Las cifras del Plan Frontera Norte
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La inversión recibida por el Plan entre los años 2011 y 2013, supera los $13 mil millones. Y en la Ley de Presupuestos 2014, la cartera de la cual depende la iniciativa (Interior) pidió la asignación de 3.092 millones de pesos.
- Antes de la puesta en marcha del Plan, los procedimientos por infracción a la Ley de Drogas representaban un 16% en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. En 2012, esa cifra llegó al 23%.
- La incautación de drogas (cocaína, pasta base y marihuana), entre enero y septiembre de 2013, ascendió a los 17.015 kilos en las tres regiones involucradas. En el mismo período, pero de 2011, el decomiso fue de 6.869 kilos, cifra que creció hasta los 9.402 kilos en 2012.
- Por su parte, los decomisos de drogas desde barcos en puertos chilenos ascendieron de 465 en 2011 a 701 en 2012. A la inversa, las incautaciones realizadas en puertos extranjeros desde barcos provenientes de Chile, bajaron de 2.938 (2011) a 1.401 (2012).
(Fuente:
El Mercurio)
Corrupción policial y asociación con narcotraficantes evidencia fracaso del cuestionado Plan Frontera Norte, en que el pirañato invirtió millones de dólares (con sabrosas coimas que aun se investigan). Hinzpeter, Peña, y hoy Shadwick son los responsables políticos (y tal vez cómplices) del derrumbe.
Las metas y eficiencia que exige el programa al interior de Arica, habría sido el motivo de la falsificación de información y operativos que tiene a 4 carabineros en cuestionamiento. Ni la investigación anterior ni la renuncia de funcionarios permitió determinar las responsabilidades del nefasto actuar de las policías. Parlamentarios exigen mayor apoyo del gobierno y organismos externos para la regulación.
La urgencia y desesperación del gobierno por aprobar la Ley Hinzpeter, conocida como "antiencapuchados", que pretende ser también una protección a los uniformados, se ha convertido en una ironía.
Esto, luego de que el pasado lunes, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota en conjunto con personal de la PDI, realizaran un operativo -en el marco de una investigación criminal- contra 4 funcionarios de Carabineros pertenecientes al grupo OS-7 de esa ciudad y otros dos supuestos informantes de la policía, por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas.
El resultado: la detención de 6 personas, entre las cuales figuran 4 efectivos de carabineros de esta unidad especializada. Ahora, están siendo investigados por presuntos delitos que comprenden la planificación, el financiamiento y el traslado e ingreso a nuestro país de dos grandes cargamentos de droga, según informó la Fiscalía.
La droga ingresada fue incautada simulando que su detección se daba en el contexto de delitos flagrantes. Asimismo, se estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público. En este proceso investigativo se ha contado con la colaboración del Jefe de Zona de Carabineros, General Norberto Abarca Urra.
Este hecho abrió el cuestionamiento de cómo se obtuvo la información para detener a las siete personas -que estuvieron por casi dos meses en prisión preventiva- en dos operativos antidrogas del OS-7, además de la presentación de antecedentes "falsos". Cabe señalar, que el Juzgado de Garantía de Arica decretó libertad inmediata de los detenidos, acusados de internar más de una tonelada de marihuana, proveniente de Bolivia.
"Esta es una institución de casi 50.000 hombres, por lo tanto, corre el riesgo de que siempre haya personas que se desvíen del camino. Pero, yo no quiero juzgar al señor mayor, al capitán y a la gente que esté involucrada en esto, porque siempre hay un pequeño remanente de culpabilidad que no es de ellos. Entonces, en este minuto vámonos por el principio de la inocencia, no le creamos a nadie hasta que la justicia no lo determine", señaló a Cambio21 el ex Director General de Carabineros, Fernando Cordero Rusque.
Por su parte, el diputado DC Jorge Burgos indicó: "Habíamos escuchado de otros casos de unidades policiales, mandos medios y bajos, que terminaron involucradas las jefaturas. Pero no había escuchado nunca donde mandos altos estuvieran con acusaciones aparentemente fundadas de vinculaciones (con el narcotráfico). Entonces, hay que estar muy atentos a la investigación policial, que ojalá sea escrupulosa y lo más rápida posible".
Hilo negro en Carabineros
299 kilos de marihuana componían el cargamento que el 5 de agosto fue decomisado, además de otro con 814 kilos de drogas, capturado el 9 de septiembre. Según la fiscalía, los uniformados habrían coordinado la cantidad de droga que ingresaría a Chile, el transporte y los gastos operacionales de los cargamentos. Apoyado por civiles, quienes se encargaron de los traslados.
