LUCHAMOS X TIERRA SEMILLA TRABAJO

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martes, 8 de mayo de 2012

CONDENAN A TERRORISTAS ESTADO =MILITARES CENTRAL NACIONAL DE INTELIGENCIA, C.N.I. EN TEMUCO- Viernes 9 Julio 2010 | 15:16

Condenan a 3 militares por causas de violaciones de Derechos Humanos en Temuco

Viernes 9 Julio 2010 | 15:16
Publicado por Álvaro Agüero | La Información es de Luis Vergara •  


Abogado querellante en causa de violación de Derechos Humanos logró que la Corte de Temuco condenara a tres militares imputados de cometer apremios ilegítimos en contra de un grupo de estudiantes de la Universidad de La Frontera. Los uniformados habían sido absueltos por el ministro que investiga los casos de DDHH.
Los militares integraban en Cautín un comando de la temida Central Nacional de Inteligencia, C.N.I. Se trata de los ex oficiales, Jorge Palacios Mery y Pedro Guzmán Olivares, además del suboficial, Erasmo Segundo Bravo, quienes fueron acusados del delito de apremios ilegítimos en contra de una docena de estudiantes de la Universidad de La Frontera, ocurridos el año 1986 en la sede de la C.N.I. en Temuco, ubicada en calle Miraflores esquina Caupolicán.
En tanto el abogado Jaime Madariaga alegó en su apelación, que por ser un delito de lesa humanidad debería dictarse condena en contra de los agentes de la Central Nacional de Inteligencia, más conocida con sus siglas C.N.I.
La Corte de Apelaciones de Temuco condenó a cada uno de los C.N.I. a una condena de 540 días.

TERRORISTAS ESTADO SON FORMALIZADOS X INEFICACIA E INEFICIENCIA CRIMINAL EN LA GESTION 27F - 8 de Mayo de 2012

8 de Mayo de 2012

Duros cuestionamientos a Carmen Fernández y Patricio Rosende

Audiencia de formalización del caso tsunami impacta en el bacheletismo

En Twitter #CasoTsunami no tardó en convertirse en trending topic nacional y no faltaron las alusiones directas a la ex mandataria por los errores cometidos la madrugada del 27 de febrero de 2010. Tras finalizar la primera jornada de la diligencia judicial, la fiscal Solange Huerta dijo que los argumentos del Ministerio Público apuntan a la falta de "liderazgo y autoridad" de los funcionarios de la época para tomar decisiones frentre al maremoto que causó la muerte a 156 personas y dejó 25 desaparecidos.

Que la ex directora de la Onemi Carmen Fernández no tenía la preparación para ejercer su cargo o que el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dio a conocer a la prensa información “falsa” al descartar tajantemente la posibilidad que se produjera un tsunami la madrugada del 27 de febrero de 2010, fueron algunos de los argumentos que esgrimió la fiscal Solange Huerta al momento de formalizar por el cuasidelito de homicidio a ocho personas.
Esta audiencia, que promete ser maratónica, volvió a exponer ante la opinión pública el cuestionado desempeño de las autoridades del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, y a poner en tela de juicio la capacidad de decidir de la propia ex jefa de Estado, en momentos que ella surge como la principal carta presidencial de la Concertación.
Y aunque varias voces del oficialismo la han conminado a asumir su responsabilidad política por las descoordinaciones y errores cometidos la noche de la tragedia, la propia fiscal aclaró posteriormente que la ex mandataria fue en ese momento informada de las consecuencias del terremoto, pero no de las alertas sobre la posible ocurrencia de un tsunami, las que comenzaron a llegar a las 4:07 de la madrugada.
Como sea, en redes sociales como Twitter #CasoTsunami no tardó en convertirse en trending topic nacional y no faltaron alusiones directas a Bachelet y críticas a la cadena de errores cometidos por las autoridades de la época.
Además de Fernández y Rosende, quienes fueron los principales interlocutores de la Presidenta Michelle Bachelet una vez que se produjo el devastador sismo de 8.8 grados Richter, están siendo formalizados el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziell Jamett; el ex jefe de turno de este organismo, Osvaldo Malfanti; el ex jefe de Oceanografía del SHOA, Andrés Henríquez; el ex jefe de turno de la misma entidad, Mario Andina y el ex jefe del Departamento de Sismología de la Universidad de Chile, Carlos Aranda.

