Este ha sido uno de los años más agitados en represión policial. ¿Hay algunas conclusiones en el informe respecto a Carabineros?
Lo que ha pasado no es que los abusos hayan cambiado, sino que su extensión es mayor, producto de que han habido más movilizaciones y, en consecuencia, también casos de abusos producto de la respuesta policial. Lo nuevo es el grado de tolerancia de la autoridad política a estos hechos. A mí eso me tiene desconcertado porque Carabineros tiene una vinculación con la autoridad central.

Crees que han tenido “chipe libre” por parte del gobierno…
El primer indicador de esto es que a pocos días de haber asumido Sebastián Piñera visita a las Fuerzas Especiales con el ministro del Interior, antes de la conmemoración del día del joven combatiente, y hace una arenga. Eso me parece que es una señal.

Varias organizaciones han denunciado torturas en contra de estudiantes…
Nosotros no hemos llevado casos este año pero sí otras organizaciones han documentado casos de tortura, abusos, apremios y detenciones ilegítimas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Es posible cuantificar cuántos casos de torturas existen?


Hay documentados más de 100 casos de abusos policiales, algunos de los cuales califican como torturas, pero no tengo la cifra exacta. Lo más grave es que los testimonios apuntan a que hay ciertos patrones que se repiten, por ejemplo, entre el momento que la persona es detenida y el momento en que formalmente es registrada, hay un periodo en el cual se han documentado sistemáticamente muchos abusos, incluso de tipo sexual por parte de algunos carabineros. Ahí se produce una especie de tierra de nadie. Esto es un mecanismo similar a lo que era la detención por sospecha en los noventa. Evidentemente, uno no puede decir que la policía es rigurosa…

¿Cómo queda el gobierno en materia de tratados internacionales?
Va a tener que dar cuenta de estos antecedentes en organismos internacionales y esto va a generar una tensión no menor sobre el Estado. Hay que pensar que en el 2013 a Chile le corresponde nuevamente examinarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde ejerció nada menos que la vicepresidencia. Con este tipo de actuaciones, el Estado chileno y sus políticas de seguridad están siendo severamente cuestionadas.

Sin embargo existen sectores que, pese a todo, acusan al gobierno de mano blanda…
Esto no quiere decir mano blanda con los delincuentes. Lo que pasa es que cuando tienes una policía militarizada, como en el caso de Carabineros, es importante que existan contenciones dentro de la policía pero también desde la política…

¿Ha faltado contención política?
Cuando se mostraron las imágenes de las torturas y apremios ilegítimos a un joven en La Legua no recuerdo haber visto a una autoridad política pidiendo explicaciones y renuncias a los mandos responsables. Tampoco decir que eran prácticas intolerables. Lo que pasó en diciembre de 2010, cuando vimos esas imágenes, fue una fea advertencia de lo que vendría en 2011.

MALA IDEOLOGÍA
El informe elaborado este año ha cuestionado el uso político que se le ha dado en Chile al derecho penal.
La crítica fundamental es que el derecho penal es el último recurso al cual tiene que echar mano un Estado democrático cuando hace frente a problemas sociales, porque lo que hace es lesionar de manera dramática los bienes jurídicos que son más preciados por las personas y la comunidad política, partiendo por la libertad.

Por eso has dicho que el intento de regular la protesta social es una forma de acallar la disidencia.
En el ejercicio del derecho a la protesta está involucrada la libertad de expresión. Por lo tanto, cualquier regulación que quiera hacer el Estado tiene que ser muy estricta porque lo que está haciendo es regular un derecho fundamental que es clave para la salud de la democracia. Una democracia que no tiene una libertad de expresión robusta y sólida, tambalea.

¿Cuál es la señal del gobierno, entonces, al instalar el proyecto sobre la ley antitomas?
Uno tiene la impresión de que al gobierno no le resulta conveniente la expansión del mensaje que levantan los estudiantes movilizados. Hay claramente una cuestión de contenidos. La sospecha de la utilización de una herramienta drástica por parte del Estado para castigar a alguien que tiene un mensaje que el gobierno no comparte, nos coloca en un plano muy peligroso.

Un plano que, desde luego, rechaza el diálogo.
Lo que no se entiende es por qué un gobierno que estaba dialogando anuncia que va a enviar al Congreso un proyecto de ley que puede encarcelar a personas que participan de las movilizaciones sociales. En las tomas, por definición, hay violencia y fuerza, dado que se actúa por canales que no son regulares. El proyecto para mí está mal pensado, tiene una mala ideología, porque busca resguardar el orden público con un concepto que proviene de la década del 40.