Todo esto, según las primeras indagaciones, tenía como objetivo aumentar las cantidades de estupefacientes incautados en la zona donde funciona el cuestionado Plan Frontera Norte. A esto, cabe señalar, que desde que se hizo la investigación por este plan, hay una preocupación por la capacidad de penetración de servicios públicos, incluidos Carabineros.
"Esto de las metas, si usted lo mira en distintos servicios públicos, se ha ido volviendo en contra de la buena administración. Esto es más viejo que el hilo negro. Esto muchas personas se lo han dicho al gobierno: hay que tomar con más prudencia este tema de los programas de mejoramiento de la gestión, porque cuando tienen premios por metas cumplidas se pueden convertir en algo perverso. La ideología neoliberal, tanto en la economía como en las funciones del Estado, es lo menos regulador posible", sentenció a Cambio21 el diputado PS, Marcelo Schilling.
De forma inédita, la PDI allanó el cuartel de Carabineros de Arica de calle Río Loa, luego que la Fiscalía buscara pruebas y ordenara el arresto del jefe antidrogas de Carabineros de Arica y otros tres uniformados.
"El OS-7 es un departamento del cual Carabineros siente mucho orgullo. Por ningún motivo revela una corrupción. Estas son situaciones puntuales. Yo sé que hay mucha gente que le interesaría que eso fuera así, como aquellos que inventaron el principio de la muerte por la espalda, lo que no es verdad. Es una tontera, lamentablemente lleva a la gente a pensar distorcionadamente", manifestó el ex director Cordero Rusque sobre el tema.
En tanto, el diputado DC Burgos enfatizó: "Tengo la misma preocupación que probablemente tengan todos los que se han informado. Las investigaciones -hasta el momento- indican que la corrupción por el narcotráfico llega a los más altos niveles. Y el día de hoy, más allá de la responsabilidad penal, está la responsabilidad de mando relacionada con el OS-7 y otras jefaturas de Carabineros. Creo que los elementos aparecidos en la prensa nos quieren decir que estamos frente a un hecho delictual en nuestro país".
Siguiendo la misma línea, el diputado PS Shilling aseguró que todos estos planes que tienen metas y recursos adicionales, donde están involucradas las policías, debieran tener organismos evaluadores externos, pues a su juicio es absurdo que el éxito de estos se defina por los mismos que lo están aplicando.
De acuerdo a la información, a nivel mundial son conocidas las presiones de que es objeto Chile, no solo para convertirlo en un lugar de consumo de drogas, sino que como trampolín para trasladarla a otros lugares
"Desgraciadamente en la investigación el gobierno no cooperó mucho y las renuncias que se produjeron de los funcionarios no ayudaron a que concurrieran a la comisión de la Cámara a prestar declaraciones para ayudarnos a esclarecer los hechos. Todo este aparato de combate al ingreso de drogas a Chile reveló una fragilidad gigantesca, respecto a la cual se ha continuado como si nada. De hecho se siguen pidiendo recursos para este plan, sin que previamente se haya explicado qué medidas se han implementado como antídoto a los sucesos indeseables que ocurrieron, como la sobrevaloración de equipos", concluyó el diputado Marcelo Schilling.
Allanan comisaría y detienen a un mayor, capitán
y personal involucrado en narcotráfico en Arica
La revocación de prisión contra seis personas detenidas por Carabineros mediante el uso de información falsa, de acuerdo al Ministerio Público, puso de manifiesto una severa crisis al interior de la institución policial al menos en la zona norte.
La cuestionada forma en que se obtuvo información para detener a siete personas en dos operativos antidrogas del OS-7 de Carabineros, además de la presentación de antecedentes "falsos", llevaron a que el Juzgado de Garantía de Arica decretara libertad inmediata de los detenidos, acusados de internar más de una tonelada de marihuana, proveniente de Bolivia.
Los aprehendidos estuvieron casi dos meses en prisión preventiva, entre ellos existen tres chilenos y cuatro extranjeros -tres bolivianos y un colombiano-.
La decisión del tribunal surgió a menos de 24 horas de la formalización de dos oficiales y dos sargentos de Carabineros, y dos supuestos informantes de la policía, quienes permitieron detectar un cargamento con 299 kilos de marihuana, el 5 de agosto, y otro con 814 kilos de drogas, capturado el 9 de septiembre. Según la fiscalía, los uniformados habrían coordinado la cantidad de droga que ingresaría a Chile, el transporte y los gastos operacionales de los cargamentos. Los civiles, en tanto, habrían apoyado los traslados de droga. Todo esto, según las primeras indagaciones, tenía como objetivo aumentar las cantidades de estupefacientes incautados en la zona donde funciona el Plan Frontera Norte.
