartas en el asunto, sino no sabemos lo que va a ir a pasar".

Audios

Madre de Matías Catrileo: Más que doble estándar ellos muestran su real cara

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7 de enero de 2013

El Estado chileno y la cuestión mapuche

 

El Mostrador

 

Si los gobernantes de un Estado insisten en solucionar un problema social recurriendo al mismo instrumental jurídico y político que está en el origen de ellos, el problema en cuestión solo se hará más grande e irreductible en el futuro. Eso es lo que viene ocurriendo en La Araucanía desde hace 100 años, y particularmente después de 1990, imponiéndose la autoridad del Estado con un arsenal que oscila entre pequeño fomento productivo, un poquito de tierras y muchos policías.

El riesgo actual de esas relaciones es que el conflicto violento se haga endémico y legítimo para la mayoría del pueblo mapuche —lo que no ocurre todavía—, e introduzca una distorsión total de gobernabilidad en el país variando a conflicto de autodeterminación. Entonces habría ganado la opción violentista.

Nadie puede justificar desde ningún punto de vista los hechos que terminaron con el asesinato de un matrimonio de agricultores en un atentado incendiario en Vilcún. Se debe buscar y castigar a los culpables. Pero sería un error político de proporciones activar toda la fuerza y poder coercitivo del Estado de una manera territorial e indiscriminada. Ello inevitablemente será percibido como una venganza contra el pueblo mapuche y no un acto destinado a sancionar a los culpables.

La acumulación histórica de hechos y su escalada actual obligan a pensar en la raíz del problema. Y ella está, si no exclusivamente, en gran medida marcada por la forma como el Estado de Chile creó “chilenos” e integró el territorio de La Araucanía. Con enormes hitos de violencia documentados incluso por sus propios actores directos, como lo explicitan los informes del Coronel Cornelio Saavedra, jefe militar del proceso.

Nadie puede justificar desde ningún punto de vista los hechos que terminaron con el asesinato de un matrimonio de agricultores en un atentado incendiario en Vilcún. Se debe buscar y castigar a los culpables. Pero sería un error político de proporciones activar toda la fuerza y poder coercitivo del Estado de una manera territorial e indiscriminada. Ello inevitablemente será percibido como una venganza contra el pueblo mapuche y no un acto destinado a sancionar a los culpables.

Los derivados de esa estrategia militar de anexión y no de integración, acompañada por actos de confiscación, venta y colonización de territorios, están demasiado cerca en el tiempo y es imposible que no sean parte del imaginario mapuche en su relación con el Estado de Chile. Son apenas tres generaciones completas que distancian la actualidad de esos sucesos. Hay allí un fundamento emocional profundo que, unido a las características de resciliencia del pueblo mapuche, son un aspecto importante a considerar en el conflicto.
 

Es decir, no se trata de seguridad ciudadana, derecho de propiedad o aplicación rigurosa de la ley, si bien hay parte importante de ello. El problema se vincula a una crítica profunda del proceso político de construcción del pacto social constitutivo del Estado de Chile. Este, para la historiografía mapuche reciente, es una herida abierta y una agresión.
 

Cualquier manual simple de manejo de conflictos indica que se debe percibir con claridad la profundidad del fundamento emocional del adversario, saber qué lo impulsa a la lucha, para medir el esfuerzo que se debe emplear en solucionarlo. En el caso del pueblo mapuche ello es muy intenso, y cada acción del Estado, fundada exclusivamente en el prurito de la autoridad y la legalidad, ahonda la emoción negativa.
 

Así se lee que el policía que mató a Matías Catrileo siga en servicio, que se inunden cementerios mapuches para una central hidroeléctrica, o se cerquen terrenos que antes fueron propios y libres. Y así se justifican los violentistas mapuches.

Es verdad que la emocionalidad del Estado de Chile, expresada en la acción de sus gobernantes, no es menor en términos de la imposición de la ley y la autoridad. Pero el Estado por pacto constitutivo es el ente administrativo y político cuyo principal fin es distribuir bienestar, paz social, desarrollo, justicia y seguridad, y tiene que actuar en consecuencia, representando el bien común.
 