De una memoria de Sergio Diez, presentada en la Universidad de Chile en 1947…
Sí, por eso cuando el ministro Hinzpeter dice que estamos siguiendo a las democracias modernas, francamente no se a qué se refiere. Créeme que los estándares han evolucionado y que la noción de orden público que hoy se maneja en derecho internacional es muy distinta.

¿Cuál es la noción de orden público que intenta instalar el gobierno?
Básicamente, la idea de la paz social, la tranquilidad plena. Pero la definición es un espanto. La memoria de Sergio Diez dice textual: “el orden público es superior al legislador al cual impone sus directivas, es la expresión del principio ordenador del universo y la técnica positiva”.

No entiendo el alcance…
Yo tampoco, no se puede entender. Es más fácil que digan que necesitan el orden público como una razón de Estado. Cuando se dice que se impone por sobre el legislador lo que está diciendo es que éste está sometido a la noción de orden público.

Y si están sometidos, están limitados a la presión política de las autoridades…
Absolutamente…

Situación que queda más que ratificada cuando el gobierno dice que evaluará los fallos de los jueces de garantía antes de su promoción.
Desde 1837, cuando Andrés Bello publicó El Araucano, un panfleto que se llamaba justamente independencia del Poder Judicial, se entiende que los jueces no pueden estar expuestos a apremios o recompensas por parte del poder político de turno. Lo que se está diciendo aquí, entonces, usando las palabras de Andrés Bello, es una usurpación de autoridad.

Que implica, desde luego, una subordinación al Ejecutivo.
Por su puesto. La garantía de independencia del Poder Judicial no debe entenderse como una cuestión gremial, como una protección para los jueces, sino como una cuestión que afecta a las libertades civiles de las personas.

¿Y qué me dices de la invocación de la ley de Seguridad del Estado?
La Ley de Seguridad del Estado es un instrumento que establece penas agravadas para delitos que existen en la legislación común. Si se recurre a esta ley, lo que se hace es comprometer políticamente la opinión del gobierno.

¿Qué se puede esperar en esta escalada? ¿El llamado a un estado de sitio?
Yo creo que no. Me parece que se advierte una suerte de delirio normativo en el gobierno y se abren escenarios que uno jamás habría pensado. Ahora, para la declaración de estados de excepción constitucional, se requiere de una autorización en el Congreso, lo que abre una esperanza de algún tipo de racionalidad política.

Entre los más suspicaces, sin embargo, hay sospechas que detrás de todas estas leyes hay una planificación implacable…
A mí me parece que es bastante articulado, está bien pensado… Decirle a alguien yo quiero conversar con usted y al mismo tiempo estoy asumiendo una postura más radical, implica que aquellos que se rebelan no son los gobernados, los estudiantes en este caso, sino quien regresa al estado de beligerancia, el que vuelve las cosas a un estado de guerra. Y eso, por definición, lo ha hecho el gobierno.

Hay, a su juicio, una intención de radicalizar el conflicto.
Cuando mandas el mensaje de que quieres penalizar hechos violentos y alcanza a quienes se manifiestan, no puedes alegar ignorancia o sorpresa porque la otra posición se radicalice. El mensaje que se está mandando es que a mayor radicalidad de mi parte, usted está legitimado para lo mismo. Eso es lo que pasa con estos anuncios.

Determinaciones que también afectan a las fuerzas de orden….
Si uno piensa en las relaciones de la ciudadanía y las policías, particularmente Carabineros, donde hubo una relación que tuvo que recomponerse después de la dictadura, este gobierno ha sido derechamente responsable por acción y omisión.

Suena paradójico, considerando que Carabineros, según las encuestas, era una de las instituciones con más credibilidad hace un año…
Yo creo que ahí no hay una paradoja, es algo plenamente consistente, porque el discurso de que se le acabó la fiesta a la delincuencia, dentro de la ideología de la nueva forma de gobernar, significaba más atribuciones para la policía, más resistencia a los mecanismos “garantistas” del derecho penal y, por lo tanto, que actúe de una manera mucho más dura y eso, en algún momento, la ciudadanía lo resiente. Por lo tanto no resulta paradójico que la llegada del nuevo gobierno sea responsable, en buena medida, del descenso en la confianza que la ciudadanía le tenía a Carabineros.