De esta forma, la fiscalía buscó pruebas y ordenó a la PDI el arresto del jefe antidrogas de Carabineros de Arica y otros tres uniformados. Se allanó el cuartel de Carabineros de Arica de calle Río Loa por la policia civil en un hecho inédito. Todos fueron imputados por asociación ilícita y tráfico de drogas. En tanto, la Corte de Apelaciones de esa ciudad revocó libertad del civil F.S.R. Solo está libre uno de los sargentos de Carabineros.
Coartadas e información falsa
Por su parte, la fiscal regional de Arica, Javiera López, explicó que se ordenó la libertad de los detenidos en esos operativos, "ya que los antecedentes fundantes de la prisión, que son los que el fiscal expuso en su momento son falsos". Agregó que "en esta investigación se descubrió que todos los partes policiales y todo lo informado por Carabineros no se ajustaba a la realidad". La indagatoria, además, derivó en la suspesión del fiscal M.G.Z., quien estuvo a cargo de los procedimientos, por cometer eventuales negligencias.
En tanto, el defensor regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez, dijo que "seis de las siete personas que estaban en prisión quedaron en libertad de forma inmediata y sin medidas cautelares. Todos, además, quedaron bajo protección del Ministerio Público como testigos".
Siguiendo esta línea, los extranjeros detenidos por tráfico de drogas declararán contra los policías como "prueba anticipada", aseguró Gálvez. El defensor penal público, además, precisó que un grupo de abogados analiza, al menos, 10 causas de drogas que fueron indagadas por el cuestionado fiscal y el equipo de Carabineros.
Desde Valparaíso, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, expresó que el gobierno sigue el caso "con máxima atención, cuidando que ningún funcionario público ni de la policía pueda verse enredado o tentado por la acción del narcotráfico". Aseguró que "se ha pedido el retiro transitorio" de los policías acusados y que, de confirmarse las acusaciones, sería "muy grave". Además, dijo que el Plan Frontera Norte ha "cumplido bien su misión".
Sabas Chahuán, máxima autoridad del Ministerio Público, enfatizó que el suspendido fiscal de Arica, "no está involucrado en la investigación criminal en cuanto a los ilícitos en que podrían ser autores algunos policías e informantes".
Respecto a que estos operativos tuvieron como objeto aumentar los decomisos, Chahuán dijo que "una cosa es cumplir las metas y otra es cometer irregularidades o delitos".
Casi de forma inmediata y en medio del cuestionamiento, Carabineros dio a conocer su nuevo alto mando. Uno de los cambios afectó al jefe de la zona de XV Región, general Norberto Abarca, quien fue trasladado a la Región de O'Higgins. El alto oficial dijo que fue él quien instruyó el sumario y que los funcionarios "no han sido desvinculados, porque es materia de investigación para ver qué responsabilidad tienen en los hechos".
En el alto mando de Carabineros ordenan el puzzle
Seis generales, dos de ellos de la cúpula de Carabineros, fueron llamados a retiro, al ser aprobado por el Gobierno el alto mando 2014 de la institución.
De esta forma, abandona la policía uniformada el subdirector, general inspector José Ortega Hernández, y en su lugar asume como segundo hombre el también general inspector Carlos Carrasco. Este último, en calidad de inspector general, era el enviado especial a coordinar los servicios de seguridad en La Araucanía, región que ha sido escenario de una serie de acciones violentistas de alto impacto. En la Inspección General fue designado el general inspector Jorge Rojas Langer.
Otro de los generales inspectores (son seis y son el grupo más cercano a la Dirección General)que deja la institución es Alfonso Muñoz Medina, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad. Esta repartición es la responsable de la gestión del Plan Cuadrante de Carabineros.
En la zona Metropolitana, deja el cargo de jefe el general inspector Elicier Solar, quien asume en Orden y Seguridad. Su puesto lo tomará el general Bruno Villalobos, quien ha tenido a cargo Fronteras y Servicios Especiales e Inteligencia.
Villalobos, además, asciende a general inspector, al igual que Rodolfo Pacheco, el general que durante las protestas del último 11 de septiembre resultó lesionado por una bomba molotov. Este asume ahora en la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, puesto que deja el general Gonzalo Blu para hacerse cargo de la nueva Dirección de Fronteras, Tránsito, Carreteras y Servicios Especiales.
