LUCHAMOS X TIERRA SEMILLA TRABAJO

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jueves, 27 de junio de 2013

GENOCIDAS DE FF.AA. EJERCITO CHILENO FUERON PROCESADOS EN TEMUCO,ORDENANDOSE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR HOMICIDIOS CALIFICADOS DE MAPUCHES EN OCTUBRE DE 1973----------- 27-06-13

Ex uniformados quedan en prisión preventiva por homicidio de campesinos en 1973

Viernes 15 marzo 2013 | 18:36 · Actualizado: 18:36

Publicado por Francisca Rivas | La Información es de Luis Vergara
El ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, a cargo de los casos sobre violación a los derechos humanos ocurridos en la región de la Araucanía durante la dictadura militar, dictó auto de procesamiento contra ex uniformados por la muerte de cuatro campesinos.
El magistrado confirmó que sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva del teniente coronel (r) del Ejército, Juan Silva Rebeco; el capitán (r) de Carabineros, César Anziani Riquelme; y el sargento (r) de la misma institución, Daniel Riquelme Reyes.
Los ex uniformados son indicados como autores del homicidio calificado de Bernardo Nahuelcoy, Francisco Curamil, Mauricio Huenucoy y Francisco Porma; así como de apremios ilegítimos contra Ruperto Bañares Bañares y Sonia Ibáñez Ibáñez.
Los delitos habrían sido efectuados en Puerto Saavedra en octubre de 1973.
También está procesado por estos mismos hechos el coronel (r) de Ejército Jorge Nibaldo Del Río, actualmente recluido en el CPP Cordillera de Santiago.
El ministro Alvaro Mesa mantiene dedicación exclusiva durante seis meses para avanzar en la investigación de 59 procesos, mayoritariamente por homicidio y secuestro.



Niegan por 2da vez libertad a ex oficial del Ejército detenido en Temuco por violación a DD.HH.

Jueves 27 junio 2013 | 16:53 · Actualizado: 16:53

Publicado por Daniel Medina | La Información es de Luis Vergara

El ministro Alvaro Mesa, quien investiga violaciones de los derechos humanos ocurridos en La Araucanía entre 1973 y 1990, negó la libertad a un ex oficial de ejército procesado por la muerte de 4 campesinos en Puerto Saavedra.

El magistrado sometió en marzo recién pasado a proceso y ordenó la prisión preventiva del teniente coronel (r) del Ejército Juan Silva Rebeco, del retirado capitán de Carabineros César Anziani Riquelme y el sargento retirado de Carabineros Daniel Riquelme Reyes.
Los tres están sindicados como autores de homicidio calificado de Bernardo Nahuelcoy, Francisco Curamil, Mauricio Huenucoy y Francisco Porma; y de apremios ilegítimos de Ruperto Bañares Bañares y Sonia Ibáñez Ibáñez, delitos ocurridos en Puerto Saavedra durante octubre de 1973.
Desde el 14 de marzo se encuentra privado de libertad en el regimiento Tucapel de Temuco el ex oficial Juan Silva Rebeco, quien intentó a través del abogado Armin Castillo sin éxito y por segunda vez la libertad bajo fianza.
También está procesado por estos mismos hechos el retirado coronel de Ejército Jorge Nibaldo Del Río, actualmente recluido en el centro penitenciario Cordillera de Santiago.
Luis Vergara (RBB)
Luis Vergara (RBB)
Luis Vergara (RBB)
Luis Vergara (RBB)

GBI:FF.AA. CHILENAS =CNI. TERRORISTAS DE ESTADO SISTEMATICAMENTE ESPIARON EN COLEGIOS A TRAVES DE PROFESORES, APODERADOS,ALUMNOS ETC. - 2013-06-27

Documentos revelan que la dictadura espió a niños en sus colegios


Profesores y apoderados actuaron como "delatores" de la actividad política de alumnos y docentes.

Las fichas de antecedentes eran compartidas directamente entre el Ministerio de Educación y la CNI.

 


Los archivos constatan que la propia esposa del dictador, Lucía Hiriart, participó en la red de espionaje escolar.

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Documentos secretos de la dictadura revelan que los organismos de inteligencia de Pinochet espiaron durante años a niños chilenos en sus propios colegios.
 