Rosende y Fernández en la mira

Durante la diligencia que se lleva a cabo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal hizo un pormenorizado análisis de la situación que se vivió en la Oficina Nacional de Emergencia, argumentando que los funcionarios allí presentes se dedicaron principalmente a recabar información de los efectos del sismo y no a tomar medidas frente a la posibilidad de un tsunami.
Un capítulo aparte fue el rol de Fernández, quien según Huerta, evidenció un gran “desconocimiento” del comportamiento de las mareas tras un sismo de gran magnitud. También la acusó de no haber tomado en consideración las informaciones provenientes de las oficinas regionales del organismo, las cuales estaban dando cuenta de la ocurrencia de la catástrofe.
Sobre Rosende, la fiscal destacó el hecho que pasadas las cuatro de la madrugada con 13 minutos se dedicó a dar una entrevista telefónica a Televisión Nacional. En ella el ex subsecretario descartó tajantemente la posibilidad que se produjere un maremoto, información a la que habían arribado los organismos internacionales a cargo de esta materia. Sin embargo, Huerta afirmó que el funcionario no hacía otra cosa que difundir a la población “información” falsa, considerando que entidades como el Servicio Sismológico de los Estados Unidos y de monitoreo de tsunamis de ese mismo país mantenían a esa hora una alerta de maremoto en las costas de Chile, Perú y Ecuador.
Asimismo, enfatizó que el funcionario ocupó durante todo ese tiempo un teléfono fijo de la Onemi cuando la emergencia estaba en pleno proceso.
Ya terminada la primera jornada de la audiencia, la fiscal Huerta puso énfasis en que los argumentos del Ministerio Público apuntan a la “falta de liderazgo y autoridad” de las autoridades frente a la emergencia y al hecho que en la Onemi existían varios funcionarios que “no tenían conocimientos para la función pública que desempeñaban”.

Ex funcionarios dan la cara por Bachelet

Rosende y Fernández contra la pared por caso tsunami

Además de los dos funcionarios y luego de una investigación de dos años, la fscal regional de la Zona Metropolitana Occidente, Solange Huerta, junto a los fiscales Luis Tapia y Andrés Castellanos, formalizaron a Johaziel Jamett Paz, Osvaldo Malfanti Torres, Mariano Rojas Bustos, Andrés Enríquez Olavarría, Mario Andina Medina y Carlos Aranda Zapata.
Esto en base a los antecedentes que constan en las más de 55 carpetas de investigación de la Fiscalía Occidente y los 20 tomos de investigación de la PDI, los cuales permiten presumir la comisión de delitos culposos en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población.
Ayer, durante el primer bloque de la audiencia, la fiscal Huerta detalló el funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, el rol de las instituciones que lo integran y las funciones que desempeñaban los mandos técnicos encargados de la Oficina Nacional de Emergencias y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, junto a una cronología de los hechos más relevantes del 27-F.
Asimismo, explicó cuáles fueron los errores y negligencias cometidos en ambos organismos de acuerdo a la normativa y protocolos vigentes a la fecha.
Al referirse Rosende, la fiscal Huerta afirmó que “toma el documento fax de alerta de tsunami y no verifica que la alerta hubiere sido transmitida a la población civil, no solicita esa información al jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de Onemi ni a nadie, con clara infracción al deber de cuidado que le era exigible, y adicionalmente a los deberes reglamentarios que pesaban sobre él”.
Al referirse a la Onemi la Fiscal Regional de la Zona Metropolitana Occidente dijo que “ninguno de los encargados (ni el jefe de turno esa noche, Osvaldo Malfanti; ni el jefe del CAT, Jozahiel Jamett) estaba capacitado para enfrentar una emergencia de estas características, ya que no habían realizado cursos al respecto”.
La fiscal Huerta se refirió a la labor cumplida la madrugada del 27 de febrero, señalando que a la ex Presidenta Michelle Bachelet “no se le entregó información respecto a lo que estaba pasando”.
En la oportunidad la fiscal destacó que la ex mandataria dio una primera conferencia de prensa a las 05:40 horas a partir de la información que le habían dado en la Onemi, donde “no mencionó información relativa al tsunami”.
Se espera que la audiencia de formalización se extienda entre tres a cinco días, finalizando con la solicitud de medidas cautelares y el establecimiento del plazo para el cierre de la investigación por parte del magistrado Daniel Urrutia.
Una vez terminada la primera audiencia, la fiscal Huerta aseguró que su tarea es relatar los hechos, pero indicó que las autoridaades a cargo de las instituciones la noche del terremoto “no tenían las capacidades apropiadas”.
“Nosotros hemos indicado ya en la etapa de exposición de hechos, que muchas de las personas no tenían los conocimientos para cumplir la función pública por la que el Estado de Chile les pagaba, no estaban haciendo un voluntariado, cuando uno cumple una función pública asume todo lo que eso implique, las cosas buenas, malas o responsabilidades”, dijo la fiscal según consignó La Tercera.
 