En la zona de conflicto mapuche también hay movimientos: el general Iván Bezmalinovic deja la XI Región y asume en la VIII, donde Tirúa es una de las áreas más agitadas. Su puesto será ocupado por el general Nabih Soza, quien viene de una destinación en Los Lagos.
El general Norberto Abarca, jefe de zona de arica, donde estalló el caso que involucra al jefe y otros tres funcionarios del OS-7 local, deja ese puesto y asume la jefatura de la VI Región.
Si bien se había especulado con la salida del jefe de la IV Región, general Jorge Fernández, esta no se materializó.
También pasan a retiro los generales Alejandro Contreras (jefe de zona en la VI Región), Roberto Araya (VII Región), Jorge Constanzo (XIV Región) y José Abarca (director de Educación).
Remueven al jefe nacional de OS-7 por presunto
vínculo de funcionarios con caso de drogas en Arica
El jefe nacional del Departamento Antidrogas de Carabineros, OS-7, coronel Carlos Hidalgo, fue trasladado de unidad a raíz de los cuestionamientos surgidos por el caso de los funcionarios presuntamente implicados en dos delitos de tráfico de drogas, en Arica.
La decisión fue adoptada por el General Director, Gustavo González, quien ordenó al jefe de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de la institución, general Gonzalo Blu, realizar los cambios necesarios para dejar saneada la unidad policial en esa zona.
Según se informó, el coronel Hidalgo será transferido como jefe de la sección que agrupa los departamentos de Búsqueda de Personas y de Vehículos (SEP) y SEBV), respectivamente.
Otro cambio que fue realizado a raíz del caso desatado anteayer en la capital regional nortina, es el traslado al OS-7 de esa ciudad del comandante Esteban Díaz, quien se desempeñaba como jefe operativo de la unidad en la capital.
En tanto, en lugar de Hidalgo quedará el coronel Álvaro Altamirano, quien hasta hoy se desempeñaba en la jefatura de zona Metropolitana Este de la policía uniformada.
Trascendió que los cambios tomaron por sorpresa a los efectivos de la unidad antidrogas en la capital, donde Hidalgo tenía su oficina.
Asimismo, se informó que el ahora ex jefe policial antinarcóticos se encontraba de vacaciones en estos días, las que suspendió a raíz del estallido del caso en el norte del país.
La intrincada trama de irregularidades
Una intrincada trama de contactos con narcos, omisiones o tergiversaciones de información oficial y pagos irregulares a delincuentes es la que ha descrito la fiscal regional de Arica y Parinacota, Javiera López, en las acusaciones por los supuestos delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita contra cuatro efectivos del OS-7 de Carabineros y varios civiles.
Según se ha podido determinar hasta ahora, F.A.Y. (quien actuaba bajo la chapa de Pancho o César), un sujeto con un nutrido prontuario, es la pieza clave en la investigación del Ministerio Público. El hombre era el proveedor de los policías y nexo en Santa Cruz, Bolivia, participando activamente al menos en las dos internaciones de droga cuestionadas (en agosto y en septiembre).
Actualmente F.A.Y. permanece en prisión en Pozo Almonte, I Región, luego de que fuera capturado semanas antes en virtud de la investigación abierta por la fiscalía debido a que quebrantó una condena de cinco años y un día por tráfico de cocaína. La cumplía en la cárcel de Acha, en Arica, cuando aprovechando la salida dominical escapó y terminó radicado en Bolivia.
Asegura, al igual que los otros civiles, que era "informante" del OS-7 desde el año 2007, para lo que habría sido reclutado por el sargento N.G.S.
Según su testimonio, su contacto vía telefónica para el traslado de droga desde Bolivia era el capitán L.V.S., quien le enviaba giros para cubrir gastos de transporte y un "pago" por cada operación, llegando a hablar de montos de entre $2 y $4 millones.
Los otros civiles detenidos lo identificaron en sus declaraciones como "socio" y también activo "colaborador" del OS-7 de Arica.
De hecho, uno de los episodios clave que investiga la fiscalía es su entrada al país en septiembre pasado, mientras aún permanecía prófugo, junto con el cargamento de 814 kilos de marihuana.
Según los antecedentes recopilados, 'Pancho' viajaba junto al camionero L.G.F., a bordo del camión facilitado por el tercer civil implicado en el caso, F.S.R. El Ministerio Público intenta establecer por qué no sólo no fue detenido por los carabineros del OS-7 de Arica -pese a tener una orden de detención pendiente-, sino que su presencia en el camión ni siquiera fue consignada en el parte policial. Los efectivos tampoco dejaron detenido al chofer, ni incautaron su teléfono ni el camión, adecuado con una 'caleta' para trasladar la droga, todas omisiones que encendieron las alarmas de la fiscalía.