"Iván Salinas organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las 'marchas del hambre', realizadas en el centro de Santiago", consta en un informe enviado por la CNI (Central Nacional de Informaciones) al Ministerio de Educación en mayo de 1983.
 
Salinas figura junto a los nombres de decenas de otros jóvenes, como Diego Meza o Víctor Osorio (actual presidente del partido Izquierda Cristiana, IC), en 30.000 archivos secretos del régimen a los que accedió el periodista Mauricio Weibel, de la agencia DPA.
 
"Impacta lo que sucedió esos años y los civiles de la derecha que apoyaron esto deben responder", dijo Osorio a DPA al conocer de la existencia de estos archivos, que dan cuenta de que las operaciones de espionaje abarcaron colegios religiosos, públicos y privados como la Alianza Francesa en 1988, y fueron acompañadas por el despido masivo de los profesores que abogaban por la democracia.
Las fichas con antecedentes políticos de menores de edad y docentes elaboradas por la CNI llegaron a las oficinas de los ministros de la dictadura con las cartas firmadas por los delatores, en su mayoría profesores y apoderados que escribían directo a Augusto Pinochet.
La propia esposa del dictador, Lucía Hiriart, participó en este circuito de vigilancia, alertando por escrito, en 1988, de la supuesta simpatía socialista del funcionario ministerial Humberto Vera en la Región de Magallanes.
"Fue nombrado directamente por la Presidencia", la tranquilizó, en respuesta, el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán.
 
Chadwick y Melero, jóvenes leales
 
Pero no todo fue represión en el intento por controlar el malestar de estudiantes y profesores, según los documentos. Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y civiles, entre ellos el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ex presidente de la Cámara de Diputados y actual timonel UDI, Patricio Melero.
 
"Por expreso deseo de Su Excelencia el presidente de la República, se realizará durante la segunda semana del próximo período de vacaciones un Congreso Nacional de 1.000 dirigentes secundarios", escribió el 30 de junio de 1982 ministro secretario general de Gobierno, brigadier Julio Bravo en el oficio 2000/4.
La iniciativa, comunicada al titular de Educación, Álvaro Arriagada, perduró en el tiempo y el 22 de agosto de 1983 el nuevo portavoz del régimen, el ministro Alfonso Márquez de La Plata, informó la realización de un segundo encuentro con escolares provenientes de 114 comunas.
Además del propio Pinochet, los oradores en la cita fueron Jaime Guzmán, el hoy ministro Chadwick y el diputado Melero, todos miembros fundadores de la Unión Demócrata Independiente.
El esfuerzo por levantar un "estudiantado leal", del cual existe registro hasta las postrimerías del régimen, fue apoyado además con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos.
Los hijos de ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron, de hecho, cursos periódicos sobre "Seguridad Nacional" y "Doctrinas Totalitarias", entre otros.
Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de jóvenes opositores agruparon fuerzas en torno a organizaciones como la AEM, el COEM, la ASEC y la FESES, en medio de una represión cuya primera víctima fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros en 1984.
"Sí, en los liceos de Santiago la represión fue fuerte", evocó en conversación con DPA el primer presidente de la entonces opositora Federación de Estudiantes Secundarios (Feses), Juan Alfaro.
En ese contexto, los funcionarios del Ministerio de Educación, a lo largo y ancho de todo el país, fueron enviados a cursos en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).
En esa institución cursaron materias como seguridad nacional, geopolítica, guerra nuclear, poder naval, teología de la liberación y estudio crítico del marxismo, como consta en los oficios secretos.
 