TERRORISTAS ESTADO=FFAA, CARABINEROS: COMPRAN CARROS LANZA AGUA SIN LICITAR - 4 de Mayo de 2012

4 de Mayo de 2012

Diputados piden a la Contraloría que declare nula la operación

Carabineros: escala conflicto por millonaria compra de carros lanza aguas sin licitación

Gabriel Silber (DC) y Rodrigo González (PPD), consideran que el proceso está viciado y cuestionaron que los recursos estén dirigidos a la represión de manifestaciones y no a proteger a la ciudadanía de la delincuencia. “¿Cuáles son las prioridades del Ministerio del Interior en materia de seguridad pública? Claramente el combate contra el delito o acabar con la puerta giratoria parece que ya no es la prioridad", dijo el legislador falangista.
por El Mostrador
Acciones

Un grupo de diputados de oposición solicitó a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la compra a través de un trato directo de nuevos carros lanza aguas para Carabineros, por un valor de cinco millones de euros.
La polémica adquisición de 10 de estos vehículos se concretó a través de una orden de compra publicada en el portal de Compras Públicas Chile Compra, dos días después de la manifestación estudiantil del 27 de abril, que reunió a más de 27.000 personas. Dicha orden la aprobó la policía uniformada el pasado 17 de abril a través de una resolución.
Carabineros justifica la compra en base al “análisis situacional de vehículos lanza aguas Zona Metropolitana 2011” citado en la resolución Nº 205 emitida por la Dirección Nacional de Logística de la institución, que autoriza un trato directo con la Empresa Comercial Pirecsa Limitada, representante en Chile de la empresa Rosenbauer International AG. “La efervescencia social del año 2011, fue enfrentada por la Prefectura de Fuerzas Especiales (FF.EE), con medios y elementos de apoyo limitados en cuanto a uso y disposición de vehículos lanza aguas. Esta condición limitante significó exigir tanto a los medios logísticos como sistemas de apoyo técnico y mecánico, un constante desgaste adicional”, justifica Carabineros.
Sin embargo, los parlamentarios Gabriel Silber (DC) y Rodrigo González (PPD), afirmaron que el proceso está viciado y cuestionaron que los recursos de la institución estén dirigidos a la represión de manifestaciones y no a proteger a la ciudadanía de la acción de los delincuentes.
“Esto es muy grave, pues al margen de la Ley de Contratación Pública, se ha buscado artificiosamente evitar el llamado a licitación pública y se ha hecho un trato directo por 5 millones de euros, lo que lesiona no solo el principio de legalidad de la contratación por parte del Estado sino que amenaza la eficacia de la administración al impedirse la competencia entre postores que podrían tener ofertas mejores y por cierto se expone al Estado a ser burlado en su patrimonio, al no poder determinarse si esa era la oferta más conveniente económicamente”, dijo González.
El legislador acusó también al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de abocarse más a la represión que a cumplir su rol en materia de seguridad pública. “Hay miles de poblaciones de Chile en donde no hay un solo retén de Carabineros. Con tres mil millones de pesos se podrían satisfacer muchas necesidades de la policía”, señaló.
Silber agregó que están solicitando la “nulidad por parte de la Contraloría de todo lo comprado. Aquí se ocupa una figura que es la de trato directo mediante el cual, entre gallos y medianoche, se compran estos 10 carros lanza agua y para este trato directo se requiere acreditar la urgencia efectiva para la compra de este bien, que entendemos no es ninguna prioridad para el país, o que exista un único proveedor, cosa que tampoco existe en los  hechos. Existe un mercado que es bastante competitivo en el cual incluso los chilenos podríamos asegurarnos a precios más bajos la compra de estos bienes”.
Finalmente, afirmó que “vamos a tener la intervención de la Contraloría General de la República; creemos que hay  irregularidades en el proceso de adjudicación de la compra de estos carros lanza agua y también decir algo muy importante ¿cuáles son las prioridades del Ministerio del Interior en materia de seguridad pública? claramente el combate contra el delito o acabar con la puerta giratoria de la delincuencia parece que ya no es la prioridad y este parece haber sido solamente un tema de la campaña política, para salir electo este gobierno”.
“Hoy día la prioridad está en reprimir a la gente en acabar con el movimiento social que está instalado en las calles  y obviamente esperamos una explicación de la Intendenta, del Ministro Hinzpeter, como por sobretodo de Carabineros”, concluyó.