La fiscalía estima que los policías "encubrieron y protegieron" a F.A.Y. permitiendo que actuara impunemente.
Actuaban al menos desde julio
Según información en manos del Ministerio Público, al menos desde julio de 2013 el mayor V.R. y el capitán L.V.S., el sargento F.V.D. y el sargento N.G.S. se concertaron para ingresar droga a Chile, junto a "Pancho", L.G.F (chileno, transportista) y F.S.R. (puso el camión en una de las dos entregas). En esa fecha los policías pidieron al hoy sumariado fiscal Manuel González autorizar un informante encubierto y un entrega controlada internacional de droga a través de un camión proveniente de Bolivia. El persecutor accedió y queda como informante L.G.F.
Sin embargo, esta entrega no se realizó porque la fiscal regional no lo autorizó.
En agosto, los funcionarios del OS-7 informaron al fiscal González "de un procedimiento supuestamente en flagrancia en el cual se detiene al transportista M.R.C., quien ingresó a Chile con 299 kilos de cannabis sativa en su camión. Según se informa en el parte policial, se autorizó la entrega controlada hasta Santiago y se nombra a un agente encubierto que hace de transportista de la carga". Este se contacta con un colombiano (P.R) y con un boliviano (J.C.P.) que debían recibir el cargamento y que en cambio fueron detenidos en la capital.
Estos dos personajes fueron recién liberados por los procedimientos irregulares del OS-7 y esta tarde entregarán su testimonio ante los tribunales (Pág. 7). Cuando declararon ante la fiscal regional que investiga el caso drogas reconocieron fotográficamente a "Pancho" como el proveedor F.A.Y. y a "Leo" como el capitán L.V.
Mientras, cuando se tomó declaración a M.R.C., dijo que había sido contactado por un tal César (que en realidad sería el narco Pancho) en Bolivia, el cual le pidió traerle un bolso a Chile. Según su relato, al llegar a Chungará es detenido y el capitán L.V.S. le dijo que había droga en su camión y que si quería recuperar su libertad podía traer desde Bolivia un termo en el camión con mil kilos de droga que ellos mantenían en ese país, corriendo ellos (OS-7) con todos los gastos.
La dudosa "autodenuncia"
La historia prosigue el 9 de septiembre, cuando L.G.F. ingresó a Chile por Chungará en su camión cerca de 800 kilos de cannabis sativa y un perro lo marcó con posible droga. En esa oportunidad dijo que estaba trabajando con OS-7 para realizar una entrega controlada. Ahí el mayor V.R, jefe del OS-7 de Arica, dijo que ellos tenían un procedimiento en curso y que se había coordinado con el fiscal González.
Su versión se contradice con lo señalado en el parte policial del procedimiento de septiembre ese procedimiento, donde se dijo que el imputado había efectuado una "autodenuncia" a Carabineros del OS-7 y que luego de eso se originó la "entrega controlada" en Santiago, con agente encubierto.
En declaración posterior, el transportista L.G.F. también afirmó que el arreglo del camión o "caleta" fue financiada por el OS-7 y que el proveedor de la droga (Pancho) "en todo momento se comunicaba con el capitán L.V. de OS-7 vía telefónica".
Según L.G.F. "todo lo que dice el parte de Carabineros fechado en septiembre y la declaración que él prestó ante OS-7 es completamente falso".
También se tomó declaración a F.A.Y. o Pancho, quien aseguró trabajar desde 2007 como informante del OS-7. Dijo que luego de quebrantar su condena, se radicó en Bolivia y desde ahí siguió en contacto con los policías, principalmente con el capitán L.V. Con este oficial, dijo, preparó un cargamento de droga a Chile (que no se concretó), siendo el dueño un tal "Zacarías". Dijo que el oficial "se identificaba como comprador de la droga" y que incluso realizó un giro de dos millones a una mujer.
Posteriormente, señala F.A.Y. el capitán de Carabineros retomó los contactos con él para que transportara 300 kilos de droga desde Bolivia. Así lo hizo, pero se bajó del camión antes de llegar a la frontera. Señala que el acuerdo era que no detendrían al chofer, pero igual lo hicieron. Agrega que los compradores de droga en Santiago no se presentaron y luego supo que habían sido detenidos. "Por estos procedimientos el OS-7 le envió" $700.000".