 CNI "visaba" la contratación de docentes
  
Todas estas operaciones fueron finalmente parte de una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y la CNI.
El Ministerio de Educación, de hecho, tenía asignadas tareas en el llamado "Plan de Guerra del Frente Interno", que coordinó a través de su Oficina de Seguridad, como reseñó el oficio reservado 02/36 del 16 de febrero de 1984.
Las comunicaciones con la CNI -responsable de cientos de asesinatos y miles de torturas- fueron diarias y muchos de esos documentos fueron quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los propios ministros.
Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, refrendada en sucesivos oficios, la policía secreta quedó además a cargo de supervisar toda contratación en el Estado, incluida la de profesores.
Imbuidos de ese ánimo, y en medio de multitudinarias protestas de escolares y universitarios, los ministros Horacio Aranguiz, Sergio Gaete y Juan Antonio Guzman decidieron entre 1983 y 1989 comprarse pistolas Astra y pagar su permiso de porte con fondos fiscales.
Todo ello lo dejaron por escrito en oficios firmados por ellos mismos y timbrados como "Reservados", que revisados por el periodista Mauricio Weibel, quien a fines del año pasado denunció acoso, intimidación y robo de material, al igual que otros profesionales de la prensa que estaban investigando los crímenes y acciones secretas de la dictadura.
 Cardemil
En ese contexto, delatan los documentos, ningún docente pudo realizar clases en liceos públicos sin previamente ser investigado en secreto por la CNI, la que informaba los resultados de las pesquisas directamente a los ministros.
El control sobre el magisterio fue total y el propio Ministerio del Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores a través del subsecretario del Interior, el hoy diputado y candidato a senador de Renovación Nacional Alberto Cardemil.
Por ejemplo, Cardemil demandó en el oficio reservado 2464 del 14 de julio de 1986 definir medidas contra el profesor Benjamín Sierra de la Fuente del liceo fiscal A-2 de Arica.
Todas estas operaciones ocurrieron en paralelo a una masiva venta o traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a bajo precio como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986, proceso que devino en un jibarización del papel del Estado en la Educación, que hoy es cuestionada con fuerza por el movimiento estudiantil.
Mauricio Weibel reveló hace un año que Cardemil estuvo a cargo de distribuir los análisis y fichas que la CNI hacía de los opositores al régimen, incluyendo antecedentes políticos, sociales y privados de religiosos, extranjeros, víctimas de la represión y abogados de derechos humanos.
El diputado alegó entonces estar siendo víctima de un "ataque de la ultraizquierda".

Piden que La Moneda aclare vínculos entre jefes de Investigaciones y la CNI
Por Verdad Ahora
| 02-08-2013 - 22:18 |

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en un escrito dirigido al presidente Sebastián Piñera, solicitó aclarar los posibles nexos de dos miembros del Alto Mando de la PDI con crímenes ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La carta presentada el 31 de julio pide esclarecer la participación del prefecto general Juan Baeza Maturana, subdirector activo de Investigaciones, en el secuestro o detención ilegal de cuatro estudiantes, sacados a la fuerza por funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde un auto diplomático de Holanda, el 8 de septiembre de 1986.

Según reportamos en febrero de este año, “la participación del segundo hombre de Investigaciones fue captada por varios corresponsales de la prensa. Parte de las filmaciones pueden ser vistas en el documental ‘Imágenes de una dictadura’, donde un joven Baeza viste chaqueta azul y chaleco café claro, portando un arma en su mano derecha”.

La misiva solicita además que se informe sobre la eventual relación entre el encargado de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), Héctor Espinoza Valenzuela, y el crimen político de Claudio Rogelio Soto Robledo, reconocido como una víctima de violaciones a los derechos humanos en el Informe Rettig.

Según consta en la página Memoria Viva, el homicidio de Soto a manos de un "detective Héctor Espinoza" fue investigado por el Quinto Juzgado del Crimen de San Miguel.

La CUT también pidió información sobre la acusación que hiciera la Contraloría General de la República contra el director general de la PDI, Marcos Vásquez Meza, por incumplimiento de su deber de probidad, en lo referente a la omisión de las declaraciones de Intereses y Patrimonio que exige la Ley Nº 18.575.

La multisindical pide que se aclare si el gobierno de Sebastián Piñera “verificó tanto la investigación administrativa como la aplicación de sanciones”. De no ser así en los casos mencionados, el organismo anunció que remitirá los antecedentes a la Cámara de Diputados y a los candidatos presidenciales para el próximo período.

Prefecto general Juan Baeza participa en secuestro de la CNI

 

A 29 años del terrorismo de estado chileno; la masacre “Alfa Carbón 1” (II): Complicidad de TVN con la CNI - Lunes, 24 de Junio de 2013

Lunes, 24 de Junio de 2013

A 29 años de la masacre “Alfa Carbón 1”, la olvidada “Operación Albania del Sur”
 