TERRORISTAS ESTADO CNI, ANI =CONCERTACION ESCALONA RECIBE REPORTES DE INTELIGENCIA CNI, ANI - Miércoles 18 abril 2012 | 19:10

 
 
 
Ex CNI señala que funcionarios de inteligencia entregan reportes a Escalona y el PPD
 
Miércoles 18 abril 2012 | 19:10
 
Publicado por Daniel Torres 
 
 
El otrora uniformado Álvaro Corbalán en el documento incautado el año 2011 por personal de Gendarmería en el penal Punta Peuco, en la que ofrece su apoyo al Gobierno en distintas áreas como una reformulación en la Agencia Nacional de Inteligencia, acusando a funcionarios de tener vínculos con dirigentes opositores.

Es así como señala que luego de una serie de medidas destinadas a una profunda reingeniería a fin de fortalecer la institución luego del fin de los Gobiernos de la Concertación, señalando que se debe instruir a su director Gonzalo Yuseff para llevar a cabo esto.

Añadiendo que hasta aquél entonces “funcionarios individualizados” de la ANI estaban entregando reportes diarios de su trabajo al Actual presidente del senado Camilo Escalona y a dirigentes del Partido por la Democracia.

Finalmente sugiere organizar un sistema de información de “Pautas Blancas” dirigidas a las autoridades de Gobierno, que le permitan tomar decisiones, las que estarían compuestas por “opiniones, pareceres y rumores vigentes al interior del Congreso, Tribunales, FF.AA. y de Orden, PDI, Organizaciones Públicas, Gendarmería, etcétera”.

TERRORISTAS ESTADO compran aviones no tripulados israelíes para vigilar las fronteras - 05/10/2011

05/10/201




Gobierno compró aviones no tripulados israelíes para vigilar las fronteras

Ministro Allamand confirmó reuniones con compañías proveedoras.
No obstante, aseguró que las naves tardarán al menos dos años en operar.

EFE   
Reforzar plan contra narcotráfico
 

El Gobierno compró aviones no tripulados (UAV, en inglés) a la empresa israelí Elbit Systems, confirmó a la agencia española EFE el ministro de Defensa, Andrés Allamand, quien se reunió con diversas firmas del área durante sus visitas a Noruega e Israel, a fines de septiembre.

."Como es habitual, tanto en Noruega como en Israel se contemplan visitas y reuniones con algunas de las empresas que son proveedoras de la defensa en Chile. Una de ellas es precisamente Elbit Systems, que se adjudicó uno de los proyectos que incluyen UAV", declaró.