Otra arista en esta historia la entrega el defensor Sergio Zenteno, representante del mayor V.R.H y del capitán L.V.S., quien reiteró que sus defendidos afirman haber realizado todo "bajo fiscalización y dirección del Ministerio Público", afirmando que "no hubo diligencias autónomas de parte de ellos".
ClariNet
Caso Arica: Ex imputado declaró que policías le ofrecieron plata por ingresar droga a Chile
Ex Fiscal Peña pidió al tribunal que se entreguen los nombres de sus defendidos, en aras de la "transparencia".
por: Patricio Meza Desde Arica/La Segunda
martes, 03 de diciembre de 2013
Una serie de irregularidades en el control de su ingreso al país y en su detención, así como una posterior oferta de entrar un supuesto cargamento de 1.000 kilos de droga, de parte de efectivos del OS-7 de Arica, relató este martes ante el tribunal uno de los testigos en la investigación contra los policías.
M.R.C., boliviano de 35 años, es uno de los cuatro extranjeros detenidos en los procedimientos efectuados por los carabineros hoy formalizados, y que fueron liberados tras el inicio de las indagatorias. Tras dos suspensiones la semana pasada, finalmente este martes comenzó la que se preveía como una extensa audiencia de prueba anticipado, ante el juzgado de garantía ariqueño.
La audiencia partió con 40 minutos de retraso, luego de que el ex fiscal Alejandro Peña pidiera un receso para revisar nuevas copias de declaraciones de los testigos que comenzaron a comparecer ante el estrado y que fueron entregadas por el Ministerio Público.
Otro detalle que respondió al estilo mediático del abogado fue que pidió levantar la prohibición de publicar el nombre y mostrar los nombres de los tres policías que representa, lo cual fue concedido por el tribunal. Su explicación fue que quiere enfrentar el caso "de forma transparente".
En sus respuestas al interrogatorio de la fiscal regional, Javiera López, el camionero M.R.C. relató que ingresó al país en agosto con una carga de harina de soya, contratado por la empresa RTV, con la que trabaja hace más de un año. Afirmó que el camión pasó sin problemas la frontera boliviana y los controles del SAG y la Aduana en Chile, pero aseguró que funcionarios policiales -que en ese momento dijo que ocultaron su condición- insistieron en revisar en repetidas ocasiones el vehiculo de carga, incluso con perros entrenados para la detección de drogas.
"Me tuvieron mucho rato, sólo hablaban por teléfono, y no me daban ninguna explicación", recordó. Y agregó que como los sellos que traía desde Bolivia estaban sin problemas, fue escoltado por los policías hasta la misma aduana del puerto de Arica. Dijo que ahí uno de los hombres que lo detuvo abordó el camión.
Durante todo este proceso el boliviano identificó al capitán Leonardo Vilches Sepúlveda del OS-7, uno de los cuatro policías formalizados, como quien dirigió el procedimiento. En el trayecto hacia la ciudad -relató- el funcionario que lo acompañaba en la cabina del camión le preguntó de forma reiterada si transportaba dinero o droga.
Una vez en la Aduana del puerto de Arica -señaló- fue instado a no pasar por la balanza. Luego de eso, dijo, lo trasladaron a dependencias del OS-7.
M.R.C. relató ante el tribunal que llegó a permanecer 4 días retenido sin tener claridad sobre su situación procesal. Dijo que lo hicieron entregar la llave del vehículo y que le preguntaron en varias ocasiones sobre su viaje y sus contactos en su país.
Durante ese período, indicó también, llegó hasta el lugar su jefe, Renato Tarque Vega, pero no le permitieron hablar con él.
Supuesto ofrecimiento
En ese punto de su declaración, el transportista indicó que durante los interrogatorios los efectivos le mostraron fotografías de un camión de matrícula chilena cuyo termo (el container refrigerado para la carga) estaba reacondicionado con un doble fondo.
Ahí, dijo que el capitán le ofreció enganchar ese remolque a su camión "e ir a Bolivia a buscar 1.000 kilos de droga", afirmando que "no había problemas" con su jefe. El testigo afirmó que el ofrecimiento incluía un pago en dinero. Asimismo, declaró que le ofrecieron traer a su familia e incluso un acuerdo que indicaba que "me podían meter 7 meses (a la cárcel) y después me liberaban".
Recién en ese punto -indicó- supo del fiscal del caso, Manuel González, quien se encuentra suspendido y sumariado, y que fue al cuarto día cuando fue pasado al tribunal.