Ernesto Carmona*
 
A casi tres décadas de los crímenes de Concepción, Los Ángeles y Valdivia, la Corte de Apelaciones todavía “no ha lugar” a las demandas de auto-procesamiento por asociación ilícita de los autores y jefes de la CNI presentadas por familiares de 7 víctimas de asesinatos premeditados y alevosos disfrazados por TVN y la prensa como resultado de “enfrentamientos” que nunca existieron. Un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas del sur del país, a quienes la Central Nacional de Informaciones (CNI) les impidió el acceso y cobertura.
“Azul 1 pase a canal 2: El sujeto no puede llegar vivo al hospital”. La orden explícita de matar al detenido y herido Nelson Adrián Herrera Riveros, de 31 años, fue impartida por radio, pasadas las 16:30 horas del jueves 23 de agosto de 1984, por el entonces coronel de ejército Marcos Derpich Miranda, jefe nacional de la División Regionales de la CNI, destacado en esos días en Concepción, 512 km al sur de Santiago.
El suboficial de carabineros José Abel Aravena Ruiz declaró –a fojas 5.230 de la causa– que recibió esa instrucción de matar por la frecuencia más confidencial –el canal 2– cuando aún se hallaba a escasos metros de la locación donde minutos antes abatieron a Mario Octavio Lagos Rodríguez, 34 años, acompañante de Herrera, a quien capturó herido pero vivo.
Los CNIs abrieron fuego en cuanto los dos jóvenes descendieron, desarmados y con los brazos en alto, desde un pequeño autobús –llamado “taxibús”– interceptado en mitad de la calle por vehículos de la CNI y carabineros.
El doble asesinato a la luz del día causó estupor entre el público que circulaba por la “Vega Monumental”, un populoso sector comercial de Concepción. Eran las 16:30 horas del 23 de agosto de 1984 y al mediodía ya habían comenzado dos jornadas de frías ejecuciones de dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), planificadas durante meses por la CNI, la “Operación Alfa Carbón 1”. La secuencia criminal incluyó 3 asesinatos en Concepción, 1 en Los Ángeles y 3 en Valdivia. La prensa local y nacional disfrazó todas las ejecuciones como “extremistas muertos en enfrentamientos”.
EJECUCIONES SIMULTÁNEAS Y SORPRESIVAS
En reuniones previas en Concepción, la todopoderosa CNI de la dictadura militar y civil decidió quiénes morirían y quiénes sobrevivirían –como detenidos–, de acuerdo a una programación meticulosa de la Operación Alfa Carbón 1. Lo esencial del plan criminal fueron la sorpresa y la simultaneidad, para destruir toda la red sur del MIR, según un cronograma alevoso y premeditado. La rapidez y la sorpresa eran la clave del plan.
La primera jornada de exterminio comenzó exactamente a las 12:45 del 23 de agosto 1984, con la ejecución de Luciano Humberto Aedo Arias (30 años) mientras caminaba por una calle de Hualpencillo, suburbio de Concepción. Entre los numerosos testigos de este asesinato –todavía impune, como los demás– estuvo presente el periodista Esteban Montero y su equipo de TVN. Las imágenes captadas y su relato personal en el noticiario “60 minutos” adornaron la historia falsa del "enfrentamiento".
Para las 16:30 se programó que morirían Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, tras seguir el taxibús de recorrido en que viajaban desde el vecino puerto de Talcahuano. Al fin del día 23, a las 18.00 horas, los CNI dieron término en Los Ángeles a la vida de Mario Ernesto Mujica Barros (32), a quien vigilaban en su domicilio en esa localidad, 121 km al sur de Concepción y 527 de Santiago.
En Valdivia, 850 km al sur de Santiago y 435 de Concepción, a las 17.30 horas de la misma jornada detuvieron y ejecutaron a Rogelio Humberto Tapia de la Puente (31) y Raúl Jaime Barrientos Matamala (24), en otro “enfrentamiento” escenificado en el sector puente Estancilla del camino Valdivia-Niebla. TVN mostró fotografías de un vehículo acribillado en la locación del asesinato de los dos prisioneros.