"Efectivamente estuve con ellos, me hicieron una presentación de la empresa y de los productos que tienen, pero esto es habitual en reuniones de esta naturaleza", explicó el titular de Defensa.
Preguntado por si esos aparatos se integrarán en el Plan Frontera Norte, lanzado este martes y que tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico en los límites con Perú y Bolivia, el ministro sólo señaló que los aviones tardarán aún al menos dos años en estar operativos.
"Estos UAV todavía están en una etapa muy previa, de manera que antes de un par de años no van a estar en pleno funcionamiento", especificó Allamand, que declinó dar detalles sobre el número de aeronaves adquiridas.


Reforzar plan contra narcotráfico

En el comunicado en que se informó de la gira de Allamand, el ministerio anunció que durante su viaje el titular de la cartera iba a conocer "las experiencias y capacitación en el control y vigilancia de fronteras a amenazas no convencionales".

"Todo ello con el propósito de contribuir principalmente al control del contrabando, la inmigración ilegal y el narcotráfico en la zona norte del país", apuntaba el texto.
En tanto, el senador de la UDI, Hernán Larraín confirmó que los aviones adquiridos suponen "una manera no solamente de defender nuestras fronteras, sino de combatir el narcotráfico".

FFAA=TERRORISTAS ESTADO:Exigen a Gendarmería indagar cambios de autoridades coincidentes con sugerencias de Álvaro Corbalán Martes 8 mayo 2012 | 0:15

Lista completa con 1500 terroristas de estado ex agentes de la DINA - Viernes 13 abril 2012

http://memoriaoralancestralautobiogrf.blogspot.com/2012/04/lista-completa-con-1500-terroristas-de.html


http://memoriaoralancestralautobiogrf.blogspot.com/2012/04/lista-completa-con-1500-terroristas-de.html
Exigen a Gendarmería indagar cambios de autoridades coincidentes con sugerencias de Álvaro Corbalán
Martes 8 mayo 2012 | 0:15
Publicado por Denisse Charpentier | La Información es de Alonso Farías · 
Diputados de la comisión de Derechos Humanos le exigieron a Gendarmería realizar una investigación interna por los cambios de autoridades en la entidad, las que coninciden con lo sugerido en la polémica carta del ex agente CNI, Álvaro Corbalán.

Ante esta acusación, el director de Gendarmería, Luis Masferrer, desestimó la acusación asegurando que los cambios estaban acordados previo a conocerse el escrito.

Más de dos horas estuvieron reunidos tres diputados de oposición de la comisión de Derechos Humanos con el director de gendarmería, Luis Masferrer, exigiéndole respuestas sobre las garantías que tendría el otrora oficial del Ejército luego de revelarse la carta dirigida al presidente Sebastián Piñera.

Recordemos que el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones, CNI, y ex integrante del Comando Conjunto, Álvaro Corbalán Castillo, está recluido en el penal de Punta Peuco por múltiples homicidios gestados en la época de la dictadura.
A raíz de la misiva, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado socialista, Fidel Espinoza, le exigió a Gendarmería realizar una investigación interna para esclarecer de que manera Corbalán continúa operando.

Ante esta acusación, el director de Gendarmería, Luis Masferrer, desestimó la acusación asegurando que los cambios estaban acordados previo a conocerse el escrito.

Otro de los puntos que incomoda a los parlamentarios son los más de 100 días que ha pasado el ex CNI en menos de un año en el Hospital Militar, cifra que supera ampliamente a cualquier reo. Así lo declaró el diputado, PPD, Tucapel Jiménez. 

El también miembro de la comisión de Derechos Humanos, el independiente Sergio Aguiló dijo que las personas involucradas en la misiva de Corbalán deben querellarse si es que realmente no tienen relación con el ex CNI.

Respecto a las modificaciones de las autoridades al interior de Gendarmería, la entidad entregará el detalle de los ascensos mañana a la comisión.