No quiso traer dinero
Al inicio de su declaración, M.R.C. afirmó que antes de viajar con su cargamento a Chile -que salía sellado desde su empresa- se contactó con él otro presunto transportista de nombre "Pancho", quien sería F.A.Y., otro de los civiles implicados en el caso.
El testigo dijo que "Pancho" junto a otros extranjeros le ofrecieron trasladar de vuelta de su viaje, una importante cantidad de dinero desde Santiago a Bolivia, a lo que él finalmente se negó.
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/12/897287/caso-arica-ex-imputado-declaro-que-policias-le-ofrecieron-plata-por-ingresar-droga-a-chile
Caso Drogas: Encuentran gran cantidad de dinero falso, dólares y pesos, en oficinas del OS-7
Arista de posible enriquecimiento ilícito de los policías cobra fuerza. Se investiga el patrimonio de los involucrados y de sus familias.
por: Fernando Duarte/La Segunda
viernes, 29 de noviembre de 2013
La historia que empezó a escribirse el lunes de esta semana, con la detención de cuatro efectivos del OS-7 de Arica y dos civiles, acusados de presunto tráfico de drogas y presunta asociación ilícita sigue sumando antecedentes nuevos cada día. Esta vez se trata de lo que se encontró en el allanamiento que los funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, hicieron al cuartel del OS-7 a mitad de esta semana.
"Nos sorprendió el hecho de que había mucho dinero en efectivo. Moneda chilena y extranjera. Pero la sorpresa fue mayor cuando nos dimos cuenta de que eran billetes falsos", dice una fuente de la indagatoria.
La misma agrega que el hallazgo abre una nueva arista en la investigación, donde tanto el Ministerio Público como la policía buscarán establecer -entre otras cosas- si hubo una triangulación destinada al enriquecimiento de quienes hasta ahora aparecen como envueltos en el caso.
De hecho, se supo que la fiscalía está investigando si el objetivo de los decomisos simulados podría ser adueñarse de los dineros que tenían en su poder las personas detenidas en los operativos.
Llama poderosamente la atención que el 9 de septiembre, fecha del cargamento de 814 kilos de marihuana, el capitán L.V.S. (sindicado como el que se comunicaba con el proveedor de la droga ingresó en su cuenta un depósito por un millón.
Otra posibilidad, señalan fuentes del caso, es que el enriquecimiento ilícito viniera por otro lado. "Por ejemplo, que mientras se incautaban 500 kilos de marihuana, se estaban dejando pasar 1.000 de cocaína por otro lado".
Sin embargo, agregan que es muy prematuro adelantarse sin tener los resultados de los peritajes a todo lo que fue incautado en Arica.
Por estos días el Laboratorio de Criminalística de la PDI se encuentra periciando los computadores, celulares y chips telefónicos incautados desde el cuartel del OS-7 y las casas de los carabineros y civiles.
El personal de la Brilac, en tanto, realiza una investigación patrimonial de los detenidos, sus familiares y su círculo más íntimo, además de revisar toda la documentación que se requisó.
Declaración tras biombo
Los sujetos, puestos en libertad el martes, debían declarar este jueves ante el tribunal de garantía como testigos en la indagatoria, sin embargo la audiencia se suspendió luego que el sargento F.V.F., el único de los imputados que no quedó en prisión preventiva, no se presentara. Sólo lo hizo su defensor público, quien argumentó que no había sido notificado correctamente.
Ante el reclamo de la fiscalía y del CDE, que se hizo parte como querellante en la causa, el tribunal resolvió suspender y reprogramar para el 9 de diciembre.
El aplazamiento implicaba un problema para el Ministerio Público, y en especial para la Unidad de Víctimas y Testigos, que había recomendado medidas de protección para los extranjeros, tres bolivianos y un colombiano. La fiscalía sólo confirmó que éstas se decretaron, pero declinó dar detalles por seguridad. Trascendió que habrían dicho que fueron amenazados y, dado que no están con arraigo, desean regresar a sus países. De hecho, su declaración será tras un biombo.
La presencia de F.V.F. y los demás formalizados es indispensable en la prueba anticipada, ya que es un adelanto del futuro juicio oral.
Caso Drogas Arica: Aparecen reveladores oficios firmados por el fiscal adjunto investigado
Documento fechado el 6 de agosto señala en uno de sus acápites que se autoriza a un agente encubierto para "acompañar al informante (...) participar en los distintos traslados y reuniones que los imputados puedan sostener con el informante y eventualmente con los destinatarios de la droga".
por: La Segunda
lunes, 02 de diciembre de 2013
¿Cuánto sabía el fiscal adjunto de Arica, Manuel González, sobre los procedimientos de internación de marihuana al país, provenientes de Bolivia, que concluyeron con la detención de dos civiles y cuatro efectivos del OS-7 de esa ciudad?Esa es la pregunta que ha rondado desde que estalló el caso de supuesto tráfico de drogas y asociación ilícita, que incluso detonó la remoción del jefe nacional de OS-7 de Carabineros.