La pérdida de confianza, en rigor, es un arma de doble filo…
Lo que está pasando, y es tremendamente peligroso, es que la gente no se está sintiendo protegida por la acción de Carabineros sino que en ocasiones incluso se siente amenazada, como pasa en otros países latinoamericanos.

Se ha hablado bastante entre las marchas autorizadas y no autorizadas, da la impresión que se ha creado una pugna entre el orden público y la libertad de asociación.
Es interesante… nos hemos acostumbrado a hablar de marchas autorizadas y no autorizadas, pero las democracias modernas no ostentan regulaciones que permitan autorizar o no las marchas. Las marchas se avisan y la autoridad tiene derecho legítimo a poner requisitos de forma, de tiempo, de lugar pero no a rechazar el permiso. En una democracia moderna no le pides permiso a la autoridad para marchar.

CHAHUÁN AUTÓNOMO
¿Por qué el caso bombas terminó chingándose como un petardo?
Porque el Ministerio Público ha estado trabajando con estándares muy relajados cuando tiene bajo su responsabilidad nada menos que el ejercicio de la acción penal y porque se ha mostrado permeable a las presiones de la autoridad política.

Te refieres, en particular, a Sabas Chahuán.
Sabas Chahuán ha dicho que no acepta presiones de nadie pero sabemos que se ha reunido con grandes empresarios que le han hecho ver su preocupación por un caso en particular. Además recibe un llamado de atención de Hinzpeter, luego remueve a Xavier Armendáriz y designa a Alejandro Peña como fiscal. Ahí tienes varios hechos que, a mi juicio, son demostrativos de un Ministerio Público que, a pesar de gozar de autonomía constitucional, parece no querer ejercerla.

Por eso has dicho que ha hecho mal su pega…
La única vez que Sabas Chahuán ha aducido su autonomía constitucional fue para negarse a una auditoría externa. Ahí se acordó que era autónomo constitucionalmente pero cuando Eleodoro Matte le pide la reunión dice que no acepta presiones de nadie.

¿Debiera renunciar Sabas Chahuán?
El Fiscal Nacional es un órgano constitucionalmente autónomo, por lo que no hay nadie que pueda pedirle la renuncia. Sólo puede ser removido por la Corte Suprema, a petición del Presidente o la Cámara de Diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. En 2005, Alberto Espina quiso modificar la Constitución para que se les pudiera acusar constitucionalmente, como a los ministros de la Corte Suprema, pero se rechazó la propuesta porque implicaba un riesgo de exponer al Fiscal a presiones políticas.

¿Cómo evalúas el paso del fiscal Peña al ministerio del Interior?
Fue una mala noticia en dos sentidos. Él era responsable, probablemente, de la investigación de más alto perfil público que hemos tenido en los dos últimos años. Eso me parece que lo comprometía mucho en el sentido de no abandonar un barco de esa magnitud. Entonces habla mal de él…

Y de su futuro empleador…
En segundo sentido habla muy mal del ministerio del Interior y se conecta con lo que hablamos recién. ¿Qué hace el ministerio del Interior? Acaso es una eventual bolsa de trabajo para fiscales audaces que comparten su perfil…

Quizá era la señal que quería dar La Moneda…
Eso es extremadamente grave. O sea el tipo más temerario, el que se ha caracterizado por actuar con infracción de garantías constitucionales con tal de obtener un fin, que trabaja con estándares laxos, es decir, un mal profesional, el ministerio del Interior lo premia y hoy está a cargo de la división de estudios.

El mismo que entregó como pruebas una bolsa de pasas y un póster de Axel Rose…
Esto demuestra cómo estos fiscales estuvieron inflando la persecución penal en circunstancias que tienen la obligación de investigar lo que agrava y atenúa. Por suerte tenemos un juez de garantía que dijo que las pruebas eran impresentables.

Las trató de sociología barata y pruebas de cuarta categoría.
En Chile tenemos una epidermis ultrasensible. Avilés no estaba injuriando a nadie. Lo único que dijo es que las pruebas eran últimas y quedó demostrado que así era. Pero claro, los fiscales están sometidos a la exigencia de lograr condenas, ojalá en poco tiempo, y a esto se le suma los canales de televisión amplificando la amenaza terrorista en Chile.

theclinic.cl
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de Octubre de 2011 Fiscal nacional pide informe completo

Caso Bombas: sobreseimiento de 13 imputados por asociación ilícita siembra dudas sobre procedimientos del Ministerio Público


http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/04/caso-bombas-sobreseimiento-de-13-imputados-por-asociacion-ilicita-siembra-dudas-sobre-procedimientos-del-ministerio-publico/


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