El día en que la justicia reconoció un hecho de violencia mapuche como “derecho ancestral” - Sábado 5 mayo 2012 | 17:29

El día en que la justicia reconoció un hecho de violencia Mapuche como “derecho ancestral” 

sábado, 05 de mayo de 2012     
Mucho se habla de la "violencia" Mapuche y el presunto terrorismo, pero ¿podría el Estado legitimar el uso de la fuerza por parte de comuneros Mapuche, para desalojar a intrusos que atentan contra su cosmovisión, orden colectivo y equilibrio cultural? La Corte Suprema dio respuesta positiva en un caso. Por Radio Bio-Bio
 
Ha pasado una década de una sangrienta noche en Alto Bío-Bío y aún existe dolor y preocupación. 15 comuneros pehuenche cumplen condena por el homicidio de dos hermanos, en un caso que para algunos fue una masacre, y para otros una expresión de justicia mapuche.

La familia Huenupe Pavián formaba parte de un grupo de comuneros que ingresó al fundo San Luis del sector Cauñicú, en el Cajón del Queuco, en julio de 2002. Se trataba de una recuperación de tierras que no era validada por otro grupo pehuenche de la zona, el que había tomado para sí dichas tierras por medio de la Conadi, generándose un conflicto interno que escaló en violencia.
La noche del día sábado 13 de ese mes, decenas de personas armadas irrumpieron en el fundo para expulsar a quienes iniciaron la recuperación territorial. En versión de las víctimas, se trató de una acción concertada entre comuneros, policías y los colonos dueños de las tierras reclamadas, donde se violentó brutalmente a familias completas. Al amanecer, los hermanos José Mauricio y Agustina Huenupe Pavián yacían muertos a balazos, y otros 14 seriamente heridos.
 
Tras la denuncia, 15 comuneros de Cauñicú fueron condenados a 15 y 10 años de cárcel en febrero de 2010, sin embargo, en enero de este año, la Corte Suprema rebajó las penas a 10 y 7 años, por considerar que los homicidios y agresiones se dieron en el marco de un “malón mapuche”, una forma de justicia propia de la institucionalidad de este pueblo.
En fallo de última instancia, el máximo tribunal del país recurrió a los artículos 5, 6, 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que en armonía con las leyes chilenas, “hace plenamente aplicable” la costumbre que constituye “derecho ancestral” del pueblo originario, “siempre que no sea incompatible con la Carta Magna del Estado”. En ese sentido, para los jueces esta “justicia mapuche” no puede eximir a los acusados de los delitos, pero sí considerada para rebajar sus penas.
El fallo se fundamenta en estudios antropológicos para señalar que – más allá de las versiones de cada parte – “la comunidad literalmente defendió su territorio sobre la base de un sentido de identidad cultural (…) de modo que el acuerdo de desalojo convenido entre los miembros de la entidad cultural, debe interpretarse en el contexto de la aplicación de un mecanismo propio del ‘Ad Mapu’” (conjunto de normas que rigen la sociedad mapuche). Esto, luego que no existiera una “compensación” por parte de los infractores, modo que sería anterior a la violencia en las leyes mapuche.

El documento agrega “que para este pueblo indígena, las infracciones que vulneran la propiedad son de una gravedad relevante, no tanto por el detrimento patrimonial de la víctima, sino casi exclusivamente por atentar contra un orden colectivo y el mentado equilibrio del cosmos“. Explica además, que el concepto de propiedad sólo surgió en el mundo indígena, en el momento de la invasión del mundo occidental.

Este antecedente judicial sienta dudas sobre el proceder judicial, por ejemplo, contra ocupaciones de fundos e incluso ataques a instalaciones de empresas forestales asentadas en territorio reclamado por el pueblo mapuche, denunciando además, que acorralan a comunidades en pequeños retazos de tierra y destruyen los recursos naturales fundamentales para su forma de vida.

¿Puede la legislación chilena tener un trato distinto a delitos cometidos entre mapuche?
¿En qué pie queda la Ley Antiterrorista o de Seguridad del Estado, que elevan las penas, cuando se aplican a mapuche acusados de atentados contra bienes materiales?