Ello debiera ser comprendido a fondo por el gobierno y toda la elite política, pues crecientemente se va instalando con validez social la idea no solamente de una “historia nacional del despojo del pueblo mapuche”, sino de un Estado oligárquico que opera fuera del bien común y al que no le importa la paz social y la seguridad política de la sociedad.
 

Ello genera a su vez la percepción de un déficit de legalidad y legitimidad de Estado, y terminará produciendo una fisura importante en el sentido de nación, pues la vieja convicción del sentimiento nacional arraigado como sustento del Estado, en la cual se han formado las generaciones de los siglos XX y XXI, está llegando a su fin, en primer lugar con el conflicto mapuche, pero también con temas ambientales y de equidad territorial.

El problema mapuche puede escalar no solo en violencia, con formas de paramilitarismo de variada procedencia y mayor represión del Estado central, sino también política. La propia ONU ha sostenido que los pueblos que se sientan una nación tienen el derecho de formar su propio Estado y consecuentemente su propio país, y no se debe descartar que si se siguen acumulando errores, la reivindicación del Estado propio llegará.
 

La idea altamente ideológica de que los Estados son organizaciones formadas de una vez y para siempre es un error. Lo ha demostrado con creces la historia reciente. El Estado como ente jurídico y moral hay que cultivarlo en la libertad, la equidad y la justicia. La percepción de la vigencia real de estos valores vive en la cultura de cada persona que habita el territorio del país y cultivarla es responsabilidad del Estado.
 

Hoy el país está frente a un problema político referido a la constitución del Estado, cuya solución implica acuerdos sobre su organización y gobierno interno en la región, representación política y satisfacciones de carácter económico y cultural del pueblo mapuche, quien no está conforme con su inserción en nuestro Estado. Pero de la misma manera, requiere una postura clara de condena y no justificación de los hechos de violencia, bajo argumentos de la historia pasada.
 

Es necesario recalcar que no hay muchas alternativas. El tema mapuche acompaña toda la historia del país y de alguna manera sus hitos más importantes están signados por la violencia, pese a que los mapuches han hecho esfuerzos importantes de integración pacífica en el pasado. El reimpulso a las identidades que se dio entre ellos en los años 90 ha resultado, por errores de la propia democracia, no solo en entidades no sumisas, que buscan tanto derechos ciudadanos como calidad de inserción como nación en el Estado, lo que es justo. También ha habido un impulso a la violencia por intransigencia y miopía estatal, que hoy lamentamos.
 

Si deseamos tenerlos como parte integrada del Estado de Chile, debemos actuar en consecuencia y entablar un diálogo efectivo sobre autonomía política funcional, desarrollo económico, representación parlamentaria y existencia y derechos constitucionalmente reconocidos. Hay que hacerlos parte de la riqueza forestal y agrícola de tierras que una vez les pertenecieron y, sobre todo, lavar de manera digna la heridas de la guerra que el Estado de Chile llevó contra el pueblo mapuche, y de la cual resultaron pérdidas de derechos ciudadanos, de libertad y de cultura. Ese es la parte simbólica fundamental de la solución.
 

Aún resuena, para la verdad histórica y nuestra vergüenza lo escrito por Cornelio Saavedra en 1870: “La guerra, llevada por el sistema de las invasiones de nuestro ejército al interior de la tierra indígena, será siempre destructora, costosa y sobre todo interminable, mereciendo todavía otro calificativo que la hace mil veces más odiosa y desmoralizadora de nuestro ejército. Como los salvajes araucanos, por la calidad de los campos que dominan, se hallan lejos del alcance de nuestros soldados, no queda otra acción que la peor y la más repugnante que se emplea en esta clase de guerra, es decir: quemar sus ranchos, tomar sus familias, arrebatarles sus ganados; destruir en una palabra todo lo que no se les pueda quitar. ¿Es posible acaso concluir con una guerra de esta manera, o reducir a los indios a una obediencia durable?”.