Y en Santiago sur, sector Ochagavía, ese mismo 23 de agosto 1984, la CNI dio muerte a Julio César Oliva Villalobos (38) y Roberto Homero González Lizama (37), en otra operación de exterminio contra el Partido Comunista (PC). La CNI y la prensa fabricaron la misma historia del “enfrentamiento”: fueron abatidos mientras “asaltaban una armería”.
Al día siguiente, y de nuevo en Valdivia, a las 16.30 horas la CNI ejecutó a Juan José Boncompte Andreu (31) en su domicilio de Rubén Darío Nº 643 y detuvo a su compañera, Inés Díaz Vallejos.
Para practicar estos asesinatos, la CNI trasladó desde Santiago al sur 60 efectivos, según declaran los imputados en la causa. Sumados a los agentes civiles locales más los refuerzos de Carabineros, completaron más de un centenar de exterminadores comandados en terreno por el oficial de ejército Álvaro Corvalán Castilla, hoy preso por numerosos otros crímenes. Además de cometer 7 asesinatos, en diferentes operaciones del 23 y 24 de agosto en Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia detuvieron a 19 personas, incluida una menor de 4 años, que venían vigilando desde comienzos de 1984.
COLABORACIÓN DE TVN EN FABRICACIÓN DE “ENFRENTAMIENTOS”
Todas las acciones de Alfa Carbón 1 fueron cubiertas in situ por un equipo de Televisión Nacional de Chile (TVN), a cargo del reportero policial Esteban Montero, quien viajó desde Santiago confundido entre el personal de la CNI para “cubrir en exclusiva” los “enfrentamientos”. Los CNIs incluso bloquearon el acceso de los periodistas locales en los lugares donde representaron la farsa del “enfrentamiento” ante una macabra escenografía de cadáveres aún frescos.
Los “reportajes” de Montero se transmitían por TVN el mismo día de los “enfrentamientos”, de preferencia en el noticiario “60 minutos”.
Hugo Dolmestch, hoy ministro vocero de la Corte Suprema, la llamó "la Operación Albania del Sur", en alusión al nombre en clave de las ejecuciones de la “Matanza de Corpus Christi”, en que la CNI dio muerte a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Partido Comunista), el 15 y 16 de junio de 1987, también bajo el mando del mismo Corvalán Castilla. Faltaba un año para el plebiscito de 1988, pero la dictadura militar-civil de Pinochet estaba empecinada en "limpiar" el país creyendo que el electorado le daría el "Sí" para otros 10 años.
MINISTRO ALDANA: “NO HA LUGAR”
A casi 30 años de esta cadena de asesinatos, los 13 hijos de las 7 víctimas, sus viudas y demás familiares sobrevivientes continúan demandando justicia. Pero el ministro Carlos Aldana Fuentes, de la Corte de Apelaciones de Concepción, continúa respondiendo “No ha lugar” a las sucesivas peticiones de autoprocesamiento por “asociación ilícita y homicidio calificado” de 21 miembros de la CNI, incluido el ex subdirector del organismo Hugo Salas Wenzel, presentadas por las abogadas Magdalena Garcés, en representación de las familias, y Patricia Parra, del Programa de Derechos Humanos de esa ciudad.
El quehacer de la justicia y sus servicios auxiliares de policía han sido poco eficientes en esta causa radicada en Concepción, a diferencia de otros crímenes igualmente emblemáticos procesados por ministros de cortes de la capital. Sólo hay dos procesados por “asociación ilícita y homicidio calificado”, los jefes Marcos Spiros Derpich Miranda y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla. Otros 13 CNIs están encausados por homicidio.
La última decisión del ministro Aldana se conoció en diciembre de 2012. Para estos días se espera la respuesta de la apelación al “no ha lugar” interpuesta ante la Corte local en abril 2013. Los familiares de las víctimas bregan por convencer a la justicia que la “asociación ilícita” incluyó a todos los agentes que actuaron en los operativos de Alfa Carbón 1.
VÍCTIMAS DE ALFA CARBÓN 1
Ejecuciones en Concepción (512 km de Santiago), jueves 23 de agosto 1984:
• 12.45 hrs.: Luciano Humberto Aedo Arias (30 años), en Hualpencillo y ante numerosos testigos, incluido el periodista Esteban Montero y su equipo de TVN, que registró los hechos pero en el noticiario relató la historia falsa del "enfrentamiento".
• 16.30 hrs.: Mario Octavio Lagos Rodríguez (34) y Nelson Adrián Herrera Riveros (31), asesinados frente a la Vega Monumental ante numerosos testigos.