Según oficios contenidos en la carpeta investigativa del caso, a los cuales pudo acceder "La Segunda", al menos en la internación por el paso fronterizo Chungará de más de 299 kilos de marihuana (el 5 de agosto pasado, el primero de los operativos cuestionados), el fiscal adjunto recibió antecedentes del OS-7, y en consecuencia despachó oficios autorizando acciones como la actividad de un agente encubierto para traer la droga en forma controlada hasta Santiago.
Por ahora el fiscal González se encuentra suspendido y bajo un sumario administrativo. Si bien hay una investigación administrativa en contra del fiscal Manuel González, fuentes ligadas al caso señalan que también está en marcha una indagatoria desformalizada.
Por esta razón los funcionarios de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), incautaron la semana pasada el computador personal del persecutor, el que fue trasladado a Santiago para ser periciado. Además, se intervino su cuenta corriente y se le solicitó que entregara su teléfono celular.
Tres oficios bajo investigación
El primer antecedente relevante en el caso es la "orden de investigar" fechada el mismo 5 de agosto en Arica y dirigida al jefe del OS-7, donde indica que "solicito a Ud. practicar aquellas diligencias de investigación necesarias para consignar y asegurar todo cuanto condujera a la comprobación del hecho investigado y en la identificación de los participantes en el mismo".
Otros dos documentos fueron firmados por González al día siguiente, una vez tomada la decisión de trasladar la droga a Santiago para detener a los receptores. En el primero autorizaba "la designación de un agente, que en calidad de encubierto pueda participar en el procedimiento y de esta forma tomar contacto, con el o los destinatarios de la droga".
Se agrega: "Para el éxito de la presente operación, resulta necesario que se designe en calidad de encubierto al siguiente funcionario policial, a quien se identifica como: el capitán L.A.V.S. y que por motivo de seguridad su identidad se mantendrá en reserva, disponiéndose la prohibición de difundir este antecedente, siendo conocido en esta investigación con un código determinado, siendo este: 'Tito'".
El agente debía, entre otras cosas, "acompañar al informante en sus desplazamientos, trasladar la droga si esto es necesario, participar en los distintos traslados y reuniones que los imputados puedan sostener con el informante y eventualmente con los destinatarios de la droga, sean en la ciudad de Arica, en la ciudad de Santiago, como en cualquier otra ciudad o localidad del país"
El segundo oficio del día 6 de agosto autoriza el traslado de la droga a Santiago para una entrega vigilada. "Se dispone que personal de la sección OS7 de Arica, de Carabineros de Chile, sea la autoridad encargada de vigilar y custodiar debidamente las sustancias prohibidas que se transportan", señala el texto.
Colaboración de PDI, Aduanas y SAG
Para facilitar el traslado de la droga desde Arica a Santiago, la autorización suscrita por el fiscal pide a Aduanas, SAG y organismos afines "prestar toda la colaboración posible al personal policial ya individualizado, para el éxito de la presente diligencia", al igual que al "personal de la Policía de Investigaciones que se encuentre apostado en cualquier punto de nuestro país". El documento deja constancia además que "la totalidad de la droga incautada será trasladada a su lugar de entrega, a bordo del vehículo patente FDHF 11".
Según la ley 20.000 todas estas acciones pueden ser autorizadas por el fiscal sin necesidad de consultar a un juez, a diferencia de las interceptaciones telefónicas o las órdenes de entrada y registro.
La entrega vigilada y otras dos detenciones (por el embarque de 299 kilos de droga) se realizaron el 16 de agosto.
Fiscal regional: "Fundadas sospechas"
En un escrito que consta en la carpeta investigativa, y que envió la fiscal regional Javiera López al juzgado de garantía, la autoridad manifestó que hay "fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la eventual participación del señor González en algunos de los delitos del artículo 3 o 16 de la ley número 0.000 o en defecto del artículo 13 de la Ley 20.000 (referidos a tráfico u omitir información respecto a éste siendo funcionario público) al mantener asignadas todas las causas antes mencionadas, mantuvo una inactividad inusual en este tipo de investigaciones, no realizó diligencias para efectos de abordar las omisiones y contrasentidos de procedimiento policial".
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