Ejecución en Los Ángeles (527 km de Santiago), jueves 23 de agosto, 1984:
• 18.00 hrs.: Mario Ernesto Mujica Barros (32), ejecutado en su domicilio, Población Orompello, calle Bombero Carlos Vichreister Nº 841.
Ejecuciones en Valdivia (850 km de Santiago), jueves 23 de agosto, 1984:
• 17.30 hrs.: Rogelio Humberto Tapia de la Puente (31) y Raúl Jaime Barrientos Matamala (24), asesinados en un “enfrentamiento” fabricado.
Valdivia, viernes 24 de agosto 1984:
• 16.30 hrs.: Juan José Boncompte Andreu (31), asesinado en su domicilio de Rubén Darío Nº 643 y detenida su compañera Inés Díaz Vallejos.
Ejecuciones en Santiago, jueves 23 de agosto:
• En otra operación de exterminio, la CNI asesinó en Santiago sur, sector Ochagavía, a Julio César Oliva Villalobos (38) y Roberto Homero González Lizama (37), militantes del Partido Comunista.
9 Detenciones en Concepción, en operaciones del 23 de agosto:
• Ignacio Vidaurrázaga Manríquez
• Alejandro Bernstein Rodget
• Patricia Zalaquet Daher, detenida a la misma hora en que era asesinado su compañero Nelson Herrera, en el centro de la ciudad
• Javiera Herrera Zalaquet, de 4 años, hija de Nelson Herrera y Patricia Zalaquett, recluida en instalaciones de carabineros
• María Soledad Aránguiz Ruz
• María Isolina Arroyo Soto
• Miguel Barriga Gutiérrez
• Lidia Barra Pérez
• Mónica Martínez Barra
2 detenidos en Los Ángeles
• María Cristina Chacaltana Pizarro
• Edgardo Cid Escobar
2 detenidos en Temuco
• José Luis Railaf
• Mercedes Cayupe
6 Detenidos en Valdivia:
• Manuel Barrientos Matamala
• Lucía Inés Díaz Vallejos (embarazada de 6 meses)
• Jorge Burgos Saavedra
• Mario Uribe Ampuero
• José Catripay Jaramillo
• Roswitha Guantzalp
De las 19 personas detenidas el 23 y 24 de agosto de 1984 en el sur del país, 16 fueron puestas a disposición de la fiscalía. Hubo otras detenciones de corta duración que no fueron informadas por las autoridades, ni denunciadas por las víctimas.
EL YO ACUSO DE MONSEÑOR SANTOS
El Arzobispo de Concepción, monseñor Manuel Santos, reaccionó con valentía, mientras los medios imponían el libreto del "enfrentamiento", y el 28 de agosto solicitó a la Corte de Apelaciones de esa ciudad que un "ministro en visita" investigara los homicidios de Concepción y Los Angeles, a cargo de la justicia militar. El 10 de septiembre, la Corte local respondió "no ha lugar". El Arzobispo suspendió el Tedeum del 18 de septiembre en señal de protesta y se dirigió a Santiago, donde se entrevistó con el Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal López. En su escrito a la Suprema señaló que resultaba grave fundamentar el "no ha lugar" aduciendo "que los hechos denunciados no son materia de los tribunales ordinarios". Según El Mercurio del 29 de agosto de 1984, "...el prelado explicó que el que la Corte resolviera que el caso debiera ser entregado a los tribunales extraordinarios, que son los de las Fuerzas Armadas, era 'suponer que los autores del crimen son militares, lo cual es grave y desconcertante'". Aclaró que la incompetencia sólo podría darse si se supiera que en los hechos hay miembros de las FFAA. "Evidentemente, ahí sería de competencia militar, pero es lo que hay que averiguar".
Juan Jorge Faúndez, de la Revista Cauce, con el título "El yo acuso de Monseñor Santos", publicó un resumen de los hechos y las opiniones del prelado opuestas a la versión oficial. "Yo estoy haciendo una acusación", dijo el Arzobispo, quien no vaciló en calificar los hechos como "un crimen... (…) Yo pido la investigación. (…) En el escrito no se personifica a ningún autor de delito. Entonces, quiere decir que ellos [se refiere a la Corte de Apelaciones de Concepción] resuelven que el asunto no era de la competencia de los tribunales ordinarios), suponen o saben más que nosotros. Que la Corte resuelva esto es suponer que los autores del crimen son militares" (Revista Cauce Año 1 Nº 21, 3/9 de septiembre 1984).
(Continuará)
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
(Fuente: Mapocho Press)